Lección I: introducción al derecho procesal penal






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4.3 La irretroactividad de la ley procesal penal.

El artículo 14 de la CN cuando proclama dicho principio y su excepción (retroactividad a favor del prevenido), alcanzando al procesado (ley procesal penal) como al condenado (ley penal).

Al señalar la necesidad de que se presume la inocencia de las personas hasta que las mismas sean condenadas en virtud de un juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, es evidente que se está proclamando una estrecha vinculación entre debido proceso penal e irretroactividad de la ley penal, con lo cual se quiere poner en evidencia una formalidad más que limite el uso del poder punitivo estatal frente a los destinatarios

En este sentido, si entran a regir normas que disminuyan los presupuestos para la aplicación de las medidas cautelares de orden personal o eliminando garantías novedosas insertas a la luz de pactos internacionales (duración razonable del proceso, efectos favorables para el imputado en caso de inobservancia de plazos, sistema recursivo, etcétera), es más que obvio, que la nueva legislación no podrá regir los procesos en curso y regidos por la normativa anterior (aunque se trate de una derogación parcial de uno o varios preceptos de la legislación procesal penal), no sólo por cuestiones atinentes a impedimentos constitucionales (artículo 14 que regula la prohibición expresa de la retroactividad de la ley penal), sino porque se trata de garantías procesales elevadas a rango constitucional –implícita o explícitamente, según el tipo de regulación en juego- por virtud del artículo 45 de la CN en concordancia con el artículo 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica.

Distinto es el caso de la derogación total de la ley procesal penal y la vigencia de una nueva legislación con rasgos sustancialmente diferentes a las consagradas políticamente en el sistema ritual en desuetudo. Se pueden dar –a la luz del principio de la retroactividad de la ley procesal más favorable al imputado o condenado- dos situaciones hipotéticas:

A) Que la nueva ley procesal penal rija sin excepciones o cortapisas (vulgarmente se denomina: aplicación inmediata y abrupta de la nueva ley procesal) respecto a las nuevas causas penales como a las tramitadas por la anterior legislación.

En este caso, como los jueces deben aplicar las leyes en el orden de prelación señalado por el artículo 137 de la CN, la interpretación judicial será la que moldeará cuando es más beneficiosa la nueva ley procesal penal para aplicarla retroactivamente a las causas penales tramitadas bajo la anterior normativa, o, en su defecto, mantener el principio de la “ultraactividad de la ley procesal penal”, y;

B) Que la nueva ley procesal se rija por reglas transitorias o especiales que permitan determinar el ámbito temporal de aplicación de la vieja y la nueva legislación respecto a las causas penales en pleno trámite, en cuyo caso, dicho articulado (ver principio de ley especial) tendrá preeminencia sobre las normas de carácter general insertas en la nueva legislación procesal.

La excepción a esta dirección interpretativa podría verificarse cuando las reglas en conflicto (las viejas con las nuevas) no permitan mantener un grado de “contradicción razonable” en el orden jurídico, en cuya situación, el órgano jurisdiccional encargado de declarar la inaplicabilidad de las normas del derecho positivo por contravenir derechos y garantías de factura constitucional, será el encargado de sentar postura respecto a las contradicciones hipotéticas.

4.4 La inviolabilidad del derecho a la defensa en juicio.

Artículo 6. INVIOLABILIDAD DE LA DEFENSA

Será inviolable la defensa del imputado y el ejercicio de derechos.

A los efectos de sus derechos procesales, se entenderá por primer acto del procedimiento, toda actuación del fiscal cualquier actuación o diligencia realizada después del vencimiento del plazo establecido de seis horas.

El imputado podrá defenderse por si mismo o elegir abogado de su confianza, a su costa, para que lo defienda

Si no designa defensor, el juez penal, independiente de la voluntad del imputado, designará de oficio un defensor público.

El derecho a la defensa es irrenunciable y su violación producirá la nulidad absoluta de las actuaciones a partir del momento en que se realice.

Los derechos y facultades del imputado podrán ser ejercidos directamente por el defensor, salvo aquellos de carácter personal o cuando exista una reserva expresa en la ley o el mandato.

El artículo 6 del CPP establece que la defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable, pudiendo ejercerlo directamente el imputado o a través de defensores a su libre elección. La CN, por su parte, habla de la inviolabilidad de la defensa en juicio, con lo cual quiere significar que dicho principio no sólo se refiere al debate, sino también a los demás actos del procedimiento previo al juicio.

Aquí no importa que exista el acta de imputación que puede formularla el fiscal con posteriori-dad, sino que trasciende ese marco formalista y se pretende amparar a la persona imputada ante cualquier menoscabo a sus derechos y garantías expresamente reconocidos.

El imputado frente al proceso -en sentido amplio, desde el primer acto de procedimiento-, tiene el derecho a intervenir activamente y conocer los cargos que existen en su contra, a declarar libremente con relación al hecho que lo incrimina, o abstenerse de hacerlo si lo prefiere, de ofrecer las pruebas que hacen a su descargo, de alegar razones que asistan a su derecho para obtener del juez la pretensión que afirma y a defenderse personalmente. El derecho del imputado a ser oído se complementa con el de ser defendido, y a su vez, con el derecho a solicitar el auxilio de un traductor o intérprete para que lo asista efectivamente en su defensa, cuando lo necesite.

Como una plasmación de una igualdad de armas, si el imputado, no cuenta con recursos necesarios para costearse su defensa técnica, el estado está obligado a proveerle de un defensor público que se encargue de manera efectiva y plena de procurar las mejores posibilidades de obtener una respuesta justa a la pretensión punitiva estatal.

4.5 La prohibición de la persecución penal múltiple o de la doble persecución o de la cosa juzgada (nem bis in ídem).

Artículo 8. ÚNICO PROCESO. Nadie podrá ser procesado ni condenado sino una sola vez por el mismo hecho.

No se podrán reabrir los procedimientos fenecidos, salvo la revisión de las sentencias en favor del condenado, según las reglas previstas por este código.

En virtud del artículo 8 el imputado tiene derecho a ser juzgado y condenado solamente una vez por un mismo hecho (prohibición del nem bis in ídem o non bis in ídem). En este sentido, no se pueden reabrir procesos fenecidos, salvo la revisión a favor de sus pretensiones.

Este principio, regulado constitucionalmente por el artículo 17.4 es una garantía relacionada con la seguridad jurídica de los derechos personales, de tal manera que una vez definido el litigio penal de cualquier forma (extraordinaria u ordinaria), el mismo no podrá ser reabierto, inclusive, bajo la fórmula del abandono de la instancia (querella por delitos de acción privada), cuyo efecto es la extinción de la acción. A este respecto, Binder nos dice: “En cuanto a los requisitos, la doctrina es unánime en general en exigir la existencia de tres “identidades” o “correspondencias”. En primer lugar, se debe tratar de la misma persona. En segundo lugar, se debe tratar del mismo hecho. En tercer lugar, debe tratarse del mismo motivo de persecución”.

4.6 El derecho a no declarar en contra de uno mismo.

Artículo 18 C.N - DE LAS RESTRICCIONES DE LA DECLARACIÓN

Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o contra la persona con quien está unida ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad inclusive.

Los actos ilícitos o la deshonra de los imputados no afectan a sus parientes o allegados.

Tanto la CN como el Pacto de San José de Costa Rica reconocen la regla de que nadie será obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, sus parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, el punto de crítica a este dispositivo es la “ampliación” de la prohibición de sindicar la exposición o declaración del imputa-do como medio de prueba, cuando éste accede voluntariamente a dar una explicación de los hechos que se le imputan, a manera de descargo.

Esta disposición constitucional encuentra su realización en los principios de presunción de inocencia y de la inviolabilidad de la defensa de los derechos.

4.7 La inviolabilidad del domicilio y de los documentos.

Artículo 17 C.N - DE LOS DERECHOS PROCESALES

En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a:

  1. que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las normas jurídicas;

  2. el acceso, por sí o por intermedio de su defensor, a las actuaciones procesales, las cuales en ningún caso podrán ser secretas para ellos. El sumario no se prolongará más allá del plazo establecido por la ley, y a

Artículo 23 C.N - DE LA PRUEBA DE LA VERDAD

La prueba de la verdad y de la notoriedad no serán admisibles en los procesos que se promoviesen con motivo de publicaciones de cualquier carácter que afecten al honor, a la reputación o a la dignidad de las personas, y que se refieran a delitos de acción penal privada o a conductas privadas que esta Constitución o la ley declaran exentas de la autoridad pública. Dichas pruebas serán admitidas cuando el proceso fuera promovido por la publicación de censuras a la conducta pública de los funcionarios del Estado, y en los demás casos establecidos expresamente por la ley.

El imputado como goza de esa presunción de inocente como un “escudo de protección” al uso indiscriminado del poder punitivo estatal, merece una mejor atención en cuanto al ejercicio de sus derechos y facultades durante el trámite procesal.

El derecho procesal penal propende a la reconstrucción histórica de los hechos mediante la introducción de información en forma transparente y con el mayor control posible por parte del imputado que, en definitiva, es la persona sobre la cual existe la hipotética posibilidad de que se le aplique la más fuerte reacción estatal, cual es la privación de su libertad, medio tradicional de respuesta punitiva prevaleciente en los sistemas penales.

Esa reconstrucción histórica de los hechos se efectúa a través de informaciones que “ingresan al proceso” no de cualquier manera, sino conforme a unas reglas que pretenden evitar un menoscabo de la vida de las personas imputadas, principalmente, en lo que concierne a su ámbito privado y todo lo que guarda relación con esa esfera íntima de su personalidad.

Las “restricciones jurídicas que impiden recolectar información al Estado en perjuicio de la dignidad de las personas” y que se conocen bajo ciertas locuciones, una de las cuales acabamos de desarrollar precedentemente (prohibición de declarar contra uno mismo) tales como: la prohibición de introducción en recintos privados y de obtener información de registros privados de cualquier naturaleza que no guarde relación con el hecho investigado, información que sólo podrá ingresar válidamente al proceso mediante el cumplimiento de ciertas formalidades.

Como se puede verificar, las formalidades para el ingreso de información válida al proceso penal se convierte así, en una verdadera protección al ámbito privado de las personas, principalmente en lo que se refiere a su domicilio, su correspondencia, sus documentos y demás elementos que constituyan una equivalencia con elementos particulares del afectado.

Se puede destacar la prohibición de la confesión del imputado bajo cualquier promesa o condición; o que ésta sea producto de coacciones, amenazas o torturas de cualquier índole, o que preste declaración sin la asistencia de un defensor de su elección, o que lo realice en sede policial o administrativa sin el control de alguna autoridad del Poder Judicial.

La introducción de información al proceso penal que provenga de los recintos privados o de instrumentos de uso personal o particular del imputado, la cual solamente se ad-mite bajo control judicial (orden del juez penal de garantía) y siempre que guarde relación con el objeto de la imputación, descartándose su publicación porque afectaría la reputación del imputado y, con esto, su presunción de inocencia. Estas formas de “introducción de información privada que pertenece al imputado al proceso” están reguladas por los artículos 17 incisos 9º y 10º y 23 de la CN.

4.8 La prohibición de la tortura y de cualquier clase de tratos crueles e inhumanos.

Pues bien, la Constitución sigue proscribiendo la tortura, los tratos crueles e inhumanos y cualquier comportamiento de autoridades y particulares que pueda afectar la condición digna del ser humano.

No obstante, en este tópico la prisión preventiva –utilizada como anticipo de pena- o aún, las condiciones degradantes e infrahumanas de los recintos carcelarios que albergan a personas contra las cuales todavía –en su mayoría- no existe sentencia condenatoria firme, podríamos incluirlos como elementos que constituyen –en una dimensión distinta pero igualmente cruel como los efectos de una tortura física- torturas morales y sicológicas.

4.9 Las restricciones a la libertad ambulatoria durante la tramitación del proceso penal.

Artículo 11 CN- DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

Nadie será privado de su libertad física o procesado, sino mediando las causas y en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes.

Artículo 12 CN - DE LA DETENCIÓN Y DEL ARRESTO

Nadie será detenido ni arrestado sin orden escrita de autoridad competente, salvo caso de ser sorprendido en flagrante comisión de delito que mereciese pena corporal. Toda persona detenida tiene derecho a:

  1. que se le informe, en el momento del hecho, de la causa que lo motiva, de su derecho a guardar silencio y a ser asistida por un defensor de su confianza. En el acto de la detención, la autoridad está obligada a exhibir la orden escrita que la dispuso;

  2. que la detención sea inmediatamente comunicada a sus familiares o personas que el detenido indique;

  3. que se le mantenga en libre comunicación, salvo que, excepcionalmente, se halle establecida en su incomunicación por mandato judicial competente, la incomunicación no regirá respecto a su defensor, y en ningún caso podrá exceder del término que prescribe la ley;

  4. que disponga de un intérprete, si fuere necesario, y a

  5. que sea puesta, en un plazo no mayor de veinticuatro horas, a disposición del magistrado judicial competente, para que éste disponga cuanto corresponda en derecho.

Artículo 13 CN - DE LA NO PRIVACIÓN DE LIBERTAD POR DEUDAS

No se admite la privación de la libertad por deuda, salvo mandato de autoridad judicial competente dictado por incumplimiento de deberes alimentarios o como sustitución de multas o fianzas judiciales.

Artículo 17 CN - DE LOS DERECHOS PROCESALES

En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a:

  1. que sea presumida su inocencia;

  1. que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales;

Artículo 19 CN - DE LA PRISIÓN PREVENTIVA

La prisión preventiva solo será dictada cuando fuese indispensable en las diligencias del juicio. En ningún caso la misma se prolongará por un tiempo mayor al de la pena mínima establecida para igual delito, de acuerdo con la calificación del hecho efectuada en el auto respectivo.
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