Lección I: introducción al derecho procesal penal






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Elementos formales y materiales:

Elemento Gramatical: Tiene por objeto conocer las palabras de que el legislador se ha servido para transmitir su pensamiento, esto es, conocer el lenguaje de las leyes; este primer paso del proceso interpretativo también es llamado literal o filológico, porque indaga el significado de las palabras, según la etimología y el uso de cada una. Si las palabras usadas son susceptibles de una interpretación de dos o más sentidos, debe preferirse el significado que la ley le asigna en otras normas similares del ordenamiento jurídico analizado, siempre que la “materia lo permita” (en nuestro caso existe restricción en cuanto a la analogía o la interpretación extensiva).

Elemento Lógico: Consiste en la descomposición del pensamiento del legislador, para establecer las relaciones entre sus diversas partes. La razón de ser de la ley comprende tanto el principio en que la norma se inspira, como el fin, la intención de la misma. . Lo ideal en esta fase interpretativa es coordinar el motivo con el fin de la norma; pero si esta conjunción no es posible, debe darse preferencia al fin sobre el motivo, por cuanto una ley que no tienda a la justicia -finalidad del ordenamiento jurídico-, siquiera inspirada en motivos aparentes, no cumple su misión en la vida práctica, cual es, la de armonizar las relaciones y consolidar la paz social.

Elemento Histórico: Indaga el derecho existente sobre la materia en la época que la ley ha sido sancionada; determina el modo de acción de la misma y las variaciones que ha introducido en la realidad social; este elemento abarcaría todos los antecedentes legislativos sean próximos o remotos, los trabajos preparatorios de la ley, anteproyectos de códigos, exposición de motivos, notas explicativas del legislador, discursos parlamentarios que sirven para determinar el derecho existente sobre la materia en la época que la ley ha sido sancionada.

Elemento Sistemático: Es culminante del método interpretativo predominante en el derecho procesal penal (el método deductivo), y en tal sentido, conviene abstraerlo de los tres anteriores explicados, ya que un acabado correcto y racionalmente sostenible dependerá, sustancialmente, de la compleja tarea de sistematizar u ordenar los elementos gramatical, lógico e histórico dentro del conjunto integral de las restantes normas; esto, para evitar contradicciones que podrían echar por tierra o tornar estéril la labor intelectual de la interpretación penal y procesal penal, claro está, siempre que no se preste la debida atención a este elemento que unifica todos los aspectos que hacen a los principios y métodos de interpretación.

La tarea interpretativa no se agota con el hecho de fijar el sentido literal de una ley o precepto, desentrañar su motivo y fin, es decir su espíritu e indagar sus antecedentes históricos, próximos o remotos, sino cuando se le incorpora su cuarto elemento que es el de la sistematización. Esta es una labor de coordinación, de eliminación de contradicciones y en la construcción, basada en la necesidad de ubicar dicha ley o precepto interpretado en el cuadro de sus relaciones con las demás leyes y preceptos del ordenamiento jurídico; se circunscribe a la ubicación de la norma de acuerdo a su jerarquía en el contexto del conjunto normativo, con la eliminación posible de resultados contradictorios con el resto del ordenamiento jurídico.

Una forma de interpretación es la que se sujeta al uso del método de sistematización –utilizando los elementos gramatical, lógico e histórico- a más de agregar los principios formales y materiales propios de la materia, ciñéndose a determinar el alcance que se quiere conferir a la norma (el “objeto” de la labor se centra en lo que realmente se pretende, cual es, la ley). Desde esta perspectiva, podemos denominar a esta forma de labor, interpretación objetiva, la cual se subdivide en:

. Literal o estricta: Esta interpretación se ciñe, exclusivamente, a los términos o a la letra del texto de la ley, sin ampliar o restringir su alcance. Ejemplo: las leyes pena-les o las que prescriben restricciones a las garantías y derechos humanos, son típicas normas de alcance literal o estricto, es decir, se debe ceñir al texto específico de la regla, sin permitir un exceso a través de la analogía o la extensión de sus preceptos, salvo que beneficien la libertad del imputado y el ejercicio de sus derechos de defensa material y técnica. Un mandato procesal en este sentido sería el relativo a las restricciones de ciertos actos que podrían afectar la privacidad (allanamientos, cateos, incautaciones, etc.)

. Extensiva: Tiende a ampliar al común significado de las palabras, en razón de que éstas dicen menos de lo que la ley quiere expresar; esta interpretación no tiene por misión agregar algo nuevo a la norma, sino descubrir las implicancias de la misma, lo que podría contener potencialmente. Ejemplo: se admite esta manera de interpretación con relación a ciertos institutos del proceso penal, como las normas que favorezcan la libertad del imputado, las relativas al derecho de recurrir resoluciones, salvo las que expresamente estén prohibidas recurrir, las formas de ejercer la defensa y las normas que no autorizando expresamente al juez decretar medidas de libertad, lo hagan, por aplicación analógica como sería el caso del juez de paz.

.Restrictiva: Reduce el sentido y alcance de los términos empleados por la norma, en razón de que ésta dice más de lo quiere significar; procede cuando la aplicación "estricta" de la ley, excede el fin que ella se propone. Ejemplo: las normas penales que establecen sanciones o penas, las cuales son de interpretación restrictiva basadas en el principio “nullum crimen sine poene sine lege previa et stricta”.

.Abrogante: Esta consiste en la resolución de incompatibilidades o contradicciones que surgen de las leyes o preceptos de una misma ley. La solución consiste en optar por una u otra ley, o bien por uno u otro precepto dentro de la misma ley; en este caso, la ley o el precepto excluido queda sin vigor, pero solo respecto de la situación que ha de ser juzgada. Ejemplo: las normas que restringen más allá de lo permitido las garantías, principalmente, las consignadas en las leyes especiales que no hayan sido derogadas implícitamente por las normas generales dictadas con posterioridad.

La segunda es la que prescinde del objeto de la interpretación y más bien se introduce en individualizar cuál ha sido el órgano o persona que la efectúa el trabajo interpretativo y sobre esa base construir la solución particular del caso, claro está, sin obviar la primera de las formas que acabamos de explicar; de acuerdo a esto y según la persona que realiza la tarea de interpretar la ley -interpretación subjetiva-, se distinguen tres formas:

Interpretación auténtica o legislativa: Es la que realiza el legislador que ha creado la ley, el que es llamado en muchas ocasiones a esclarecer el sentido de una ley o precisas su alcance (ejemplo: norma declarativa); es obligatoria como la ley cuyo sentido aclara, pero sólo para el futuro. La nueva ley recibe el nombre de ley declarativa o aclaratoria y se aplica a todos los casos que deben ser juzgados, pero con un criterio estricto, según lo prevé el artículo 4 del CPP en concordancia con el principio de legalidad penal y procesal penal que prevén sus respectivos cuerpos jurídicos.

Interpretación judicial: Es la realizada por los órganos jurisdiccionales del estado (jueces y tribunales del país) a través de sus sentencias y resoluciones tendientes a la aplicación de la ley, a los casos singulares que caen bajo su competencia; esta interpretación es de observancia obligatoria solamente para las partes en el proceso y, en el ámbito penal, tiene efectos declarativos (reconoce la situación hipotética afirmada por el acusador o la niega) y constitutivos (porque según el resultado de la declaración, constituye una nueva situación que, a su vez, permite el ejercicio de potestades a las partes (ejemplo: el estado puede reclamar la ejecución de la sanción si el imputado es condenado y éste reclamar indemnización al acusador particular si resulta absuelto).

Interpretación doctrinal: Es la que emana de los juristas y no tiene otro valor que el derivado de sus fundamentos; a diferencia de las otras formas, la doctrinal carece de obligatoriedad (conforme a los respectivos alcances de una y otra manera de interpretar), aunque reviste de gran utilidad para los estudiosos de las ciencias jurídicas y para perfilar futuras estructuras tendientes a la modificación de jurisprudencias dominantes o, aún, para coadyuvar en los procesos legislativos de re-forma total o parcial.
3. Aspectos Sustantivos para la Interpretación.

La CN indica el sentido ideológico, al cual responden las diversas instituciones tendientes a asegurar ciertos valores jurídicos como la vida, la integridad física, la propiedad, el medio ambiente, el trabajo, la libertad, la igualdad, la publicidad, la privacidad de las personas, entre otros; en este sentido, nadie puede desconocer que en el derecho procesal penal se expresa un catálogo de garantías constitucionales reconocidos en el articulo 17 y de cuya evidencia, por el sentido de prelación del orden fundamental sobre las normas secundarias, éstas (las normas procesales penales) deben reglamentar en sentido positivo dichas garantías, vale decir, construyendo, diseñando y hasta reformulando el catálogo, principalmente, con principios y garantías afines a los nominados en el susodicho artículo 17, sobre la base de lo que dispone el artículo 45 de la CN, cuando señala: “la enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta constitución no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la personalidad humana, no figuren expresamente en ella. La falta de ley reglamentaria no podrá ser invocada para negar ni para menoscabar algún derecho o garantía”.
4. Los presupuestos constitucionales para ejercer el poder punitivo.

Indican una serie de exigencias para el ejercicio del «ius puniendi» en un Estado de Derecho, y como tales, son las bases para la conformidad de los derechos y garantías en materia procesal consagrados en el CPP como una suerte de derecho constitucional aplicado o reglamentado y que los desarrollaremos a continuación.

4.1 El juicio previo, el juez natural, la independencia e imparcialidad.

Los artículos 1 y 2 del CPP desarrollan los principios constitucionales consagrados en los artículos 16 y 17 de la CN de 1992, acerca del juicio previo, del juez natural y de la independencia e imparcialidad de los jueces, respectivamente.

Artículo 1. C.P.P JUICIO PREVIO. Nadie podrá ser Condenado sin un juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, realizado conforme a los derechos y garantías establecidos en la Constitución, el Derecho ínter nacional vigente y a las normas de este código.

En el procedimiento se observarán especialmente los principios de oralidad, publicidad, inmediatez, contradicción, economía y concentración, en la forma en que este código determina.

Artículo 2.C.P.P JUEZ NATURAL. La potestad de aplicar la ley en los procedimientos penales, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponderá exclusivamente a los jueces y tribunales ordinarios, instituidos con anterioridad por la ley. Nadie podrá ser procesado ni juzgado por jueces o tribunales especiales.

Artículo 16 C.N - DE LA DEFENSA EN JUICIO

La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales.

Artículo 17 C.N - DE LOS DERECHOS PROCESALES

En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a:

  1. que sea presumida su inocencia;

  2. que se le juzgue en juicio público, salvo los casos contemplados por el magistrado para salvaguardar otros derechos;

  3. que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales;

  4. que no se le juzgue más de una vez por el mismo hecho. No se pueden reabrir procesos fenecidos, salvo la revisión favorable de sentencias penales establecidas en los casos previstos por la ley procesal;

  5. que se defienda por sí misma o sea asistida por defensores de su elección;

  6. que el Estado le provea de un defensor gratuito, en caso de no disponer de medios económicos para solventarlo;

  7. la comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación;

  8. que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas;

  9. que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las normas jurídicas;

  10. el acceso, por sí o por intermedio de su defensor, a las actuaciones procesales, las cuales en ningún caso podrán ser secretas para ellos. El sumario no se prolongará más allá del plazo establecido por la ley, y a

  11. la indemnización por el Estado en caso de condena por error judicial.

Como corolario del principio de legalidad, surge el de la irretroactividad de la ley, salvo aquella más favorable al imputado o condenado, conforme lo establece, a su vez, el artículo 14 de la CN y la necesidad del proceso previo (nulla poena sine iudicio).

Artículo 14 –C.N DE LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY

Ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o al condenado.

4.2 La presunción de inocencia.

Los artículos 4, 5, 9, 10, 11 y 12 del CPP desarrollan uno de los aspectos fundamentales de las garantías en materia penal y que se plasma en lo que prevé el artículo 17.1 de la CN, conocido como “presunción de inocencia”. El principio de inocencia, que implica la presunción de inocencia o el derecho a ser tratado como inocente durante el proceso, se origina históricamente en las ideas del iluminismo.

En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, ya se afirmaba que todo hombre se lo presume inocente hasta que haya sido declarado culpable. Posteriormente se extiende el principio en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948 y así, fue trasladándose y ampliándose dicho principio en la mayoría de los cuerpos internacionales.

El plexo del concepto de inocencia del imputado abarca todo el proceso, de tal manera que ninguna autoridad podrá presentarlo como culpable mientras no exista sentencia que así lo declare. A estos efectos, la información sobre imputaciones alzadas contra una persona deberá ser efectuada de una forma objetiva, otorgándose facultades al juez para limitar la información de la prensa cuando se podría afectar la garantía expuesta.

Artículo 4. PRINCIPIO DE INOCENCIA. Se presumirá la inocencia del imputado, quien como tal será considerado durante el proceso, hasta que una sentencia firme declare su punibilidad.

Ninguna autoridad pública presentará a un imputado como culpable o brindará información sobre él en ese sentido a los medios de comunicación social.

Sólo se podrá informar objetivamente sobre la sospecha que existe contra el imputado a partir del auto de apertura juicio.

El juez regulará la participación de esos medios, cuando la difusión masiva pueda perjudicar el normal desarrollo del juicio o exceda los límites del derecho a recibir información

Artículo 5. DUDA. En caso de duda los jueces decidirán siempre lo que sea más favorable para el imputado.

Artículo 9. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROCESALES. Se garantiza a las partes el pleno e irrestricto ejercicio de las facultades y derechos previstos en la Constitución, en el Derecho Internacional vigente y en este código.

Los jueces preservarán este principio debiendo allanar todos los obstáculos que impidan su vigencia o lo debiliten.

Artículo 10. INTERPRETACIÓN. Las normas procesales que coarten la libertad personal, limiten el ejercicio de las facultades conferidas a las partes o establezcan sanciones procesales se interpretarán restrictivamente.

La analogía y la interpretación extensiva estarán prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos y facultades.

Artículo 11. APLICACIÓN. Las normas procesales no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando sean más favorables para el imputado o condenado.

Artículo 12. INOBSERVANCIA DE LAS GARANTÍAS.

La inobservancia de un principio o garantía no se hará valer en perjuicio de aquel a quien ampara. Tampoco se podrá retrotraer el procedimiento a etapas anteriores, sobre la base de la violación de un principio o garantía prevista en favor del imputado, salvo cuando él lo consienta expresamente.

El juez para condenar debe tener certeza de la autoría y responsabilidad del imputado. Si sólo tiene un conocimiento probable del hecho que se investiga o de quién fue su autor, debe absolver, aún cuando no esté íntimamente convencido de la inocencia del imputado, pues éste goza del derecho a que se presuma ese estado jurídico. Si uno vincula la obligación que tiene el juez de averiguar la verdad con el estado jurídico de inocencia, advierte claramente que si el órgano jurisdiccional no acredita el delito que se le recrimina al imputado, el estado jurídico de inocencia permanece inalterable, y por ende corresponde la absolución del mismo. Por lo tanto, en la duda debe estarse a lo más favorable al imputado.
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