Bloque de constitucionalidad en el control de constitucionalidad






descargar 272.92 Kb.
títuloBloque de constitucionalidad en el control de constitucionalidad
página1/8
fecha de publicación08.09.2015
tamaño272.92 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Ley > Documentos
  1   2   3   4   5   6   7   8


Sentencia C-488/09
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL-Alcance/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL-Límites
La jurisprudencia constitucional ha explicado que el Congreso, como foro deliberativo y democrático por excelencia, cuenta con diversas posibilidades para fijar las reglas sustantivas y procesales en materia penal, escenario donde se proyecta con mayor amplitud el margen de configuración normativa del Legislador, que le permite el diseño, con un significativo grado de libertad, de asuntos como la tipificación de delitos, la dosificación punitiva y la definición de procedimientos que no fueron regulados directamente en la Constitución. Sin embargo, ese margen de discrecionalidad del Legislador no puede concebirse en términos absolutos, pues la actividad punitiva del Estado encuentra límites formales y materiales, que se derivan tanto de la Constitución como de las normas que se integran a ella a través del bloque de constitucionalidad.
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Concepto/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Alcance
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL-Bloque de constitucionalidad como límite
Además de los límites explícitos, fijados directamente desde la Carta Política, y los implícitos, relacionados con la observancia de los valores y principios consagrados en la Carta, la actividad del Legislador está condicionada a una serie de normas y principios que, pese a no estar consagrados en la Carta, representan parámetros de constitucionalidad de obligatoria consideración, en la medida en que la propia Constitución les otorga especial fuerza jurídica por medio de las cláusulas de recepción consagradas en los artículos 93, 94, 44 y 53. Son éstas las normas que hacen parte del llamado bloque de constitucionalidad.
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL-Ejercicio razonable y proporcionado en dosificación punitiva diferente por conductas constitutivas de genocidio
Considera la Sala que la diferente dosificación punitiva que prevé el artículo 101 del Código Penal, entre el genocidio cometido mediante matanza y el cometido mediante otras conductas (lesión grave a la integridad física o mental, embarazo forzoso, sometimiento de los miembros del grupo, medidas para impedir nacimientos o traslado de niños), responde al ejercicio razonable y proporcionado de la libertad de configuración del legislador en esta materia, aún cuando es claro que el delito de genocidio constituye en sí mismo un crimen de extrema gravedad, nada obsta para que el Legislador haya preferido adoptar un tratamiento punitivo disímil teniendo en cuenta que por su naturaleza el genocidio es un delito pluriofensivo capaz de atentar de manera simultánea contra diversos bienes jurídicos
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-No todos los tratados y convenios internacionales forman parte
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Normas que lo integran tienen rango constitucional/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Incorporación de normas/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Incorporación de tratado
Si bien es cierto que las normas que se integran al bloque de constitucionalidad tienen la misma jerarquía que los preceptos de la Carta Política, también lo es que existen diversas formas para su incorporación al ordenamiento jurídico. Es así como en tratándose de tratados, su incorporación al bloque de constitucionalidad, tiene dos vías: (i) La primera la “integración normativa” en virtud de lo dispuesto en el primer inciso del artículo 93 de la Constitución, requiriéndose para ello, que un tratado ratificado por Colombia reconozca derechos humanos cuya limitación se prohíba en los estados de excepción. Desde esta perspectiva su incorporación es directa y puede comprender incluso derechos que no estén reconocidos en forma expresa en la Carta. (ii) La segunda forma de incorporación de tratados al bloque de constitucionalidad es como “referente interpretativo” y opera al amparo del inciso segundo del artículo 93 de la Carta. En este sentido la jurisprudencia ha reconocido que algunos tratados de derechos humanos cuya limitación no está prohibida en los estados de excepción también hacen parte del bloque de constitucionalidad, aunque por una vía de incorporación diferente; es decir, no como referentes normativos directos sino como herramientas hermenéuticas para juzgar la legitimidad de la normatividad interna.
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Función integradora/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Función interpretativa
En el ámbito del derecho penal las normas del bloque de constitucionalidad pueden cumplir una función diferente respecto de la libertad de configuración del Legislador. En algunos casos los tratados de derechos humanos tendrán un rol normativo integrador, mientras en otros cumplirán una función básicamente interpretativa. La función interpretativa –sirve de parámetro guía en la interpretación del contenido de las cláusulas constitucionales y en la identificación de las limitaciones admisibles a los derechos fundamentales-, y una función integradora -provisión de parámetros específicos de constitucionalidad en ausencia de disposiciones constitucionales expresas, por remisión directa de los artículos 93, 94, 44 y 53 Superiores-
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCION PARA LA PREVENCION Y SANCION DEL DELITO DE GENOCIDIO
La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio constituye una de las normas de derecho internacional adoptadas por Colombia en relación con el genocidio que se incorpora al bloque de constitucionalidad, como parámetro interpretativo de los derechos humanos reconocidos desde la Constitución
GENOCIDIO EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS-Tipificación como delito constituye mecanismo de protección de los derechos humanos
GENOCIDIO-Prohibición como norma del ius cogens
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL/GENOCIDIO-Delito de derecho internacional
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobada mediante Ley 742 de 2002 y declarado exequible por Sentencia C-578 de 2002, constituye otra de las normas de derecho internacional adoptadas por Colombia en relación con el genocidio, algunas de cuyas normas se incorporan al bloque de constitucionalidad, en particular la consagración del delito de genocidio del artículo 6º del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, sin desconocer las particularidades propias de esa regulación, en especial en virtud del principio de complementariedad frente a la legislación nacional, cuya incorporación no opera porque el precepto haga parte de dicho estatuto, sino porque la regulación puntual de esa norma se ajusta a los parámetros consagrados en los artículos 93 y 214-2 de la Constitución, que además recoge integralmente el contenido de la Convención para Prevenir y Sancionar el Genocidio. Lo anterior no implica que todas las normas del Estatuto de Roma hagan parte del bloque de constitucionalidad per se, pues es claro que dicha normatividad tiene un marco de aplicación particular y concreto en virtud del principio de complementariedad frente a la legislación nacional. Tampoco supone que todos los tratados de derecho internacional que consagran el deber de tipificar ciertos delitos se integren al bloque de constitucionalidad, pues no todos se relacionan con la protección directa de derechos humanos o del derecho internacional humanitario.
GENOCIDIO-Obligaciones derivadas de estándares internacionales que constituyen referentes para el control de constitucionalidad/GENOCIDIO-Regulación debe ajustarse a normatividad internacional
La Corte considera que los estándares internacionales relacionados con el genocidio comprenden al menos tres elementos que constituyen referente para el control constitucional, a saber: (i) la obligación de sancionar penalmente el genocidio, que consiste en el deber de sancionarlo desde la esfera penal, ya sea a nivel de cada Estado o, en su defecto, desde el derecho penal internacional; (ii) el deber de tipificar el delito siguiendo las principales estructuras de imputación previstas en la normativa internacional, de tal manera que en su tipificación la afectación a las víctimas se haga con la intención de la destrucción del grupo como tal, lo que implica que el ataque se efectúe por razón de su pertenencia al grupo protegido, pues ello constituye un elemento esencial en la configuración del tipo penal de genocidio; y (iii) la prohibición de protección deficiente, pues si bien la normativa internacional sobre genocidio se refiere a la obligación de sancionar el delito mediante la adopción de penas eficaces, sin haber estipulado ninguna pena por la comisión de este delito, dejando en cabeza de cada Estado la regulación específica de las sanciones.
GENOCIDIO-Concepto
GENOCIDIO-Crimen de crímenes
GENOCIDIO-Definición
GENOCIDIO-Elementos que lo configuran
GENOCIDIO-Tipificación como delito en la legislación penal colombiana
GENOCIDIO-Dolo especial como elemento estructural del tipo penal/GENOCIDIO-Pertenencia al grupo como ingrediente normativo subjetivo
De acuerdo con las normas de derecho penal internacional y la jurisprudencia de esta Corporación, uno de los elementos estructurales del tipo penal de genocidio es la existencia de un dolo especial (dolus specialis), que supone que la afectación de las víctimas se haga con la intención de destrucción del grupo como tal, esto es, que ello ocurra precisamente por razón de su pertenencia al mismo, por lo que la Corte considera que la expresión “por razón de su pertenencia al mismo”, del artículo 101 del Código Penal, representa en realidad un ingrediente normativo subjetivo que reafirma la esencia de tipo penal de genocidio según los instrumentos de derechos internacional. Así, la norma realza la necesidad de que exista un vínculo entre la agresión y el propósito o intención de destrucción del grupo protegido, que no puede ser otro que el ataque se deba a la pertenencia de la víctima al grupo nacional, étnico, racial, religioso o (en el caso colombiano) político, ante la finalidad central de destruirlo.
PRINCIPIO DE COMPLEMENTARIEDAD DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL EN DELITO DE GENOCIDIO-Aplicación por protección deficiente en comparación con estándares internacionales
GENOCIDIO-Dosificación punitiva no riñe con estándares internacionales/GENOCIDIO-Dosificación punitiva no comporta vulneración de prohibición de protección deficiente/GENOCIDIO-Inaplicación del principio pro homine en dosificación punitiva de conductas constitutivas del tipo penal
Si bien las normas que se integran al bloque de constitucionalidad implican la obligación de consagrar medidas eficaces para prevenir y sancionar el genocidio, lo cierto es que de ellas no se deriva el deber del Estado Colombiano de fijar la misma pena para cada una de las conductas que puedan ser constitutivas de genocidio, sino una prohibición de protección deficiente y no puede afirmarse que las normas de la legislación interna ofrezcan una protección deficiente en comparación con los estándares internacionales. De ahí que la diferente dosificación punitiva que prevé el artículo 101 del Código Penal, entre el genocidio cometido mediante matanza y el cometido mediante otras conductas (lesión grave a la integridad física o mental, embarazo forzoso, sometimiento de los miembros del grupo, medidas para impedir nacimientos o traslado de niños), responde al ejercicio razonable y proporcionado de la libertad de configuración del legislador en materia criminal, en tanto reprende como más severidad aquellas conductas que afectan en grado sumo el derecho a la vida como bien jurídico del cual depende el ejercicio de cualquier otro derecho.

Referencia: expediente D-7593
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 101 (parcial) de la Ley 599 de 2000, “Por la cual se expide el Código Penal”.
Actor: Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha.
Magistrado Ponente:

Dr. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C., veintidós (22) de julio de dos mil nueve (2009)
EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

7.1.1.- El demandante considera que la expresión acusada introdujo un nuevo ingrediente normativo al tipo penal de genocidio, al exigir probar el móvil por el que actuaron los criminales. En su concepto, con ello se disminuye el umbral de protección frente a la normativa internacional, donde sólo se exige demostrar la intención de destrucción total o parcial del grupo como tal, y no que el ataque a la víctima se haya dado “por razón de su pertenencia al mismo”.
Para ofrecer una mayor claridad, en el siguiente cuadro la Sala se permite reseñar la configuración del genocidio prevista en el Código Penal Colombiano y en las normas de derecho internacional que se integran al bloque de constitucionalidad:


Código Penal Colombiano

Convención sobre Genocidio

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

“Artículo 101. Genocidio. “El que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros, incurrirá en prisión de cuatrocientos ochenta meses (480) a seiscientos meses (600); en multa de dos mil seiscientos sesenta y seis mil punto sesenta y seis (2.666,66) a quince mil (15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de doscientos cuarenta (240) a trescientos sesenta (360) meses.
La pena será de prisión de ciento sesenta (160) a cuatrocientos cincuenta (450) meses, la multa de mil trescientos treinta y tres punto treinta tres (1.333.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales vigentes y la interdicción de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a doscientos setenta (270) meses cuando con el mismo propósito se cometiere cualquiera de los siguientes actos:
1. Lesión grave a la integridad física o mental de miembros del grupo.

2. Embarazo forzado.

3. Sometimiento de miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.

4. Tomar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo.

5. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”.

“Artículo II.- En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

a) Matanza de miembros del grupo;

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;

d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;

e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”.

“Artículo 6.- Genocidio. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "genocidio" cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:

a) Matanza de miembros del grupo;

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;

d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;

e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”.


A juicio de la Corte, si bien el demandante tiene razón en afirmar que la regulación del delito de genocidio debe ajustarse a la normativa internacional, se equivoca cuando señala que la expresión impugnada desconoce dichos estándares. En efecto, de acuerdo con las normas de derecho penal internacional y la jurisprudencia de esta Corporación1, uno de los elementos estructurales del tipo penal de genocidio es la existencia de un dolo especial (dolus specialis). Ese dolo especial supone que la afectación de las víctimas se haga con la intención de destrucción del grupo como tal, esto es, que ello ocurra precisamente “por razón de su pertenencia al mismo”.
7.1.2.- Esta lectura de la norma es coherente con la interpretación que del tipo de genocidio han hecho los diferentes tribunales internacionales.
- La Corte Internacional de Justicia de la Haya tuvo ocasión de referirse sobre el particular en el caso de Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro por el crimen de cerca de 8000 musulmanes bosnios en la ciudad de Srebrenica entre 1992 y 1995. En aquella oportunidad la Corte constató la existencia de actos de un genocidio ante la intención de destruir a miembros de un grupo religioso y étnico debido a su pertenencia al mismo. Al examinar los elementos constitutivos del delito, el alto Tribunal explicó que es necesaria la intención de destrucción del grupo en todo o en parte y el hecho de que los miembros del grupo sean atacados por pertenecer al mismo. Dijo entonces:
“187. Adicionalmente a aquellos elementos mentales, el artículo II requiere un elemento adicional. Requiere el establecimiento de la "intención de destruir, en todo o en parte... el grupo [protegido], como tal". No basta establecer, por ejemplo en términos del párrafo (a), que las ejecuciones ilegales deliberadas de los miembros del grupo hubieren ocurrido. La intención adicional también debe ser establecida, la cual es definida muy precisamente. Es a menudo mencionada como la intención específica o dolus specialis; usualmente será referida en la presente Sentencia, como la “intención específica (dolus specialis)". No es suficiente [pero es necesario] que los miembros del grupo sean el blanco por pertenecer a dicho grupo, es decir, porque el autor tiene una intención discriminatoria. Se requiere algo más. Los actos enumerados en el artículo II deben cometerse con la intención de destruir al grupo como tal en su totalidad o en parte. Las palabras "como tal" enfatizan esa intención de destruir el grupo protegido.
(…)
370. A la luz de la revisión de la evidencia existente anteriormente y con respecto de las atrocidades cometidas en Bosnia y Herzegovina en el lapso de tiempo comprendido entre 1991 – 1995, la Corte ha concluido que, a excepción de los eventos de Julio de 1995 en Srebrenica, la intención necesaria requerida para que se constituya el genocidio no ha sido demostrada de forma concluyente en relación con cada incidente específico. Sin embargo, el Demandante se basa en la supuesta existencia de un plan para cometer genocidio, indicado por un patrón de actos genocidas o potencialmente genocidas cometidos a lo largo y ancho de todo el territorio, contra las personas identificadas en todo el mundo y en cada caso sobre la base de su pertenencia a un determinado grupo2. (Resaltado fuera de texto).
El pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia coincide con la interpretación que del tipo penal de genocidio han hecho otros jueces penales internacionales como el Tribunal para Ruanda y el Tribunal para la antigua Yugoslavia, cuyos fallos son particularmente relevantes para precisar el alcance del tipo penal de genocidio, en la medida en que la regulación prevista en sus respectivos estatutos concuerda integralmente con la que consagran la Convención sobre Genocidio y el artículo 6º del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
- El Tribunal Penal Internacional para Ruanda condenó en 1998 a Jean Paul Akayesu como responsable de genocidio y crímenes contra la humanidad, debido a sus ataques contra la etnia Tutsi en su condición de alcalde de la ciudad ruandesa de Taba. En su fallo el Tribunal sostuvo que una característica específica del genocidio es que las víctimas sean elegidas por pertenecer a un grupo determinado y no por sus individualidades. De acuerdo con ese alto Tribunal:




“520. Con respecto al crimen de genocidio, el autor es culpable sólo cuando ha perpetrado uno de los actos comprendidos en el artículo 2(2) del Estatuto, con la clara intención de destruir, en todo o en parte, un grupo particular. El autor es culpable porque sabía o debía haber sabido que el acto en cuestión destruiría, en todo o en parte, al grupo.
521. Más precisamente, para que cualquiera de los actos del artículo 2(2) del Estatuto sea elemento constitutivo de genocidio, debe haberse cometido contra uno o varios individuos, porque éste o estos individuos eran miembros de un grupo específico, y debido a su pertenencia al grupo. Por lo tanto, la víctima no es escogida por su identidad individual, sino a causa de su pertenencia a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. La víctima del acto es un miembro del grupo, elegido como tal, lo que significa finalmente que la víctima del crimen de genocidio es el propio grupo y no solamente el individuo3”.4 (Resaltado fuera de texto).
Lo anterior, a juicio de la Corte, fue justamente lo que se presentó en Ruanda con el intento de exterminio de los miembros de la etnia Tutsi:
“124. Todo esto prueba, en opinión de la Sala que el objetivo era un grupo bien particular, el grupo étnico tutsi. Es claro que las víctimas no fueron elegidas debido a su identidad personal, sino a su pertenencia a tal grupo. Las víctimas fueron en definitiva elegidas como miembros del grupo como tal. Según Alison Desforges, en su testimonio, se asesinaba a los tutsi por el único hecho de haber nacido tutsi5. (Resaltado fuera de texto).
- En la misma dirección, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia se ha pronunciado en varias oportunidades frente a los ataques contra musulmanes y croatas bosnios, insistiendo en que la pertenencia al grupo es uno de los rasgos característicos y esenciales para la tipificación del genocidio.
En el caso Jelisic (1999) el Tribunal advirtió que la intención específica que caracteriza el genocidio es la selección de las víctimas en cuanto sean parte del grupo cuya destrucción se pretende, de modo que la pertenencia del individuo al grupo “es el criterio decisivo para la determinar las víctimas inmediatas del crimen de genocidio”. Ello sirvió de base para absolver al procesado de la comisión de ese delito, pues aunque mató arbitrariamente no se probó el dolo especial relacionado con la escogencia de la víctima por razón de su pertenencia al grupo con la clara intención de destruirlo. Sostuvo al respecto:
“67. La intención especial que caracteriza al genocidio supone que el presunto autor del crimen selecciona a sus víctimas porque son parte de un grupo que él está buscando destruir. En caso de que el objetivo del autor o autores del delito sea destruir el grupo en su totalidad o en parte, la “pertenencia del individuo a un grupo particular es el criterio decisivo para determinar las víctimas inmediatas del crimen de genocidio más que la identidad de la persona6”.7 (Resaltado fuera de texto).
En el caso Kupréskic (2000) el Tribunal reiteró que los ataques por genocidio deben ser perpetrados contra individuos a causa de su pertenencia al grupo protegido:
“636. Como se indica anteriormente, el requisito del mens rea para la persecución es superior que al de los ordinarios delitos contra la humanidad, aunque inferior al de genocidio. En este contexto, la Sala de Primera Instancia desea subrayar que la persecución como crimen de lesa humanidad es un delito del mismo género que el genocidio. Tanto la persecución como el genocidio son crímenes perpetrados contra personas pertenecientes a un grupo en particular y las cuales se convierten en objetivos a raíz de esa pertenencia. En ambas categorías lo que importa es la intención de discriminar: de atacar a personas en razón de sus características étnicas, raciales o religiosas (así como en el caso de la persecución, en razón de su afiliación política). Mientras que en el caso de la persecución, la intención discriminatoria puede asumir múltiples formas inhumanas y manifestarse así misma en una pluralidad de acciones incluyendo el homicidio, en el caso del genocidio esa intención debe estar acompañada de la intención de destruir, en todo o en parte, el grupo al cual las víctimas del genocidio pertenecen. (Resaltado fuera de texto)8.
El mismo criterio fue acogido en el caso Krstic (2001) con la primera condena de ese tribunal por genocidio:
“561. En este caso, la Fiscalía y la Defensa, concuerdan en la creencia que las víctimas de genocidio deben ser el blanco en razón de su pertenencia a un grupo determinado. Ésta es la única interpretación que coincide con la intención que caracteriza el crimen del genocidio. La intención de destruir a un grupo como tal, en todo o en parte, presupone que las víctimas fueron escogidas en razón de su pertenencia al grupo cuya destrucción se solicitó.
El mero conocimiento por parte de los perpetradores, de la pertenencia de las víctimas a un grupo distinto, no es suficiente para establecer la intención de destruir al grupo como tal”9. (Resaltado fuera de texto)
Finalmente, en el caso Blagojevic (2005) el Tribunal explicó que la expresión “como tal”, en la configuración del tipo penal de Genocidio, se refiere al hecho de que las víctimas sean objeto de ataque por razón de su pertenencia al grupo protegido, sin perjuicio de que exista otro tipo de razones para la agresión:
“e. ‘Como tal
669. Las víctimas del crimen deben ser el blanco por su pertenencia en el grupo protegido, aunque no es necesario que sea únicamente por razón de dicha pertenencia.
670. Como se mencionó anteriormente, la Sala de Primera Instancia resalta que la intención específica debe ser destruir al grupo como una entidad separada y distinta”10. (Subrayado no original)
7.1.3.- Las anteriores consideraciones permiten concluir que, de acuerdo con la regulación internacional y la lectura que de ella han hecho sus intérpretes autorizados, uno de los elementos estructurales del tipo penal de genocidio es la existencia de un dolo especial (dolus specialis), que consiste en la intención específica que tiene el agresor de destruir total o parcialmente al grupo como tal11. En otras palabras, un componente del dolo especial del genocidio es que el perpetrador tenga el propósito principal de destrucción del grupo, de manera que el ataque ocurre precisamente porque la víctima pertenece al grupo protegido.
7.1.4.- En este orden de ideas, considera la Corte que la expresión “por razón de su pertenencia al mismo”, del artículo 101 del Código Penal, representa en realidad un ingrediente normativo subjetivo12 que reafirma la esencia de tipo penal de genocidio según los instrumentos de derechos internacional. Así, la norma realza la necesidad de que exista un vínculo entre la agresión y el propósito o intención de destrucción del grupo protegido, que no puede ser otro que el ataque se deba a la pertenencia de la víctima al grupo nacional, étnico, racial, religioso o (en el caso colombiano) político, ante la finalidad central de destruirlo. Con ello, lejos de afectarse el principio de legalidad se asegura su plena vigencia, en la medida en que se reviste de absoluta certeza a la disposición que consagra el delito de genocidio sin alterar ninguno de los elementos estructurales del tipo penal.
La norma del código penal no desconoce el ámbito de protección del crimen de genocidio previsto en los instrumentos de derecho internacional que se integran al bloque de constitucionalidad, sino que por el contrario armoniza plenamente con dichos estándares, en los cuales la pertenencia al grupo guarda relación directa con el dolo especial (intención de destruir). En otras palabras, la expresión acusada simplemente precisa cuál es el alcance del tipo penal de genocidio, pero en nada cambia frente a la estructura de imputación prevista en el ordenamiento jurídico internacional, ni hace más restrictivo el ámbito de protección allí consagrado.
En consecuencia, el cargo por violación del artículo 93 de la Carta Política no está llamado a tener éxito y con ello se desvanece el reproche indirecto por la supuesta violación del Preámbulo y de los artículos 2º, 5º, 11, 13, 29 y 107 de la Constitución, por lo que la Corte declarará exequible la expresión impugnada.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha demanda en forma parcial el artículo 101 de la Ley 599 de 2000, “por la cual se expide el Código Penal”.
Mediante Auto del cinco (5) de febrero de dos mil nueve (2009) se admitió la demanda, dispuso su fijación en lista y simultáneamente corrió traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia. En la misma providencia se ordenó comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, al Ministro del Interior y de Justicia y al Fiscal General de la Nación, e invitó al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Comisión Colombiana de Juristas y a las facultades de derecho de las universidades Nacional de Colombia, Externado de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Sergio Arboleda y de los Andes, para que intervinieran impugnando o defendiendo la disposición acusada.

Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia.
II.- DISPOSICIÓN DEMANDADA
A continuación se transcribe la norma demandada y se subraya el aparte acusado, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No.44.097 del 24 de julio de 2000:
“LEY 599 DE 2000

(julio 24)

Por la cual se expide el Código Penal.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

(…)

Artículo 101. GENOCIDIO. El que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político [que actúe dentro del marco de la ley13], por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros, incurrirá en prisión de treinta (30) a cuarenta (40) años; en multa de dos mil (2.000) a diez mil (10.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años.

La pena será de prisión de diez (10) a veinticinco (25) años, la multa de mil (1.000) a diez mil (10.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes y la interdicción de derechos y funciones públicas de cinco (5) a quince (15) años cuando con el mismo propósito se cometiere cualquiera de los siguientes actos:

1. Lesión grave14 a la integridad física o mental de miembros del grupo.

2. Embarazo forzado.

3. Sometimiento de miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.

4. Tomar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo.

5. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”15.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Bloque de constitucionalidad en el control de constitucionalidad iconLa Constitución y el control de constitucionalidad (Palabras clave:...

Bloque de constitucionalidad en el control de constitucionalidad iconConflicto de poderes ~ constitucion nacional ~ constitucionalidad...

Bloque de constitucionalidad en el control de constitucionalidad iconAcefalía Presidencial: Constitucionalidad Art. 4° Ley 20972 (según...

Bloque de constitucionalidad en el control de constitucionalidad iconAcciones afirmativas a favor de la mujer en bloque de constitucionalidad

Bloque de constitucionalidad en el control de constitucionalidad iconControl de constitucionalidad

Bloque de constitucionalidad en el control de constitucionalidad iconControl de constitucionalidad

Bloque de constitucionalidad en el control de constitucionalidad icon2. C. Control de Constitucionalidad

Bloque de constitucionalidad en el control de constitucionalidad iconInterpretacion de la ley en control de constitucionalidad

Bloque de constitucionalidad en el control de constitucionalidad iconPonderación, control de constitucionalidad y representación

Bloque de constitucionalidad en el control de constitucionalidad iconControl de constitucionalidad sobre norma modificada






© 2015
contactos
ley.exam-10.com