Derecho del trabajo y de la seguridad social






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PRÁCTICA LABORAL. MODELOS

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CAPÍTULO XXIV - EL DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



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Definición.

El Derecho de la Seguridad Social es la rama del derecho que se ocupa de amparar al trabajador dependiente, al autónomo y al desempleado, de las contingencias de la vida, que pueden disminuír la capacidad de ganancia del individuo. Se materializa mediante un conjunto de medidas y garantías adoptadas en favor de los hombres para protegerlos contra ciertos riesgos.

Los fines de la Seguridad Social no son los mismos que los del Derecho del Trabajo pero los dos se caracterizan por su carácter protector y por garantizar determinado nivel de subsistencia a las personas.

Mientras el Derecho del Trabajo se ocupa exclusivamente del trabajador en relación de dependencia, el sujeto del Derecho de la Seguridad Social es el hombre. Para lograr sus objetivos utiliza métodos y técnicas jurídicas propias que también lo diferencian del derecho del trabajo.



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Encuadre jurídico.

El Derecho de la Seguridad Social tiene raigambre constitucional. La Constitución nacional, en el art. 14 bis , garantiza a los trabajadores los siguientes beneficios inherentes a la seguridad social: el seguro social obligatorio, las jubilaciones y las pensiones móviles y la protección integral a la familia.

El artículo 14 bis expresa que “...el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social...” que tendrá carácter integral e irrenunciable. Por integral se debe interpretar que la cobertura de las necesidades debe ser amplia y total, no especificando las necesidades que tiende a amparar. El carácter irrenunciable apunta a la obligatoriedad: la incorporación al sistema no admite voluntad en contrario.

La norma constitucional dispone que la ley establecerá un seguro social obligatorio; la referencia al seguro social excluye el régimen de jubilaciones y pensiones porque se trata de dos sistemas de cobertura distintos dirigidos a cubrir necesidades diferentes: en el régimen jubilatorio no está incluído el seguro social.

El seguro social obligatorio estará a cargo de entidades nacionales o provinciales. Esto significa que en caso de falta de decisiones no sería inconstitucional que los organismos federales se encargaran de ello.

Por su parte, el art. 75 , inc. 12, de la Constitución nacional otorga al Congreso la facultad de dictar el Código del Trabajo y de la Seguridad Social, es decir, la normativa de fondo específica de la materia.

También los tratados internacionales contribuyen a la conformación del sistema argentino de la Seguridad Social. Recientemente, y en el marco del MERCOSUR, la Argentina ha suscrito varios acuerdos bilaterales en materia previsional.



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Contingencias cubiertas.

Las contingencias son circunstancias de la vida que disminuyen en forma parcial o total el ingreso del hombre. Las contingencias cubiertas se pueden clasificar en biológicas, patológicas y sociales.

Las prestaciones otorgadas por la seguridad social para amparar cada una de las contingencias cubiertas son las siguientes:

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a) Contingencias biológicas:

1) maternidad: asistencia médica, internación para el alumbramiento y atención del recién nacido;

2) vejez: régimen jubilatorio, prestaciones por A.F.J.P. y beneficios para el cuidado de la salud;

3) muerte: pensión y asistencia médica para los derechohabientes;

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b) Contingencias patológicas:

1) enfermedades y accidentes inculpables: salarios a cargo del empleador y obras sociales para la recuperación;

2) accidentes de trabajo y riesgos laborales: cobertura completa, ingreso mensual asegurado y asistencia médica;

3) invalidez: jubilación por invalidez y asistencia médica.

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c) Contingencias sociales:

1) cargas de familia: asignaciones familiares, asistencia médica mediante las obras sociales;

2) desempleo: salarios asegurados, asistencia médica y reconversión.



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Sujetos.

El Derecho de la Seguridad Social tiene un sujeto más amplio que el Derecho del Trabajo, ya que no sólo abarca a los trabajadores dependientes, sino que protege, además, a los autónomos y a los desempleados. Es decir, que los beneficiarios de la Seguridad Social son todos los hombres y su objeto es amparar las necesidades que dificultan su bienestar.



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Tipos de prestaciones.

Los tipos de prestaciones propias de la Seguridad Social son las siguientes: servicios, beneficios y prestaciones en dinero o especie.

a) Servicios: por ejemplo, atención médica para un accidentado, atención de un parto, etc.

b) Beneficios: son los que brindan una mejor cobertura y calidad de vida al trabajador y a su núcleo familiar; como la guardería para los hijos, los tickets, etc.

c) Prestaciones en dinero o especie: las prestaciones en dinero son, entre otras, las asignaciones familiares que compensan en dinero al trabajador por sus cargas de familia. Las prestaciones en especie son, por ejemplo, los medicamentos que se entregan al trabajador.

En cuanto a su duración, las prestaciones pueden ser periódicas, de pago único y de pago ocasional.

Son periódicas cuando se liquidan en forma mensual; de pago único cuando se abonan sólo en el momento de producirse la causa que las origina y de pago ocasional cuando se abonan al producirse la contingencia que motiva su prestación.



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Principios.

El Derecho de la Seguridad Social se funda en la necesidad de la comunidad de alcanzar un pleno estado de justicia social, es decir, que no tiene un origen contractual.

Debido a ello, los principios de la Seguridad Social son diferentes a los del Derecho del Trabajo. Sintéticamente se pueden enumerar los siguientes:

a) Solidaridad: la Seguridad Social debe entenderse como una obligación de la cual toda la sociedad es responsable respecto de las contingencias que pueden sufrir cualquiera de sus componentes.

b) Subsidiariedad: los sistemas de la Seguridad Social tienden a obligar al Estado a que no abandone su responsabilidad de cubrir las posibles contingencias que pueden llegar a sufrir cualquiera de los individuos que conforman la comunidad que gobierna y ordena. Para la Seguridad Social esta obligación del Estado es indelegable y debe brindarla en todo momento, tanto por sí como por medio de los organismos que lo componen.

c) Universalidad: la cobertura de servicios de la Seguridad Social se extiende a todos los individuos y grupos que integran un todo social sin ninguna excepción.

d) Integridad: la Seguridad Social pretende neutralizar los efectos nocivos que producen las contingencias sociales.

e) Igualdad: la Seguridad Social está obligada a brindar igual cobertura a todos los individuos, con la única condición de que estén en igualdad de circunstancias.

f) Unidad de gestión: la Seguridad Social debe ser regulada por una legislación única y organizada, y ejecutada por medio de una estructura financiera y administrativa única. Sin embargo, actualmente se han trasferido diversas prestaciones a manos privadas u organismos independientes de la estructura estatal, lo que ha motivado que se esté gestando un nuevo principio: el de “Descentralización”.

g) Inmediación: el bien jurídico protegido es el hombre, por lo tanto, el objeto de la disciplina se dirige a protegerlo contra el desamparo. El beneficio se debe otorgar cuando existe la necesidad, debiendo primar, inclusive, por encima de la acreditación del derecho para acceder al mismo.

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El sistema integrado de jubilaciones y pensiones.



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Antecedentes.

El primer antecedente conocido del sistema argentino de Seguridad Social se remonta a 1904, cuando se estableció un régimen previsional para los trabajadores dependientes de la Administración Pública Nacional.

Sin embargo, recién en 1944 se organizó el sistema previsional en la forma conocida actualmente, con la creación del Instituto Nacional de Previsión Social. El régimen previsional que cubría únicamente a los empleados públicos fue extendido a los trabajadores dependientes de la actividad mercantil y, dos años más tarde, a los de la industria.

En 1968 fue creada la Dirección Nacional de Recaudación Previsional y fueron sancionadas las leyes 18037 para los trabajadores dependientes y 18038 para los autónomos. Ambas leyes estuvieron vigentes hasta el año 1994, en que fue sancionada la ley 24241 que es la que rige actualmente.



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Funcionamiento.

En virtud de la nueva organización del régimen previsional argentino, establecido por la ley 24241 , los trabajadores —sean autónomos o dependientes— pueden optar por dos sistemas de previsión social perfectamente diferenciados: el régimen de reparto (Estado) y el régimen mixto o de capitalización.

El control del régimen de capitalización es la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, dependiente de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.

Para la administración del régimen mixto fue autorizado el funcionamiento de Administradoras de Fondos de Pensión (A.F.J.P.), que son entidades privadas encargadas de recibir los aportes de los trabajadores y administrarlos hasta el momento de su efectiva percepción: al tiempo de terminar su vida laboral y jubilarse. Estas administradoras (A.F.J.P.) están obligadas a producir renta sobre los aportes recibidos, los que son controlados por la Superintendencia.



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Sujetos.

Dentro del Sistema de Seguridad Social están comprendidos los siguientes sujetos:

— Los trabajadores dependientes —transitorios y permanentes— de la Administración Pública Nacional.

— Los trabajadores de gobiernos provinciales, municipales y de organismos interprovinciales integrados al Estado nacional.

— Los trabajadores de empresas del Estado y de entidades autárquicas.

— Los trabajadores que prestan tareas en la actividad privada.

— Los trabajadores autónomos en todas sus clases o categorías.

— Los trabajadores al servicio de representaciones diplomáticas extranjeras, y aquellos que presten tareas en las oficinas de organismos internacionales.

— Los profesionales liberales en cualquier actividad.

— Los empresarios y directivos que desempeñan tareas de dirección o administración de empresas.



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Contingencias cubiertas y prestaciones.

El Sistema de Seguridad Social cubre distintas contingencias y otorga protección por medio de prestaciones:

— La vejez: A esta contingencia la protege con el otorgamiento de la jubilación ordinaria. Este beneficio es concedido a aquellas personas que han llegado al final de su vida laboral útil. Nuestra legislación establece para los hombres la edad de 65 años y para las mujeres la de 60.

Para acceder al goce de este beneficio deben acreditar, en forma fehaciente, 30 años de servicios con realización de aportes, y se computan los aportes efectuados en cualquiera de los sistemas vigentes. También existen una serie de regímenes especiales que exigen otros requisitos de edad y de prestación de servicios para actividades profesionales determinadas.

— La edad avanzada: A esta contingencia la protege con la jubilación por edad avanzada. Este beneficio es concedido a aquellas personas, de ambos sexos, que superan la edad de 70 años, debiendo acreditar 10 años de servicios con aportes; asimismo, de esos 10 años de aportes deben acreditarse por lo menos 5 dentro de los 8 anteriores al cese del trabajador.

— La invalidez: La prestación de la seguridad social que protege esta contingencia es la jubilación por invalidez. Este beneficio se otorga al trabajador cuando sufre una incapacidad permanente que le impide desarrollar normal y habitualmente sus tareas; se otorga en caso de que la incapacidad se haya producido antes de que el trabajador llegue a la edad final de su vida laboral útil.

El estado de invalidez debe ser acreditado en forma fehaciente ante autoridad médica oficial y con la presentación de los correspondientes antecedentes médicos. Una vez concluídos los estudios del trabajador, la autoridad médica oficial (una comisión de cinco facultativos) tiene un plazo de 10 días para expedirse sobre la viabilidad del beneficio solicitado.

Si se determina que el trabajador está incapacitado en un porcentaje igual o superior al 66 %, se le confiere el “retiro transitorio por invalidez” y se le indica —de resultar posible— el tratamiento a seguir para su rehabilitación.

Para la determinación del monto de la prestación, se tienen en cuenta los años trabajados y los que restan por trabajar dentro de la vida útil normal, hasta alcanzar la jubilación ordinaria. El cálculo se efectúa tomando en consideración la prestación básica universal (PBU), la prestación adicional por permanencia (PAP) y al resultado se le adiciona la prestación compensatoria (PC), cuya cuenta es independiente. El pago lo realiza la ANSES, organismo oficial que regula y administra el sistema único de la Seguridad Social.

— La muerte: A esta contingencia la protege con el otorgamiento de pensiones. Este beneficio se otorga a aquellas personas que el trabajador tenía a su cargo al momento de su muerte. Por lo general, los beneficiarios más comunes de las pensiones son la viuda o viudo, los convivientes y los hijos e hijas solteros hasta los 18 años, si no gozan de otro beneficio previsional.

En el caso de los convivientes (concubinos), su derecho a la pensión se reconoce luego de vivir con el trabajador fallecido 5 años en aparente matrimonio. Este período se reduce a 2 años si han nacido hijos como consecuencia de la convivencia alegada.

Para determinar el valor del monto de la pensión a percibir por un derechohabiente del trabajador fallecido, se tiene en cuenta la PBU hasta la fecha de la obtención de la jubilación ordinaria. Luego, a este monto se le suma la PC y la PAP. El valor que se obtiene después de este cálculo, genera un derecho a la pensión por un 70 % del total.

Asimismo, el fallecimiento del trabajador genera el derecho a percibir el reintegro de los gastos emergentes de su sepelio por un valor igual a los tres salarios mínimos vitales y móviles.

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