Lección I: introducción al derecho procesal penal






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1) Existencia y contenido de la acusación. La acusación es un acto in-dispensable para enjuiciar a una persona, que debe exponer la imputación en términos claros y precisos, circunstanciadamente; sólo así se puede decir que ella se basta a sí misma; sólo así cumple su misión de determinar correctamente el objeto del procedimiento y de la decisión. A tal efecto es necesario que ella:

a) individualice perfectamente al imputado;

b) describa circunstanciadamente el hecho punible que pone a su cargo, con todos los elementos de interés jurídico-penal;

c) valore jurídicamente el hecho. El auto de apertura del juicio, con exigencias similares, que aprueba la acusación y le da curso hacia el procedimiento principal, contribuye, de ordinario, a fijar el objeto del debate y la decisión penal. Esta es la razón por la cual esa decisión se lee al comienzo del debate.

2) Debate público y oral. Esas características señalan aquello que, por regla, se entiende universalmente por un enjuiciamiento penal. Prueba de ello son los preceptos de las convenciones sobre derechos humanos sobre la publicidad. Por lo demás, la violación de las reglas acerca de la publicidad del debate representa, de ordinario, un motivo absoluto de casación formal. La incorporación por medio de la palabra hablado de los conocimientos necesarios para fundar la sentencia resulta una consecuencia directa de la publicidad (apertura) del procedimiento. Ella permite, además, la presencia en el debate, sin interrupciones de todos los intervinientes en el procedimiento (sujetos procesales), reunidos para presenciarlo (inmediación): las partes para influir en él y en la decisión con sus intervenciones, y los jueces para decidir con esa base de información. Por lo demás, un debate llevado a cabo de este modo, conduce, naturalmente, a la continuidad y concentración de los actos que lo componen, características necesarias para que el enjuiciamiento no se extienda más allá de lo conveniente y su contenido sea dominable. El presupuesto, sin duda objetivo, depende ampliamente, sin embargo, del alcance que fija el derecho objetivo, quizás en mayor medida que lo deseable…

3) Base de la sentencia. La sentencia se debe obtener del contenido legítimo del debate. Los jueces que intervinieron en el debate deben formar su convicción por lo oído y visto durante el debate y fundar su fallo, exclusivamente, en los elementos que se incorporaron a él.

4) Integración del Tribunal. Por idéntica razón, sólo los jueces que presenciaron el debate están llama-dos a dictar sentencia, la contribución a la sentencia de un juez que no presenció el de-bate es inadmisible, según se afirmó ya al estudiar; en general, la capacidad del tribunal para dictar el fallo. En general, según se observó, se puede señalar que estos presupuestos formales del juicio son objetivos, en el sentido de que su carencia vicia el procedimiento mismo y su resultado, cualquiera que sea la cantidad de acusador juzgados o condenados. Empero, el vicio puede sólo afectar; en el caso, una situación individual, como, por ejemplo, la falla de la acusación relativa a la descripción de la participación que, en el hecho punible, se le atribuye a uno de los varios acusados, o bien, pese a ser objetiva, tener alcance tan sólo parcial, al abarcar uno de los varios hechos punibles que constituyen el objeto múltiple de un único juicio. Por lo demás, como también se adelantó, se trata, de ordinario, de presupuestos de la sentencia”.
4.5 Con relación a la Prosecución del Proceso.

Este presupuesto procesal o condición de procedibilidad también es objetivo, porque se refiere a circunstancias que permitan una consideración oficiosa por parte del juez o tribunal que reciba una pretensión punitiva. } En este nivel, se pueden encontrar dos instituciones vinculadas con las cuestiones atinentes a la prosecución del proceso como obstáculo que impide la constitución del juicio o, cuanto menos, del efecto de una decisión emanada del órgano jurisdiccional.

La primera, guarda relación con el sistema recursivo que, como bien anticipamos en la descripción actual del procedimiento penal, es una etapa facultativa y que depende, por ende, del ejercicio efectivo de la pretensión en el momento procesal regulado para su planteamiento. El tribunal que deba entender con relación a un recurso planteado, debe analizar, primeramente, si se dan las condiciones de admisibilidad (si su planteamiento se efectuó en las condiciones de tiempo y forma señalados, v. gr. si el recurso se promovió en el plazo legal, si se fundó adecuadamente y si la materia invocada está permitida en cuanto a la impugnación usufructuada por el interesado) y, si pasa este cedazo formal, recién analizar la procedencia o improcedencia del mismo.

Es importante analizar este punto, porque si el interesado en recurrir no lo hace en la práctica, la resolución definitiva que recaiga (sobreseimiento, extinción, absolución, condena, etcétera), adquiere calidad de cosa juzgada; en tal sentido, el artículo 127 del CPP dispone: “Resolución firme. Las resoluciones judiciales quedarán firmes sin necesidad de declaración alguna, cuando ya no sean impugnables”.

Una consecuencia similar se daría en cuanto al efecto de la resolución ficta (entendida como el pronunciamiento favorable al imputado que implícitamente prevé la ley, cuando el tribunal no se expida en el plazo legal); en tal sentido, el artículo 142 del CPP dispone: “Demora de la Corte Suprema de Justicia. Resolución ficta. Cuando la Corte Suprema de Justicia no resuelva un recurso dentro de los plazos establecidos por este código, se entenderá que ha admitido la solución propuesta por el recurrente, salvo que sea desfavorable para el imputado, caso en el cual se entenderá que el recurso ha sido re-chazado. Si existen recursos de varias partes, se admitirá la solución propuesta por el imputado. Cuando el recurso a resolver se refiere a la casación de una sentencia condenatoria, antes de aplicar las reglas precedentes, se integrará una nueva Sala Penal dentro de los tres días de vencido el plazo, la que deberá resolver el recurso en un plazo no superior a los diez días…”.

La segunda, guarda relación con la duración máxima del proceso penal que es una garantía señalada en el artículo 8.2 del Pacto de San José de Costa Rica (Ley No. 1/89), integrado al ordenamiento constitucional por virtud del artículo 137. En tal sentido, el artículo 136 del CPP, reformulado por una ley sancionada en el año 2004, establece que el plazo máximo de duración es de cuatro años, contados desde el primer acto del procedimiento, circunstancia que una vez advertida por el juez o tribunal, deberá declararla en forma oficiosa, sin necesidad de requerimiento de parte. Esta situación provocará in-exorablemente un obstáculo o impedimento para la constitución del proceso y una vez declarada, provoca la imposibilidad de juzgamiento por los mismos hechos, a la persona imputada, tal como lo preceptúa el artículo 8 del CPP en concordancia con el artículo 17.4 de la CN, respectivamente.

Artículo 129 CPP. PRINCIPIOS GENERALES. Los actos procesales serán cumplidos en los plazos establecidos. Los plazos legales y judiciales serán perentorios e improrrogables y vencerán a las veinticuatro horas del último día señalado, salvo que la ley permita su prórroga o subordine su vencimiento a determinada actividad o declaración de voluntad. Los plazos determinados por horas comenzarán a correr inmediatamente después de ocurrido el acontecimiento que fija su iniciación, sin interrupción Los plazos determinados por días comenzarán a correr al día siguiente de practicada su notificación. A estos efectos, se computarán sólo los días hábiles, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario o que se refiera a medidas cautelares, caso en el cual se computarán días corridos. Los plazos comunes comenzarán a correr a partir de la última notificación que se practique a los interesados.

Artículo 136. DURACIÓN MÁXIMA. Toda persona tendrá derecho a una resolución judicial definitiva en un plazo razonable. Por lo tanto, todo procedimiento tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento. Este plazo sólo se podrá extender por seis meses más cuando exista una sentencia condenatoria, a fin de permitir la tramitación de los recursos. La fuga o rebeldía del imputado interrumpirá el plazo de duración del procedimiento. Cuando comparezca o sea capturado, se reiniciará el plazo.

ARTICULO 1º.- Modifícase el Artículo 136 de la Ley N° 1286/98 "Código Procesal Penal", que queda redactado de la siguiente manera:

Art. 136.- Toda persona tendrá derecho a una resolución judicial definitiva en un plazo razonable. Por lo tanto, todo procedimiento tendrá una duración máxima de cuatro años, contados desde el primer acto del procedimiento. Todos los incidentes, excepciones, apelaciones y recursos planteados por las partes, suspenden automáticamente el plazo, que vuelve a correr una vez se resuelva lo planteado o el expediente vuelva a origen. Este plazo solo se podrá extender por doce meses más cuando exista una sentencia condenatoria, a fin de permitir la tramitación de los recursos. La fuga o rebeldía del imputado interrumpirá el plazo de duración del procedimiento. Cuando comparezca o sea capturado, se reiniciará el plazo".

Artículo 139. PERENTORIEDAD EN LA ETAPA PREPARATORIA. Cuando el Ministerio Público no haya acusado ni presentado otro requerimiento en la fecha fijada por el juez, y tampoco haya pedido prórroga o ella no corresponda, el juez intimará al Fiscal General del Estado para que requiera lo que considere pertinente en el plazo de diez días. Transcurrido este plazo sin que se presente una solicitud por parte del Ministerio Público, el juez declarará extinguida la acción penal, sin perjuicio de la responsabilidad personal del Fiscal General del Estado o del fiscal interviniente.
5. Finalidades que pretende cumplir el proceso penal.

  • Convivencia

  • Justicia

  • Respeto a la dignidad humana

La correcta distribución de labores entre los distintos órganos indispensables o auxiliares que actúan en cumplimiento de dicha finalidad permitirá plasmar en los hechos lo que exige constitucionalmente al Estado para juzgar a sus habitantes: el debido proceso o exigencias mínimas del juicio previo. Sin una organización racional y concomitante con las garantías constitucionales previstas para el imputado, la actuación punitiva del Estado jamás podrá adquirir legitimidad.

Es indudable que el procedimiento es un método que permite a los órganos encargados de la administración de justicia penal, llevar adelante el cometido de la función punitiva estatal. Dicho método, está fijado por unos trechos o caminos que constituyen una secuencia de actividades que requieren la intervención y conducción de determinados órganos de actuación obligatoria –el Ministerio Público en los hechos punibles de acción pública y los órganos jurisdiccionales competentes- sin cuyo concurso es impensable galvanizar válidamente un proceso legal.

Estas reglas, señalan caminos secuenciales y que están previstos para poder cumplir un determinado y concreto fin: la comprobación de una manera razonada y transparente –con igualdad de acceso a la justicia para todos los involucrados- si la hipótesis delictiva se consolida al término del procedimiento; esa conclusión, la mayoría de las veces, se plasmará en un acto trascendente que es la sentencia.

Con el desarrollo de lo que acontece en el interior del proceso penal, se puede colegir que la finalidad tradicional del derecho procesal penal -no se descarta su trascendencia- es la aplicación de la ley penal sustantiva, siempre que concurran los requisitos señalados en la misma legislación.

No obstante y con un acendrado estímulo de los principios republicanos, añadiríamos que dicho objeto tradicional se fortifica con una interpretación más acabada: la garantía postulada por el derecho procesal penal de aplicar la ley penal al ciudadano cuya conducta probadamente trasgrede un bien jurídico tutelado por aquélla, realmente es un fin mediato ya que el inmediato se centra en la concesión de las máximas garantías a los su-jetos esenciales del proceso penal para que ejerzan sus derechos y facultades a través del cual los órganos vinculados a la actuación del estado –cumpliendo roles diferentes- deben su lealtad a la búsqueda incisiva de la verdad histórica y sólo una vez que se obtenga una vinculación razonada entre los hechos probados y los presupuestos de punibilidad que se atribuyen a la persona imputada, aplicar el derecho penal propiamente.

Los fines inmediatos (averiguación de la verdad histórica a través de un proceso republicano que garantice transparencia e igualdad de armas) con los mediatos (tras la estricta observancia del “fair trial” –juicio limpio y justo- si se comprueban los presupuestos de punibilidad, aplicar el derecho penal con los alcances previstos en la ley de fondo).

De esta manera, el requisito constitucional del juicio previo que se realiza por medio del procedimiento penal, es indispensable y necesario para plasmar en el mundo social, la vigencia (aplicación) efectiva de las normas imperativas y coercitivas del código penal, ya que de otro modo sería imposible hablar de un sistema punitivo de corte republicano.

De lo dicho hasta aquí, el procedimiento penal está organizado sobre la base de una serie de instituciones que se pueden o deben aplicar por medio de personas que cumplen un rol determinado (juez, fiscal, querellante, defensor, tercero con interés, peritos, etcétera); la actividad de los intervinientes puede sustentarse en potestades o deberes procesales y en la medida que estos actos se cumplan, produce reacciones o actividades de los demás involucrados.
6. Relaciones con otras Disciplinas Jurídicas.

6.1 Con el Derecho Penal.

La correlación del derecho penal con el derecho procesal penal y viceversa es innegable. En ese sentido la existencia “prescindente” de uno respecto al otro en cuanto al ejercicio del poder punitivo estatal resulta inaplicable, por no decir imposible.

Desde el momento que el derecho procesal penal “ejecuta” a través de unas reglas secuenciales que culminan con el acto trascendente de la “sentencia” y por la cual se “aplica el derecho penal” la correspondencia íntima de ambas materias es contundente. Ahora bien, esta es la base “sustancial” de la vinculación entre derecho penal de fondo y derecho penal de forma y en esa perspectiva no pretendemos movernos hacia un correcto análisis de lo que “interiormente” acontece con las normas de ambas materias que inexorablemente nos señalan una mayor intimidad o conexión.

La naturaleza de la Acción Penal. El CP es la materia que señala cuál es el régimen persecutorio que adopta un Estado. En ese orden, nuestro Código Penal determina cuáles son los tipos penales que merecen una persecución a cargo de un órgano público oficial y cuáles corresponden exclusivamente a la víctima sin que el órgano oficial del Estado acuda en dicha persecución.

De esta manera y por la naturaleza de la persecución punitiva prevista en el CP, el CPP recibe esa “decisión político-criminal” y diseña, en consecuencia, distintas maneras de actuación procesal, según se trate de un órgano oficial estatal o de un particular damnificado (víctima), señalando además una serie de potestades y deberes que difieren en el contexto del tipo de procedimiento que se regula a tenor de los sujetos que intervendrán.

Ejemplo de lo que acabamos de referenciar ocurre cuando el principio de actuación del Ministerio Público en los hechos punibles de acción pública que señala el CP, debe ser OBJETIVO, definiendo el Código Procesal Penal en qué consiste dicho principio. En cambio, en los hechos punibles de acción privada la actuación de la víctima carece de ese deber de OBJETIVIDAD, ya que la naturaleza de su persecución no es la misma que se le señala al Ministerio Público.

Institutos penales que adquieren sentido con sus similares del proceso penal. Muchas instituciones están reguladas en el Código Penal (la instancia de la víctima, la prescripción de la persecución penal, el tiempo y el lugar del hecho punible, las sanciones pena-les, la clasificación de los hechos punibles, etcétera), las cuales requieren una correlación más o menos exacta con las formas previstas en el procedimiento penal para tener la eficacia jurídica que plantean sus preceptos. Esto acontece normalmente con materias cuya aplicación necesariamente deben contar con una “lectura” procesal a los fines de obtener el resultado hipotético, ya que de lo contrario se convertiría en “letra muerta”.

Ejemplos:

a. El Código Penal prevé que la instancia de la víctima es un requisito necesario para que el Ministerio Público impulse una investigación, sin cuyo presupuesto, no existe deber del órgano oficial. Sin embargo, el Código Procesal Penal establece cuál es la manera de instar al determinar los requisitos para que la denuncia y quienes invisten la calidad de víctimas para poder instar el procedimiento, con lo cual la previsión penal adquiere “eficacia” en los hechos mediante su “complemento” jurídico proveído por la ley procesal penal;

b. El tiempo del hecho punible y el lugar del hecho punible que define el Código Penal no tendría mayor trascendencia si es que sobre dicha base se construye en el Código Procesal Penal el punto de partida para el cómputo de los plazos para instar el procedimiento o para determinar la existencia de una prescripción de la acción penal por cualquiera de estos institutos, lo que permite plasmar la “eficacia” de tales instituciones penales por vía de unas normas operativas del procedimiento penal;

El principio de legalidad penal no siempre coincide con el principio de legalidad procesal penal. El derecho penal señala unos presupuestos de punibilidad (tipicidad, antijuridicidad, reprochabilidad y sanción) que deben reunirse para que los hechos tipifica-dos en su parte especial (los delitos y los crímenes) para que una persona pueda ser re-putada como autor o partícipe de una conducta reprobable.

La realidad social cada vez más conflictiva y compleja, presenta particularidades que muchas veces, a pesar de reunir los presupuestos elementales de la punición, no sería trascendente aplicar el derecho penal a través del derecho procesal penal, lo que “preliminarmente” el derecho penal no permite por un estricto apego al “principio de legalidad”.
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