Lección I: introducción al derecho procesal penal






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LECCIÓN II: LOS PRESUPUESTOS PROCESALES

ALCANCE CONCEPTUAL. EXIGENCIAS PROCESALES DEL DEBIDO PROCESO PENAL. En términos genéricos. Con relación al objeto procedimental. Con relación a la capacidad jurisdiccional. Con relación a la participación del ofendido. Con relación a la participación del imputado. Con relación a la prosecución del proceso. Finalidades que pretende cumplir el Proceso Penal. Relaciones con otras disciplinas.
1. Alcance Conceptual.

El derecho penal determina unos presupuestos objetivos de punibilidad a los efectos de aplicar el ius puniendi estatal respecto a la persona sobre la cual concurren dichos requisitos, sin cuyo concurso, no se le podrá aplicar la ley penal, por más inmoral o pernicioso que conlleve la conducta de la persona para la generalidad; de igual modo, es imprescindible que analicemos, si a pesar de concurrir las condiciones de punibilidad que exige el código penal respecto a un hecho que merezca enjuiciamiento, también se dan ciertas condiciones previas para que dicho procedimiento sea válido en cuanto a la eventual aplicación de la ley penal al caso particular. Esto último, es lo que denominamos presupuestos procesales, entendidos en un paralelismo con lo descrito en el derecho penal de fondo- como los requisitos sin los cuales no podrá configurarse válidamente el juicio previo que exige, entre otras garantías de la misma raigambre y validez, el artículo 17 de la CN.

Si bien es un aspecto discutible acerca de lo que debería comprender como presupuestos procesales (denominados también “condiciones de procedibilidad”), porque la doctrina más connotada difiere según la literatura a la cual se acuda, por los efectos didácticos y de aplicación preliminar que tanto se necesita en el sistema judicial paraguayo, parece atendible esta distinción a secas, reiterando la expresión del jurista antes mencionado, porque nos servirá para acendrar la autonomía de la dogmática procesal de la materia.
2. Exigencias Procesales del Debido Proceso.

En alguna medida, cuando hablamos de los presupuestos procesales o condiciones objetivas de procedibilidad, queremos significar la concurrencia potencial de pautas o condiciones previas para la constitución válida del proceso penal, el cual, resultará de una coherente vinculación entre el derecho sustantivo, el derecho adjetivo (acción, pretensión, juzgamiento y aplicación punitiva) y la necesaria intervención del poder estatal (“nemo iudex sine actore” no habrá juicio sin acusación previa); es por eso que no resulta muy ilustrativo lo que acabamos de afirmar, cuando se utilizan tales presupuestos en el plano teórico, vale decir, como pura potencia, obviando su sentido práctico cuando cotejamos lo conceptuado con lo que pueda acontecer o con la realización de la condición esencial, cual es, la promoción de la acción penal pública o privada, según el caso.
3. Lo que implica el Presupuesto Procesal, en términos genéricos.

El órgano jurisdiccional –y también las partes, porque constituye una tarea primordial a las probabilidades ciertas de éxito o fracaso de sus pretensiones-, debe analizar preliminarmente al formularse una pretensión -imputación fiscal, por lo general-, si dicho planteamiento se ajusta a condiciones objetivas para justificar la realización del proceso penal, más precisamente, del juicio previo.

Si partimos de la base de lo que dispone el artículo 17, numerales 3º y 4º, de la CN señala: “Garantías procesales. En el proceso penal o en cualquiera otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: 1)…; 2)…; 3) que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales; 4) que no se le juzgue más de una vez por el mismo hecho. No se pueden reabrir procesos fenecidos, salvo la revisión favorable de sentencias penales establecidas en los casos previstos por la ley procesal (…)”, tenemos un panorama claro y preliminar que los jueces no pueden dejar de atender al recibir una pretensión punitiva (acta de imputación, por excelencia), a los efectos de aplicar oficiosamente una salida fundada en la existencia de un obstáculo que frena la procedibilidad de la acción penal: a) la ley penal y procesal penal deben regir con anterior al hecho del proceso; b) una vez aplicada la ley penal y procesal penal anteriores al hecho del proceso, con el juzgamiento del caso y en el cual recaiga una resolución que cierre definitivamente la causa, una vez que haya quedado firme, obviamente, se clausura el procedimiento y no se puede reabrir para perjudicar al imputado, salvo la situación más ventajosa; c) de las dos afirmaciones sostenidas en el artículo 17 de la CN, se puede colegir que está prohibido aplicar retroactivamente la ley –penal y procesal penal, en nuestro caso-, salvo que por el principio de presunción de inocencia (favor rei), sea más favorable al imputado o condenado.

Esto último adquiere mayor significado, porque así lo determina el artículo 14 de la CN, que dice: “De la irretroactividad de la ley. Ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o condenado”.
4. Los presupuestos procesales en sentido concreto.

4.1 Con relación al Objeto Procedimental.

  • Aplicar la ley penal: al sujeto identificado como autor o partícipe del hecho punible.

  • Descubrir la verdad histórica: ofreciendo las garantías del debido proceso.

  • Redefinición del conflicto social: a través de la sentencia definitiva.

El modo de proponer la imputación, que, en lo esencial debe contener una descripción fáctica con implicancias jurídicas, aunque no sea más que una provisional determinación, es fundamental acreditarlo para la correspondiente posibilidad de que el sindicado como autor o partícipe, ejerza su defensa.

Puede ocurrir que las circunstancias fácticas se refieren a tipos penales considerados como perseguibles únicamente por vía de la acción privada (querella autónoma), por lo que si el órgano público (ministerio público) pretende subrogarse una potestad exclusiva del particular ofendido, obviamente el afectado –el imputado o su defensor técnico-, acreditará mediante un obstáculo (excepción) el éxito de la promoción de la acción penal indebida.

Asimismo, puede darse una situación parecida a la prescripción, con los denominados hechos punibles dependientes de instancia de la víctima; en este tipo de acción que, repetimos, pertenece a la esfera pública, se requiere una previa denuncia o querella adhesiva de la víctima –según la opción ejercida por el damnificado- para que el Ministerio Público intervenga como actor público en el proceso, a cuyo efecto, el CP establece un plazo máximo de seis meses contados desde la perpetración del hecho punible o si se trata de hechos continuados, desde la producción del último resultado.

Si en dicho lapso no se ejerce la denuncia o querella, se producirá el abandono de la instancia y el efecto directo es que prescribirá el derecho de acción que dispone la víctima, respecto al hecho.

Es evidente que ambos casos (los hechos punibles de acción privada y de acción pública dependiente de la instancia de la víctima), la constitución del objeto de la pretensión punitiva, depende, en esencia, de la tarea impulsiva del acusador, el que deberá ajustar-se a ciertos requisitos, sin cuyo concurso, obviamente, la causa decaerá y con ella, el derecho de acción.

Otro problema que podría presentarse con relación al objeto procedimental, es el relativo a la eventual persecución penal múltiple; vale decir, si existió un proceso en el cual se dispuso el sobreseimiento definitivo o provisional convertido en definitivo (por el transcurso del lapso de uno o tres años, según el caso) y cuyo objeto se centró en unos supuestos fácticos y personas directa o indirectamente involucradas en calidad de imputadas, y posteriormente a dicha clausura, se pretende iniciar un proceso, bajo otros tipos penales, pero con una misma concepción fáctica y descriptiva de los hechos a ser investigados, la persona contra la cual se pretende levantar esta nueva sindicación, puede oponerse a dicho objeto, porque se trata del mismo que fuera realizado en otro procedimiento (nem bis in ídem).

Un tercer aspecto que debe concitar la atención del tribunal respecto al objeto procedimental a los efectos de verificar si se da un obstáculo que impide la constitución del proceso, es el atinente a la existencia de inmunidades o fueros en la persona del imputado que inhiben su sometimiento a una investigación penal; recuérdese que los parlamentarios gozan de inmunidades y en tal sentido, sólo podrán ser sometidos al proceso, cuando exista una expresa autorización de la cámara a la cual pertenece el congresista, sin cuyo presupuesto no se puede formar causa penal contra el mismo. De ahí que tal circunstancia se erija en un auténtico obstáculo o impedimento que se acredita con la falta de un presupuesto de procedibilidad y que, por dicha circunstancia, no se puede formar una causa penal válida contra la persona que goza de esta particular protección.

Finalmente, un cuarto aspecto que debería analizar el tribunal a los efectos de considerar la existencia del presupuesto procesal con relación al objeto de la causa –aunque es discutible, porque se sostiene que debe provenir de una solicitud del interesado- es el relacionado con las cuestiones prejudiciales; esto se produce, cuando una cuestión, importante para la configuración del tipo penal investigado o acusado, solamente pueda ser resuelta en una esfera distinta a la penal, porque así lo conmina la ley o considera alta-mente valida dicha posibilidad.

El efecto más importante de la cuestión prejudicial es que admitida este obstáculo, impide la prosecución del procedimiento penal hasta que se resuelva la cuestión extrapenal por parte del tribunal competente para entender en aquella. La suspensión del procedimiento se erige, entonces, como un impedimento objetivo, porque como su nombre lo da a entender, es un obstáculo respecto al objeto del procedimiento penal, beneficiando a todos los autores o partícipes del hecho punible, salvo que se trate de una cuestión subjetiva que acredite alguno de los imputados, en cuyo caso, se erigirá en un impedimento subjetivo, aunque tal circunstancia deberá señalar expresamente la ley y es más bien una excepción a la regla.

Ejemplo de cuestión prejudicial sería la previsión del artículo 183 del CP que reza: “Favorecimiento del deudor. 1) El que con el consentimiento del deudor o en su favor: 1. conociendo su inminente cesación de pago; 2. después de la cesación de pago, o; 3. en una convocatoria de acreedores, removiera o, en contra de las exigencias de una administración económica prudente, destruyera, dañara o inutilizara parte del patrimonio que, en caso de producirse el concordato, pertenecería a la masa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco (5) años o con multa… 5) El hecho será punible sólo cuan-do el deudor haya incurrido en la cesación de pago, en una convocatoria de acreedores o cuando sea declarada su quiebra”. En esta figura penal, si la imputación fiscal no acredita la existencia de una cesación de pagos, convocatoria de acreedores o quiebra en sede civil, procederá la cuestión prejudicial inexorablemente, ya que la existencia de un elemento objetivo del tipo penal descrito está supeditada a una declaración judicial que emane de otra jurisdicción.
4.2 Con relación a la Capacidad Jurisdiccional.

  • Artículo 16 (C.N) DE LA DEFENSA EN JUICIO: La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales. Las cuestiones de competencia deban consignarse en una ley secundaria (códigos procesales, o, bien, códigos de organización judicial), sin cuyo requisito previo, por más correspondencia que adquiera el análisis del procedimiento penal a cargo de unos jueces que no fueron designados conforme a las reglas de competencia, el proceso en su integralidad será declarado nulo (nulidad absoluta). Esta misma consecuencia (inobservancia de las reglas de competencia en un proceso penal = nulidad absoluta), prevé el artículo 17 de la CN, que en su parte pertinente dispone: “De los derechos procesales. En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: 1)…; 2)…; 3) que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales…”, aunque en la coyuntura expresada en la norma, lo que fulmina con la sanción de nulidad absoluta, es la conformación de tribunales especiales, vale decir, que se constituya ad hoc (al sólo efecto del caso puntual) y con prescindencia de las reglas ordinarias para la selección y control de los jueces imparciales , lo que conllevaría una suerte de jueces ex post y ad hoc, (creados con posterioridad al caso y para ese caso, exclusivamente), lo que contrasta con las exigencias del debido proceso penal; de ahí que la sanción del artículo 137, última parte, de la CN, que dice: “…Carecen de validez todas las disposiciones y los actos de autoridad opuestos a lo establecida en esta Constitución”, y la nulidad procesal absoluta, constituye la única tesis para una irregularidad insanable como la consignada. También el artículo 16 de la CN habla de los jueces independientes como un componente presupuestario para la constitución del debido proceso penal. En este sentido, al garantizarse la independencia de los jueces y tribunales, también se perfila la posibilidad de enjuiciar a los miembros del mismo Poder Judicial o de los otros poderes constituidos, si es que se aprecian circunstancias que podrían afectar gravemente la autonomía del juez que entiende en un caso; asimismo, en cuanto al requisito de la imparcialidad, las partes tendrán derecho a recusar a los jueces por causales que puedan afectar seriamente su imparcialidad e independencia (artículo 50 del CPP en concordancia con el artículo 16 de la CN), obviamente que las denominadas causas de excusación o inhibición deben motivar, espontáneamente, en el magistrado –al advertir su comprensión con alguna de las partes- su inmediata separación para seguir entendiendo en el proceso.

  • Artículo 31 (C.P.P). JURISDICCIÓN. La jurisdicción penal es siempre improrrogable y la ejercerán los jueces o tribunales que establezcan este código y las leyes. Corresponderá a la justicia penal el conocimiento exclusivo de todos los hechos punibles previstos en la legislación penal, y la ejecución de sus resoluciones, según lo establecido en este código.

  • Artículo 38 (C.P.P). ÓRGANOS. Serán órganos jurisdiccionales, en los casos y formas que las leyes determinan:

1) la Corte Suprema de Justicia;

2) los Tribunales de Apelación;

3) los Tribunales de Sentencia;

4) los Jueces Penales;

5) los Jueces de ejecución; y,

6) los Jueces de Paz.
4.3 Con relación a la Participación del Ofendido.

El principio acusatorio se funda en el adagio “nemo iudex sine actore, ne procedat iudex ex oficio” (no existe juicio sin acusación, ni los jueces acusarán o procederán de oficio, sin instancia de parte acusadora), con lo cual, se puede sostener que la disposición del artículo 17.3 de la CN (juicio previo) en concordancia con el ya trascrito artículo 16, implica una verdadera garantía procesal y, por ende, se erige en un presupuesto procesal objetivo, sin el cual, toda decisión y con mayor razón, el proceso penal en su integridad, resulta inválido e ineficaz (nulidad absoluta).

En ese sentido, el artículo 268 de la CN, dispone: “De los deberes y de las atribuciones. Son deberes y atribuciones del Ministerio Público: 1)…; 2)…; 3) ejercer la acción pública en los casos en que, para iniciarla o proseguirla, no fuese necesaria instancia de parte, sin perjuicio de que el juez o tribunal proceda de oficio, cuando lo determine la ley…”, de lo que se deduce que dicho órgano cumple la función de investigadora y eventual acusadora en el proceso penal.

Pues bien, a la luz de las reglas que gobiernan el proceso penal paraguayo, se puede tener un panorama bien definido sobre lo que cada juez o tribunal debe considerar al momento de emitir un pronunciamiento, o, anticipadamente, señalar la inviabilidad del proceso, por faltar un verdadero presupuesto o condición de procedibilidad de la causa penal; estas reglas, pueden concentrarse en las siguientes:

a) ninguna actuación de la investigación puede quedar a cargo de los jueces, ni siquiera excepcionalmente;

b) el objeto del proceso en una causa penal, se construye coherentemente –principio de congruencia- entre lo señalado en el acta de imputación, acusación y el auto de apertura a juicio oral y público;

c) la sentencia absolutoria o condenatoria, según el caso, debe considerar exclusivamente ese correlato señalado (imputación, acusación, auto de apertura a juicio, alegatos iniciales y conclusivos en el juicio oral y público);

d) el tribunal sólo podrá tener por acreditado otros hechos o dar una calificación jurídica distinta al hecho, siempre que el imputado sea advertido de esa variable y pueda defenderse de tal circunstancia; e) se podrá ampliar la acusación pública o privada, según el caso, solamente en el juicio oral y público y siempre con la posibilidad que la defensa pueda ejercer su derecho correspondiente (bilateralidad y contradictorio);

f) si no existe acusación público, la causa no podrá derivarse a la etapa del juicio oral y público;

g) los recursos sólo podrán ser resueltos conforme a los puntos impugnados, prohibiéndose la competencia oficiosa de los tribunales de apelación o de la cualquiera instancia superior, y;

h) en consecuencia, se prohíbe la reforma en perjuicio del imputado, vale decir, cuando el recurso fue consentido por las demás partes y sólo el imputado promovió la impugnación a su favor.
4.4 Con relación a la Participación del Imputado.

Artículo 74 (CPP). DENOMINACIÓN. Se denominará:

1) imputado a la persona a quien se le señale como autor o partícipe de un hecho punible; y en especial a la señalada en el acta de imputación;

2) acusado a aquel contra quien exista una acusación del Ministerio Público o del querellante, según el caso; y,

3) condenado a aquel sobre quien ha recaído una sentencia condenatoria firme.

La presencia, participación, asistencia y representación del imputado es una condición esencial, sin cuya constatación, no puede validarse ningún procedimiento –con la salvedad, de un pronunciamiento absolutorio, aunque lo que se puede descolgarse en tal coyuntura, es la presencia de un defensor, lo que invalidaría la causa integralmente y con el efecto de no reiniciarse un nuevo proceso penal (nem bis in ídem); de ahí que el artículo 17 de la CN establezca como verbo rector, a la persona del imputado. En consecuencia, las garantías procesales están señaladas y coadyuvan en respaldo de la posición participativa del imputado, prohibiéndose el procedimiento en su ausencia, o sin las debidas consideraciones de unos derechos de defenderse, de comprender la imputación y, finalmente, contar con los medios de impugnación amplia no sólo de la sentencia, sino de las pruebas que pretenden alzarse contra su presunción de inocencia.

Un proceso penal en el que se constate la ausencia de estos mínimos ingredientes de factura constitucional, se erige en un verdadero obstáculo procesal a tenor de lo que prevé el artículo 17.3 y 137 de la CN. Asimismo, la constatación de la importancia trascendental de asegurar las garantías del debido proceso penal para el imputado, surge del artículo 12 del CPP, cuando dice: “Inobservancia de las garantías. La inobservancia de un principio o garantía no se hará valer en perjuicio de aquel a quien ampara. Tampoco se podrá retrotraer el procedimiento a etapas anteriores, sobre la base de la violación de un principio o garantía previsto a favor del imputado, salvo cuando él lo consienta expresamente”, en concordancia con el artículo 166 del CPP que dispone: “Nulidades absolutas. Además de los casos expresamente señalados en este código, serán consideradas nulidades absolutas aquellas concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado…”.

La exposición que sigue se limitará a señalar las formas absolutamente necesarias de cumplir para, actualmente, reconocer un enjuiciamiento penal “justo”, “debido” o “leal”, según lo caracterizan, incluso, las convenciones sobre derechos humanos…
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