Lección I: introducción al derecho procesal penal






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Artículo 20 CN - DEL OBJETO DE LAS PENAS

Las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad.

Quedan proscritas la pena de confiscación de bienes y la de destierro.

Artículo 21 CN - DE LA RECLUSIÓN DE LAS PERSONAS

Las personas privadas de su libertad serán recluidas en establecimientos adecuados, evitando la promiscuidad de sexos. Los menores no serán recluidos con personas mayores de edad.

La reclusión de personas detenidas se hará en lugares diferentes a los destinados para los que purguen condena.

Conforme a las principales direcciones emprendidas por la política criminal se pueden señalar algunas pautas que han servido para diseñar la manutención de la prisión preventiva en su verdadera naturaleza CAUTELAR, cual es, la de aplicar las personas imputadas cuando existan elementos razonables que permitan inferir, en la convicción del juez o tribunal, que aquéllas podrían sustraerse del procedimiento o, mientras gocen de su libertad durante el proceso, distorsionen la investigación fiscal mediante la ocultación, destrucción o alteración de datos importantes para la averiguación histórica de lo acaecido realmente.

Fiel a esta postura jurídica sentada en los pactos internacionales de derechos humanos, los artículos 11, 12, 13, 17.1, 17.3, 19, 20 y 21 de la CN ha permitido señalar claramente que la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter excepcional, cuya aplicación sólo cabe en los casos indispensables o necesarios, a más de que las otras medidas cautelares como la aprehensión y la detención preventiva deben sujetarse a la previa orden de autoridad competente, salvo los casos de flagrancia que permite su aplicación directa por la autoridad policial o aún los particulares, con el cargo de que dentro de las 24 horas se lo ponga a disposición de la autoridad judicial pertinente y que dentro de otro plazo idéntico se determine sobre la procedencia o improcedencia de su libertad.

Retomando el tema de las medidas privativas de libertad durante el proceso, los excesos comprobados en cuanto a la forma de aplicación de la prisión preventiva y demás medidas cautelares (el arresto, la aprehensión o la detención) produjeron que estos institutos se rijan, en forma más o menos uniformizada, por algunos principios elementales, a saber:

1. Que las medidas cautelares de orden personal deben aplicarse en los casos estrictamente necesarios y con carácter excepcional;

2. Que deben ser proporcionales a la sanción que se espera con relación al hecho imputado, y;

3. Que los criterios de excepcionalidad y proporcionalidad son compatibles con dos criterios objetivamente definidos como el peligro de fuga u ocultación del prevenido y el entorpecimiento u obstrucción de algún acto de investigación emprendido por el fiscal.
5. Reglamentación de las garantías del debido proceso penal en el Código Procesal Penal.

En la Parte General, Libro Preliminar “Fundamentos”, Título I “Principios y Garantías Procesales”, el CPP reglamenta los derechos y garantías del proceso penal regulados constitucionalmente, entre los cuales, extractamos los más trascendentes con el sistema acusatorio mitigado que rige por Ley No. 1286/98.

5.1 La duración razonable del proceso penal.

Recuérdese que las estadísticas en América Latina revelan que en gran parte de nuestros países dos puntos “críticos” se consideran como una deuda pendiente desde hace varias décadas: los presos sin condena y la “eternización” de los procesos.

El principio del cual se parte para regular en el CPP un capítulo especial denominado “control de duración del procedimiento” (artículos 136 a 141) se encuentra en el Pacto de san José de Costa Rica en el artículo 8.2.h) que incluye dentro del catálogo de garantías del debido proceso penal, el derecho del imputado a contar con una resolución definitiva en un plazo razonable.

El artículo 6 del CPP establece que a los efectos de los derechos procesales se entiende por primer acto del procedimiento toda actuación del fiscal, de la policía nacional o cualquier otro acto cumplido después de las seis horas de conocido el hecho. Ese plazo máximo de tres o cuatro años conoce solamente una excepción, cual es, la extensión por otro lapso de seis meses “...cuando se trata de sentencia condenatoria y se hayan interpuesto los recursos...” -extendiéndose a un año más con la reforma que aumentó, a su vez, a cuatro años la duración máxima del procedimiento-, todo esto, para posibilitar el estudio de la sentencia ante el tribunal de alzada.

En cuanto a los efectos de la inobservancia del plazo máximo de duración del proceso, el artículo 137 del CPP señala que al cumplirse tal presupuesto, el juez declarará extinguida la acción penal pública (de oficio o a petición de parte), con la presunción de negligencia del funcionario que incumplió con el deber de impulsar el proceso, claro está, cuando la circunstancia se deba a la “morosidad judicial”.

Asimismo, los mismos efectos extintivos de la acción penal pública se trasladan para los fiscales que no cumplan con el plazo máximo ordinario de duración de la etapa preparatoria o de investigación y que es de seis meses.

En este caso, si el juez no considera que deba existir un requerimiento fiscal para llevar el proceso a juicio oral y público y cumpliéndose el plazo fijado en el artículo 139 del

CPP, declarará extinguida la acción penal pública. Si considera que el caso amerita llevarlo a juicio oral y público, comunicará esta inobservancia al superior jerárquico del ministerio público y le intimará para que en el plazo de diez días requiera lo que corresponda.

Si aún así el superior (que podría ser el propio fiscal general del estado), no cumple con dicha carga o directamente omite requerir algo, definitivamente se tendrá por extinguida la acción penal pública, sin perjuicio de la responsabilidad personal del agente fiscal y del fiscal general del estado, según el caso.

Estas normas si bien son “fuertes” responden a una realidad negativa del sistema judicial imperante, al punto que la morosidad se traslada a todos los niveles e instancias del poder judicial.

Es por eso que el artículo 141 del CPP traslada igual postura de sancionar la morosidad a los ministros de la corte suprema de justicia que no hayan resuelto lo que corresponda en los plazos fijados por el código.

5.2 El derecho al recurso y la prohibición de la reforma en perjuicio.

En el componente del derecho al recurso que dispone el imputado –principalmente como desarrollo de este principio reconocido por el Pacto de San José de Costa Rica-, se ha entendido en forma extensiva que todas las partes pueden acudir ante un órgano jurisdiccional superior para conseguir la revocación de la sentencia o resolución dictada por el órgano inferior, que resulte desfavorable a sus intereses.

Muchas discusiones han surgido en el transcurrir histórico del derecho procesal penal, principalmente sobre el alcance y los límites de la decisión que pueden emitir los tribunales de segunda instancia cuando apela sólo la defensa.

La repudiación de la reformatio in peius, cuya traducción al castellano significa reforma en perjuicio.

La reforma en perjuicio consiste en la prohibición que se establece a los tribunales de alzada de revisar oficiosamente las sentencias definitivas, de modificarlas en perjuicio del acusado, cuando sólo ha recurrido la parte imputada o sus defensores técnicos.

Ante el pronunciamiento de una sentencia definitiva de condena recurrida solamente por el procesado, no puede la segunda instancia empeorar la situación procesal del agraviado; sea aumentando el monto de la pena o agregando puniciones accesorias o principales que no contenía el fallo primigenio

.3 Los principios de publicidad, oralidad e inmediatez.

La CN de 1992 impone dentro del contexto de postulados republicanos, la forma en que deberá aplicar el Estado el ius puniendi, para lo cual señala un proceso judicial enmarcado por presupuestos insertos en el artículo 17 de la misma ley fundamental.

Lo que la CN señala es una exigencia ineludible para los magistrados judiciales: se perfila que sean éstos –los jueces- digan el derecho, ejerzan su jurisdicción y para arribar a esto, necesitan inmiscuirse “directa o personalmente” en el juicio, no parcialmente, sino en todo el juicio.

Esta exigencia constitucional de la publicidad de los juicios encuentra una sola manera de cumplimiento a través de otros principios que coadyuvan hacia su correcta realiza-ción: la oralidad y la inmediación.

Solamente con la concurrencia de estos postulados propios del sistema republicano se podrá obtener que los jueces escuchen al imputado, analicen debidamente el desarrollo de la información probatoria que accede al proceso y conforme a la convicción que genera esa actividad probatoria, efectúen una valoración y emitan una sentencia ajustada a la constitución y las leyes.

La respuesta a la interrogación, entonces, es contundente: no se puede realizar un juicio público sin el aditivo esencial de la oralidad.

De esta forma se pueden señalar algunas pautas esenciales:

1. Nunca el juez debe contaminarse con la investigación previa, dado que sólo le corresponde decir el derecho, o sea, ejercer la jurisdicción;

2. Lo jurisdiccional comprende el juicio y no la investigación que debe estar a cargo de otro órgano, y;

3. No existirá nunca un juicio sin una previa acusación por los órganos que la constitución señale.

Las dos primeras conclusiones responden a las exigencias constitucionales del juicio previo sobre bases orales y públicas, mientras que la última responde al principio acusa-torio que prescinde la figura del juez como acusador oficioso para la promoción o realización del juicio.

5.4 La presunción de la inocencia y la reglamentación de la duda.

El artículo 5 del CPP define uno de los efectos más “directos” de la presunción de inocencia, cual es, la “Duda. En caso de duda, los jueces decidirán siempre lo que sea más favorable para el imputado”.

Aún el estado de probabilidad de comisión de un hecho imputado a la persona del acu-sado, en el juicio oral y público, impedirán su condena por la vigencia plena del principio de inocencia, fundada en la preexistencia o persistencia de la duda razonable, no de cualquier duda; demás está decir con relación a esto último, que la simple duda no puede motivar una absolución porque en toda empresa humana, como el juicio oral y público, la reconstrucción exacta de la historia es imposible, lo que se obtiene es la coincidencia de los elementos trascendentales y substanciales para permitir la aplicación de la hipótesis punitiva prevista en la norma penal de fondo.

Lo dispuesto por el artículo 403 del CPP que establece vicios de las sentencias cuando en la fundamentación no se hayan observado las reglas de la sana crítica respecto a medios o elementos probatorio de valor decisivo; es decir, la inobservancia del principio de certeza en cuanto a la responsabilidad del acusado, lo que equivale a la vulneración de la garantía de la presunción de inocencia y con ello la destrucción de uno de los pilares del debido proceso penal republicano.

5.5 La nulidad por violación de las garantías procesales.

El artículo 12 del CPP establece el efecto para los casos de inobservancia de las garantías, señalando: “... la inobservancia de un principio o garantía no se hará valer en perjuicio de aquél a quien ampara. Tampoco se podrá retrotraer el procedimiento a etapas anteriores, sobre la base de la violación de un principio o garantía previsto a favor del imputado, salvo cuando él lo consienta expresamente”.

Esta norma pretende dar mayor protección al imputado, fundamentalmente cuando quiere plasmar en forma clara que no existe la nulidad por la nulidad misma, salvo cuando el que solicite sea el imputado y realmente exista una clara inobservancia de un principio o garantía que afecta su derecho a la defensa o a su representación en actos trascendentales que requieren, ineluctablemente, la asistencia de un letrado o defensor de su elección. En casos como el citado, la nulidad es absoluta y aunque exista convalidación, la falencia no podrá ser subsanada porque se trata de un principio que afecta la defensa en juicio y, consecuentemente, el debido proceso.

5.6 La igualdad de oportunidades procesales.

En este sentido, el rescate de la víctima ha sido uno de los principales móviles para postular lo que se denomina igualdad de oportunidades procesales, entendida como las mismas condiciones de trato a la víctima y al imputado, esencialmente, en el trámite para requerir a los órganos jurisdiccionales el cumplimiento de ciertas pautas para la mejor protección de sus intereses concretos.

Artículo 9 CPP. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROCESALES. Se garantiza a las partes el pleno e irrestricto ejercicio de las facultades y derechos previstos en la Constitución, en el Derecho Internacional vigente y en este código.

Los jueces preservarán este principio debiendo allanar todos los obstáculos que impidan su vigencia o lo debiliten.

5.7 La interpretación favor rei de las normas procesales.

Como una “extensión” de lo que abarcan los principios de la presunción de inocencia y de la duda a favor del imputado, se puede incluir en el mismo contexto y sobre las mismas bases ideológicas, el principio del artículo 10 del CPP que prevé como regla general la prohibición de la aplicación de la analogía e interpretación extensiva de las le-yes procesales, con lo cual se plasma ampliamente el principio de legalidad procesal.

Sin embargo, esa regla incluye una norma de excepción y que se circunscribe –como anticipáramos- a la protección del estado de inocencia del imputado, cuando establece que la analogía y la interpretación extensiva no se podrán aplicar mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos y facultades en el ejercicio de su defensa técnica o material.

Artículo 10 CPP. INTERPRETACIÓN. Las normas procesales que coarten la libertad personal, limiten el ejercicio de las facultades conferidas a las partes o establezcan sanciones procesales se interpretarán restrictivamente.

La analogía y la interpretación extensiva estarán prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos y facultades.

5.8 El principio de generalidad.

El artículo 13 del CPP dice: “Generalidad. Los principios y garantías previstos por este código, serán observados en todo procedimiento a consecuencia del cual pueda resultar una sanción penal o cualquier resolución restrictiva de libertad”.

Dicha norma quiere integrar los demás procedimientos que se tramiten en otras esferas (las de naturaleza administrativa, principalmente) y que tengan por finalidad la aplicación de alguna sanción de orden penal.

Algunos quieren señalar que si las sanciones no son privativas de libertad, estos principios no podrían aplicarse porque deben ser eminentemente vinculadas con la sanción penal; empero, las sanciones que prevé el CP son las de privación de libertad, aplicación de medidas, las multas, la prohibición de ciertas conductas, el comiso de los bienes relacionados con el delito, por citar algunas.

De esta manera, si las normas administrativas prevén un procedimiento que pueda culminar con sanciones similares a las del código penal, los principios establecidos en el CPP deben considerarse incorporados implícitamente en dicho trámite, tratando siempre de compatibilizar las normas de la administración con las de la jurisdicción; es decir, atendiendo a la especial finalidad de cada normativa que lógicamente no implica el mismo nivel del ejercicio punitivo estatal plasmado a través del CP y del CPP, respectivamente.
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