Derecho del trabajo y de la seguridad social






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Prestaciones dinerarias.

Puede consistir en una suma fija —similar a la fijada en las leyes anteriores— o en una renta periódica, es decir, una suma que se abona en forma mensual —prestación mensual— hasta los 65 años o de por vida, según los casos. Para establecer cuál de ellas corresponde es esencial tener en cuenta el porcentaje de incapacidad que padece el trabajador.

Para determinar su cuantía es necesario determinar la incapacidad, el ingreso base diario y mensual, la edad del trabajador y las cargas de familia. La percepción de las prestaciones dinerarias es compatible con el desempeño de actividades remuneradas.

El ingreso base diario (IBD) surge de dividir la suma total de las remuneraciones sujetas a cotización de los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante o al tiempo de prestación de servicio (si fuera menor que un año), por el número de días corridos comprendidos en el período considerado (art. 12 ).

El ingreso base mensual (IBM) consiste en multiplicar la cantidad obtenida (ingreso base diario) por 30,4 (365 % 12), que es el promedio de días corridos que tiene cada mes en un año (art. 12 ).

Las prestaciones dinerarias varían según el grado de incapacidad del trabajador (parcial —leve o grave— y total) y su carácter (temporaria, provisoria o permanente). Pueden presentarse las siguientes situaciones:

I) Incapacidad laboral temporaria.

II) Incapacidad laboral permanente:

A) provisoria: parcial o total;

B) definitiva:

1) parcial: leve o grave.

2) total.

III) Gran invalidez.

IV) Fallecimiento.



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I) Incapacidad laboral temporaria (arts. 7 y 13 ):

Es la que inhabilita temporariamente al trabajador para prestar tareas. Se trata de un impedimento transitorio que tiene una duración máxima de 12 meses contados desde la producción del accidente o desde la primera manifestación invalidante de la enfermedad.

En este período el trabajador percibe una prestación de pago mensual equivalente al ingreso base mensual que no tiene carácter remuneratorio. Por tanto, el trabajador percibe menos de la remuneración que cobró el último mes, ya que el ingreso base prescrito por la ley es un promedio anual de los salarios percibidos.

Durante los diez primeros días de la incapacidad laboral temporaria, el pago está a cargo del empleador; en cambio, a partir del día undécimo está a cargo de la A.R.T. tanto la prestación dineraria —pago mensual del ingreso base— como las prestaciones en especie.

La incapacidad laboral temporaria se extiende hasta la presencia de cualquiera de las siguientes circunstancias que produce su cese:

1) alta médica producida antes de trascurrido un año contado desde su manifestación;

2) declaración del estado de incapacidad permanente;

3) trascurso de un año desde la primera manifestación invalidante;

4) muerte del damnificado.



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II) Incapacidad laboral permanente (arts. 8 , 9, 14 , 15 y 16):

Comienza con la finalización de la incapacidad temporaria. Puede ser provisoria o definitiva.

A) Incapacidad laboral permanente provisoria: se extiende hasta los 36 meses, lapso que se puede ampliar por un máximo de 24 meses más. Vencidos los plazos indicados, si no hubiera recuperación del trabajador afectado, la incapacidad laboral permanente se considera definitiva.

Mientras dura la provisionalidad, las A.R.T. abonan al trabajador las siguientes prestaciones mensuales:

— Si la incapacidad es parcial, es decir, menor que el 66 %, debe pagar una suma mensual equivalente al 70 % del valor mensual del IB (ingreso base) multiplicado por el porcentaje de incapacidad, más el salario familiar (70 % IB x % Inc. + salario familiar).

— Si la incapacidad es total debe pagar una suma equivalente al 70 % del valor mensual del IB, más las asignaciones familiares (70 % x IB + salario familiar).

B) Incapacidad laboral permanente definitiva: puede ser parcial o total. La percepción de las prestaciones dinerarias es compatible con el desempeño de actividades remuneradas.

1) Incapacidad laboral permanente definitiva parcial: puede ser leve o grave.

a) Leve: es aquélla en que el grado de incapacidad es inferior o igual al 50 %. Pero en el período de transición inicial de aplicación de la ley de riesgos del trabajo —que no excederá de 3 años— se considera incapacidad laboral permanente definitiva parcial leve a toda aquélla cuyo porcentaje fuera menor que el 20 %.

En estos supuestos, se abona como pago único al cesar la incapacidad temporaria, a cargo de la aseguradora de riesgos del trabajo, una suma equivalente al valor resultante de multiplicar 43 veces el IB (IB x 43) por el porcentaje de incapacidad y por el coeficiente de edad que surge de dividir 65 por la edad del trabajador damnificado a la fecha de la invalidez (IB x 43 x % inc. x [65 % edad]).

Para este pago único rige un tope que resulta de multiplicar $ 110.000,00 por el porcentaje de incapacidad (Dec. 839/98 ).

b) Grave: es la de grado mayor que el 50 % (en el período de transición, 20 %) y menor que el 66 %. En este caso, la A.R.T. debe pagar al trabajador una renta periódica hasta los 65 años de edad, cuyo monto es igual al 70 % del IB multiplicado por el porcentaje de incapacidad (70 % IB x % Inc.).

El valor esperado de la renta periódica no puede ser superior a $ 110.000,00 (dec. 559/97 , 20/6/97).

2) Incapacidad laboral permanente definitiva total: es aquella cuyo grado de incapacidad es del 66 % o más. En el período de provisionalidad de esta incapacidad, la A.R.T. paga una suma igual al 70 % del IB del trabajador más las asignaciones familiares, por eso, el trabajador no tiene derecho a las prestaciones del sistema previsional.

Al ser definitiva debe abonar una renta periódica que se determina actuarialmente sobre un capital equivalente al IB multiplicado por 43 y por el coeficiente de edad que surge de dividir 65 por la edad del trabajador afectado. El tope de este beneficio dinerario es de $ 110.000,00 (dec. 559/97 , 20/6/97). Además, debe recibir las prestaciones que por retiro definitivo por invalidez establezca el régimen previsional al que estuviera afiliado (Capital = IB x 43 x [65  edad]).

La renta está a cargo de la respectiva administradora de fondo de jubilaciones y pensiones o de la Administración Nacional de Seguridad Social, en forma complementaria al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (S.I.J.P.), pero su capital será integrado por la A.R.T.



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III) Gran invalidez (arts. 10 y 17 ):

Se trata de la incapacidad laboral permanente total, en la que el trabajador afectado necesita de la asistencia continua de otra persona.

Además de las prestaciones previstas para la incapacidad laboral permanente total, la A.R.T. debe pagar una prestación de pago mensual cuyo importe equivale a tres AMPOs o MOPREs que se extingue con la muerte ($ 240,00).



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IV) Fallecimiento (art. 18 ):

Las prestaciones son las mismas que en el caso de incapacidad laboral permanente definitiva total, y corresponde que los derechohabientes perciban, además, la pensión por fallecimiento.

El pago de la renta periódica (art. 19 ) comienza en la fecha de declaración del carácter definitivo de la incapacidad permanente parcial y se extingue —según los casos— con la muerte del beneficiario o en la fecha en que esté en condiciones de acceder a los beneficios jubilatorios. (Ver diagrama en página siguiente).

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Críticas a la ley.

Las principales críticas que parte de la doctrina ha formulado a la ley 24557 se pueden sintetizar en los siguientes puntos:

1) La limitación al derecho de accionar con fundamento en el derecho común es inconstitucional porque viola: el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Social y Cultural, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Protocolo Facultativo.

2) El derecho a la integralidad en las prestaciones es una ficción, ya que las prestaciones dinerarias sólo reparan una parte del daño patrimonial sufrido por el trabajador.

Por ejemplo, en caso de producirse un daño psíquico no existiría una reparación compensadora ante la imposibilidad de retornar “las cosas” a su anterior estado, ya que en la ley no existen perjuicios susceptibles de ser reparados. Tampoco se contempla el daño moral, lo que viola el derecho de protección a la honra y dignidad.

3) La inexistencia de reparación, en caso de que el trabajador padezca alguna de las enfermedades profesionales que no estén en el listado; ese trabajador no tiene posibilidad de accionar con fundamento en la ley 24557 ni en el Código Civil.

Desde esta perspectiva, resultaría violatoria al dictamen de la Comisión de Convenios A.C.D., 19/2, de la O.I.T., en el convenio 42, recomendación 21, que prohíbe imponer un sistema cerrado donde no se permita probar otras enfermedades que a pesar de no estar en esa lista igualmente causen un daño a un dependiente. Se sostiene que por más exhaustivo que fuera el listado resulta imposible abarcar todas las dolencias.

4) Se objeta la no inclusión en la cobertura de las enfermedades laborales “no profesionales”, es decir, las enfermedades concausadas por las condiciones y ambiente de trabajo, que deja a los trabajadores que las padezcan sin ninguna posibilidad de solicitar ninguna reparación.

5) No se contempla el caso del trabajador no registrado: si sufre un accidente —por su condición “de no registrado”— el daño causado no tiene reparación, porque la A.R.T. no se hace cargo de resarcir riesgos no contratados: el empleado no registrado no está incluído, obviamente, en la nómina de trabajadores asegurados.

6) Para establecer los derechohabientes la ley 24557 se remite a la ley 24241 , pero esta ley no considera a determinadas personas derechohabientes y por lo tanto no pueden acceder al beneficio; tal el caso de los padres de la víctima. Esto es trascendente ya que —según datos estadísticos— gran parte de los trabajadores son solteros.

7) La asignación de competencia judicial: parte de la doctrina entiende, por distintas razones, que el juez competente es el juez laboral: desde el punto de vista procesal, ya que las controversias procesales son cuestiones reservadas a las provincias, y por una razón de lógica jurídica, ante la existencia de un contrato de trabajo el juez natural, que por su formación y especialización resulta más adecuado, es el juez del trabajo.



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Jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad de la ley 24557 .

Varios fallos de Tribunales Provinciales y de la Justicia Nacional del Trabajo han declarado la incostitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Riesgos de Trabajo. Se ataca esencialmente la ineficacia del sistema para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la propia ley y la validez constitucionalidad de algunas de sus disposiciones.

A modo de ejemplo, pueden citarse los siguientes pronunciamientos.

— Tribunal del Trabajo Nº 1, Necochea, sent. del 30/4/98, “Arias, Jorge Alberto, c/SAFICO G.A.”. Declara la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22, 46 y de la disposición adicional tercera del art. 49 de la L.R.T., por restringir el acceso a la justicia y violar distintos artículos de la Constitución Nacional (5 , 17 , 18, 75 inc. 12 y 109 ), Constitución Provincial (1 , 15 y 39 ), ley 11653 <>, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana sobre Derechos Humanos y Declaración Universal de Derechos Humanos.

— Tribunal del Trabajo Nº 3 de Lomas de Zamora, sent. del 15/5/98, “Vera, Carlos Ariel, c/Canfide S.A.C.”, y sent. del 12/6/98, “Balcazar, Eugenia, c/Álvarez Patiño S.A.”. Declaran la inconstitucionalidad de los arts. 1 , 2 , 6 , 12 , 14 , 15, 21 , 22, 39 , 40, 46 , 49 cláusulas adicionales 1, 3, y 5 de la L.R.T., por cercenar los derechos establecidos en la Constitución Nacional, Constitución Provincial y varios Tratados Internacionales.

— Tribunal del Trabajo Nº 5 de San Isidro, sent. del 24/6/98, “Suárez, Rodolfo Matías, c/Molinos Cabodi Hnos. S.A.”. Declara la inconstitucionalidad de los arts. 6 , 8 , 14 , 21 , 22, 39 , 40, 46 y 49 disposiciones adicionales 1, 3 y 5 de la L.R.T., por entenderlos violatorios de varios artículos de la Constitución Nacional, Constitución Provincial y Tratados Internacionales.

— Tribunal del Trabajo Nº 1 de Quilmes, sent. del 3/8/98, “Estay, Roberto Eugenio, c/T.U.Q. S.A.”. Declara la inconstitucionalidad de la disposición adicional tercera del art. 49 y del art. 39 de la L.R.T.

— Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 27, sent. 17.524 del 9/12/98, “Rivero, Mónica Elvira, c/Techo Técnica S.R.L., s/Accidente. Acción civil”. Declara la inconstitucionalidad del art. 39.1 de la L.R.T. por entenderlo violatorio de la garantía de igualdad impuesta por el art. 16 de la Constitución Nacional, atentoria de la protección que las leyes deben brindar al trabajo, y a partir de ello a todas sus consecuencias, y consagradora de un trato discriminatorio que el legislador no pudo imponer sino soslayando la vigencia de normas de jerarquía superior a las cuales toda ley debe someterse.

— Dictamen del fiscal general del Trabajo Nº 27.107, del 19/5/99, en el caso “Rivero”. Se refiere a la extensión de responsabilidad de la A.R.T.; al entender que la aseguradora de riesgos del trabajo no cumplió con la función que la ley le asigna, resulta aplicable la pauta interpretativa del art. 902 del Código Civil, porque la ley 24557 tuvo por objetivo primordial reducir la siniestralidad laboral mediante la prevención de los riesgos derivados del trabajo y encomendó a las A.R.T. una parte trascendente de tal intención, lo que genera un reproche más intenso, ante las omisiones en las que se incurriera, por lo que sostiene que la A.R.T. incurrió en una clara conducta culposa (doct. arts. 512 y concs. del Código Civil) y rige lo dispuesto por el art. 1074 del Código Civil, por la omisión “ocasionó” el daño".

— Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 41, sent. 8121, del 7/5/99, “Cyment Cyrla c/Generali Argentina Cía. de Seguros Patrimoniales S.A., s/Amparo”. Declaró la inconstitucionalidad de los arts. 15 inc. 2º, 18 y 19 de la ley 24557, al sostener que los arts. 15 apartado 2, 18 y 19 de la ley 24557 agravian al art. 14 C.N. por cuanto le está vedado a la víctima de un infortunio laboral disponer de un crédito resarcitorio, en favor del lucro de terceros intermediarios. Agravian el art. 14 bis ya que por medio de la imposición de la renta periódica se impone un falso sistema de seguridad social que se advierte claramente alejado del precepto constitucional; afecta el art. 16 de la C.N. al disciminar con reparaciones misérrimas mediante la modalidad de rentas mensuales a los trabajadores por su condición de tales; viola el art. 17 de la C.N. cuando dice que: “la propiedad es inviolable y ningún habitante puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley”; conmueve el art. 28 de la C.N., cuando establece que: “los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio”; viola el art. 75 inc. 19 de la C.N. cuando dispone que: “corresponde al Congreso proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social”; agravia el art. 75 inc. 23 cuando “garantiza la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicios de los derechos reconocidos por esta Constitución” y, por último, dado que la reforma constitucional de 1994 incorporó al sistema jurídico argentino con rango constitucional los tratados internacionales afecta el art. 75 inc. 22, de modo que, una norma interna que contraría la Constitución Nacional agravia al Derecho Internacional en materia de derechos humanos, genera responsabilidad internacional, situación en la que se encuentra la ley 24557 al violar la Declaración Americana de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el pacto internacional de Derechos civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales".

— Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 20, sent. 19.389, del 10/5/99, “Maldonado, Mario Víctor c/Hielo Azul S.R.L. y otro, s/Acción civil”. Declara la inconstitucionalidad del inc. 1 del art. 39 y del inc. 2 de la disposición adicional primera del art. 49 de la ley 24557, al entender que “tales disposiciones resultan claramente violatorias de la garantía establecida en el art. 16 y de las declaraciones y convenciones a las que el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional otorga jerarquía constitucional. Se oponen abiertamente a lo establecido en los arts. 2 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, Sesión Plenaria del 10/12/48); y en los arts. 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, del 22/11/69).

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