Breve noción sobre los derechos






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títuloBreve noción sobre los derechos
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BREVE NOCIÓN SOBRE LOS DERECHOS




Simplemente por ser personas gozamos de derechos propios que son denominados derechos individuales, derechos humanos, derechos públicos, libertades públicas, derechos del hombre y del ciudadano, o derechos públicos subjetivos. Estos derechos de las personas han evolucionado en cuanto a su alcance.
Los tratadistas de Derechos los clasifican de distinta manera, pero para los estudiantes de Mercadeo del Politécnico Grancolombiano simplemente vamos a mencionar dos o tres de esas clasificaciones con el fin de comprender de mejor manera el contexto en cual opera la Acción de Tutela.
a) Desde el punto de vista de los medios especiales para su protección, los derechos se pueden clasificar, según Jacobo Pérez Escobar, en derechos fundamentales o esenciales y en derechos no fundamentales.
De esos derechos fundamentales o esenciales no hay definición, pero podría decirse que son aquellos inherentes a la persona humana y que el Estado lo único que hace es reconocer la existencia de los mismos.
La Constitución colombiana se ocupa de los derechos fundamentales en el Título II, Capítulo 1 pero no son los únicos, pues existen otros en Capítulos del mismo Título, en los cuales se identifican otros derechos esenciales para la persona humana.
La H. Corte Constitucional en la sentencia T 002/92, indica que los criterios para establecer cuando nos encontramos enfrente de un Derecho Fundamental son dos: la persona humana y el reconocimiento expreso. Respecto al primer criterio afirma “que el primer y más importante criterio para determinar los derechos constitucionales fundamentales por parte de Juez de Tutela consiste en establecer si se trata o no de derecho esencial de la persona humana…” El segundo criterio para determinar la existencia de un derecho fundamental es el reconocimiento expreso en la Constitución de un Derecho Fundamental.
En conclusión un Derecho Fundamental lo es porque esta reconocido en la Constitución Política colombiana, es creado jurisprudencialmente por la H. Corte Constitucional y es inherente a la dignidad del ser humano.
b) Desde el punto de vista de que se requiere para su eficacia directa, los derechos se dividen en derechos de aplicación inmediata y en derechos de aplicación subordinada a una reglamentación legal.
Se llaman derechos de aplicación inmediata aquellos que no requieren desarrollo legal para ser exigibles/, es decir que tiene fuerza jurídica sin necesidad de apoyarse en la ley que los desarrolló y pueden ser exigidos por las personas en un caso concreto. Esos derechos son los siguientes:


  • A la Vida

  • A no ser desaparecido ni ser sometido a torturas

  • A recibir tratos inhumanos o degradantes

  • A la igualdad

  • A la personalidad jurídica

  • A la intimidad personal y familiar

  • Al libre desarrollo de la personalidad

  • Prohibición de esclavitud, servidumbre y trata de seres humanos

  • Libertad de conciencia

  • Libertad de cultos

  • Derecho a la Libertad de expresión

  • Derecho a la honra

  • Derecho de Petición

  • Libertad de circulación

  • Derecho al libre ejercicio de profesiones

  • Libertad de enseñanza

  • Libertad Personal

  • Derecho al debido proceso y la defensa

  • Derecho al habeas corpus

  • Derecho a revisar las decisiones judiciales

  • Derecho a no declarar contra si mismo

  • Prohibición de penas de destierro perpetuas y confiscatorias

  • Derecho de Reunión

  • Derecho de Participación política y sufragio


c) Desde el punto de vista histórico:
Derechos de la primera generación: fueron proclamados por la Revolución francesa en la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en 1.789: la gran mayoría son expresiones del derecho a la libertad, como la de conciencia, la de culto, la de prensa, la de locomoción, la libertad económica, la libertad individual o física, la de apropiación. Podríamos decir que de alguna manera se trata de derechos individuales.
Los derechos de segunda generación son aquellos que tienen un carácter social y económico, que pueden ser exigidos de manera individual al Estado y que buscan el bienestar del individuo dentro del marco social. Ejemplos: la seguridad social, la recreación, la educación, la cultura, el deporte. Estos son los derechos que caracterizan el Estado social de derecho y son el resultado de los movimientos sociales que empezaron a gestarse a principios del siglo XIX y se cristalizaron en el siglo XX en movimientos revolucionarios o impulsados por la propia Iglesia Católica.
Finalmente los derechos de tercera generación, son aquellos que surgieron en la última mitad del siglo XX y buscan dar garantías a los seres humanos pero vistos como un grupo, como miembros de una sociedad o de la humanidad. Algunos de ellos podrían ser el derecho a la paz, al entorno, al patrimonio común de la humanidad y al desarrollo económico y social. Tiene un carácter de solidario.


ART. 86 CONSTITUCIÓN NACIONAL – ACCION DE TUTELA




Decretos 2594 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000.
Art. 86 C.N. Toda persona tendrá Acción de Tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo que será de inmediato cumplimiento podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.
La ley establecerá los casos en lo que la Acción de Tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.
Sentencia T – 013 de 1992 “La acción de tutela está prevista como un mecanismo complementario, específico y directo que tiene por objeto la protección concreta e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, en una determinada situación cuando estos sean violados o se presente amenaza de su violación, sin que pueda planear en esos estrados discusión jurídica sobre el derecho mismo.”
Las características de la acción de tutela son:


  • La Autonomía

  • Prevalencia del derecho sustancial

  • Perentoriedad (1)

  • Doble instancia

  • Eficacia.

  • Acción subsidiaria.


(1) “ perentorio, ria.

(Del lat. peremptorĭus).

1. adj. Se dice del último plazo que se concede, o de la resolución final que se toma en cualquier asunto.

2. adj. Concluyente, decisivo, determinante.

3. adj. Urgente, apremiante.”
Diccionario de la Real Academia de la Lengua.

PROCEDIMIENTO
a. Procedencia de la Acción de Tutela
Instrumento Jurídico que permite brindar a cualquier persona, sin mayores requisitos de orden formal, la protección específica e inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando de acuerdo con la circunstancias concretas de cada caso, y a falta de otro medio del orden legal que permita el debido amparo de los derechos, éstos sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad pública o de un particular en los términos que señale la ley.
Se trata de una acción que presenta como características fundamentales la de ser un mecanismo inmediato o directo para la debida protección del derecho constitucional fundamental violado; y la de ser subsidiaria, esto es, que su implementación solamente resulta procedente a falta de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable.

b. Titularidad en la Acción de Tutela

Los sujetos activos y pasivos del proceso de tutela son:
Sujetos activos:
La persona que interpone la tutela.
Todas las personas, nacionales o extranjeras, naturales o jurídicas, mayores o menores de edad, que se encuentren en territorio de la República.
El Defensor del Pueblo, cuando la persona que lo solicite, se encuentre en situación de desamparo o indefensión.
Sujetos Pasivos:
Contra quien se dirige la acción de tutela
El titular de la Acción de Tutela, puede actuar mediante apoderado o directamente. En caso de interponer la acción a través de apoderado, según el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, no es necesaria la autenticación ni la presentación personal, ni el reconocimiento auténtico del poder, pues estos se presumen auténticos por el principio fundamental de la Buena fe.
Al interponer la Acción de tutela, se puede actuar igualmente como agente oficioso, cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa por ausencia, enfermedad grave, ignorancia, incomunicación, impúber, etc.
Cabe anotar, que el Defensor del Pueblo y los Personeros Municipales por delegación de éste y, con base en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, pueden agenciar derecho ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa, lo cual deberá expresarse en la solicitud.
c. Sujeto Pasivo de la Acción de Tutela
Procede la Acción de Tutela contra cualquier autoridad pública, y en el inciso quinto del artículo 86 de la C.N., se establece que también se puede dirigir contra particulares encargados de la prestación de un servicio público cuya conducta afecte grave y directamente al interés colectivo, o respecto de los cuales el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.
La razón de la Acción de Tutela no es otra que la primacía de los derechos fundamentales en el Estado Social de Derecho, pues sobre ellos se funda la legitimidad del orden jurídico. Por estas razones, el estado no sólo reconoce los derechos fundamentales, sino que los protege de manera especial e inmediata y, es más, los promociona. En otras palabras, al consagrarse en la Carta Política la tutela, se pretende lograr la efectividad de los derechos inherentes a la persona, de suerte que sea realidad el principio que señala que Colombia es un Estado Social de Derecho, basado, entre otros postulados, en la dignidad humana.
La acción de tutela contra personas privadas naturales o jurídicas procede en los siguientes casos:
Personas encargadas del servicio de educación, / servicios públicos domiciliarios, / organizaciones privadas cuando se tiene una relación de subordinación o indefensión, / prestación de servicio de salud para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía, / contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del habeas data, / cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas,/
d. Informalidad de la solicitud de Tutela
El contenido de la acción de tutela debe ser regido por la informalidad, aunque en casos de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad, la acción de tutela podrá ser ejercida verbalmente y en ese evento el Juez deberá atender inmediatamente al solicitante, pero, sin poner en peligro el goce efectivo del derecho.
Para la presentación de la acción de tutela no se requiere ninguna formalidad, pero es preciso acatar los parámetros que fija el artículo 14 del decreto 2591 de 1991, expresando en la solicitud con la mayor claridad posible la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad pública, si fuere posible, y la descripción de las demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud. También contendrá el nombre y la residencia del solicitante y de conformidad con el artículo 37 del decreto 2591 de 1991, el juramento que no ha interpuesto otra acción de tutela por los mismos hechos.
Es indispensable citar la norma constitucional violada, siempre que se determine claramente el derecho violado o amenazado.
e. Competencia para conocer del trámite de la Acción de tutela
Son competentes para conocer de la Acción de tutela, todos los jueces y tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza de los derechos que se tratan de proteger, según la regla general de la competencia consignada en el artículo 86 de la C.N. y en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991. (El Decreto 1382 de 2000, establece las normas de reparto de las acciones de tutela para los diferentes despachos judiciales)

f. Medidas provisionales
El trámite de la tutela se debe desarrollar de acuerdo a los principios de prevalencia(2) del derecho sustancial, publicidad, economía, celeridad y eficacia. Por lo tanto el Juez puede adoptar medidas provisionales desde la presentación de la solicitud, como la suspensión de la aplicación del acto que vulnere o amenace el derecho u otras que considere procedentes como de conservación o seguridad para la protección del derecho o cesación de la autorización de ejecución o de otras medidas cautelares dictadas por él mismo, todo con el fin de no hacer ficticio el efecto de un eventual fallo a favor del accionante, tal y como lo trae el artículo 7 del decreto 2591 de 1991.

(2) Prevalecer.
(Del lat. praevalescĕre).

1. intr. Dicho de una persona o de una cosa: Sobresalir, tener alguna superioridad o ventaja entre otras.

2. intr. Perdurar, subsistir. Costumbres que prevalecen durante siglos.
Diccionario de la Real Academia de la Lengua.

g. Términos para fallar y notificaciones en la Acción de tutela
La sumariedad de la acción de tutela, consta en principio en los términos establecidos para el proceso:
ü 10 días para la decisión del juez de primera instancia (Artículo 86 C.N. y 29 del Decreto 2591 de 1991)
ü 20 días para el de segunda instancia ( Artículo 32 del Decreto 2591 de 1991)
ü Un mes la Corte Constitucional para decidir si selecciona o no la tutela
ü Tres meses para el fallo de revisión en caso de ser seleccionada, pasados los cuales se expedirá sentencia de la Corte Constitucional por parte de la respectiva sala de revisión a la cual se le hubiere repartido el expediente.

h. Objeto y contenido del fallo en la Acción de Tutela
El contenido del fallo, al tenor de lo dispuesto por el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, debe ser el siguiente:
ü Identificación del solicitante.

ü Identificación del sujeto o sujetos de quienes provenga la amenaza o violación.

ü Determinación del derecho tutelado.

ü Orden y definición precisa de la conducta a cumplir con el fin de hacer efectiva la tutela.

ü El plazo perentorio para cumplir lo resuelto, que en ningún caso podrá exceder de 48 horas.

ü Cuando la violación o amenaza de violación derive de la aplicación de una norma incompatible con los derechos fundamentales, la providencia judicial que resuelva deberá ordenar la inaplicación de la norma impugnada.

i. La acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable:
En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha afirmado que la acción de tutela es un instrumento jurídico que permite brindar a cualquier persona, sin mayores requerimientos de índole formal, la protección específica e inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de una autoridad pública o de una organización privada en los términos taxativos señalados en la ley, todo ello de acuerdo con las circunstancias concretas de cada caso y a falta de otro medio legal de protección.
Se trata de una acción que presenta como características fundamentales la de ser un mecanismo inmediato o directo para la debida protección del derecho constitucional fundamental violado; y la de ser subsidiaria, esto es, que su implementación solo resulta procedente a falta de otro medio de defensa judicial, salvo que con ella se busque evitar un perjuicio irremediable.
Recursos contra el fallo de Tutela.
Impugnación: Podrá interponerse dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo, sin perjuicio del inmediato cumplimiento por:


  • El defensor del Pueblo.

  • El solicitante.

  • La autoridad pública o representante del órgano correspondiente.


Interpuesto el recurso el juez deberá remitir el expediente dentro de los días siguientes al superior, quien cotejara el contenido de la impugnación contra el acervo probatorio y el fallo.
Pero si no se recurre será enviada al día siguiente a la C.C. para su eventual revisión, quien actúa a través de sus tres salas, revisión, de selección, sala plena.
También se puede producir la revisión de la sentencia si se ha impugnado el fallo de segunda instancia.
Una vez remitido el fallo para su eventual revisión, pasa a una sala de selección, que es integrada por dos magistrados que escogen las sentencias sin tener que motivar las razones de su fallo.
Cualquier magistrado de la CC o el defensor del Pueblo pueden pedir la revisión de algún fallo, excluido por los dos magistrados cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio irremediable.
Posteriormente la sala de revisión, integrada por tres magistrados fallará con una justificación breve, excepto los fallos que aclaren el alcance general de normas constitucionales o unifiquen la jurisprudencia constitucional.
Los fallos de cambio jurisprudencial se decidirán en sala plena, a través de fallos de unificación.

ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL –

DERECHO DE PETICIÓN

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.”
Conc. Arts. 5 al 26 Del Código Contencioso Administrativo.
Es un derecho que sirve de medio para hacer valer los demás cuando son desconocidos o vulnerados.
El Derecho de Petición como tal, es un derecho público subjetivo de la persona para acudir ante las autoridades o funcionarios de los distintos organismos administrativos, legislativos o judiciales o las organizaciones privadas que establezca la ley, con miras a obtener pronta resolución a una solicitud o a una queja, en una demanda de providencias que ampara los derechos de cada uno, en casos concretos, o en beneficio de la comunidad en general.
Dicho de una manera más simple, es la facultad concedida a todas las personas de llamar la atención o poner en actividad a las autoridades públicas sobre un asunto determinado o una situación particular. Es un derecho político conferido a las personas y tiene por objeto reclamar un acto positivo y concreto que pertenece a la competencia jurídica de la autoridad impetrada(3).
(3) Impetrar.

(Del lat. impetrāre).

1. tr. Conseguir una gracia que se ha solicitado y pedido con ruegos.

2. tr. Solicitar una gracia con encarecimiento y ahínco.
Las peticiones que se presentan en ejercicio de este derecho, poseen diferentes nombres:
Quejas: Cuando ponen en conocimiento de las autoridades conductas irregulares de empleados oficiales o de particulares encargados de la prestación de un servicio público.
Reclamos: Cuando dan a las autoridades noticia de la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público.
Manifestaciones: Cuando se presenta a las autoridades la opinión del peticionario sobre una materia sometida a actuación administrativa. Se expresa un deseo dar una información sobre determinado asunto.
Peticiones de Información: Se utiliza para solicitar y obtener acceso a la información sobre la acción de las autoridades y a que se expida copia de sus documentos.
Consultas: Bien sea escritas o verbales, se utilizan para obtener información sobre las materias a cargo de un funcionario y sin perjuicio de las normas especiales.
Petición demanda: Se dirige a las autoridades jurisdiccionales, con el objeto de solicitar del estado el reconocimiento de un derecho que según el peticionario le ha sido quebrantado o amenazado por alguien o para pedir el restablecimiento de la legalidad quebrantada por un acto administrativo.
Es el camino que deben seguir quien quiera ejercer el derecho de acción ante las autoridades competentes para conocer y fallar un asunto en que se reclame la aplicación de una norma jurídica.
La titularidad del derecho de petición corresponde a todas las personas excepto a los extranjeros cuando se soliciten opiniones políticas o el ejercicio de un derecho político o los miembros de las fuerzas armadas que no pueden dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo.
Se puede ejercer el derecho de petición ante cualquier autoridad pública, legislativas, administrativas, judiciales, vigilancia y control para asuntos de su competencia e incluso ante particulares.

CLASES DE DERECHOS DE PETICIÓN:
INTERES GENERAL:
Cuando una persona presenta petición “cualquier persona” en beneficio de una colectividad. En dicha petición, la autoridad tiene 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la radicación.
Cuando falta algún documento que impida con el trámite, el funcionario le requiere al peticionario los envié y da un plazo de dos meses para que sean remitidos. No puede aceptarse el desistimiento, en caso que el peticionario no aporte los documentos solicitados la autoridad debe responder con los documentos que tenga.
Cuando por alguna razón la autoridad no puede dar respuesta dentro del término legal (15 días) deberá informar al peticionario y señalar el término razonable para contestar (La jurisprudencia ha señalado que el término razonable no debe exceder de los 3 meses).
Cuando no se contesta el Derecho de Petición dentro de los 15 días, habrá lugar a sanción disciplinaria para el funcionario.
INTERES PARTICULAR:
Cuando una persona presenta reclamaciones se solicita el pronunciamiento de la autoridad sobre un hecho concreto y subjetivo. Lo presenta únicamente el interesado y la autoridad tiene un término de 15 días.
Cuando por alguna razón la autoridad no puede dar respuesta dentro del término legal (15 días) deberá informar al peticionario y señalar el término razonable para contestar.
En caso de necesitarse la práctica de pruebas, se tiene 2 meses para hacerse, y si dichas pruebas es a cargo del peticionario y no las realiza se entiende que desistió. Cuando se realiza la práctica de pruebas hay interrupción de términos y nuevamente se empieza a contar los 15 días.
DERECHO DE PETICION DE INFORMACION Y CONSULTA
Solicitud de Conceptos: Término de 30 días para contestar
Solicitud de copias de documentos: Término de 10 días para contestar.
A diferencia de los términos y procedimientos jurisdiccionales, el derecho de petición es una vía expedita de acceso directo a las autoridades. Aunque su objeto no incluye el derecho a obtener una resolución determinada, si exige que exista un pronunciamiento oportuno.
La protección del derecho de petición puede ser demandada por medio de la acción de tutela, para lo cual es presupuesto indispensable la existencia de los actos u omisiones de la autoridad, que obstruyan el ejercicio del derecho, o no resuelvan oportunamente sobre lo solicitado, cosa que es repetida día a día por la Corte Constitucional en sus sentencias.


PRÁCTICA




1. El Señor Pedro Cifuentes, habitante del barrio La Soledad de Bogotá, presenta Derecho de Petición a la Empresa de Acueducto de Bogotá el día 28 de febrero de 2006, solicitando se le informe porque no han realizado las obras tendientes a la adecuación del sistema de alcantarillado del sector, teniendo en cuenta que en repetidas ocasiones la falta de mantenimiento a ocasionado inundaciones, provocando graves perjuicios a la comunidad.
De lo anterior, responder:
a. Hasta que día tiene plazo la empresa de acueducto de Bogotá para dar respuesta al Derecho de Petición.
b. Que tipo de Petición es.
c. En caso que la autoridad no de respuesta al Derecho de Petición, Usted a que mecanismo acudiera para la pronta resolución.
2. El estudiante elaborará un Derecho de Petición, de interés particular cumpliendo con todos los requisitos formales establecidos en el Código Contencioso Administrativo.
3. La señora Lucía Martínez, el pasado 24 de enero de 2006, presentó Derecho de Petición al Instituto de Seguros Sociales, solicitando la práctica una cirugía al corazón, que le fue dictaminada por su médico, quien le manifestó la urgencia con que se debía practicar.
El día 17 de febrero de 2006, el Instituto de Seguros Sociales, le contestó a la señora Martínez, informándole que la sala de cirugía sólo estaba disponible hasta dentro de 6 meses, porque ya existían cirugías programadas con anterioridad.
Responder:
a. Que clase de petición presentó la señora Martínez

b. El I.S.S. contestó oportunamente al Derecho de Petición.

c. Es procedente iniciar acción de tutela

d. Que Derecho fundamental está vulnerando el I.S.S.

e. En caso que proceda la Acción de Tutela y teniendo en cuenta que la misma se caracteriza por la informalidad, elaborar el escrito de acción de tutela.

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