Lección I: introducción al derecho procesal penal






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La presunción: es el juicio formado por el juez, valiéndose de un razonamiento inductivo o deductivo, para afirmar la existencia de hechos desconocidos fundándose en los conocidos (indicios). Significa juzgar algo por tener indicios o señales para ello.

El indicio: “Fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”. (La fuga del sospechoso fue indicio de su culpa). Constituye un medio probatorio conocido como prueba indiciaria. Los indicios abren el camino a la investigación de los delitos. Unos muebles volcados, la posición de la víctima, la marca de un pie o de una mano, la ceniza de un cigarrillo, son elementos que examinados, pueden orientar sobre el posible móvil, el momento de la comisión y acerca del autor y que unidos a otras pruebas, sirven al juzgador para establecer un juicio definitivo.

Los indicios necesitan que sean concordantes, conducentes, uniformes y unánimes, vale decir, que no admitan discrepancias en cuanto al objeto indicado que se pretende desentrañar por medio del dato cierto que es propiamente el elemento indiciario.
LECCIÒN XX: MEDIOS AUXILIARES PARA ADQUIRIR INFORMACION PROBATORIA.

CONCEPTO Y ALCANCE. EL SECUESTRO. EL REGISTRO. Objeto y finalidad. Allanamiento: requisitos y necesidad. Garantías. REQUISA PERSONAL. CLAUSURA DE LOCALES. INTERCEPTACIÒN DE COMUNICACIONES ACERCA DE LOS MEDIOS EXTRAORDINARIOS DE PRUEBA.
1. ¿Qué son los denominados Medios Auxiliares para la Adquisición de Información Probatoria?

En esencia, dicho principio constituye un sistema de valoración de la prueba, sustentado en la libre convicción del juez, expresamente fundamentada; es decir, rechazando la prueba tasada o legal y sustituyéndola por la libre e integral apreciación de la masa probatoria producida ante el juez o tribunal durante el juicio oral y público (anexando reglas lógicas, de razón y de experiencia a más del conocimiento profundo de las normas aplicables al caso).

Dicho principio, además, obliga que los jueces y tribunales expliquen (a través de la motivación de la sentencia) el modo para adquirir el estado de certeza que finalmente constituyen los fundamentos de su decisión.

Por eso, la sana crítica es un sistema de valoración probatoria que sólo tiene sentido en sistemas con juicio oral, ya que sólo en ellos existe la inmediación y la concentración, que permiten la adopción de los criterios racionales para la formación de una convicción judicial.

Ejemplo: es lógico que la existencia de un cadáver es fundamental para hablar de un homicidio culposo o doloso, la predeterminación de un abuso de confianza sustentado en un típico acto de disposición contractual debe acreditarse en el tipo de la apropiación, la actividad engañosa y falsa tendiente a configurar la estafa a más de la comprobación del perjuicio patrimonial en los delitos contra el patrimonio, sin perder de vista que en los delitos contra la propiedad mal podría alegar calidad de víctima quien no pueda justificar la titularidad del bien afectado por el desconocimiento de dicha titularidad por parte del imputado, etc. Como se puede observar, el cuerpo del delito, entonces, deja de tener consistencia y toda su construcción probatoria respecto a un determinado tipo penal, debe enjugarse sobre la base de una construcción informativa sustentada en la valoración razonada de la totalidad del conjunto de pruebas arrimadas a la investigación penal susceptibles de ser juzgadas en el juicio oral y público, etapa en la que realmente se efectúa dicha operación en puridad.
2. Los límites formales para la averiguación de la verdad.

Los medios de prueba requieren de la indispensable observación de unos presupuestos formales, sin los cuales, carecería de eficacia su vinculación respecto a un hecho o acontecimiento que pretende respaldar como acaecido a los fines de su afirmación o su negación.

1. Prohibición de considerar al imputado como “órgano” de prueba. El imputado concebido como persona a la cual se sindica la perpetración de un hecho punible con un sentido terminológico lato (ver “calidad” de imputado) es considerado como «sujeto esencial» del procedimiento y como tal portador de derechos y garantías procesales, no siempre fue considerado bajo dicha característica, vale decir, como sujeto de derechos.

Demás está decir que CPP repele en forma puntual esta consideración, al punto que considera que la eventual confesión del imputado como autor o partícipe de un hecho punible ante la Fiscalía no es suficiente para que la investigación de éste se restrinja, ya que de valerse únicamente de una suerte de confesión del imputado como base de su acusación, la misma deberá ser desestimada por el Juez Penal; precisamente, el espíritu de la norma es el de rechazar cualquier resquicio que permita desdibujar el principio comentado y que se traduce en que dentro de un proceso penal de corte acusatorio y republicano, el afectado (imputado o sindicado) nada tiene que probar y sus dichos, en esencia, jamás pueden configurar prueba en contra de su situación, por aquello que sus manifestaciones representan el ejercicio de la defensa material en un proceso penal, cuya regulación legal lo ubican como sujeto esencial de la relación procesal penal.

2. La supresión de los tormentos y apremios físicos o psíquicos.: Pues bien, la Constitución sigue proscribiendo la tortura, los tratos crueles e inhumanos y cualquier comportamiento de autoridades y particulares que pueda afectar la condición digna del ser humano. No obstante, en este tópico la prisión preventiva –utilizada como anticipo de pena- o aún, las condiciones degradantes e infrahumanas de los recintos carcelarios que albergan a personas contra las cuales todavía –en su mayoría- no existe sentencia condenatoria firme, podríamos incluirlos como elementos que constituyen –en una dimensión distinta pero igualmente cruel como los efectos de una tortura física, torturas morales y sicológicas.

3. La protección de la intimidad de las personas. La CN de 1992 señala varios aspectos que cuidadosamente deben cumplirse a los efectos de pretender otorgar validez a una información para su ingreso válido al contexto del proceso penal. Ejemplo: los recintos privados deben ceder como espacio prescindente de la intrusión de terceros en los casos que exista orden de autoridad judicial, iguales presupuestos se necesita para la interceptación de correspondencia y de las comunicaciones de cualquier naturaleza, la conducta privada de las personas estará exenta de la autoridad de los magistrados, en fin, todos estos modos de admisión de información requieren, inexorablemente, el cumplimiento de ciertas formalidades sin cuyo cumplimiento carecen de validez en un proceso de la naturaleza que fuere.

Las mismas están fundadas en la necesidad de proteger la intimidad de las personas que puede verse afectada seriamente por la poca consistencia de una imputación y un control ineficaz de los medios de obtención probatoria que, la mayor de las veces, vulneran la presunción de inocencia de las personas.

La intimidad y la privacidad de las personas están exentas de la autoridad de los magistrados, salvo que sea indispensable para la investigación del caso concreto.

De esta manera, el principio protector de la presunción de inocencia cede al principio de la averiguación histórica de la verdad (interés social y público) en casos taxativamente previstos por las normas constitucionales y procesales, los cuales deben cumplir ciertas pautas o presupuestos sin los cuales carecerán de eficacia probatoria; uno de esos requisitos es que las alteraciones de la intimidad o privacidad de las personas deberán fundarse en resolución judicial y con un alcance restrictivo que también deberá señalarse expresamente en la misma decisión.

4. Las denominadas “exclusiones probatorias”. Estas limitaciones formales para la obtención de información que pueda discurrir en el proceso penal, en nuestro caso, también se denominan prohibiciones probatorias o exclusiones probatorias y a esta fórmula se ciñe el artículo 174 del CPP cuando dispone una ampliación en cuanto a la ineficacia de actos probatorios obtenidos en violación de las normas constitucionales, internacionales o secundarias respecto a los que sean directa o indirectamente consecuencia del acto primigeniamente viciado.

La doctrina procesal penal moderna, denomina este alcance extensivo de la ineficacia de los actos procesales cumplidos en violación de las formas expresamente señaladas como la teoría de los frutos del árbol envenenado en el sentido que si el árbol está envenenado por el germen del vicio sustantivo, sus frutos (los subsecuentes actos que preceden a aquél) también adolecen del mismo defecto y la consecuencia de inviabilidad para su agregación o valoración en el juicio oral y público.

Dentro de este tratamiento tradicional de los medios de prueba se halla un régimen especial para inspección de lugares, personas o vehículos, el secuestro de cosas relacionadas con el delito, que exige el cumplimiento de ciertos presupuestos tales como la advertencia al inspeccionado o al titular de la casa o bien afectado por la diligencia de lo que se pretende o se busca o, en su caso, tratándose de casos de inspecciones colectivas de personas contar con el conocimiento del fiscal o, en ciertos casos, que las actas que materializan el acto realizado consignen la presencia de por lo menos dos testigos de actuación que no se encuentren vinculados con la policía y, en lo posible, vecinos del lugar.

5. La búsqueda de la verdad real o material. Es el objetivo central que asumen el juez, el tribunal y el Ministerio Público con estricta observancia de las disposiciones establecidas por este código. A tal efecto, los hechos y circunstancias relacionados con el procedimiento podrán ser admitidos por cualquier medio de prueba, salvo las excepciones previstas por las leyes. Un medio de prueba será admitido si se refiere al objeto de la investigación y es útil para el descubrimiento de la verdad. No obstante, el juez o tribunal limitará los medios de prueba ofrecidos cuando ellos resulten manifiestamente excesivos. Esto último en el sentido de rechazar el diligenciamiento de ciertas pruebas se circunscribe a lo que denominaremos exclusiones probatorias queriendo significar la ineficacia de valor alguno de todo acto que vulnere garantías procesales consagradas en la Constitución, en el derecho internacional vigente y en las leyes.
3. Alcance de las limitaciones formales para la averiguación de la verdad.

Formalidades para la inspección o registro del lugar. Ordinariamente es una tarea que realizará la Policía en su función preventiva de la investigación del hecho acaecido; a estos efectos, la misma custodiará el lugar del hecho y comprobará, mediante la inspección del lugar y de las cosas, los rastros y otros efectos materiales que sean consecuencia del hecho punible. El funcionario policial a cargo de la inspección labrará un acta que describa detalladamente el estado de las cosas y cuando sea posible, recogerá y conservará los elementos probatorios útiles, dejando constancia. El acta será firmada por dos testigos hábiles, en lo posible vecinos del lugar, que no deberán tener vinculación con la policía; bajo esas formalidades podrá ser incorporada al juicio por su lectura. (Art. 176)

Formalidades para el levantamiento de evidencias. En caso de muerte violenta o cuando existan indicios de la comisión de un hecho punible, antes de procederse a la inhumación del occiso, la policía, realizará la inspección corporal preliminar, la descripción de la situación o posición del cuerpo y de la naturaleza de las lesiones o heridas, además de las diligencias ordenadas por el Fiscal o el Juez; La policía intentará identificarlo a través de cualquier medio posible. En ausencia del fiscal o del juez, la policía, luego de realizadas las operaciones de rigor, de oficio, procederá a levantar el cadáver, disponiendo su traslado a los gabinetes médicos de la policía judicial si es que funcionara o al lugar en donde se practicará la autopsia, a los efectos de su identificación final y la entrega a sus familiares. (Art. 177)

Cuando por la percepción exterior de la inspección corporal preliminar, no se conozca de una manera manifiesta e inequívoca la causa de la muerte, se procederá a la autopsia del cadáver, por el cuerpo médico forense, o en su caso, por los peritos que se designen, quienes informarán sobre la naturaleza de las lesiones, el modo y la causa del fallecimiento y sus circunstancias. En todos los casos, los peritos manifestarán si la muerte ha sobrevenido a consecuencia de aquéllas, o si ha sido el resultado de causas preexistentes, concomitantes o posteriores, extrañas al hecho. Si el Ministerio Público no ha solicitado la realización de la autopsia, las otras partes podrán solicitar al juez que la ordene, conforme a las reglas de los actos irreproducibles. (Autopsia, art. 178)

Formalidades para la inspección de vehículos. La Policía podrá realizar la requisa de un vehículo, siempre que haya motivos suficientes para suponer que una persona oculta en él objetos relacionados con un hecho punible. A estos efectos, se usará el mismo procedimiento y se cumplirán las mismas formalidades previstas para la inspección de personas. (Art. 181)

Cuando la policía realice inspecciones de personas o de vehículos, colectivamente, con carácter preventivo, deberá comunicar al Ministerio Público con seis horas de anticipación. Si la inspección colectiva se realiza dentro de una investigación ya iniciada, se deberá realizar bajo dirección del Ministerio Público. Si es necesaria la inspección de personas o vehículos determinados, el procedimiento se regirá según el procedimiento previsto para dicha situación. (Art. 182)

Las operaciones técnicas. Para una mayor eficacia y calidad de los registros e inspecciones, se podrán ordenar operaciones técnicas o científicas, reconocimientos y reconstrucciones, todo esto, con el fin de aproximarse con la mayor seguridad posible a la verdad histórica de los hechos investigados. En tal sentido si el imputado decide participar en la diligencia regirán las reglas previstas para su declaración, lo que acontecerá asimismo para los testigos, peritos e intérpretes que se regirán por las disposiciones pertinentes en el Código Procesal Penal. (Art. 192)

En la etapa preparatoria no se necesita que tales operaciones se realicen como anticipo jurisdiccional, sino que en la medida de lo posible se efectuará bajo la dirección del Ministerio Público, aunque esto no obsta que para asegurar la contundencia de las conclusiones de tales operaciones se pueda realizar como prueba anticipada, siempre que su posterior realización dificulte la veracidad de sus conclusiones.
4. El Registro.

Artículo 183. REGISTRO. Cuando haya motivo suficiente que permita suponer que en un lugar público existen indicios del hecho punible investigado o la presencia de alguna persona fugada o sospechosa, si no es necesaria una orden de allanamiento, la Policía realizará directamente el registro del lugar. Cuando sea necesario realizar una inspección personal o el registro de un mueble o compartimiento cerrado destinado al uso personal, en lugar público, regirán análogamente los artículos que regulan el procedimiento de la inspección de personas o vehículos. Se invitará a presenciar el registro a quien habite o se encuentre en posesión del lugar, o cuando esté ausente, a su encargado y, a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad. Cuando sea posible se conservarán los elementos probatorios útiles.

Artículo 184. FORMALIDADES. Del registro se labrará un acta que describa detalladamente el estado de las personas, lugares, cosas, los rastros y otros efectos materiales que sean de utilidad para la averiguación de la verdad. Si el hecho no produjo efectos materiales se describirá el estado actual de los objetos, procurando consignar el anterior, el modo, tiempo y causa de su desaparición y alteración, y los medios de prueba de los cuales se obtuvo ese conocimiento.

Artículo 185. FACULTADES COERCITIVAS. A los efectos de realizar el registro, se podrá ordenar que durante la diligencia no se ausenten las personas que se hallan en el lugar o que comparezca inmediatamente cualquier otra.

Los que desobedezcan incurrirán en la responsabilidad de los testigos, sin perjuicio de ser compelidos por la fuerza policial, según lo previsto por este código La restricción de la libertad no durará más de seis horas sin recabar la orden del juez

Artículo 186. HORARIO. Los registros, con o sin allana-miento, en lugares cerrados o cercados, aunque sean de acceso público, sólo podrán ser practicados entre las seis de la mañana y las diez y ocho de la tarde. Sin embargo, se podrán practicar registros nocturnos;

1) en los lugares de acceso público, abiertos durante la noche y en un caso grave que no admita demora en la ejecución; y,

2) en los casos en que el juez lo autorice expresamente, por resolución fundada.

Artículo 187. ALLANAMIENTO DE RECINTOS PRIVADOS. Cuando el registro deba efectuarse en un recinto privado particular, sea lugar de habitación o comercial, o en sus dependencias cerradas, se requerirá siempre orden de allanamiento escrita y fundada del juez o tribunal.
5. El Secuestro.

5.1 Objeto y Finalidad.

Artículo 193. ENTREGA DE COSAS Y DOCUMENTOS. SECUESTROS. Los objetos y documentos relacionados con el hecho punible y los sujetos a comiso, que puedan ser importantes para la investigación, serán tomados en depósito o asegurados y conservados del mejor modo posible. Aquel que tenga en su poder objetos o documentos de los señalados precedentemente, estará obligado a presentarlos y entregarlos, cuando le sea requerido, siguiendo los medios de coacción permitidos para el testigo que rehúsa declarar. Si los objetos requeridos no son entregados se dispondrá su secuestro.

Quedan exceptuados de ésta disposición las personas que deban abstenerse de declarar como testigos.

Artículo 196. PROCEDIMIENTO. Regirá el procedimiento prescripto para el registro. Los efectos secuestrados serán inventariados y puestos bajo segura custodia en los depósitos de los tribunales o en los lugares especialmente destinados para estos efectos, siempre a disposición del juez. Cuando se trate de bienes de significativo valor se los entregará a quienes aparezcan como sus poseedores legítimos, en calidad de depositarios judiciales.

Transcurridos seis meses sin reclamo ni identificación del dueño o poseedor, los objetos podrán ser entregados en depósitos a un establecimiento asistencial o a una entidad pública que los necesite, quienes sólo podrán utilizarlos para cumplir el servicio que brindan al público. Lo mismo se hará cuando se trate de bienes perecederos, que no puedan ser conservados.

Si los objetos secuestrados corren riesgo de alterarse, desaparecer, sean de difícil custodia o perecederos, se ordenarán reproducciones, copias o certificaciones sobre su existencia y estado. Los objetos secuestrados serán asegurados con el sello y la firma del encargado de su custodia. Los documentos serán firmados y sellados en cada una de sus hojas.

Artículo 197. DEVOLUCIÓN. Los objetos secuestrados que no estén sometidos a comiso, restitución o embargo, serán devueltos tan pronto como se pueda prescindir de ellos, a la persona de cuyo poder se obtuvieron. Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente en calidad de depósito judicial e imponerse al poseedor la obligación de exhibirlos. En caso de controversia acerca de la tenencia, posesión o dominio sobre una cosa o documento, para entregarlo en depósito o devolverlo, se instruirá un incidente separado, y se aplicarán, analógicamente, las reglas respectivas del procedimiento civil.

Limitaciones: Artículo 194. OBJETOS NO SOMETIDOS A SECUESTRO. No podrán ser objeto de secuestro:

1) las comunicaciones escritas entre el imputado y las personas que puedan abstenerse de declarar como testigos por razón de parentesco o que deban hacerlo en razón del secreto;

2) las notas que hayan tomado los nombrados anteriormente sobre comunicaciones confiadas por el imputado, o sobre cualquier circunstancia, a las cuales se extienda el derecho o el deber de abstenerse de declarar; y,

3) los resultados de exámenes o diagnósticos relativos a las ciencias médicas realizados bajo secreto profesional.

La limitación sólo regirá cuando las comunicaciones u objetos estén en poder de aquellas personas que pueden abstenerse de declarar; o en el caso de abogados y profesionales de las ciencias médicas, si están archivadas o en poder del estudio jurídico o del establecimiento hospitalario y consultorios privados.

Artículo 195. ORDEN DE SECUESTRO. La orden de secuestro será expedida por el juez, en una resolución fundada.
6. Allanamiento.

6.1 Requisitos y Necesidad.

Artículo 187. ALLANAMIENTO DE RECINTOS PRIVADOS. Cuando el registro deba efectuarse en un recinto privado particular, sea lugar de habitación o comercial, o en sus dependencias cerradas, se requerirá siempre orden de allanamiento escrita y fundada del juez o tribunal.

Artículo 241. ALLANAMIENTO. Cuando sea necesario allanar dependencias cerradas o recintos habitados, para el cumplimiento de la aprehensión o la detención preventiva, la orden judicial deberá consignar expresamente esta autorización, salvo las excepciones previstas por este código.

Mandamiento y contenido de la orden. Para el allanamiento, el juez expedirá un mandamiento en el que constará:

  • En el mandamiento se consignará el juez o tribunal que ordena el allanamiento y la breve identificación del procedimiento;

  • La indicación exacta del lugar o lugares a ser registrados;

  • La autoridad designada para el registro;

  • El motivo preciso del allanamiento, con indicación exacta de los objetos o personas buscadas y las diligencias a practicar, y;

  • La fecha y la firma del juez.

Allanamiento de locales públicos. Las restricciones establecidas para el allanamiento de domicilios o habitaciones no regirán para las oficinas administrativas o edificios públicos, templos o lugares religiosos, establecimientos militares, lugares comerciales de reunión o de esparcimiento, abiertos al público y que no estén destinados a habitación familiar. En estos casos se podrá prescindir de la orden de allanamiento con el consentimiento expreso y libre de las personas a cuyo cargo estén los locales.

En caso de negativa o imposibilidad material de conseguir el consentimiento, se requerirá la orden de allanamiento y se podrá hacer uso de la fuerza policial para su cumplimiento.

Quien prestó el consentimiento será invitado a presenciar el registro; para el ingreso y registro de oficinas dependientes de un poder del estado se necesitará autorización del funcionario competente. Si durante el desarrollo del procedimiento, quien dio la autorización, la niega o expresa haberla consentido por coacción, la prueba de la libertad del consentimiento corresponderá a quien lo alega. En el acta respectiva se consignarán los requisitos previstos por este código y el consentimiento otorgado.

Excepciones. Se podrán prescindir de la orden de autoridad competente:

1) cuando existan denuncias fundadas sobre personas extrañas que fueron vistas introduciéndose en un lugar con evidentes indicios de que van a cometer un hecho punible;

2) cuando el imputado, a quien se persigue para su aprehensión, se introduzca en una propiedad privada, y;

3) cuando voces provenientes de un lugar cerrado anuncien que allí se está cometiendo un hecho punible o desde él se pida socorro.

6.2 Garantías.

El mandamiento tendrá una duración de dos semanas, después de las cuales fenece la autorización, salvo que haya sido expedida por tiempo determinado en cuyo caso constarán esos datos. La orden de allanamiento será notificada al que habite o se encuentre en posesión del lugar donde deba efectuarse, entregándole una copia del mandamiento. Cuando no se encuentre el propietario, se notificará a su encargado o a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad que se halle en el lugar, prefiriéndose a un familiar del primero. El notificado será invitado a presenciar el registro; Asimismo, si no encuentra persona alguna en el lugar, o si quien habita la casa se resiste al ingreso, se hará uso de la fuerza policial para ingresar. Practicado el registro se consignará en acta su resultado, cuidando que el lugar quede cerrado y resguardado de otras personas.

7. Requisa Personal. (Inspección personal)

Artículo 179. INSPECCIÓN DE PERSONAS. La Policía podrá realizar la requisa personal, siempre que haya motivos suficientes que permitan suponer que una persona oculta entre sus ropas, pertenencias, o lleva adheridas externamente a su cuerpo, objetos relacionados con el hecho punible. Antes de proceder a la requisa deberá advertir a la persona acerca de la sospecha y del Objeto buscado, invitándole a exhibir el objeto. La advertencia y la inspección se realizarán en presencia de dos testigos hábiles, en lo posible vecinos del lugar, que no deberán tener vinculación con la Policía; bajo esas formalidades se labrará un acta que podrá ser incorporada al juicio por su lectura.

Artículo 180. PROCEDIMIENTO PARA INSPECCIÓN DE PERSONAS. Las requisas se practicarán separadamente, respetando el pudor de las personas. La inspección a una persona será practicada por otra de su mismo sexo. La inspección se hará constar en acta que firmará el requisado, si así no lo hace se consignará la causa.

8. Clausura de Locales.

Cuando para la averiguación de un hecho punible grave sea indispensable la clausura temporaria de un local o la inmovilización de cosas muebles que por su naturaleza o dimensiones no puedan ser mantenidas en depósito, se procederá a asegurarlas, según las reglas del secuestro.

Artículo 201. CLAUSURAS DE LOCALES Y ASEGURAMIENTO DE COSAS MUEBLES. Cuando para la averiguación de un hecho punible grave sea indispensable la clausura temporaria de un local o la inmovilización de cosas muebles que por su naturaleza o dimensiones no puedan ser mantenidas en depósito, se procederá a asegurarlas, según las reglas del secuestro.

9. Interceptación de Comunicaciones.

Siempre que sea útil para la averiguación de la verdad, el juez ordenará, por resolución fundada, bajo pena de nulidad, la intercepción o el secuestro de la correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra clase, remitida por el imputado o destinada a él, aunque sea bajo nombre supuesto; regirán las limitaciones del secuestro de documentos u objetos.

Artículo 198. INTERCEPCIÓN Y SECUESTRO DE CORRESPONDENCIA. Siempre que sea útil para la averiguación de la verdad, el juez ordenará, por resolución fundada, bajo pena de nulidad, la intercepción o el secuestro de la correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra clase, remitida por el imputado o destinada a él, aunque sea bajo nombre supuesto.

Regirán las limitaciones del secuestro de documentos u objetos.

Artículo 199. APERTURA Y EXAMEN DE CORRESPONDENCIA. Recibida la correspondencia o los objetos interceptados, el juez procederá a su apertura haciéndolo constar en acta. Examinará los objetos y leerá para sí el contenido de la correspondencia. Si guardan relación con el procedimiento ordenará el secuestro; en caso contrario, mantendrá en reserva su contenido y dispondrá la entrega al destinatario.

Artículo 200. INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES. El juez podrá ordenar por resolución fundada, bajo pena de nulidad, la intervención de las comunicaciones del imputado, cualquiera sea el medio técnico utilizado para conocerlas.

El resultado sólo podrá ser entregado al juez que lo ordenó, quien procederá según lo indicado en el Artículo anterior; podrá ordenar la versión escrita de la grabación o de aquellas partes que considere útiles y ordenará la destrucción de toda la grabación o de las partes que no tengan relación con el procedimiento, previo acceso a ellas del Ministerio Público, del imputado y su defensor. La intervención de comunicaciones será excepcional.

10. Acerca de los Medios Extraordinarios de Prueba.

En este punto, podemos mencionar como sinónimo de medios extraordinarios de prueba, sin que la expresión sea la más idónea respecto a lo que se pretende describir, una serie de circunstancias especiales que por no provenir del origen propio de las partes como proponentes de los medios probatorios, merecen esta denominación:

1. En la audiencia preliminar, el juez penal puede disponer la realización de prueba de oficio, siempre y cuando la fuente radique en las actuaciones puestas a consideración del magistrado, por las partes. Este constituye, un medio especial de producción probatoria que, en cierta forma, se aparta del principio dispositivo de las partes en cuanto a la proposición probatoria, pero fundado en la regla estatal de protección del interés social en la averiguación de la verdad histórica. Aunque sigue siendo un aspecto bastante discutible, porque se puede prestar a violaciones del principio de la defensa en juicio, de ahí que los jueces se muestren parcos con el ejercicio de esta potestad.

2. En el juicio oral y público, se pueden producir dos circunstancias excepcionales: a) cuando surjan hechos nuevos, el juez o tribunal pueden advertir a las partes un cambio de calificación y disponer que tomen un tiempo prudencial para el ofrecimiento de pruebas (artículo 400 del CPP), y; b) también pueden ordenar, excepcionalmente, prueba de mejor proveer, tomando como parámetro la misma situación plasmada en la audiencia preliminar de la etapa intermedia (que la fuente originaria de la prueba de oficio, radique en las actuaciones propias de las partes), aunque la norma procesal no efectúa esta advertencia, pero es atendible que por la vigencia del principio de bilateralidad y contradicción, esta potestad se ejerza conforme a los mismos parámetros.

3. Finalmente, los tribunales de apelaciones y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, también disponen de la potestad de ordenar audiencia complementaria de prueba y sustanciación de los recursos, aunque las partes no lo hubieran solicitado, aspecto que también denota una actividad probatoria excepcional, aunque por la naturaleza del sistema recursivo del modelo acusatorio, las pruebas deberán sus-tentarse, única y exclusivamente, en cuestiones de derecho (interpretaciones doctrinarias, jurisprudenciales, etcétera).


Gentileza de Hector Villamayor – Hugo Vergara
Delegados 2013
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