Lección I: introducción al derecho procesal penal






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El proceso penal se refiere al conjunto de actos humanos individuales o institucionales que deben o pueden efectuar los sujetos que intervienen en aquél, con miras a la consecución de la finalidad perseguida por el Derecho Procesal Penal. Abarca desde el conocimiento del hecho punible por el organismo del Estado (Ministerio Público) hasta su culminación con la sentencia definitiva (condenatoria o absolutoria).

El procedimiento describe un segmento más preciso del proceso penal que puede coincidir, en la mayoría de las situaciones, con la finalidad perseguida por el derecho procesal penal y el proceso penal, aunque debe advertirse que muchos actos del proceso penal que pueden desarrollar las partes no persiguen la finalidad trascendental de una hipotética aplicación de la ley penal sustantiva (Ejemplo: si se plantea una cuestión incidental que pretende sostener un obstáculo para la continuidad del proceso penal, v.gr. sobreseimiento, extinción de la acción penal, prescripción de la acción o de la pena, etc. ). Es una parte del proceso que tiene un principio y final pero que se ubica dentro del proceso. (Incidentes, reconocimiento de personas, anticipo jurisdiccional de pruebas, audiencias varias, declaraciones varias).

La idea normativa y cultural del proceso penal adoptado en un determinado país y el procedimiento que se incorpora en el interior de aquel, el que, muchas veces, precisamente no persigue la finalidad última del proceso penal en cuanto a la hipotética aplicación de la ley penal sustantiva, en otros términos, el proceso penal es el continente y su contenido secuencial configurado por los diversos actos procesales que pueden o deben realizar las partes está individualizado bajo la expresión de procedimiento.
5. El Objeto del Procedimiento Penal.

  • Descubrimiento de la verdad histórica

  • Realización del derecho penal material

  • Convivencia armónica, pacífica y en derecho

  • Redefinición del conflicto

El caso penal es, por tanto, el núcleo que concede sentido material a un procedimiento penal y a los múltiples actos que lo integran. Se trata, como hecho hipotético de la vida humana, de un suceso histórico, de una acción que se imputa a alguien como existente o inexistente (omisión), esto es, como su-cedida o no sucedida en el mundo real, y sobre la base de la cual se espera alguna consecuencia penal. El proceso penal tiene por misión, precisamente, averiguar este suceso histórico y darle una solución jurídico-penal”.

El objeto procedimental son circunstancias acontecidas en la realidad y que por la trascendencia que señala la ley penal sustantiva, se relacionan con conductas que reúnen las características de punibilidad (tipicidad, antijuridicidad, reprochabilidad y punibilidad). Pues bien, estos hechos que trasuntan conductas desarrolladas por las personas y que postulan el objeto legítimo del proceso penal, deben precisarse de un modo coherente y delimitado, principalmente para repeler ciertos conflictos con los principios del debido proceso penal, los cuales podrían verificarse si la relación fáctica que se incorpora como objeto del procedimiento penal resulta vaga, imprecisa o difusa.

Los límites para la averiguación de la verdad histórica dentro de un proceso, de modo tal a consolidar la seguridad jurídica:

1) La de limitar la discusión de los hechos en el proceso penal y fundamentalmente conferir un ámbito preciso sobre el cual los jueces pueden expedirse al momento de dictar sentencia, con lo cual se asegura la defensa del imputado, a quien no se le puede condenar sobre circunstancias no debatidas en el curso del procedimiento;

2) Los hechos sometidos al conocimiento del juez o tribunal, sirven para garantizar el poder de clausura de la discusión sobre aquéllos una vez que recaiga una decisión definitiva, con lo cual se protege la regla de la prohibición de la doble persecución por los mismos hechos, o, cuanto menos, el valor de la sentencia con una precisa fijación de los hechos probados y valorados por el tribunal, permite clausurar hipotéticos procesos futuros, bajo pena de ser repelidos por vulneración de la prohibición de la reapertura de procesos fenecidos (Artículo 17.4 de la Constitución Nacional), y;

3) Finalmente, la precisión fáctica del procedimiento limita, a su vez, la admisibilidad del material probatorio, de modo que las circunstancias que se sostienen en el interior del proceso, es la materia que deben usar los jueces y tribunales para admitir o rechazar las pruebas, según criterios de utilidad, pertinencia o improcedencia.

Existen otros límites que deben señalarse en este apartado a los efectos de no incurrir en desbordes que fácilmente podrían impugnar el valor de una decisión emitida en un proceso penal. Principalmente, nos referimos a la construcción del contenido fáctico –los hechos imputados- que paulatinamente ingresa al procedimiento por diversos actos procesales (acta de imputación o de procesamiento, acusación pública o privada, auto de admisión de la acusación o de apertura a juicio oral y público, congruencia entre acusación, auto de admisión de la misma y contenido de la sentencia dictada en el juicio oral y público), circunstancias que la praxis judicial, pasa por alto, segura-mente por la vigencia de una cultura inquisitiva que poco o nada se preocupaba del mentado “objeto del procedimiento”.

El artículo 17 de la CN dispone: “De los derechos procesales. En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: 1)...; 2)...; 3)...; 4)...; 5)...; 6)...; 7) la comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación...”.

Sin embargo, la amplitud de la descripción de los hechos imputados conforme a los ti-pos penales descritos en la ley sustantiva, tiene un límite formal y preciso: la necesidad que el Ministerio Público cuando impute e investigue hechos, si no puede configurarlos bajo supuestos delictivos, formule una imputación con tipos penales alternativos que podrían encuadrar con su relación fáctica, de tal manera que se preserve al imputado su derecho constitucional de conocer detalladamente de lo que se le imputa, evitando provocar una indefensión debido a la insuficiente descripción fáctica y punitiva de su pretensión, contribuyendo así a producir la ineficacia de todo lo actuado en la fase preparatoria.

Lo más importante que debe velar el responsable de la investigación penal es que los hechos definidos en su imputación encuadren con el tipo o los tipos penales que podrían incursar la conducta investigada en el procedimiento. Es así que si se verifican alteraciones sustanciales entre lo que se imputa inicialmente con nuevos elementos recolectados por el Fiscal, éste debe garantizar un conocimiento previo y detallado de estas variables al imputado y su defensor, para que pueda ejercer su defensa. Si esto se produce en el contexto del juicio oral y público, la situación cambia, porque el acusador público o privado deben ampliar los términos de su pretensión y el tribunal debe otorgar un lapso suficiente al imputado y su defensor, para que prepare su estrategia frente a esta contingencia.

Tras la culminación de la fase de investigación, si el fiscal decide acusar y su solicitud lo admite el juez, la acusación adquiere carácter de resolución, ya que tal decisión se denomina –en nuestro ámbito: auto de apertura a juicio oral y público.

El principio de congruencia, es una exigencia vital para que la sentencia emitida por el tribunal del juicio oral y público adquiera virtualidad jurídica, ya que existiendo una desconexión entre los hechos acusados y admitidos en juicio y los hechos probados y juzgados por el tribunal sentenciador, la misma es irrelevante, porque se sanciona con la nulidad absoluta.

Una cuestión final, algunos procedimientos incluyen dentro de su objeto, la eventual promoción del reclamo civil y resarcitorio de la víctima o del imputado, según el caso, lo que también postula el Código Procesal Penal.
6. Los sujetos del proceso penal.

6.1 Ámbito que comprende la expresión: La Relación Procesal Penal.

El vínculo existente entre dos o más personas que tiene por objeto regular derechos y deberes recíprocos recibe el nombre de relación jurídica; ese nexo nace por efecto del ejercicio de un derecho subjetivo que lo ejecuta la persona titular de esa potestad frente a otra de manera que el titular del derecho subjetivo recibe el nombre de “sujeto activo”, mientras que el obligado a cumplir con el derecho subjetivo reclamado recibe el nombre de “sujeto pasivo”.

De acuerdo al concepto examinado y que optamos como la más completa, la relación procesal penal como su nombre lo implica, es una relación instrumentada por el derecho procesal penal, la cual adquiere vida propia en el interior del procedimiento; esa vida “propia” nace del ejercicio de la acción, sea ésta pública o privada. Con esto también se quiere significar que el derecho procesal penal confiere potestades e impone deberes a los sujetos que actúan en el proceso, dependiendo de su “realización efectiva” a través de los denominados actos procesales para que se produzcan los resultados que prevén las mismas normas procesales, independientemente que los sujetos ejerzan o no la potestad, cumplan o incumplan el deber.

La relación procesal penal no se asimila a la que se produce en el ámbito privado, sino atendiendo a los rasgos distintivos que determina el “objeto” del derecho procesal penal. En este tipo de procedimiento, el poder jurisdiccional del estado tiene dos finalidades, conforme a las etapas de las que se compone el proceso penal:

1. En un primer momento, la potestad de administrar justicia debe conciliarse con la preservación de las garantías del debido proceso, preservando los derechos de los justiciables y, en especial, del imputado, evitando inmiscuirse en tareas de investigación que lo aparten de su actuación como órgano “imparcial”, correspondiendo al órgano oficial (ministerio público) gestionar la investigación sobre bases de “objetividad” y “averiguación de la verdad histórica” y no como un simple acusador que pretende sancionar a cualquier costo al imputado, y;

2. En un segundo momento que corresponde -de ordinario- al juicio oral y público, donde se traba un litigio de partes y en el cual el órgano jurisdiccional (unipersonal o colegiado) tiene prohibido abstraer conclusiones ajenas a las sustentadas por la acusación y, lo que es más, con la obligación de dar una solución al caso, aunque no se hayan acreditado los presupuestos del hecho punible sostenido por el acusador, absolviendo por “falta de mérito probatorio” que opera a favor del acusado.
6.2 Los Sujetos que intervienen en la relación procesal penal.

1. Los Sujetos Esenciales están representados por el Tribunal, el actor penal y el imputado. Se los considera esenciales, porque su legítima y regular intervención son indispensables para que se constituya perfectamente la relación procesal, tanto que ésta es nula si ellos no actúan del modo práctico que el derecho establece.

  • El tribunal (unipersonal o colegiado) es quien ejerce la función jurisdiccional, lo que ocurre de un modo más o menos perfecto, conforme al modelo de procedimiento adoptado que permita –en la fase preliminar o de investigación- otorgar facultades de investigación al magistrado o derivándola al ministerio público, quedando facultado el juzgador solamente a tareas precautorias de los derechos y garantías de las partes.

  • El actor penal es el sujeto que ejerce la acción penal, haciendo valer la pretensión jurídico-penal que se basa en el delito: generalmente actúa como tal un órgano estatal (el Ministerio Público); conjuntamente o adhesivamente (según el procedimiento adoptado –demás está decir que el CPP adopta la figura de la querella adhesiva, como regla) también está la víctima.

  • El Imputado es el sujeto contra el cual se deduce la pretensión jurídico-penal, aun-que en el primer momento de la investigación queda individualizado como tal el detenido o indicado como partícipe de una infracción penal en cualquier acto inicial del procedimiento.

Sin embargo, cabe advertir la posibilidad de que la relación se constituya solamente entre el ministerio público y el tribunal, cuando aun no se haya conseguido individualizar al imputado. En este caso, la relación será imperfecta, y así no podrá progresar más allá de la etapa de investigación (ejemplo: los casos de archivo por falta de individualización del imputado).
2. Los Sujetos Eventuales, así llamados porque su presencia no es indispensable, dependiendo fundamentalmente del material probatorio sobre el cual versará el objeto del procedimiento. Así, la presencia de un perito, de un testigo a los efectos de informar sobre circunstancias relevantes que directa o indirectamente se refieren al hecho motivador del juzgamiento, dependerá de que el medio proba-torio sea ofrecido y utilizado por cualquiera de las partes, a cuyo efecto se exigirá la presencia de los citados. Asimismo, el actor civil y el demandado civil, en procesos penales compatibles con el modelo acusatorio, también permiten la intervención eventual del afectado civilmente por el hecho.
3. Los Sujetos Auxiliares, son aquellas personas que integran, de algún modo con sus actividades, la relación procesal penal y cuyas tareas son también trascendentes para su correcta articulación. Tal es el caso de los secretarios de los tribunales y de los fiscales, demás auxiliares y dependencias a cargo del manejo administrativo de todo lo concerniente al nuevo proceso y los defensores y los mandatarios de las partes.
7. Aspectos Contemporáneos que involucra el Procedimiento Penal.

El procedimiento ordinario, según Maier, “…es el que se cumple para satisfacer la persecución penal pública, esto es, al también llamado procedimiento oficial, gobernado por el principio de oficialidad. Ordinariamente se divide al procedimiento penal común en dos partes principales: el proceso de conocimiento y el procedimiento de ejecución penal. Mirado desde el acontecimiento que desencadena la persecución penal oficial, el procedimiento de ejecución penal es meramente “eventual”; su realización depende de que el proceso de conocimiento finalice con una sentencia de condena firme que deba ejecutarse o, al menos, con una sentencia que ordene una medida de seguridad y corrección. El proceso de conocimiento, en cambio, es absolutamente imprescindible para responder a la pregunta acerca de una reacción o consecuencia penal y tal pregunta emerge, normal y obligatoriamente, cuando aparece en el mundo de los hechos la afirmación de la comisión de un hecho punible frente a alguna de las autoridades encarga-das de –o competentes para la persecución penal…”.

El proceso ordinario de conocimiento, siguiendo el esquema trasuntado por el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, y al cual se ciñe nuestro sistema, en sus rasgos principalísimos, está fraccionado en tres etapas; el sistema se adecua doctrinal-mente al modelo acusatorio, otorgándole la investigación de los hechos al fiscal, quien es el encargado de preparar la acusación, que presentará. Se trata, pues, de otro modo de organizar la investigación preliminar, acentuando el carácter acusatorio del proceso, dividiendo las dos funciones básicas del debido proceso fundado en la máxima “No habrá juicio sin acusación previa y fundada en la ley anterior al hecho del proceso”, de los sujetos representantes del Poder Judicial que intervienen; de este modo, el ministerio público es el órgano encargado de investigar el supuesto punible, disponiéndose la reserva exclusiva del juez, lo concerniente a la autorización y decisiones de carácter estrictamente indispensables jurisdiccionales para su validez, pero se jalona claramente es que el órgano jurisdiccional nunca podrá o deberá investigar.
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