“…existe otra indemnización para el caso de la ruptura del vínculo de trabajo, que es creación del Derecho del Trabajo y obedece a un imperativo de neta Justicia Social: la “Indemnización por despido”






descargar 43.55 Kb.
título“…existe otra indemnización para el caso de la ruptura del vínculo de trabajo, que es creación del Derecho del Trabajo y obedece a un imperativo de neta Justicia Social: la “Indemnización por despido”
fecha de publicación08.09.2015
tamaño43.55 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Ley > Documentos


ANTE-PROYECTO DE LEY DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO


EXPOSICION DE MOTIVOS

La institución laboral denominada en la actualidad “prestaciones sociales” fue establecida en la legislación del trabajo en Venezuela en la Ley del Trabajo del año 1936, como una “indemnización de antigüedad” y, procedía en los casos siguientes:
a) Despido del trabajador por el patrono sin justo motivo;

b) Retiro del trabajador con justo motivo; y,

c) Por extensión, en los demás casos de ruptura de la relación laboral ajenos a la voluntad del trabajador.
El Dr. Rafael Caldera Rodríguez, en su obra “Derecho del Trabajo”, apunta una serie de elementos que caracterizan esta institución desde su origen. Al efecto, señala: “…existe otra indemnización para el caso de la ruptura del vínculo de trabajo, que es creación del Derecho del Trabajo y obedece a un imperativo de neta Justicia Social: la “Indemnización por despido”, que es en nuestro Derecho, más perfecto en eso que el de otros países americanos, la ‘indemnización por antigüedad’ ”.1
El profesor italiano Guido Bortolotto, en su obra “Diritto del Lavoro”, citado por R. Caldera, señala, que: “La indemnización de antigüedad se considera como correlación por reconocimiento del servicio prestado y como indemnización de previsión a favor del trabajador; porque se presume que la empresa haya acumulado en su ventaja un ahorro proporcionado al tiempo de servicio, para el período de necesidad”.2
La indemnización de antigüedad es, pues, para el trabajador, “un derecho, de carácter económico, nacido de su permanencia en una misma empresa, colaborando a su actividad productora”, como expresa Gallart Folch”.3

La institución laboral que conocemos con el nombre de “prestaciones sociales” ha evolucionado con el tiempo. En el presente no intervienen las causas de la terminación de la relación laboral para su procedencia como derecho del trabajador y, por lo tanto, ha perdido el carácter indemnizatorio ya que no existe daño que resarcir o reparar, pues, no es tal, la permanencia de un trabajador al servicio de un empleador.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 92, establece las bases de esta institución, al respecto, señala: “Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal”.
El Constituyente del año 1999 fue sumamente claro y preciso al determinar las características de la institución laboral, a saber:



  1. Es un derecho de todo trabajador y trabajadora independientemente del carácter público o privado del empleador.




  1. Es una recompensa por el tiempo de servicio prestado o duración de la relación laboral y una medida protectiva en caso de cesantía.




  1. El salario y, también, las prestaciones sociales, son créditos laborales de exigibilidad inmediata, es decir, no se trata de un crédito civil o mercantil, es, sólo, laboral, y dicho crédito, es de exigibilidad inmediata, debe ser pagado por el empleador al trabajador al momento que se causa u obtiene el derecho, es decir, al terminar la relación laboral por cualquier causa.




  1. Toda mora en el pago, se refiere tanto al salario como a las prestaciones sociales, genera intereses.


Irma Bontes Calderón, en trabajo publicado en la obra “Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social: Normas Laborales, Decisiones Judiciales y Estudios”, bajo el título “Indexación e Intereses Moratorios en el Proceso Laboral”, sostiene lo siguiente:
Los intereses moratorios “…los ha previsto la ley sustantiva; a tenor de la anterior Ley del Trabajo y hoy de la Ley Orgánica del Trabajo y su reforma, siempre se ha estimado que las prestaciones sociales de antigüedad generan intereses, tanto en vigencia de la relación laboral, como según la interpretación jurisprudencial, después de culminada la misma, si no han sido honradas de forma inmediata”. “Más aun, continúa la autora, esta institución ha avanzado, pues de prever para el pago de las prestaciones sociales vigente la relación laboral, un interés de acuerdo a una tasa fija que establecía el Banco Central de Venezuela (BCV), saltó a la pluralidad de tasas, dependiendo del caso, es decir, activa (en forma de sanción, pero no a la mora), promedio entre la activa y la pasiva fijada por el BCV (acreditación en la contabilidad de la empresa)” 4.

Los intereses moratorios, no son otra cosa que la sanción efectiva por el retardo en el pago de una obligación contraída en dinero5


  1. La deuda principal, se refiere al salario y las prestaciones sociales, y la deuda accesoria, es decir, los intereses por inoportunidad en su pago, constituyen para el trabajador una acreencia privilegiada. Una deuda es privilegiada, tal es el caso de la contraída con garantía hipotecaria o pignoraticia, porque tiene preferencia sobre otras en caso de concurrencia de créditos, así lo sostiene G. Cabanellas en su Diccionario de Derecho Usual.




  1. La mora en el pago del salario y las prestaciones sociales genera intereses que se constituyen en “deudas de valor”. Una deuda de valor es aquella que: “…no nace con un quantum específico, pero que utilizan la moneda como patrón a los fines de su cumplimiento. Son aquellas donde las monedas no son en sí el objeto de la obligación, sino la forma establecida de cumplir con la misma”.6



La institución laboral “prestaciones sociales” ha tenido en Venezuela una importante evolución y desarrollo legislativo. Nace en la Ley del Trabajo del año 1936 y va obteniendo mejoras cualitativas y cuantitativas en las reformas de 1945, 1947, 1966, 1974, 1975, y 1983. La Ley del año 36 se mantiene vigente hasta el año 1991. En el año 1974, se supera la condición de derecho del trabajador sólo cuando el término de la relación laboral se produce por justa causa. A partir de esa fecha es un derecho adquirido de todo trabajador bien sea que se desenvuelva en el sector público o en el sector privado y cualquiera sea la causa de la terminación de la relación laboral. En 1990 se sanciona y promulga la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), la cual entra en vigencia el 01-05-1991. En esta Ley se fusiona en una sola institución, bajo el nombre de “indemnización de antigüedad”, las instituciones de auxilio de cesantía y antigüedad establecidas en la legislación derogada. En el año 1997 se reforma parcialmente la LOT y se produce la modificación mas sustantiva que ha sufrido la institución de las “prestaciones sociales”. Dos artículos de la LOT resultan claves para entender el “nuevo” régimen de prestaciones sociales: el artículo 108 y el artículo 672. El primero, el artículo 108, conjuntamente con los artículos 125, 133 y 146, desarrolla extensamente la institución laboral. El segundo, el 672, preserva los regímenes de prestaciones sociales de fuentes distintas a la LOT.
El régimen establecido en el artículo 108 tiene, entre otros, los caracteres siguientes:


  1. El derecho del trabajador a cobrar la “prestación de antigüedad” nace a partir del tercer mes de servicio ininterrumpido.




  1. La liquidación es mensual, a razón de 5 días de salario del mes anterior por cada mes de servicio, con un adicional de 2 días, a partir del segundo año de servicio hasta acumular un total de 30 días; en total, el trabajador puede alcanzar hasta 90 días de salario por concepto de “prestación de antigüedad”, dependiendo de la antigüedad en el servicio.




  1. A los fines de la colocación o depósito por parte del empleador de la “prestación de antigüedad”, en la forma como ésta se causa, impera la voluntad del trabajador, no del empleador.




  1. Lo depositado o acreditado mensualmente se pagará al término de la relación de trabajo y devengará intereses según las siguientes opciones: 1. Al rendimiento del fideicomiso o los fondos de prestaciones de antigüedad o la tasa de mercado si fuere en una entidad financiera; 2. A la tasa activa determinada por el BCV, si el trabajador hubiese requerido del empleador el lugar del depósito y éste no cumpliere lo solicitado; y, 3. A la tasa promedio entre la activa y pasiva, determinada por el BCV, tomando como referencia los seis(6) principales bancos comerciales y universales del país, si fuere en la contabilidad de la empresa.




  1. El trabajador podrá retirar hasta el 75% de lo depositado por los motivos fijados por la Ley.




  1. Los intereses serán acreditados mensualmente y pagados al cumplir cada año de servicio, salvo que el trabajador, mediante manifestación escrita, decidiere capitalizarlos.




  1. El campo de aplicación subjetivo de este régimen comprende tanto a los trabajadores subordinados del sector público como del sector privado.


El artículo 672 de la LOT regula los regímenes de prestaciones sociales que no transitaron o migraron al nuevo régimen (108 LOT) sino que permanecieron bajo las condiciones anteriores. En este caso se encuentran varios sectores laborales y, podrían o deberían estar los trabajadores que sí transitaron pero el empleador no cumplió con los términos del cambio. El artículo 672 es muy claro y preciso: “Los regímenes de fuentes distintas a esta Ley, que en su conjunto fueren más favorables al sancionado en los artículos 108, 125, 133 y 146 de esta Ley, se aplicarán con preferencia en su integridad y no serán acumulativos en ningún caso”. No hay duda alguna que el legislador orgánico se refiere a los regímenes convencionales, es decir, los alcanzados por los trabajadores mediante la contratación colectiva u otro tipo de convención laboral.
Otros artículos de la LOT que fundamentan y dan protección a la institución de las “prestaciones sociales” son el artículo 159 y 160 referidos al privilegio del salario, las prestaciones e indemnizaciones y cualesquiera otros créditos debidos al trabajador con ocasión de la relación de trabajo.
La Ley de Carrera Administrativa y, en la actualidad, la Ley del Estatuto de la Función Pública, no crearon un régimen especial de prestaciones sociales para el funcionariado público. Al establecer y reconocer el derecho remitieron su ejecución a la legislación laboral ordinaria.
La contratación colectiva en Venezuela ha alcanzado un amplio y fructífero desarrollo a favor de los trabajadores. En la mayoría de contratos colectivos encontramos cláusulas que contienen la institución de las prestaciones sociales y prescriben fórmulas de cálculo, base salarial, momento de efectividad del pago, tipos de interés y sanciones en caso de incumplimiento. Estos regímenes convencionales están amparados legalmente por disposición del artículo 672 de la LOT.

Los tribunales de instancia y la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en los últimos años, han venido dictando decisiones que, por sus contradicciones y alejamiento de criterios uniformes establecidos, crean confusión e incertidumbre entre los trabajadores. Estas decisiones, precedentes algunas, jurisprudencia otras, aplican entre las partes en conflicto, no se generalizan al colectivo o universalidad de trabajadores. Para que un trabajador o un empleador hagan valer una decisión de este tipo se requiere que haya sido parte en el juicio específico y particular, intentado por cobro de prestaciones sociales.
El Estado venezolano, en el año 1997, asumió como propia la presión ejercida por el sector empresarial privado orientada a la modificación del régimen de prestaciones sociales establecido en la LOT de 1990, por considerar que dicho régimen encarecía el empleo, hacía riguroso y costoso el despido e impedía la competividad de las empresas, entre otros argumentos. En el año 97, se reforma la LOT, básicamente, en lo que respecta a la materia de las prestaciones sociales. Surge, así, el actual régimen de “prestación de antigüedad”, regulado en los artículos 108, 125, 133 y 146 de la LOT, hecho que motivó una dura crítica por parte de importantes sectores laborales del país, inclusive, el actual Presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, condenó dicha reforma de la LOT, indicando que se trataba de “un robo a los trabajadores”, robo éste, de ser cierto, que se ha perpetrado hasta nuestros días.
En la LOT, 1997, se estableció un régimen de transición que contempló la forma como se migraría del anterior régimen (LOT. 1990) al actual. La realidad ha evidenciado que el Estado y, en menor cuantía, los empleadores privados, no ha cumplido con los preceptos legales regulatorios tanto del “viejo” régimen de prestaciones sociales (1990) como del “nuevo” (1997). Razón suficiente para que el Poder Constituyente de 1999 llevara al texto de la Carta Fundamental de la República, una disposición transitoria, la cuarta, numeral 3, contentiva de un mandato al legislador ordinario, para que en el lapso de un año, contado a partir de la fecha de instalación de la Asamblea Nacional, procediese a reforma la LOT e incorporar un “nuevo régimen de prestaciones sociales”, conforme al establecido en el artículo 92 constitucional, en los términos siguientes: “mediante la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, un nuevo régimen para el derecho a prestaciones sociales reconocido en el artículo 92 de la Constitución, el cual integrará el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio y calculado de conformidad con el último salario devengado, estableciendo un lapso para su prescripción diez años (…)”
Ha transcurrido una década de desacato del legislativo al mandato constitucional, inclusive, al requerimiento hecho por el Tribunal Supremo de Justicia respecto a la conducta omisiva de la Asamblea Nacional sobre el particular. El Ejecutivo, tampoco, ha hecho nada al respecto.


El incumplimiento del Estado con relación a la obligación de pagar al término de la relación laboral las prestaciones sociales, las que comprenden un capital más lo intereses devengados por ese capital y, eventualmente, según el caso, intereses moratorios, la práctica ilegal de separar una institución laboral única e indivisible, en dos partes: capital (prestaciones sociales) e intereses (mal llamados “pasivos laborales”), pagados en momentos diferentes y con retardos considerables, ha determinado que la deuda pública por este concepto se agigante día a día, y, que el Estado busque fórmulas para honrar el compromiso con las que se perjudica notablemente al trabajador y su patrimonio familiar, llegando a extremos en los que el trabajador fallece sin haber tenido oportunidad de cobrar las prestaciones sociales, fruto de toda una vida laboral al servicio del Estado y sus instituciones.
En atención a lo expuesto es urgente y necesario crear un “Fondo Nacional de Prestaciones Sociales para los Trabajadores del Sector Público”, en la noción de Sector Público establecida en el artículo 668 de la LOT, que permita que el trabajador al servicio del Estado, al finalizar la relación laboral por cualquier causa, reciba de inmediato sus prestaciones sociales (capital + intereses). Este Fondo debe recibir ingresos anuales calculados técnicamente, según el monto de la deuda acumulada, pendiente de pago, y de las expectativas de derecho de los trabajadores públicos activos, entre otras que se determinen, de las fuentes siguientes:


  1. Excedente de la renta petrolera;

  2. Presupuestos ordinarios de las distintas instituciones del sector público; y,

  3. Fondos de prestaciones o fideicomisos preexistentes


El Fondo tendrá carácter autónomo y personalidad jurídica propia, adscrito al Ministerio de Finanzas, la inversión de los recursos deberá hacerse en instrumentos de alta rentabilidad y cero riesgo.
Cada organismo público contribuyente o aportante al Fondo, al momento que un trabajador de por terminada la relación laboral por cualquier causa, efectuada la liquidación de la relación laboral, ordena al Fondo el pago correspondiente, proceso que no puede exceder el lapso de treinta (30) días continuos, so pena de pagar, también, intereses moratorios.
Para los trabajadores, retirados por cualquier causa del sector público, con deuda reconocida pendiente de pago, se establecerá un régimen transitorio cuya duración no debe exceder un ejercicio fiscal. La deuda pendiente de pago podrá ser pagada por el Estado mediante diversidad de instrumentos de la deuda pública nacional con rendimientos reales positivos, bienes inmuebles y acciones en Petróleos de Venezuela, S.A, entre otras formas de pago, siempre, a voluntad del trabajador.
Para los trabajadores activos, con prestaciones sociales acumuladas, el Fondo actuará como ente recaudador, inversor y pagador, de los recursos que, según nómina actualizada, deberá entregar cada organismo del sector público, mensual o anualmente, a los fines de garantizar que al término de la relación laboral, el trabajador dispondrá de la totalidad de sus prestaciones sociales.
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DECRETA
La siguiente,

LEY DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO
Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto crear , organizar y regular el funcionamiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de los Trabajadores del Sector Público, a los fines de garantizar el pago inmediato de las prestaciones sociales que corresponden a los trabajadores del sector público al terminar su relación laboral por cualquier causa.
Artículo 2. Se crea por la presente Ley el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de los Trabajadores del Sector Público, en conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo. El Fondo será autónomo y tendrá personalidad jurídica propia, estará adscrito al Ministerio con competencia en Finanzas Públicas a los fines de su supervisión y control.
Artículo 3. La noción de sector público utilizada en la presente Ley es la establecida en el artículo 668, Parágrafo Tercero, de las Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica del Trabajo
Artículo 4. En un plazo no mayor de treinta (30) días, contado desde de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, todos los órganos del sector público deberán enviar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de los Trabajadores del Sector Público la nómina total de trabajadores activos con indicación expresa e individualizada de su antigüedad laboral; monto de las prestaciones sociales acumuladas, incluyendo los intereses devengados; anticipos de prestaciones sociales y de intereses; nombre de la institución bancaria o fiduciaria donde están depositadas las prestaciones sociales acumuladas con indicación del tipo de instrumento de colocación y tasa de rendimiento. Igualmente, durante el mismo lapso, las instituciones del sector público, deberán remitir al Fondo, la nómina del personal que ha terminado la relación laboral por cualquier causa, con indicación expresa e individualizada de la fecha de terminación de la relación laboral; antigüedad en el servicio; ajustes de sueldos o salarios habidos desde la fecha de terminación laboral hasta el momento efectivo del pago de las prestaciones sociales; monto de las prestaciones sociales adeudadas, incluyendo ajustes de sueldos, intereses normales causados e intereses moratorios por el retardo en el pago de las prestaciones sociales, así, como, también, las causales de retardo en el pago.
Artículo 5. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de los Trabajadores del Sector Público, en un lapso de treinta (30) días, contado desde la fecha de recepción de la información requerida a los órganos del sector público, establecerá el cronograma de pagos de las prestaciones sociales y sus intereses, causadas y no pagadas, a los trabajadores pasivos o que han terminado su relación por cualquier motivo, siguiendo un orden cronológico en atención a la antigüedad de la deuda. El calendario de pagos no deberá exceder un (1) ejercicio fiscal, incluyendo el ejercicio fiscal en curso. En igual lapso, el Fondo deberá disponer del monto de las prestaciones sociales de los trabajadores públicos activos y no exigibles.
Artículo 6. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de los Trabajadores del Sector Público actuará como ente recaudador de las partidas presupuestarias, apartados y asignaciones especiales para prestaciones sociales correspondientes a los órganos del sector público; como ente inversor de los recursos recibidos; como ente crediticio o avalista de créditos solicitados por los trabajadores para la adquisición de vivienda; y, como ente pagador de prestaciones sociales acumuladas y sus intereses, por instrucción expresa y cálculos efectuados por el ente empleador de los trabajadores públicos. El Fondo, igualmente, podrá anticipar a los trabajadores activos hasta el setenta y cinco por ciento (75%) de las prestaciones y sus intereses acumulados, para satisfacer las obligaciones establecidas en el artículo 108, Parágrafo Segundo, de la Ley Orgánica del Trabajo.
Artículo 7. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de los Trabajadores del Sector público, obtendrá sus recursos de la manera siguiente:

  1. El monto inicial de prestaciones sociales acumuladas y no pagadas a trabajadores que terminaron su relación laboral por cualquier motivo, mediante una emisión de deuda pública colocada en el mercado nacional o internacional.

  2. El monto de prestaciones sociales causadas, pero no exigibles, en el momento, por lo trabajadores, así;: asignaciones presupuestarias anuales para prestaciones sociales de los organismos del sector público; asignaciones especiales anuales, en cantidad fija, proveniente de la renta petrolera nacional; y, emisiones de deuda pública interna, cuando sea necesario, hasta tanto se logre el equilibrio financiero del Fondo, a partir de este momento, el flujo de recursos provendrá exclusivamente de los presupuestos ordinarios anuales de los organismos del sector público y del rendimiento de las inversiones de los recursos que realice el Fondo en instrumentos seguros, confiables y de alto rendimiento.

Artículo 8 .El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de los Trabajadores del Sector Público será administrado por una Junta Directiva integrada por tres (3) miembros principales y sus respectivos suplentes, designados por el Presidente de la República a solicitud o propuesta y en representación del Ministerio con competencia en Finanzas, el Banco Central de Venezuela y de la Institución sindical o gremial más representativa que agrupe a los trabajadores del sector público. Los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva del Fondo durarán en el ejercicio de sus funciones un período de tres (3) años, contado a partir del momento de su designación, podrán ser designados, nuevamente, para un periodo de igual duración, sólo por una vez. La Junta Directiva del Fondo dictará su Reglamento Interno de funcionamiento. Para ser miembro de la Junta Directiva del Fondo se requiere ser funcionario o empleado público, activo o jubilado; contar con más de quince (15) años de experiencia en la función pública; tener conocimientos o experiencia en el manejo de fondos o instituciones financieras de carácter previsional o de ahorro; y, no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Artículo 9. Esta Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal legislativo, en Caracas, a los……….. del mes de……………. del año……………………. Años……… de la Independencia y …………….de la Federación.


1 Rafael Caldera Rodríguez, Derecho del Trabajo. Tipografía La Nación..MCMXXXIX .Caracas. Pág.295

2 Rafael Caldera Rodríguez, Ob.Cit. Pág. 296.

3 Ob.Cit., Pág. 296

4 Irma Bontes Calderón, “Indexación e Intereses Moratorios en el Proceso Laboral”, en Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social: Normas Laborales, Decisiones Judiciales y Estudios (Fernando Parra Aranguren. Editor, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, Venezuela, 2006). Pág.249

5 I. Bontes Calderón, , Ob.Cit Pág.246

6 Ob.Cit,Pág.245.


Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

“…existe otra indemnización para el caso de la ruptura del vínculo de trabajo, que es creación del Derecho del Trabajo y obedece a un imperativo de neta Justicia Social: la “Indemnización por despido” iconUna vez más se alzan voces pidiendo la rebaja o la eliminación de...

“…existe otra indemnización para el caso de la ruptura del vínculo de trabajo, que es creación del Derecho del Trabajo y obedece a un imperativo de neta Justicia Social: la “Indemnización por despido” iconEl derecho del trabajo ha elevado el valor de la fuerza del trabajo....

“…existe otra indemnización para el caso de la ruptura del vínculo de trabajo, que es creación del Derecho del Trabajo y obedece a un imperativo de neta Justicia Social: la “Indemnización por despido” iconSecretaria del trabajo y prevision social convenio de Coordinación...

“…existe otra indemnización para el caso de la ruptura del vínculo de trabajo, que es creación del Derecho del Trabajo y obedece a un imperativo de neta Justicia Social: la “Indemnización por despido” iconEl trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas...

“…existe otra indemnización para el caso de la ruptura del vínculo de trabajo, que es creación del Derecho del Trabajo y obedece a un imperativo de neta Justicia Social: la “Indemnización por despido” iconArtículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza,...

“…existe otra indemnización para el caso de la ruptura del vínculo de trabajo, que es creación del Derecho del Trabajo y obedece a un imperativo de neta Justicia Social: la “Indemnización por despido” iconResumen el remedio indemnizatorio, ante el incumplimiento del contrato...

“…existe otra indemnización para el caso de la ruptura del vínculo de trabajo, que es creación del Derecho del Trabajo y obedece a un imperativo de neta Justicia Social: la “Indemnización por despido” iconModificación del régimen comunitario a la situación de residencia...

“…existe otra indemnización para el caso de la ruptura del vínculo de trabajo, que es creación del Derecho del Trabajo y obedece a un imperativo de neta Justicia Social: la “Indemnización por despido” iconSecretaria del trabajo y prevision social norma oficial Mexicana...

“…existe otra indemnización para el caso de la ruptura del vínculo de trabajo, que es creación del Derecho del Trabajo y obedece a un imperativo de neta Justicia Social: la “Indemnización por despido” iconIndemnizacion de perjuicios acumulación de indemnizaciones y posibilidad...

“…existe otra indemnización para el caso de la ruptura del vínculo de trabajo, que es creación del Derecho del Trabajo y obedece a un imperativo de neta Justicia Social: la “Indemnización por despido” iconModificación del régimen comunitario a la situación de residencia...






© 2015
contactos
ley.exam-10.com