Derecho del trabajo y de la seguridad social






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c) Asignación por matrimonio:

Consiste en el pago de una suma de dinero que se paga en el mes en que el trabajador acredita su matrimonio en forma fehaciente ante el empleador (art. 14 de la ley 24714). Para el goce de esta asignación se requiere una antigüedad mínima y continuada de seis meses en el empleo.

Se paga a ambos contrayentes si los dos están en las condiciones de percepción requeridas por la norma.

El monto de la asignación por matrimonio asciende a la suma de $ 300,00 (art. 18 ).

— Documentación respaldatoria para la percepción de esta asignación:

1) formulario de Solicitud de Prestación certificado por el empleador;

2) Documento Nacional de Identidad del beneficiario;

3) certificado de matrimonio;

4) fotocopia de los recibos de sueldo correspondientes al primero o segundo semestre, o a la primera remuneración según sea el caso.

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CAPÍTULO XXVI - OBRAS SOCIALES. SEGURO DE SALUD



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Obras sociales.



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Concepto y alcance.

Las obras sociales son entes autónomos que integran el Sistema Nacional de Salud y son financiados con aportes del trabajador y contribuciones del empleador; su finalidad principal es la prestación de los servicios de salud.

La ley 23660 (“B.O.”, 20/1/89) establece normas sobre obras sociales y deroga las leyes 18610 <>y 22269 <>. El decreto 9/93 (“B.O.”, 18/1/93) dispone la libre elección de la obra social, con limitaciones para los beneficiarios identificados en los arts. 8 y 9 de la ley 23660.

El art. 1 de la ley 23660 establece que el ámbito de aplicación de la ley comprende:

— las obras sociales sindicales correspondientes a las asociaciones gremiales de trabajadores con personería gremial, signatarias de convenios colectivos de trabajo;

— las obras sociales de las empresas y sociedades del Estado;

— las obras sociales del personal de dirección y de las asociaciones profesionales de empresarios;

— las obras sociales del personal civil y militar de las Fuerzas Armadas, de seguridad, Policía Federal Argentina; Servicio Penitenciario Federal y los retirados, jubilados y pensionados del mismo ámbito, cuando adhieran en los términos que determine la reglamentación;

— las obras sociales de la administración central del Estado nacional y sus organismos autárquicos y descentralizados.

El art. 3 expresa que prioritariamente las obras sociales destinan sus recursos a las prestaciones de salud, y brindan, asimismo, otras prestaciones sociales. En calidad de agentes naturales forman parte del Sistema Nacional del Seguro de salud.



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Documentación e inscripción.

Las obras sociales anualmente deben presentar ante la Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL), la siguiente documentación (art. 4 ):

— programas de prestaciones médico-asistenciales para sus beneficiarios;

— presupuestos de gastos y recursos para su funcionamiento y la ejecución del programa;

— memoria y balance de ingresos y egresos financieros del período anterior;

— copia legalizada de todos los contratos de prestaciones de salud que celebre durante el mismo período, a efectos de confeccionar un registro de los mismos.

Se deben inscribir en el registro que funciona en el ámbito de la ANSSAL, bajo las condiciones establecidas por la ley del Sistema Nacional del Seguro de Salud (art. 6 ).

La Resolución General 247/96 <>del Ministerio de Salud y Acción Social (“B.O.”, 29/5/96) establece el Programa Médico Obligatorio para todas las obras sociales del sistema de las leyes 23660 y 23661 , que brindan a sus beneficiarios las prestaciones de prevención, diagnóstico y tratamiento médico y odontológico, bajo control de la ANSSAL y del Ministerio de Salud y Acción Social.

La Resolución 58/94 <>del Instituto Nacional de Obras Sociales (“B.O.”, 15/6/94) crea la Comisión de Conciliación y Arbitraje Voluntario para resolver —como instancia previa a la normada en la ley 23660 — los conflictos de encuadre que planteen las obras sociales del sistema.



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Personas incluídas en calidad de beneficiarias.

Las personas enumeradas en los arts. 8 y 9 de la ley 23660, que revisten calidad de beneficiarios de las obras sociales son:

— los trabajadores que prestan servicios en relación de dependencia en el ámbito privado; en el sector público del Poder Ejecutivo o en sus organismos autárquicos y descentralizados; en empresas y sociedades del Estado, en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y en el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;

— los jubilados y pensionados nacionales y los de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;

— los beneficiarios de prestaciones no contributivas nacionales;

— los grupos familiares primarios de las categorías indicadas precedentemente;

— las personas que convivan con el afiliado titular y reciban del mismo ostensible trato familiar, según la acreditación que determine la reglamentación.

Se fija un aporte adicional del 1,5 % por cada una de las personas que la Dirección Nacional de Obras Sociales incluya como beneficiario, y a otros ascendientes o descendientes por consanguinidad del beneficiario titular, que estén a su cargo.



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Extensión del beneficio.

El carácter de beneficiario se mantiene mientras exista el contrato de trabajo y la relación de empleo público y el trabajador perciba la remuneración de su empleador, excepto en los siguientes casos (art. 10 ):

— cuando se extinga el contrato de trabajo, el trabajador mantendrá su calidad de beneficiario por el plazo de 3 meses, contados desde su distracto, sin obligación de efectuar aportes si se desempeñó de manera continuada durante más de 3 meses;

— cuando el trabajo se interrumpiera por accidente o enfermedad inculpable, el trabajador mantendrá su calidad de beneficiario por el período de conservación del empleo sin percepción de remuneración, y sin la obligación de efectuar aportes;

— cuando el trabajador sea suspendido sin remuneración, mantendrá su calidad de beneficiario por el plazo de 3 meses. Si se prolongara la suspensión, podrá continuar manteniendo dicho carácter cumpliendo con las obligaciones del aporte a su cargo y de la contribución a cargo del empleador;

— cuando por razones particulares el trabajador goce de licencia sin remuneración, podrá mantener su calidad de beneficiario mientras dure la misma, cumpliendo con las obligaciones de aportes a su cargo y las contribuciones a cargo del empleador;

— los trabajadores de temporada pueden mantener el carácter de beneficiarios durante el período de receso y mientras subsista el contrato de trabajo, cumpliendo durante este período con las obligaciones de aportes a su cargo y de la contribución a cargo del empleador. Si el beneficiario pasara a ser titular en razón de otro contrato de trabajo, cesará este derecho;

— cuando el trabajador esté prestando servicio militar, no deberá efectuar aportes durante el período que no perciba remuneración;

— cuando la mujer se encuentre en situación de excedencia podrá mantener su calidad de beneficiaria durante ese período, cumpliendo con las obligaciones del aporte a su cargo y de la contribución a cargo del empleador;

— en caso de muerte del trabajador los integrantes del grupo familiar primario mantienen el carácter de beneficiarios por el plazo de 3 meses. Vencido dicho plazo, pueden continuar manteniendo ese carácter, cumpliendo con los aportes y contribuciones que hubieren correspondido al beneficiario titular.



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Administración y financiamiento.

La administración de las obras sociales sindicales con patrimonio de los trabajadores que la componen es ejercida por una autoridad colegiada de 5 miembros como máximo, elegidos por la asociación sindical con personería gremial firmante de los convenios colectivos de trabajo que correspondan (art. 12 ).

Se financian con los aportes y contribuciones que deben efectuar los integrantes del sistema (art. 16 ):

— a cargo del empleador: el 6 % de la remuneración de los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia;

— a cargo de los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia: el 3 % de su remuneración. Por cada beneficiario a cargo del titular: el 1,5 % de su remuneración;

— la contribución de las sociedades o empresas del Estado no puede ser inferior al promedio de los 12 meses anteriores a la fecha de promulgación de esta ley.

Estos aportes, contribuciones y recursos sólo pueden ser aumentados por ley (art. 17 de la ley 23660).

El empleador, como agente de retención, debe depositar (dentro de los 15 días corridos contados a partir de la fecha en que se deba abonar la remuneración), la contribución a su cargo junto con los aportes que hubiera podido retener (art. 19 ).



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Atribuciones de la Dirección Nacional de Obras Sociales.

La Dirección Nacional de Obras Sociales —creada en el ámbito del Ministerio de Salud y Acción Social— coordina e integra las actividades de las obras sociales en todo aquello que no estén obligadas por la ley del Sistema Nacional del Seguro de Salud, actuando también como organismo de control para los aspectos administrativos y contables de las obras sociales (art. 26 ).

Sus atribuciones son las siguientes (art. 27 ):

— requerir y aprobar la memoria anual y balances de las obras sociales;

— requerir y suministrar información a la Dirección Nacional de Recaudación previsional y a la ANSSAL, para efectuar mejor control de las obras sociales;

— proponer al Poder Ejecutivo nacional la intervención de las obras sociales cuando existan irregularidades;

— llevar un registro de obras sociales donde deberán inscribirse;

— solicitar a las obras sociales información necesaria, ampliación o aclaraciones de la misma a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley;

— resolver conflictos de encuadramiento de los beneficiarios de las obras sociales, y determinar el destino de los aportes y contribuciones.



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Acciones y recursos.

Se puede interponer por vía de apremio (prevista en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) la acción persiguiendo el cobro judicial de los aportes, contribuciones, recargos, intereses y actualizaciones adeudadas a las obras sociales y multas establecidas en la ley, sirviendo de suficiente título el certificado de deuda expedido por las obras sociales o funcionario facultado para ello.

Son competentes los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. En la Capital Federal la competencia la detenta la Justicia Nacional del Trabajo.

La prescripción de las acciones para el cobro de estos créditos es de 10 años (art. 24 ).

En caso de violación a las disposiciones legales y reglamentarias que establezca el órgano de aplicación, las obras sociales son pasibles de apercibimiento, multa e intervención. Las sanciones de multa e intervención son recurribles —dentro de los 10 días hábiles desde la notificación— ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo o la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal a opción del recurrente. En las provincias es competente la Cámara Federal de la jurisdicción del domicilio del sancionado (arts. 28 y 29).



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Prestaciones obligatorias.

La ley 24455 (“B.O.”, 8/3/95) establece las prestaciones obligatorias que deben incorporar aquellas obras sociales incluídas en la ley 23660 , recipiendarias del fondo de redistribución de la ley 23661 (creadora del Sistema Nacional de Salud). Las principales prestaciones son las siguientes (art 1 de la ley 24455):

— cobertura para los tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos de las personas infectadas por algunos de los retrovirus humanos y los que padecen SIDA o las enfermedades interrecurrentes;

— cobertura para los programas de prevención del SIDA y la drogadicción;

— cobertura para tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos de las personas que dependan física o psíquicamente del uso de estupefacientes.

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