Derecho del trabajo y de la seguridad social






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Monto de las prestaciones.

Ante la complejidad del tema se habrá de efectuar una breve explicación acerca de la conformación de la prestación básica universal (PBU) y la prestación adicional por permanencia (PAP).

La prestación básica universal (PBU) tiene un valor equivalente a 2,5 AMPOs o MOPREs, y su monto podrá incrementarse hasta un 15 % más, computándose a razón de un 1 % por año que supere los 30 y hasta los 45.

El monto de la prestación adicional por permanencia (PAP) se calcula tomando el 0,85 % por año de aportes realizados a partir del 15/7/94. La base de cálculo es el promedio mensual de las remuneraciones con aportes de los últimos 10 años de servicios inmediatamente anteriores al cese, y no se computan los meses sin aportes.

Cuando el trabajador opta por el sistema de reparto, también tiene derecho a acceder a la llamada prestación compensatoria (PC), que ha sido establecida para compensar los años de servicios prestados con anterioridad a la implantación del sistema normado por la ley 24241 .

El monto de esta prestación es variable, y su fluctuación puede responder a los factores siguientes:

— Se calcula el 1,5 % por año de servicios con aportes al viejo sistema hasta el 15/7/94 o fracción mayor de 6 meses en que culminó su vigencia, hasta un máximo de 35 años.

— Se calcula el promedio mensual de las remuneraciones de los últimos 10 años inmediatamente anteriores al cese; no se computan los meses en los cuales el trabajador no estuvo activo y por ende no realizó aportes;

— El porcentaje acumulado se aplica sobre el promedio referido, y esto arroja como resultado el valor de la prestación compensatoria del trabajador.



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Financiamiento.

El sistema se financia por medio del pago de los aportes y contribuciones que realiza mensualmente cada trabajador a lo largo de su vida laboral útil. La responsabilidad de liquidar y depositar los aportes recae sobre el empleador, quien efectúa su parte de contribución y retiene el porcentaje correspondiente al trabajador. El porcentaje de aportes del trabajador asciende al 11 % y el del empleador al 16 %.

El empleador está obligado a depositar su contribución y el porcentaje del trabajador retenido entre los días 9 y 11 de cada mes vencido, dentro del sistema por el que haya optado el trabajador, es decir al Estado o a la A.F.J.P. elegida.

Si el trabajador optó por el sistema de reparto, los aportes son integrados al fondo previsional general del Estado. En cambio, si optó por el sistema privado, los aportes son depositados en la A.F.J.P. elegida, la que debe separarlos en dos partes: una correspondiente a gastos administrativos y seguro de vida obligatorio, y la otra, a la cuenta del trabajador inscrito a fin de integrar el fondo que constituirá su jubilación.

El valor de los aportes obrero-patronales se mide en AMPOs (aporte medio previsional) o MOPREs (módulo previsional) —según el decreto 833/97 —. El AMPOs es una unidad de medida del aporte previsional que se obtiene tomando el promedio del 11 % de los aportes realizados al sistema, y se actualiza cada seis meses (de octubre a marzo y de abril a septiembre).

Sin embargo, mediante el decreto 833/97 (“B.O.”, 29/8/97) cuyos fundamentos apuntan a “mantener la equidad y trasparencia del sistema de jubilaciones y pensiones, evitando que los indicadores de recaudación influyan en los mecanismos de movilidad previstos por la ley 24241 ”; se pretende replantear su cálculo teniendo en cuenta las posibilidades presupuestarias.

En virtud de ello se reemplaza el AMPOs por una nueva unidad de referencia que se denomina MOPREs, con un valor que fijarán, en forma conjunta y anualmente, los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Obras y Servicios Públicos según las posibilidades del presupuesto general de la Administración Nacional.

El art. 1 del decreto dispone la sustitución del art. 21 de la ley 24241 (modificado por la ley 24437 <>) por el siguiente: “módulo previsional: el módulo previsional (MOPREs) se considerará como unidad de referencia para establecer la movilidad de las prestaciones del régimen de reparto y el valor de la renta presunta de los trabajadores autónomos. Su valor será fijado anualmente por la autoridad de aplicación de acuerdo a las posibilidades emergentes del presupuesto general de la Administración Nacional para cada ejercicio”.

El art. 3 del decreto 833/97 establece que “el módulo previsional (MOPRE) reemplaza al aporte medio previsional obligatorio (AMPO) en todas las menciones de las leyes 24241 , 24347 , 24463 y 24557 , sus decretos reglamentarios y resoluciones conexas de los distintos organismos de la Administración Pública Nacional, desde la vigencia del presente”.

La Resolución conjunta 124/98 <>del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y 54/98 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (“B.O.”, 4/2/98) fijó el valor del módulo previsional (MOPRE) correspondiente al ejercicio anual de 1998 en la suma de $ 80,00.

En síntesis, se crea un nuevo parámetro por medio de un decreto de necesidad y urgencia. Doctrinariamente se cuestiona su constitucionalidad ya que modifica una ley aprobada por el Congreso nacional, dejando de lado un sistema objetivo de cálculo (AMPO) cuyo valor fue creciendo desde su creación (de $ 61,00 a $ 80,00), para adoptar un sistema sustentado en un módulo cuyo monto está sujeto a las posibilidades económicas y financieras del Presupuesto nacional y dependen de una valoración subjetiva.



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Procedimiento de la seguridad social.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) es un órgano descentralizado dentro de la jurisdicción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación —Secretaría de Seguridad Social—.

Desde la sanción del decreto 2.741/91 es el órgano competente donde se deben sustanciar reclamos o beneficios comprendidos en el Sistema Único de Seguridad Social (S.U.S.S.), relativos a aportes y contribuciones, deudas previsionales, régimen de asignaciones familiares, como así también los derivados del régimen de desempleo.

En el caso de intimaciones por deudas al S.U.S.S., el deudor las puede impugnar y debe fundar su oposición por escrito en el plazo de quince días hábiles siguientes a la intimación, presentándose en el lugar que indique la actuación administrativa que determinó la deuda. Debe presentar toda la documentación y pruebas que tenga en su poder.

La ley 23473 <>(“B.O.”, 25/3/87) crea la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social —compuesta de tres Salas con tres jueces cada una— y determina su competencia. La ley 24463 (art. 18 ) —"B.O.", 30/3/95— la trasforma en Cámara Federal de la Seguridad Social y establece el procedimiento de impugnación judicial de los actos administrativos de la ANSES. Por su parte, la ley 24655 (“B.O.”, 15/7/96) crea la Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social (compuesta de 10 Juzgados).

La Cámara Federal de la Seguridad Social es competente para resolver (art. 26 de la ley 24463):

— los recursos de apelación contra las sentencias dictadas por los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social de la Capital Federal (modificado por el art. 4 de la ley 24655);

— los recursos contra resoluciones que dicte la Dirección General Impositiva que denieguen total o parcialmente impugnaciones de deudas determinadas por el citado organismo en ejercicio de las funciones asignadas por el decreto 507/93 , siempre que en el plazo de su interposición se hubiere depositado el importe resultante de la resolución impugnada;

— los recursos contra resoluciones de los entes que administran los subsidios familiares;

— los recursos de apelación contra resoluciones de la Comisión Nacional de Previsión Social;

— los recursos de queja por apelación denegada y en los pedidos de pronto despacho según el art. 28 de la ley 19549 (de procedimiento administrativo).

La ley 24463 reforma el Procedimiento Judicial de la Seguridad Social (ley 23473 <>) y establece en el art. 15 (que luego reproduce el art. 3 de la ley 24655) el procedimiento de impugnación judicial de los actos administrativos de la ANSES.

Los actos administrativos de la ANSES se impugnan ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social de la Capital Federal, y ante los Juzgados Federales con asiento en las provincias, dentro del plazo de caducidad previsto en el art. 25 , inciso a, de la ley 19549. Se efectúa mediante un proceso sumario previsto en el C.P.C.C.N.

La ANSES actúa como parte demandada y no es necesario interponer recurso en sede administrativa para habilitar la vía judicial.

En cuanto a los medios de prueba, se admite la prueba documental, testimonial, de informes y los que el tribunal estime para mejor proveer, salvo que la ANSES articule la defensa de limitación de recursos en el Régimen de Reparto, en cuyo caso también resulta admisible la prueba pericial correspondiente, que será realizada por integrantes del cuerpo de peritos o funcionarios de la Auditoría General de la Nación (art. 17 ).

La ANSES debe cumplir las sentencias condenatorias dentro del plazo de 90 días de notificadas, hasta agotar los recursos del año fiscal destinados a ello. En el caso de que se agote, se suspende el cumplimiento de las sentencias pendientes, y se reanuda el cómputo de los plazos para su cumplimiento a partir del comienzo del año fiscal, en el que se destinarán nuevos recursos hasta su agotamiento.

La ANSES tiene que respetar el orden cronológico de las sentencias definitivas, salvo las que hayan quedado pendientes, en cuyo caso deberá otorgarle prioridad a los beneficiarios de más edad; se aplican las leyes 23982 y 24130 (art. 22 ).

La ley dispone que los bienes y cuentas de la ANSES no pueden embargarse, ni tampoco los jueces pueden fijar un plazo distinto para el cumplimiento de las sentencias, ni aplicar sanciones pecuniarias, compulsivas o conminatorias a los organismos respectivos, ni a los funcionarios competentes, salvo en los casos de amparo por mora (art. 23 ).

Las sentencias definitivas de la Cámara Federal de la Seguridad Social son recurribles ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante recurso ordinario, sin importar el monto del juicio. Los fallos de la Corte son obligatorios para los jueces inferiores en las causas análogas (art. 19 ).

La Ley 24655 determina la competencia de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social; el art. 2 dispone que son competentes:

— en las causas enunciadas en el artículo 15 de la ley 24463;

— en las demandas que versen sobre la aplicación de los regímenes de retiros, jubilaciones y pensiones establecidos por la ley 24241 ;

— en las demandas referidas a la aplicación de regímenes de retiros, jubilaciones y pensiones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad;

— en el amparo por mora que prevé el artículo 28 de la ley 19549, modificada por la ley 21686 , en materia de seguridad social;

— en las ejecuciones de créditos de la Seguridad Social perseguidas por la Dirección General Impositiva en ejercicio de las funciones que le asigna el decreto 507/93 ;

— en las causas asignadas a la Justicia Nacional de Primera Instancia del Trabajo por el artículo 24 de la ley 23660.

La misma ley crea el Ministerio Público de Primera Instancia que actúa ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social de la Capital Federal, con las siguientes atribuciones (art. 6):

— velar por la observancia de leyes, decretos y disposiciones que aplique la Justicia Federal de la Seguridad Social, solicitando el remedio de abusos y defendiendo imparcialmente el orden jurídico e interés social;

— intervenir en los asuntos que interesen a los menores de edad, incapaces o ausentes, o en los que estén afectados sus derechos, y entablar acciones o recursos en su defensa, junto a sus representantes;

— ser parte necesaria en las causas de la seguridad social y cuestiones de competencia;

— velar por la uniformidad de la jurisprudencia;

— evacuar las vistas conferidas por los jueces o la Cámara;

— pedir las medidas tendientes a prevenir o remediar colusiones de las partes;

— promover por sí o por intermedio de la autoridad que corresponda, la aplicación y ejecución de las sanciones por inobservancia de las leyes de fondo y procesales;

— intervenir en todos los demás casos previstos por las leyes.

Seguro de desempleo.



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Concepto y alcance.

La ley 24013, en sus arts. 111 a 152, prevé la protección de los trabajadores que estén sin empleo por medio de un sistema integral de prestaciones por desempleo y un servicio de formación, empleo y estadísticas: a fin de financiar dichos institutos crea el Fondo Nacional de Empleo.

Las personas comprendidas por esta protección son todos los trabajadores cuyo contrato se rija por la L.C.T. Por lo tanto, están excluídos:

— los trabajadores comprendidos en el régimen nacional de trabajo agrario;

— los trabajadores del servicio doméstico;

— los que dejaron de prestar servicios en la Administración Pública Nacional, provincial o municipal afectados por medidas de racionalización administrativa (art. 112 ).



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Requisitos para acceder al beneficio.

El art. 113 establece los requisitos para tener derecho a las prestaciones por desempleo:

— estar en situación legal de desempleo y estar dispuesto para ocupar un puesto adecuado;

— estar inscrito en el Sistema Único de Registro Laboral o en el Instituto Nacional de Previsión Social;

— haber aportado al Fondo Nacional del Empleo por un período mínimo de 12 meses durante los 3 años anteriores al cese del contrato de trabajo que originó el estado de desempleo;

— si el trabajador fue contratado por una empresa de servicio eventual habilitada, haber aportado durante un período mínimo de 90 días durante los 12 meses anteriores al cese de la relación y posterior estado de desempleo;

— no percibir beneficios previsionales o prestaciones no contributivas;

— haber solicitado el beneficio de la prestación en tiempo y forma.

Los trabajadores comprendidos en la situación de desempleo son los incluídos en las causales de extinción que enumera el art. 114 . Como principio general, puede establecerse que la relación laboral no se debe haber extinguido por responsabilidad del trabajador ni por su voluntad o decisión unilateral.

El mencionado artículo enumera las siguientes causales:

— despido sin justa causa;

— despido por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo no imputable al empleador;

— despido indirecto del trabajador;

— extinción colectiva de los contratos de trabajo por motivos económicos o tecnológicos;

— extinción del contrato por quiebra o concurso del empleador;

— vencimiento del plazo convenido, de la realización de obra, tarea asignada o del servicio objeto del contrato;

— muerte, jubilación o invalidez del empleador cuando estas causas conlleven a la extinción del contrato;

— interrupción o no reinicio del contrato de temporada.

En caso de duda respecto a la existencia de relación laboral o de la causal de despido, se requerirá sumariamente la actuación administrativa del Ministerio de Trabajo, la que no se podrá invocar en un futuro juicio laboral.

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