Iii. Antes de la Convención de los Derechos del Niño (Concepción tutelar del derecho de menores)






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VII. La regulación legal de los derechos a la intimidad y a la imagen en Costa Rica.-

 

Tomando en cuenta que en nuestro país, existe una escala jerárquica de las normas jurídicas, y que en ella, ha influido de manera importante e innovadora el Tribunal Constitucional costarricense en los últimos años, en primera instancia con la interpretación que emerge de la redacción de los artículos 7 y 48 de la Constitución Política y del numeral primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en la cual "... podemos afirmar que tratándose de instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en el país, no se aplica lo dispuesto por el artículo 7 de la Constitución Política, porque el artículo 48 citado es especial para los que se refieren a derechos humanos, otorgándoles una fuerza normativa de nivel constitucional y hasta supra constitucional cuando impliquen mejoras para la persona en protección de sus derechos humanos. En su jurisprudencia la Sala Constitucional ha reconocido expresamente un valor supra constitucional a los instrumentos de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, señalando que no solamente tienen un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores derechos y garantías a las personas, priman por sobre la Constitución (vid. sentencia No 3435- 92 y su aclaración, No 5759- 93)". 21

 

Procederemos a continuación a realizar un análisis de las normas jurídicas que se encargan de regular los derechos objeto de estudio.-

 

El artículo 24 de la Carta Magna costarricense señala:

" Se garantiza el derecho a la intimidad y a la libertad y el secreto de las comunicaciones".22

 

Por otra parte el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el carácter fundamental de este derecho, mencionando que:

"1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.-

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.-

3. Toda persona tiene derecho a la protección de ley contra esas injerencias o esos ataques".23

 

Las normas jurídicas citadas, consagran el derecho a la intimidad, de una manera genérica, es decir, por igual a todos los habitantes de la República, siendo, que de la lectura éstos, se desprende que toda persona que se sienta lesionada en su derecho a la intimidad o a su imagen, tienen la posibilidad de hacer uso de las garantías constitucionales (recurso de amparo), con la intención de resguardar sus derechos, o bien, restablecer el pleno disfrute de éstos.-

 

En el mismo orden de ideas, pero ante la presencia de normas jurídicas de aplicación especial a los menores de edad, el artículo 20 de la Ley de Justicia Penal Juvenil destaca que:

"Los menores de edad tendrán derecho a que se les respete su vida privada y su familia.-

Consecuentemente, se prohíbe divulgar la identidad de un menor de edad sometido a un proceso".24

 

Por otra parte, el artículo 21 del mismo cuerpo legal, señala:

"Serán confidenciales los datos sobre los hechos cometidos por menores sometidos a esta ley. En todo momento deberá respetarse la identidad y la imagen del menor.-

Los Jueces Penales Juveniles deberán procurar que la información que brinden, sobre estadísticas judiciales, no contravenga el principio de confidencialidad ni el derecho a la privacidad, consagrados en esta ley".25

 

Además, el artículo 27 del Código de la Niñez y la Adolescencia indica:

"Prohíbese publicar, reproducir, exponer, vender o utilizar, en cualquier forma, imágenes o fotografías de personas menores de edad para ilustrar informaciones referentes a acciones u omisiones que se les atribuyan sean de carácter delictivo o de contravención o riñan con la moral o las buenas costumbres; asimismo, cuando de algún modo hayan participado o hayan sido testigos o víctimas de esos hechos , si se afecta su dignidad.-

Queda prohibida la publicación del nombre o cualquier dato personal que permita identificar a una persona menor de edad autora o víctima de un hecho delictivo, salvo autorización judicial fundada en razones de seguridad pública".26

 

Por otra parte, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, de 29 de noviembre de 1985 (Reglas de Beijing), indican:

 

"8. Protección a la Intimidad.-

8.1. Para evitar que la publicidad indebida o el proceso de difamación perjudiquen a los menores, se respetará en todas las etapas el derecho de los menores a la intimidad.-

8.2 En principio, no se publicará ninguna información que pueda dar lugar a la individualización de un menor delincuente". 27

 

"Del contenido de estos artículos, se desprende que todo menor a quien se le imputa la comisión de un hecho punible, es titular del derecho a la intimidad y privacidad de los acontecimientos que tienen relación con el hecho punible que se le atribuye, de tal forma que en razón de las especiales condiciones de estas personas y con la finalidad de no causar en forma innecesaria una lesión a la honra de éstas...".28

 

A su vez, en el caso de las Reglas de Beijing, "La Regla 8 hace hincapié en la importancia de proteger a los menores de los efectos adversos que pueden resultar de la publicación en los medios de comunicación de informaciones acerca del caso (por ejemplo, el nombre de los menores que se presumen delincuentes o que son condenados). Corresponde proteger y defender, al menos en principio, el interés de la persona".-

 

VIII. Crítica a la Ley de Justicia Penal Juvenil.-

 

La Ley de Justicia Penal Juvenil, como vimos con anterioridad, se ha convertido en un mecanismo de protección a la imagen de los menores de edad imputados, ello con la intención de brindar una protección especial, en resguardo al desarrollo futuro de su personalidad, procurando que su identidad no sea revelada, para así facilitar su reincorporación a la vida en familia y en la sociedad. Compartimos la opinión del Presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica, Enrique Villalobos Quirós, en el sentido de que "Pese a la buena intención de esta ley, que prohíbe revelar la identidad de un menor infractor, no se establece una sanción específica para quien quebrante esa norma". 29 Siendo, que en la Ley Tutelar de Menores (No 7383), se le aplicaba el artículo 337 del Código Penal a los que divulgaban la identidad de un menor infractor, sin embargo, la norma tenía el inconveniente de que solo se castigaba a los funcionarios públicos.-

 

Pienso de que en la normativa nacional, debería regularse en forma clara las consecuencias posibles de incumplir las normas que protegen el derecho a la intimidad y a la imagen de los menores de edad, esto con la intención de obtener certeza y seguridad jurídica.-

 

IX. El derecho a la intimidad y el derecho a la imagen de los menores de edad en la jurisprudencia constitucional.-

 

La jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en relación al tema, se ha pronunciado en una sola ocasión,30 pero ese único pronunciamiento brindó la posibilidad de que el Tribunal Constitucional, sentara un precedente muy importante, con relación a la protección del derecho de la intimidad y a la imagen de los menores de edad imputados de hechos delictivos, en apego a la normativa nacional e internacional.-

 

En el caso en cuestión, una empresa televisiva difundió una nota periodística durante dos días consecutivos, en la cual se reveló el nombre de una persona menor de edad que era la supuesta responsable de un hecho delictivo, que causó un impacto profundo en la población costarricense, además, difundió imágenes de fotografías de la menor imputada y un video en el cual aparecía visitando a su novio en el Centro de Atención Institucional de San José.-

 

Los abogados de la menor de edad imputada (compañeros/ as de la Defensa Pública), hicieron uso de una de las garantías o mecanismos constitucionales con los que cuenta cualquier persona que habite nuestro país, con la intención de proteger o restablecer los derechos fundamentales lesionados, cual es el recurso de amparo, el cual fue declarado con lugar en voto No 8022- 99, el cual en lo que interesa indicó lo siguiente:

"Del atento estudio de los documentos y pruebas suministradas por ambas partes de este proceso, en especial, videocassette en el que se grabó la entrevista telefónica de la recurrente y su hermana, se observa que el noticiero recurrido lesionó el derecho a la intimidad de la amparada, toda vez que en ejercicio del derecho a la libertad de información el recurrido procedió de una manera abusiva que transgrede el ámbito de intimidad de la recurrente. En este sentido, se aprecia que si bien el hecho que presuntamente se le atribuye a la amparada reviste de una naturaleza que interesa a la opinión pública, ésta no es razón suficiente para que se pueda menospreciar la intimidad de esta persona mediante la transmisión de una conversación telefónica que en ningún momento tuvo la autorización de la promovente para que se pudiera difundir, ya que dicha actividad está fuera del manejo de la opinión popular, pues corresponde al particular dominio de intimidad de la amparada. Por otra parte, la actuación del noticiero recurrido lesiona el contenido de los artículos 20 y 21 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, pues como se indicó, los menores de edad -en razón de sus especiales condiciones- ostentan el derecho a la privacidad de los asuntos que se discutan en esa sede jurisdiccional. La entrevista que aquí ocupa evidentemente se difunde a propósito de la notoriedad de los hechos con que se relaciona a la amparada. Consecuentemente, procede estimar el recurso. Sin embargo, por tratarse de hechos ya consumados, se omite ordenar restitución material alguna y, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se advierte al recurrido abstenerse de incurrir en el futuro en los hechos que dieron origen a la acogida de esta acción" (Sobre el mismo caso también se puede consultar el voto Nº 1999-06418 de la Sala Constitucional).-

 

En el caso en cuestión, considero que la actuación de la Sala Constitucional fue la correctay en total apego a lo dispuesto por la Carta Constitucional y el conglomerado de normas internacionales que protegen a los menores de edad sometidos a un proceso penal, pero por desdicha, al actuarse "a posteriori", no se logró evitar que se causara un perjuicio irreparable a la menor de edad, ya que su nombre fue difundido por todo el país, lo que evidentemente lesionó sus derechos fundamentales, por lo cual deberían buscarse mecanismos más efectivos y ágiles, con los cuales se logre evitar daños de semejante magnitud, que estigmatiza aún más a una menor imputada.-

 

X. Derecho a la Información.-

 

Antecedentes.-

"El derecho de todo hombre y mujer a la información nació a la vida jurídica el 10 de diciembre de 1948, al aprobarse la Declaración Universal de Derechos Humanos, provocando con ello una revolución en el campo de la información. Más adelante, en un decreto del concilio Vaticano II, la Inter Mirifica de 1963, se habló por primera vez en la historia del derecho humano a la información.-

 

En Costa Rica se comenzó a aplicar este derecho a principios de los años ochenta, con motivo del primer juicio por ejercicio ilegal del periodismo- 1983-. A partir de la creación de la Sala Constitucional este novísimo derecho cobró mayor vigencia, al punto que ha servido para fundamentar varios fallos gran trascendencia para la sociedad costarricense".31

 

XI. Concepto del Derecho a la Información.-

 

Este ha sido uno de los conceptos que más a traído confusión, tanto a los juristas como a los periodistas, ya que en los últimos dos decenios, se le ha relacionado con la libertad de prensa y la libertad de expresión, lo que ha originado incluso, la condena en contra del Estado de Costa Rica, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Stephen Schmidt y la Opinión Consultiva OC- 5/85 (Colegiación Obligatoria de los periodistas), además, de que en estos momentos se encuentra pendiente ante el mismo órgano, un caso por la condena en contra del periodista Mauricio Herrera del Periódico la Nación. Todo lo anterior, ha originado grandes conflictos, entre los Tres Poderes de la República y los periodistas costarricenses, incluso, con la existencia de presión por parte de organizaciones internacionales.-

 

El derecho a la información, "... es un derecho fundamental de toda persona. Todos los individuos son titulares de un derecho a buscar, recolectar, indagar e investigar información, con el propósito de difundirla. También son titulares de un derecho a recibir información veraz, objetiva y apegada a los hechos y acontecimientos".32 Lo anterior, nos lleva a considerar que el derecho a la información tiene un carácter dual en el sentido de que "... tutela derechos a favor del sujeto activo y el sujeto pasivo del proceso. Es decir, el llamado emisor tiene derecho a buscar, difundir y publicar la información. El sujeto pasivo, o receptor, tiene derecho a ser informado, sin embargo, esa información debe ser veraz y precisa".33

 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con respecto al tema ha señalado que consiste en "... la oportunidad de comunicar a la ciudadanía sobre aquellos hechos que en razón de su naturaleza pública revisten de cierto interés, que a la vez motiva que estos acontecimientos sean difundidos, de tal manera que cada individuo tenga un conocimiento oportuno de éstos, en razón de que los mismos pueden ser de utilidad en la realización de las actividades habituales de los ciudadanos...",34 con lo cual admite también, que dicho derecho presenta una naturaleza dual, al tener dos destinatarios del derecho, el informador y el informado.-

 

Cabe señalar que el derecho a la información se encuentra plasmado en nuestro ordenamiento, en el artículo 29 constitucional y en el numeral 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, con lo cual se ha convertido en un pilar fundamental de nuestro sistema de gobierno democrático.-

 

XII. Antinomia de Derechos Fundamentales

 

Nos encontramos ante la presencia de dos derechos fundamentales, consagrados tanto por nuestra carta fundamental, como en instrumentos internacionales debidamente ratificados por Costa Rica. Pero ello no obsta, para que en determinadas ocasiones, nos encontremos ante situaciones límites en las cuales, existe una directa confrontación entre ambos derechos fundamentales.-

 

Para analizar dicha situación, debemos preguntarnos, ¿cuál derecho es más importante? o sí, en caso de roce entre ambos, ¿cuál prevalece sobre el otro?, sin duda son preguntas obligadas.-

 

Existen dos teorías que se encargan de tratar de explicar la relación de confrontación o choque que eventualmente pueda originarse entre ambos derechos, por un lado, "En el derecho español se desarrolló, a lo largo de la década de los setenta y parte de los ochenta, una teoría llamada de los "límites" que pretendía ver en otros derechos humanos, como la intimidad, la vida privada, el honor y la imagen, verdaderos límites al ejercicio del derecho de información".35

 

Es de destacar, que la Sala Constitucional ha venido manteniendo en sus resoluciones esta posición, afirmando que "... la información como derecho encuentra claros límites en la intimidad, la vida privada, el honor, la imagen y el principio de presunción de inocencia",36 siendo, que en el voto Nº 06418- 99 de 15 H. 15 de 17 de agosto de 1999, la Sala determinó que "... el ejercicio de este derecho no puede realizarse de una forma absoluta, dado que como se expuso supra, con la finalidad de proteger al ámbito de intimidad que corresponde a cada individuo, nuestro ordenamiento establece ciertos límites en el ejercicio de esta labor, que deben respetarse a efecto de garantizar el ámbito de intimidad que corresponde a cada ciudadano. En este sentido, en los eventuales conflictos que se produzcan entre ambos derechos no resulta posible mediante la formulación de un principio general se pueda establecer cuando uno de ellos deberá prevalecer sobre el otro, siendo que deberá examinarse en cada caso, si en el ejercicio del derecho a la información se lesiona el derecho a la intimidad...".-

 

La tesis contraria, se denomina de la "adecuación" y uno de los principales propulsores es el abogado español Carlos Soria, según el cual no existe choque de derechos sino adecuación de derechos. Siendo, que a criterio de este jurista, "... la intimidad y la vida privada no actúan como límites al derecho a la información sino a la llamada "pseudoinformación", entendida esta última como una práctica abusiva del ejercicio del derecho a informar. Desde su punto de vista, el correcto ejercicio del derecho a la información nunca puede incursionar ilegítimamente en la intimidad y la vida privada de las personas".37

 

Esta última teoría, consideramos es muy novedosa, pero no podemos aceptarla, ya que el considerar que el "amarillismo" y el "sensacionalismo" no producen daño a la intimidad de las personas, por el simple hecho de que no son fruto del ejercicio correcto del derecho a la información, es una utopía, ya que lo que interesa, es si se vulnera el derecho a la intimidad y de la imagen de las personas, sobre todo cuando se tratan de personas menores de edad y aún más, cuando se encuentran sometidos a una causa penal.-

 

Por lo anterior, somos de la opinión, que la manera en la cual la Sala ha venido tratando el tema, es la correcta, convirtiéndose en un instrumento idóneo en contra de las violaciones a los derechos a la intimidad y a la imagen de los menores de edad, como sucedió en el caso supra citado, en el cual, la Sala condenó al medio televisivo que difundió la voz de la menor de edad y su nombre, con lo cual se hizo respetar la legislación que es producto directo de la teoría de la protección integral de los niños y adolescentes.-

 
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