Derecho del trabajo y de la seguridad social






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Tramitación.

El plazo para presentar la solicitud del beneficio es de 90 días a partir del cese de la relación laboral. De ser presentada fuera de plazo, los días excedentes se descuentan del total del período de prestación que correspondiere (art. 115 ).

A partir de los 60 días de presentada la solicitud —plazo que podrá reducir el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil— comienza la percepción de las prestaciones. Si algún trabajador hubiese recibido gratificación por cese de la relación laboral dentro de los 6 meses anteriores a la presentación de la solicitud, el Consejo puede establecer un período de espera diferenciado de hasta 120 días corridos (art. 116 ).



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Tiempo y monto de la prestación.

El tiempo y la cuantía de las prestaciones están fijados en los arts. 117 y 118. El tiempo total de la prestación está vinculado al período de cotización de los 3 años anteriores al cese del contrato de trabajo que originó la situación de desempleo.

Período de cotización que se requiere

Duración de las prestaciones

Cuantía de la prestación

De 12 a 23 meses

4 meses

Establecida por el Consejo Nac. de Empleo, la Prod. y el S.M.V.M.

De 24 a 35 meses

8 meses

85% de la prestación de los primeros cuatro meses

36 meses o más

12 meses

70% de la prestación de los primeros cuatro meses

El art. 119 enumera las prestaciones que forman parte de la protección por desempleo:

— la prestación económica por desempleo, establecida precedentemente;

— el pago de las asignaciones familiares correspondientes;

— el cómputo del período de las prestaciones a los efectos previsionales.



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Obligaciones de las partes.

Ambas partes —empleadores y beneficiarios— deben cumplir determinadas obligaciones ante el Sistema Integrado de Prestaciones por Desempleo (arts. 120 y 121).

Los empleadores tienen la obligación de:

— efectuar las inscripciones que el sistema prevé;

— ingresar las contribuciones al Fondo Nacional de Empleo;

— brindar la documentación que la autoridad de aplicación requiera;

— comprobar, en caso de que el trabajador fuese beneficiario de prestaciones por desempleo, que cursó la baja del beneficio.

Los beneficiarios tienen la obligación de:

— comunicar a la autoridad de aplicación los cambios de domicilio o residencia y de proporcionar la documentación que ésta requiera;

— aceptar el empleo adecuado que el Ministerio de Trabajo ofrezca;

— aceptar los controles que ordene la autoridad de aplicación;

— efectuar la baja del beneficio en caso de un nuevo empleo;

— reintegrar los montos percibidos en forma indebida;

— declarar las gratificaciones percibidas por cese laboral en los últimos 6 meses.



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Suspensión de la prestación.

El art. 122 dispone que la percepción de las prestaciones se suspende cuando el beneficiario:

— no concurra a la citación de la autoridad de aplicación;

— no acepte el empleo ofrecido;

— no efectúe los controles de la autoridad de aplicación;

— no asista a los cursos de capacitación y entrenamiento;

— no proporcione la documentación requerida;

— estuviese cumpliendo con el servicio militar obligatorio, excepto si tiene cargas de familia;

— tuviese condena penal con privación de la libertad;

— celebre contrato con duración determinada por un plazo menor de 12 meses.



5609/18740

Extinción del beneficio.

El art. 123 establece que el derecho a la percepción de las prestaciones se extingue cuando el beneficiario:

— agote el plazo de las prestaciones que correspondiera;

— obtenga beneficios previsionales o prestaciones no contributivas;

— celebre contrato de trabajo por un plazo mayor de 12 meses;

— obtenga los beneficios por medio del fraude, la simulación o reticencia;

— hubiese recibido la prestación existiendo una causal de suspensión;

— hubiese ocultado la percepción de gratificaciones;

— se hubiese negado reiteradamente a aceptar los empleos ofrecidos.



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Financiamiento.

El financiamiento del sistema de seguro de desempleo se logra por medio del Fondo Nacional de Empleo, especialmente creado por la ley 24013 (arts. 143 a 150) con recursos provenientes de aportes y contribuciones.

El art. 145 dispone que los empleadores deben aportar el 1,5 % del total de las remuneraciones, hasta un tope de 60 AMPOs o MOPREs, y las empresas de servicios eventuales contribuyen con el 3 % sobre el total de las remuneraciones que tengan a cargo.

El Fondo Nacional de Empleo —además de financiar las prestaciones por desempleo— financia programas y proyectos tendientes a la generación de empleo por medio de aportes que efectúa el Estado mediante las partidas que asigna anualmente la Ley de Presupuesto, los recursos aportados por las provincias y las donaciones, los legados, los subsidios y las subvenciones, las rentas provenientes de la inversión de las sumas ingresadas al Fondo por cualquier concepto, las multas que se originan en la infracción de la ley, los saldos no utilizados de ejercicios anteriores y los recursos provenientes de la cooperación internacional en la medida que fueren destinados a programas, acciones y actividades generadoras de empleos y formación profesional.

CAPÍTULO XXV - ASIGNACIONES FAMILIARES



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Concepto y origen.

Las asignaciones familiares son prestaciones no remunerativas que contempla el sistema de Seguridad Social para compensar al trabajador de los gastos que le pudieran ocasionar sus cargas de familia. Actualmente está limitada a los trabajadores cuya remuneración no supere los $ 1.500,00 mensuales, con la excepción de los casos de asignación por maternidad e hijo discapacitado.

Las asignaciones familiares no son una contraprestación laboral, sino que su pago se origina en las circunstancias familiares de cada trabajador, por ejemplo, el tener hijos. No integran el salario, ya que son asignaciones no remunerativas y, por ende, no están sujetas a aportes ni a descuentos previsionales ni tienen incidencia en el SAC ni en las indemnizaciones ni en las licencias, y, además, son inembargables.

Desde el punto de vista histórico, el instituto de las asignaciones familiares es una creación reciente. Los primeros sistemas regulatorios de asignaciones familiares surgieron en Austria (1908), Francia (1918) y Bélgica (1921) —países en los que primero funcionaron las cajas compensadoras— cuyas reglamentaciones fueron tomadas como modelo por numerosos países.

En la República Argentina, el sistema fue regulado por primera vez en 1956, fecha de la creación de una asignación familiar por hijo a cargo, con una caja compensadora conformada por aportes patronales.

En 1957 fueron creadas las Cajas de Asignaciones Familiares para el Personal de Comercio (C.A.S.F.E.C.) y de la Industria (C.A.S.F.P.I.), y se extendió la asignación por hijo a cargo a los trabajadores de ambas actividades. Recién en 1964, el sistema fue extendido a todas las demás actividades, que tenían hasta entonces regulaciones para los salarios familiares sin cajas compensadoras.

En 1968 fue sancionada la ley 18017 <>que rigió hasta 1996 en que se dictó la ley 24714 . En 1968 fueron incorporados al sistema los trabajadores estatales, en 1974 los jubilados y pensionados y en 1976 los titulares de pensiones asistenciales por invalidez.

Recientemente fue instituído el Sistema Único de Seguridad Social (S.U.S.S.), y fueron disueltas las tradicionales cajas de asignaciones familiares, ya que la ANSES (administradora del S.U.S.S.) asumió todas sus funciones y objetivos, como natural sucesora jurídica.



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Clasificación.

En el sistema vigente, las asignaciones familiares pueden clasificarse en tres grupos:



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I) Asignaciones de pago mensual:

Son aquellas que se pagan todos los meses. Por ejemplo, la asignación por hijo.



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II) Asignaciones de pago anual:

Son aquellas que se pagan una vez por año. Es el caso de las asignaciones por escolaridad.



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III) Asignaciones de pago único:

Son aquellas que se pagan una sola vez durante la relación laboral cuando se produce la causa que origina su percepción. Por ejemplo, la asignación por nacimiento de hijo o adopción, ya que se le paga al trabajador cada vez que se produce un nacimiento.

Era el caso típico de la asignación por matrimonio que se podía abonar sólo una vez; esto fue así hasta la sanción de la ley de divorcio vincular ya que —en la actualidad— el trabajador puede celebrar válidamente más de un matrimonio legal.



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El sistema legal vigente. Ley 24714 .

Las asignaciones familiares están reguladas actualmente por la ley 24714 (“B.O.”, 18/10/96), y por distintos decretos reglamentarios. Anteriormente regía, desde 1968, la ley 18017 <>.

La ley 24714 tiene la particularidad de limitar el derecho a la percepción de las asignaciones familiares a los trabajadores que perciben hasta $ 1.500,00 mensuales de remuneración (a excepción de la asignación por hijo discapacitado y la asignación por maternidad). Es decir, que sólo los trabajadores en relación de dependencia, cuyo salario mensual no supere los $ 1.500,00 tienen derecho al cobro de todas las asignaciones establecidas en la ley.

Recientemente, la Sala VIII de la C.N.A.T, 21/4/98 (“Aldamini, Juan Carlos, c. Poder Ejecutivo nacional”, Sent. Int. 18.584), declaró inconstitucional la norma que excluyó del régimen de pago de las asignaciones familiares a los trabajadores que perciban una remuneración superior a $ 1.500,00. El Tribunal consideró que el derecho a percibir las asignaciones familiares no se relaciona con el salario sino con la existencia de cargas de familia; sostiene que la remuneración está vinculada a la calificación, cantidad y calidad del trabajo y no a la situación familiar del trabajador. Cabe destacar que se trataba de una relación laboral preexistente al dictado de la ley 24714 , por lo que el Tribunal entendió que la disposición cuestionada alteró retroactivamente las bases del contrato produciendo una disminución en el ingreso del trabajador.

Asimismo, según el monto del salario del trabajador, en algunas asignaciones se fijan sumas distintas. Por ejemplo, en la asignación por hijo discapacitado el monto es de $ 160,00 cuando el salario es inferior a $ 500,00, de $ 120,00 cuando la remuneración es menor de $ 1.000,00 y mayor que $ 500,00, y de $ 80,00 cuando es superior a $ 1.000,00.

En el caso de los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, en virtud del art. 15 de la Ley 24714 (modificado por el decreto 256/98 ), éstos perciben las asignaciones por cónyuge, por hijo, por hijo con discapacidad y la asignación por ayuda escolar anual para la educación básica y polimodal.

Por tanto, las personas incluídas en el régimen de asignaciones familiares establecido por la ley 24714 son:

— los trabajadores en relación de dependencia;

— los beneficiarios de la ley de riesgos del trabajo;

— los beneficiarios del fondo nacional de empleo;

— los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (S.I.J.P.).

Están excluídos el servicio doméstico y también los trabajadores en relación de dependencia cuya remuneración supere los $ 1.500,00 (en determinadas zonas del país el monto asciende a $ 1.800,00) según lo dispuesto en el art. 3; estos trabajadores tienen derecho a percibir, sin embargo, la asignación por maternidad y por hijo discapacitado.

El art. 2 del decreto reglamentario 1245/96 dispone que para cumplimentar el requisito de la antigüedad mínima en el empleo que requieren todos los beneficios, los trabajadores deben computar tareas comprendidas en el régimen de asignaciones familiares, desempeñadas en los meses inmediatamente anteriores al inicio de la actual actividad o haber recibido prestaciones del seguro de desempleo.

En el caso de los trabajadores temporarios, se puede adicionar la antigüedad que resulte de haberse desempeñado en tareas comprendidas en el régimen de asignaciones familiares con uno o más empleadores durante los doce meses inmediatamente anteriores al inicio de la actividad actual.

Cuando ambos padres trabajan o son beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones o del seguro de desempleo, las asignaciones familiares se pueden solicitar por aquél a quien su percepción le resulte más beneficiosa en función de su monto.

El beneficiario de asignaciones familiares debe presentar al empleador la documentación que avala su derecho dentro de los noventa días de notificado de las normas que rigen el régimen. Vencido dicho plazo, la falta de presentación suspende automáticamente el pago de las asignaciones sin derecho a reclamo.

La resolución 112/96 , S.S.S. (“B.O.”, 13/12/96), fue dictada para aclarar una serie de cuestiones no contempladas en el decreto 1245/96 (“B.O.”, 11/11/96). Establece que en caso de fallecimiento del trabajador, o del beneficiario del seguro de desempleo, el pago de las asignaciones familiares pendientes debe efectuarse al cónyuge supérstite, a los hijos o a sus representantes si fueren menores, acorde con dicho orden de prelación.

También dispone que el pago de las asignaciones familiares corresponde a los trabajadores en relación de dependencia menores de 18 años y que no corresponde la percepción de asignaciones familiares por los menores emancipados.

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