Lección I: introducción al derecho procesal penal






descargar 1.42 Mb.
títuloLección I: introducción al derecho procesal penal
página6/33
fecha de publicación10.09.2015
tamaño1.42 Mb.
tipoLección
ley.exam-10.com > Ley > Lección
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

6.2 Con el Derecho Público.

El poder punitivo del estado adquiere contenido a través de las normas de derecho penal, mientras que la función punitiva de ese poder adquiere vigencia a través del derecho procesal penal y la consecuente ejecución penal, materias que replantean, en forma dinámica, la manera más eficaz y al mismo tiempo más garantizada de poner en movimiento la maquinaria punitiva estatal.

El artículo 17 de la Constitución Nacional reserva casi la totalidad de sus numerales al poder punitivo estatal, que se puede ejercer en varios escenarios (en el ámbito policial, administrativo), más su ejercicio real y legítimo se verifica en el proceso penal. Con esto queda una vez más ratificada la íntima vinculación entre el derecho público (Derecho Constitucional) con nuestra materia y que la hace merecedora de la denominación de “derecho constitucional aplicado”.

6.3 Con el Derecho Procesal Civil.

Desde una perspectiva estrictamente formal el derecho procesal penal y el derecho procesal civil se encuentran en el mismo contexto, ya que ciertos institutos presentan los mismos presupuestos para ciertos aspectos esenciales tales como las formas ele-mentales de ciertos actos, los medios probatorios, la contradicción, la valoración probatoria, etcétera.

Así las cosas, resulta claro que todos los derechos procesales constituyen instrumentos que permiten la aplicación de sus respectivos derechos materiales -el derecho procesal penal es el instrumento realizador del derecho penal-, el derecho procesal civil del derecho común o civil, el derecho procesal laboral del derecho laboral.

Entonces, la diferencia radica en el tipo de procedimiento adoptado para una determinada materia, aunque se mantiene –en líneas generales- una serie de principios forma-les comunes a todos los procesos que constituyen la forma de aplicación efectiva de sus derechos materiales. Es por eso que desde la perspectiva que defiende esa “unidad del proceso”, encontraremos rasgos para nada parecidos entre las reglas procesales encaradas entre sí; claro está, partiendo desde el punto de vista del estudio pormenorizado de los fines que cada derecho material pretende realizar y esto surge de los siguientes ejemplos, a saber:

  • El derecho procesal penal quiere realizar el derecho penal mediante un esquema procesal en el que se busque la aplicación del derecho sustantivo sin desmedrar las garantías esenciales para el imputado, principalmente.

  • El derecho procesal civil busca realizar el derecho civil, en la medida que la pretensión del particular que demande una protección jurisdiccional, cumpla con requisitos formales y que exista una parte demandada que no pueda desnaturalizar la pretensión de aquél, ya que el objeto de este proceso está conminado por la voluntad de los intervinientes.

Las diferencias entre ambos procedimientos, se pueden afinar en los siguientes niveles:

Las formas de promoción de la acción: En el derecho procesal civil necesariamente tiene que existir una demanda del particular (de ahí la denominación de condición imprescindible), de lo contrario el órgano jurisdiccional no podrá actuar a los fines de llegar a una instancia definitoria que ordinariamente se manifiesta por una sentencia que declara el derecho aplicable al caso. Nótese que la protección que garantiza el proceso civil se refiere a bienes susceptibles de ser reclamados por los particulares o el Estado como persona jurídica en igualdad de condiciones en la relación procesal, los cuales, están consagrados en las leyes civiles de fondo –o derecho civil propiamente-, lo que impide que el Estado a través de algún órgano oficial pueda subrogarse esa tutela mediante una reclamación a la jurisdicción, si es que la misma no proviene del particular.

En el derecho procesal penal, con prescindencia del interés particular de la víctima, lo que se pretende –y esta es la “función” propia del Estado en su actividad punitiva- es preservar el orden jurídico infringido, mediante la reafirmación de la paz social y la consecuente “redefinición” del conflicto motivado por el delito, entendiéndose por tal como una disminución total o mínima de la violencia que conlleva justamente la perpetración del hecho punible.

De esto se deduce que al Estado no toma en consideración la postura adoptada por la víctima en el sentido que ésta ejerza o no su pretensión penal a la jurisdicción, ya que por tratarse de una cuestión pública (el monopolio del ejercicio de la punición) está obligado a organizar un mecanismo impulsor del proceso –que recae normalmente en el Ministerio Público- a los fines de obtener una respuesta al caso penal y cumplir con las expectativas sociales.

La Disponibilidad de la Acción: La pretensión del actor en un proceso civil y la conminación al demandado para que resista al demandante (contestación) constituye la “traba de la litis”, de cuya consecuencia, se pueden producir diversos “actos” y “efectos” que difieren notoriamente de lo que ocurriría en un proceso penal.

Así tenemos algunas hipótesis:

a) A la presentación de la demanda, el demandado puede allanarse a la pretensión y de esta manera, culmina definitivamente el proceso civil;

b) El demandado puede oponerse a la demanda, contestándola, excepcionando o al tiempo de contestar, “reconvenir” (contra-demandar al actor); c) de acuerdo a la forma que “responda” el demandado al demandante según señalamos, los efectos pueden ser diversos aunque todos vinculados con la mecánica de la carga probatoria u onus probandi y que se traduce en la regla: “quien afirma unos hechos o los niega, debe probarlos”, independientemente cuál sea la posición que ocupe originariamente el demandado;

c) Si durante la litis no se efectúa una actividad probatoria, porque la misma no es re-querida por las partes, el juez no está obligado a dar apertura al periodo probatorio y;

d) Finalmente, dictará la sentencia conforme al “objeto” de la litis que preestablecido por la voluntad de las partes en sus respectivas pretensiones; el impulso del proceso es una carga exclusiva de las partes, de ahí que la ausencia de tal temperamento durante el trámite y por una plazo determinado en la ley procesal, produce efectos “directos” en el litigio (prescripción, caducidad de la instancia, caducidad del recurso o del incidente, etc.).

En el proceso penal, en cambio, esta mecánica no es la regla (ya que excepcionalmente y para ciertos tipos de hechos punibles –a instancia de la víctima o los de acción privada- se requiere el ejercicio de la pretensión punitiva del afectado), puesto que apenas conocida la perpetración de un supuesto punible, el órgano estatal encargado de la persecución penal debe poner en movimiento un mecanismo de investigación sobre los elementos que pueden despejar las dudas de su acontecer, el que acreditado, motivará que impulse una acusación, en cuyo contexto deberá probar (sin excepciones) la incriminación alzada contra el imputado.

Como se pudo plasmar con las situaciones concretas ejemplificadas, en el proceso civil gobiernan las reglas de la autonomía de la voluntad (denominado principio dispositivo), lo cual genera efectos variados, incluso, respecto al material sustancial que constituye la relación de los hechos del litigio, ya que la cuestión se debate y se resuelve con-forme a la voluntad expresada y probada por las partes, aspecto que puede “alterar” lo realmente acontecido (predomina en este sentido, el principio de la verdad formal sobre la verdad histórica).

En el proceso penal, excepcionalmente rige la autonomía de la voluntad y, a contrariu sensu, predomina la estatalidad en la persecución penal, el que se compagina con el de la oficialidad, por la función que en nombre de la sociedad y del Estado, se confiere a un órgano concreto de acusación que, de ordinario, recae en el ministerio público.

De estas diferencias radicalmente contrapuestas entre ambas materias procesales, se tiene que en el proceso penal poco o nada importa la voluntad de las partes -con excepción expresa de los hechos punibles de acción privada- en la determinación de la averiguación histórica de los hechos, ya que por encima de las partes afectadas, está el interés de la sociedad organizada en señalar el alcance de una eventual inobservancia de su ordenamiento y aplicar los efectos de esa inobservancia a quien resulte responsable.

6.4 Con el Derecho Privado.

Al mencionar el derecho privado como una rama vinculada al derecho procesal penal nos referimos esencialmente al derecho civil o común, materia que se constituye en la fuente de aplicación de todo lo concerniente a las discusiones propias del ámbito privado, claro está, de las relaciones jurídicas entre los particulares y el Estado y sus diversas instancias de organización en un pie de igualdad.

Desde el momento que la víctima plantea una acción penal, aunque parezca poco ético, la mayoría de las veces busca un resarcimiento económico ya que bien sabemos que desde la óptica penal, justamente no podrá “obtener una reparación integral” del bien jurídico afectado (ejemplo: la víctima de un hecho punible contra la vida, difícilmente pueda propender a una restitución del bien “vida” por parte del ofensor, aunque no por ello deja de tener interés en una determinación del valor económico que lamentablemente debe acarrear una indemnización por la pérdida de esa vida humana), cosa que lo podrá determinar con mayores reglas y precisión conforme a las normas que gobiernan los daños y perjuicios emergentes de hechos ilícitos, reglas que están determinadas en el derecho civil.

Por ello es que seguidamente nos avocaremos a mencionar las relaciones más estrechas que, comúnmente, se visualizan ante la promoción de la acción penal, en el marco de un proceso regido por sus principios específicos:

1. Toda persecución penal La persecución punitiva que ejerce el órgano estatal o el particular damnificado pretende, subsidiariamente, la reparación del daño o per-juicio emergente del delito o crimen.

2. Esta circunstancia, nos permite reafirmar la vocación reparadora a la víctima por el derecho procesal penal que, inclusive, prevé procedimientos “especiales” para la reparación del daño, con lo cual se pretende la satisfacción de esta expectativa, y;

3. Muchos procesos penales dependerán, previamente, de una declaración de una relación concreta a través de un proceso civil, para poder instar o impulsar el procedimiento penal, como ocurre con las cuestiones prejudiciales que deben suscitarse y resolverse en esa esfera para sostener, posteriormente, la pretensión punitiva.

6.5 Con el Derecho Internacional.

Desconocer la importancia del orden penal supranacional en el siglo XXI (en el que se pretende instaurar –y se viene consolidando aceleradamente- estados globalizados), es imponderable. Si bien, América Latina –o mejor, sus gobiernos de turno-, se mostraron reacios a la aplicación de las normas penales internacionales, v. gr. pactos internacionales de derechos humanos, la Corte Penal Internacional.
LECCIÓN III: AUTONOMÍA E INTERPRETACIÓN DEL DERECHO

PROCESAL PENAL.

LAS FUENTES DIRECTIVAS DEL PROCESO PENAL. METODOLOGÍA DEL DERECHO PROCESAL PENAL. ASPECTOS SUSTANTIVOS PARA LA INTERPRETACIÓN. Los presupuestos constitucionales para ejercer el poder punitivo estatal. El debido proceso penal diseñado en la Constitución Nacional. Las declaraciones, los derechos y las garantías procesales.
1. Las Fuentes Directas del Derecho Procesal Penal.

El derecho procesal penal ofrece un margen estrecho para la inclusión de tales herramientas (la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia y el derecho natural) por las restricciones que indudablemente se observan al cotejar las peculiaridades de dicha disciplina, principalmente, en lo que se refiere a las limitaciones que surgen de un correcto tratamiento del principio de LEGALIDAD procesal penal.

1.1 La Ley.

En puridad, la única fuente del derecho penal paraguayo es LEY, entendida como toda regla social, jurídica y obligatoria dictada por una autoridad competente a tenor de lo que previamente establezca el ordenamiento jurídico de un determinado Estado.

Con la sanción del CPP se rescata el principio de especialización del derecho procesal penal, en el sentido que la fuente exclusiva de nuestra materia es la ley procesal penal (principio de legalidad procesal).

El principio de Legalidad procesal penal se refiere al conjunto de reglas indispensables a las cuales se deben sujetar todos los procesos de los cuales pudieran derivar una sanción penal. Dichas reglas, caracterizamos bajo la expresión uniformada: juicio previo, tal como surge de la concepción plasmada en los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Constitución Nacional.

Esto es así porque las normas del derecho procesal penal están vinculadas con el catálogo de garantías insertas en la Constitución, las cuales prevalecen sobre las restantes normas derivadas de otras disciplinas que, por su naturaleza y alcance, no se adscriben a la lógica del proceso penal, confirmándose la Autonomía del DPP frente a las demás. La interpretación extensiva o analógica que el DPP no las admite, en principio, salvo que favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos y facultades.

1.2 La Jurisprudencia.

También conocida como derecho de precedentes, es considerada como el conjunto de resoluciones o sentencias firmes (pasadas en autoridad de cosa juzgada) que emiten los órganos jurisdiccionales de mayor gradación o jerarquía -por lo menos los tribunales de apelación-, que señalan los criterios uniformes COMÚNMENTE aceptados en los casos, con la finalidad de adaptarlos como herramienta útil de solución en los procesos que deben resolver los Jueces y Tribunales, siempre y cuando exista una similitud entre el precedente y el caso a ser juzgado.

Es por eso y atendiendo la trascendencia que adquiere en el nuevo proceso penal la sentencia emanada de un juicio oral y público, también tendría que adherirse al catálogo de órganos jurisdiccionales que “señalan los alcances de la jurisprudencia”, a los Tribunales De Sentencia.

En cualquiera de las posturas, entendemos que la jurisprudencia es un instrumento de la ley (única fuente admitida por el derecho procesal penal) que permite distinguir las diversas proposiciones de solución, caso por caso, que en algún momento pudieran adoptar los jueces y tribunales.

Lo que se rechaza es que la jurisprudencia tenga carácter obligatorio e impida la labor independiente del juez en su misión elemental, porque después de todo, "los jueces están sólo subordinados a la ley", como un requisito tangible de lo que se entiende por Estado de Derecho.

1.3 La costumbre o el derecho consuetudinario.

La costumbre como fuente del Derecho Procesal Penal parece impensable si nos ceñimos a las consideraciones precedentes, pero no obstante ello, la realidad de nuestros tribunales, principalmente, en la etapa de transición del viejo sistema inquisitivo hacia uno de corte acusatorio, como prevé el CPP nos revela la persistencia de costumbres contra-legem que perduran a la luz del nuevo sistema.

Si entendemos por costumbre, toda práctica que repetida en el tiempo y por su eficacia (productora de efectos concretos) en el ámbito jurisdiccional se ha convertido en una suerte de norma obligatoria de conducta para los órganos jurisdiccionales, las partes o los demás interventores.

1.4 La Doctrina.

Las opiniones de los juristas o autores de obras del derecho procesal penal, no provocan la influencia directa que, de ordinario, se da con los precedentes judiciales.

En éstos, por provenir de la solución de casos y por constituirse en derecho aplicado, la fuerza puede ser gravitante, al punto que puede habilitar una materia recursiva como la casación extraordinaria, mientras que la doctrina es simplemente un refuerzo que ahonda la pretensión de las partes o la decisión del magistrado, claro está, sin perder de vista la autonomía interpretativa que al juez o tribunal, le conmina la ley de fondo y de forma, respectivamente.
2. Metodología e Interpretación del Derecho Procesal Penal.

Método es la “…manera sistemática y ordenada de hacer una cosa…”, lo que trasegado a la tarea interpretativa, significa, además, la preexistencia de reglas que permitan discernir el sentido y los límites de lo que expresan o señalan las normas jurídicas de naturaleza procesal penal.

Esa tarea que se cumple conforme a reglas técnicas previamente establecidas se denomina “hermenéutica jurídica”, reconocida como labor que concita la “interpretación de la norma, desentrañando lo que encierra y comprende exactamente, a los efectos de analizar el sentido individual de la norma y su contexto global como integrante de un ordenamiento jurídico determinado”.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

similar:

Lección I: introducción al derecho procesal penal iconResumen: El estudio de la acción procesal penal constituye una obligatoriedad...

Lección I: introducción al derecho procesal penal iconReflexiones en torno a la trascendencia del principio de Estado de...

Lección I: introducción al derecho procesal penal iconDerecho procesal penal

Lección I: introducción al derecho procesal penal iconDerecho procesal penal II unidad n° 1

Lección I: introducción al derecho procesal penal iconApuntes de derecho procesal penal

Lección I: introducción al derecho procesal penal iconLección 1 -derecho Penal

Lección I: introducción al derecho procesal penal iconLección 1 -derecho Penal

Lección I: introducción al derecho procesal penal iconLección el derecho penal y su posición en el ordenamiento jurídico

Lección I: introducción al derecho procesal penal icon1. 2 lugar que ocupa el derecho procesal penal dentro del universo...

Lección I: introducción al derecho procesal penal iconLección historia e introducción al derecho eclesiástico del estado






© 2015
contactos
ley.exam-10.com