Impunidad vs derechos humanos: a propósito de la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos en el caso barrios altos






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títuloImpunidad vs derechos humanos: a propósito de la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos en el caso barrios altos
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fecha de publicación09.09.2015
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XVII CONGRESO LATINOAMERICANO, IX IBEROAMERICANO Y I NACIONAL DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL – FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

COMISIÓN: DERECHOS HUMANOS

SUBCOMISIÓN: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: OBLIGATORIEDAD DE LAS DECISIONES DE LA CORTE FRENTE AL DERECHO INTERNO

TÍTULO DE LA PONENCIA:

IMPUNIDAD vs DERECHOS HUMANOS: A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO BARRIOS ALTOS

AUTORES: RONNY ROJAS ALVAREZ

JAVIER EDGAR SANTILLÁN GALDOS

UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. LIMA – PERÚ.

CORREOS ELECTRÓNICOS:

ronny_derecho@yahoo.es

j_santillan_g@hotmail.com

IMPUNIDAD vs DERECHOS HUMANOS: A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO BARRIOS ALTOS

Pelear por todos

y pelear para que el individuo sea un hombre

para que los señores sean hombres

para que todo el mundo sea un hombre

y para que los animales sean hombres.

El caballo, un hombre

El reptil, un hombre

El buitre, un hombre honesto.

César Vallejo

SUMARIO: INTRODUCCIÓN. I. LA IMPUNIDAD. 1. Concepto 2. Formas de Aparición de la Impunidad 3. Causas de la Impunidad. II. LA IMPUNIDAD EN EL PERÚ: EL CASO BARRIOS ALTOS. 2.1. El autogolpe del 5 de abril de 1992 y el Proceso de Control del Poder. 2.2. Los Hechos: La Matanza de Barrios Altos. Proceso Judicial. Dación de las Leyes Nº 26479 y 26492. Proceso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos). III. SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: LAS LEYES DE AMNISTÍA Nº 26479 Y Nº 26492 CARECEN DE EFECTOS JURÍDICOS. IV. A MANERA DE CONCLUSIÓN. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

INTRODUCCIÓN

En los regímenes dictatoriales latinoamericanos, es conocido que la violación de derechos humanos se llevaba a cabo de manera masiva y sistemática como política de Estado. Por ello, una vez superada la dictadura, observamos que uno de los problemas más complejos a los que se enfrentan los procesos de reinstitucionalización democrática – como se lleva a cabo en el Perú – es la superación y solución de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en los últimos años.

Una de las características centrales de las graves violaciones a los derechos humanos es su ejecución desde el poder o con la complacencia del mismo, por lo que resulta común en estos casos que se asegure la impunidad de los autores de estos hechos, a través de la utilización perversa de las instituciones y los poderes públicos como el Poder Judicial y el Congreso. En consecuencia, es común que en estos casos se activen procesos penales destinados a lograr la impunidad antes que la sanción efectiva de los responsables.

Como mecanismo de impunidad, tenemos la dación de las Leyes de Amnistía, en el caso peruano, las Leyes Nº 26479 y 26492; destinadas a evitar la sanción de los responsables - en el caso materia de análisis – del asesinato de 15 personas en Barrios Altos, leyes que consideramos como manifiestamente incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado Peruano en materia de Derechos Humanos; conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos; donde los Estados partes asumen el compromiso de respetar los derechos humanos reconocidos en ella, y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción.

Por ello, en el presente trabajo, analizamos el fenómeno de la impunidad; en relación a los hechos acaecidos en Barrios Altos, las acciones del Estado Peruano destinadas a exonerar de responsabilidad a los autores de tan execrable crimen; y cómo, luego, retornando al régimen democrático, se da la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de suma importancia, dado que por primera vez se manifiesta de forma expresa sobre las leyes de amnistía, declarando que son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en consecuencia, carecen de efectos jurídicos.

  1. LA IMPUNIDAD

    1. Concepto:

El concepto de impunidad no describe una situación jurídica que se pueda definir estrictamente; sino un fenómeno de dimensiones legales, sociales, culturales, psicológicas y hasta económicas. En términos generales, se puede definir impunidad como “no punibilidad” o “ausencia de castigo”; en estricta oposición a los conceptos, ampliamente conocidos en este contexto, de “impunibilidad”, “imputabilidad” o “inmunidad”.1

Más concretamente, el “Informe Final Revisado” de la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección a las Minorías de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, nos ofrece una definición amplia y exhaustiva de impunidad:

“Por impunidad se entiende la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones a los derechos humanos; así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”.2

    1. Formas de Aparición de la Impunidad

En un primer nivel, se puede diferenciar entre impunidad normativa y fáctica. Por impunidad normativa se entiende toda impunidad que tenga su origen directa e inmediatamente en normas, especialmente disposiciones sobre amnistía e indulto. La impunidad fáctica es, por el contrario, el resultado de mecanismos fácticos que prohíben una persecución y sanción penal.3

Estas dos formas de impunidad se haces más perceptibles, de manera especial, frente a la no persecución por violaciones de derechos humanos, como se comprueba en el análisis mundial, contenido en los Informes Anuales del Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales:

“Los mecanismos de impunidad son múltiples (…), éstos incluyen (…) impunidad mediante la ley, a través de la legislación que exime de persecución a los perpetradores de abusos de derechos humanos, o la impunidad en la práctica, en la cual, no obstante la existencia de leyes que prevén la persecución a los violadores de derechos humanos, las amenazas y la intimidación dirigida en contra de las víctimas de violaciones de derechos humanos y/o de los testigos, hacen peligrar la investigación; así como los problemas relacionados con el funcionamiento del órgano judicial, particularmente su independencia e imparcialidad.”4

En un segundo nivel, el concepto de impunidad se encuentra vinculado a dos puntos de referencia formales. De una parte se puede relacionar con los hechos punibles perseguibles (diferenciación jurídica material)5, y de otra parte, con la etapa en la que se encuentra el proceso (diferenciación procesal).6 Éste y el primer nivel, antes mencionado, se entrelazan en cuanto existe impunidad normativa y fáctica tanto en la diferenciación material como en la procesal.

En un tercer nivel, se puede considerar la impunidad – prescindiendo de las formas y puntos de referencia antes citados – como expresión de los problemas estructurales de las sociedades.7

    1. Causas de la Impunidad.

A pesar de la prioridad asignada al poder judicial de los Estados para reparar las violaciones de derechos humanos, el problema que se presenta con bastante frecuencia es que los casos que llegan al Sistema Interamericano de Derechos Humanos no han tenido realmente la posibilidad de ser resueltos por los recursos judiciales internos8.Esta situación evidencia, en definitiva, que en no pocos de los Estados miembros de la OEA, el poder judicial no está en condiciones de garantizar la tutela efectiva a los derechos humanos que han sido violados, la cual debe incluir la investigación y la sanción a los responsables, y la reparación integral a la víctima o a sus familiares. En general, en la mayoría de las sociedades de los países del hemisferio existe la convicción de que los responsables de violaciones a los derechos humanos no son castigados. Ello configura un grave cuadro de impunidad, que conspira contra la justicia, la verdad, el Estado de Derecho y, en definitiva, contra la democracia.

Entre las causas que generan esta impunidad se encuentran las siguientes:
1º. La expansión indebida de la justicia militar para juzgar crímenes de derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas armadas o de los cuerpos policiales. En estos casos, la justicia militar tiende a generar una suerte de espíritu de solidaridad de cuerpo, respecto a los compañeros de armas que son juzgados. Además, la justicia militar, por lo general, no forma parte del poder judicial y, por lo tanto, no goza de las garantías de independencia y autonomía, sino que está formalmente sujeta a injerencias del poder ejecutivo y de jerarquía castrense. Por ello, deben de estar excluidos del ámbito competencial de la justicia militar, los delitos contra los derechos humanos cometidos por funcionarios militares y funcionarios civiles (policías) en general. Resulta evidente que, cuando un militar activo, así esté en actividades o funciones castrenses, comete un delito como el genocidio, la tortura o la violación sexual, automáticamente debe ser excluido de la justicia militar, ya que esos delitos contra los derechos humanos no pueden calificarse en ningún caso como “delitos de función”.
2º. Una segunda causa de la impunidad es la debilidad institucional en los mecanismos de investigación y acusación penal.

Estos problemas de debilidad institucional del Ministerio Público, se refieren fundamentalmente a los siguientes: dependencia del poder ejecutivo; falta de capacitación del personal; asignación insuficiente de recursos; corrupción; y dependencia política de centros de poder (partidos políticos, líderes militares, etc.) que neutralizan su actuación. Estos problemas de debilidad institucional, normalmente comprometen su actuación independiente y eficiente en la lucha contra los responsables de delitos contra los derechos humanos.
3º. Una tercera causa de la impunidad son los mecanismos procesales inadecuados.

En muchos países del hemisferio, todavía predominan antiguos regímenes procesales con vetustos códigos que consagran en materia penal el llamado “sistema inquisitivo”. Este sistema se caracteriza por la investigación sumarial o secreta a cargo del juez (como parte acusadora y juzgador simultáneamente); la prisión preventiva del acusado durante el proceso como regla general; la imposibilidad o dificultad de la víctima o sus familiares para constituirse en parte civil acusadora en el proceso; y la ausencia de control de las decisiones del Ministerio Público de no ejercer la acción penal, la ausencia o insuficiencia de ayuda económica para la asistencia legal o el acceso a defensores públicos eficaces, entre otras. Estas características del proceso penal no sólo configuran violaciones per se de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y, en particular, a los principios del debido proceso, sino que, además, su aplicación al caso concreto suele causar lesiones específicas a sus víctimas.

4º. Una cuarta causa de impunidad es el otorgamiento de beneficios que permiten consagrar la impunidad, burlando la justicia: las leyes de amnistía.

Las leyes de amnistía son contrarias al Pacto de San José, en virtud de que impiden la actuación efectiva de los mecanismos de protección judicial frente a las violaciones de derechos humanos imputables a agentes del Estado, es decir, la investigación, identificación de los responsables y su sanción legal.9 Las leyes de amnistía tienen, además, el efecto de impedir a los familiares de las víctimas, o a las mismas víctimas sobrevivientes, la búsqueda y declaración de la verdad sobre los hechos ocurridos.10 La incompatibilidad de las leyes de amnistía con el Pacto de San José se refiere, en sentido limitado, a aquellas amnistías que tienen por beneficiarios a los agentes del Estado responsables de violar los derechos humanos.

Otro mecanismo que permite lograr el efecto de una amnistía en la práctica, es la configuración de la impunidad como consecuencia del transcurso del tiempo sin que el Estado haya cumplido con su obligación de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes contra los derechos humanos.11

  1. LA IMPUNIDADEN EL PERÚ: EL CASO BARRIOS ALTOS.



    1. El autogolpe del 5 de abril de 1992 y el Proceso de Control del Poder

Como consecuencia del autogolpe del 5 de abril de 1992, se inició en el Perú un progresivo proceso de concentración del poder político por parte del gobierno anterior. Ello se evidenció con la disolución del Congreso de la República y la intervención de los órganos de control del poder, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal de Garantías Constitucionales y la Contraloría General de la República, entre otros. Tal intervención se concretó a través de la declaración de procesos de reforma o reorganización de dichas instituciones, así como de la destitución de sus miembros.
Posteriormente, el gobierno de facto convocó a elecciones para elegir a un Congreso Constituyente. De este modo, se eligió el “Congreso Constituyente Democrático” (CCD), al que se le encargó la redacción de una nueva Constitución en la que se introdujo la reelección presidencial y se potenció significativamente la figura del Presidente de la República.12

Asimismo, el CCD convalidó las normas expedidas por el “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional” y emprendió una tarea legislativa de institucionalización de la situación de dependencia de los órganos constitucionales autónomos respecto al Poder Ejecutivo, consolidado con la aprobación mediante referéndum de la citada constitución.13

De este modo, desde una perspectiva formal, se llevaron a cabo elecciones y existía un Poder Legislativo y Judicial, así como otras instituciones de control del poder; sin embargo, desde una perspectiva material, el diseño institucional democrático se fue vaciando de contenido progresivamente, llegándose a controlar casi todas las instituciones desde el Ejecutivo.

La expresión de este proceso de concentración del poder se verificó mediante los siguientes acontecimientos:


  1. Protagonismo y Expansión de la Justicia Militar

La jurisdicción militar es una institución especializada, que debería ser excepcional, limitada única y exclusivamente al juzgamiento de conductas que afecten bienes jurídicos castrenses. Sin embargo, durante el gobierno anterior, la justicia militar experimentó una significativa vocación expansiva expresada en la ampliación de su competencia a delitos comunes cometidos por militares y a delitos cometidos por civiles.

  1. Actuación Ilegal de los Servicios de Inteligencia

Desde el 5 de abril de 1992, se realizaron una serie de modificaciones normativas vinculadas a la estructura y función de los cuerpos de inteligencia, fundamentalmente del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que luego facilitaron en gran medida la actuación de estas instituciones al margen de la ley.

En este contexto, muchos miembros de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y del Servicio de Inteligencia Nacional, se vieron comprometidos en hechos violatorios de derechos humanos, como en el asesinato de 15 personas en los Barrios Altos, entre otros casos denunciados.
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