Derecho del trabajo y de la seguridad social






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El trabajo en la Ley de Contrato de Trabajo (L.C.T.).

El art. 4 de la L.C.T. dispone que “constituye trabajo, a los fines de esta ley, toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Sólo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley”.

De la definición legal surgen distintos caracteres:

1) “productividad”, porque le sirve tanto a quien va destinado como al propio ejecutor, ya que constituye para él un medio para su subsistencia;

2) “ajenidad”, por cuanto se realiza para otro, y, por ende, el trabajador no goza de los frutos de lo producido (que quedan en poder del empleador), ni participa en la organización del trabajo, ni tampoco asume los riesgos;

3) “libertad”, en lo que respecta al ejercicio de la voluntad del trabajador para efectuarlo.



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El trabajo autónomo.

El trabajo que regula la L.C.T. no es todo el trabajo humano; queda fuera de su alcance el trabajo benévolo, el familiar y el trabajo autónomo.

En el llamado trabajo benévolo —gratuito— no se observa una relación de cambio (trabajo-remuneración) sino que se presta en forma desinteresada, sin buscar el beneficio propio; se puede citar como ejemplo el trabajo realizado en una parroquia.

En principio, tampoco cabe incluír dentro de la L.C.T. el denominado “trabajo familiar”; por ejemplo, los cónyuges o los padres respecto a sus hijos que están bajo su patria potestad.

El trabajo autónomo, a diferencia del trabajo benévolo, es retribuído, pero no incluye la nota de dependencia: el autónomo trabaja por su cuenta y riesgo; por ejemplo, el dueño de un kiosco o un cuentapropista.

El trabajador autónomo no trabaja sometido a una organización ajena, sino que lo hace en su propia organización o trabaja solo. Es un trabajador independiente: trabaja bajo su propio riesgo —autorriesgo— y puede ganar mucho, poco o nada.

No está protegido por la L.C.T. ni por ninguna otra norma del derecho del trabajo: no está sujeto a un régimen de jornada (lugar y tiempo de trabajo), ni a recibir órdenes ni sometido al poder disciplinario; pero tampoco goza de vacaciones pagas, ni de licencias, ni tiene derecho a percibir como mínimo un determinado salario legal o convencional, entre otros beneficios.



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La relación de dependencia.

El trabajador protegido por la L.C.T. y el derecho individual del trabajo es el que presta su actividad personal a cambio de una remuneración, en relación de dependencia o subordinación respecto a otro —empleador (persona física o empresa)— que requiere de sus servicios.

El trabajador dependiente es una persona física que se caracteriza por:

a) trabajar en una organización ajena, sometido a las directivas o instrucciones que se le imparten;

b) trabajar bajo el riesgo de otro, que recibe la tarea y la dirige: no asume riesgos económicos;

c) estar protegido por la Constitución nacional (art. 14 bis ) y por la legislación de fondo (L.C.T., entre otras): tiene una remuneración mínima asegurada (el salario mínimo, vital y móvil), su jornada legal es de 8 horas ó 48 semanales con un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas, las vacaciones son pagas, está protegido contra el despido arbitrario, etc.

La relación de dependencia entre empleador y trabajador no es un vínculo de superior a inferior en dignidad —no hay una subordinación servil— sino que se trata de trabajo dirigido: el trabajador está bajo la dependencia o dirección del empleador (cumple horarios, recibe órdenes, etc.). Es sólo una forma de relación jurídica: el trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo y se somete a sus decisiones e instrucciones respecto del trabajo, y el empleador se compromete a pagarle la remuneración pactada y a otorgarle condiciones de trabajo dignas, seguras e higiénicas para su condición humana.

La relación de dependencia se caracteriza por la subordinación que se manifiesta en un triple sentido:

1) técnico: somete su trabajo a los pareceres y objetivos señalados por el empleador;

2) económico: no recibe el producto de su trabajo y no comparte el riesgo de la empresa;

3) jurídico: es la principal característica para configurar la dependencia; consiste en la posibilidad jurídica del empleador de dirigir en el empleo la conducta del trabajador hacia los objetivos de la empresa. El trabajador está sometido a la autoridad del empleador: facultades de dirección, control y poder disciplinario.

 

 

 

 

No hay dependencia




TRABAJADOR AUTÓNOMO
Excluido del Derecho
del Trabajo

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

Trabaja por su cuenta y riesgo




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

técnica

TRABAJADOR EN RELACIÓN
DE DEPENDENCIA

 

 

 

Subordinación

 

 

 

económica

 

 

 

 

 

 

 

 

jurídica



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Derecho del trabajo.



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Concepto.

En sentido amplio, se puede definir al derecho como el conjunto de principios y normas jurídicas (coercitivas) que regulan la conducta del hombre en sociedad. El derecho debe ser entendido como una unidad sistemática; al derecho del trabajo —como parte del derecho— se lo puede definir como el conjunto de principios y normas jurídicas que regula las relaciones —pacíficas y conflictivas— que surgen del hecho social del trabajo dependiente, y las emanadas de las asociaciones profesionales —sindicatos y cámaras empresariales— entre sí y con el Estado.

El fin perseguido por el derecho del trabajo es proteger a los trabajadores; se constituye así en un medio —una herramienta— para igualar a trabajadores y empleadores: de esta manera genera desigualdades para compensar las diferencias naturales preexistentes. Sus elementos principales son:

— el trabajo humano libre y personal;

— la relación de dependencia, caracterizada por la subordinación y el trabajo efectuado por cuenta ajena;

— el pago de la remuneración como contraprestación.

La importancia de esta rama del derecho radica, esencialmente, en su repercusión social y económica. Se caracteriza por su universalidad, ya que alrededor del 80 % de la población activa del país, en algún momento de su vida, trabaja en relación de dependencia. Se trata de un derecho que regula —y efectivamente se aplica— a una gran cantidad de personas que prestan servicios para distintas empresas dentro de una sociedad básicamente organizacional.



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División.

El derecho del trabajo puede dividirse en cuatro partes bien diferenciadas; dos de ellas constituyen la esencia de su contenido: el derecho individual del trabajo y el derecho colectivo del trabajo; a estas dos partes se suman el derecho internacional del trabajo y el derecho administrativo y procesal del trabajo.

1) Derecho individual del trabajo: se ocupa de las relaciones de los sujetos individualmente considerados: por un lado, el trabajador (persona física) y, por el otro, el empleador (persona física o jurídica).

2) Derecho colectivo del trabajo: se ocupa de las relaciones de los sujetos colectivos; por un lado, la asociación profesional de trabajadores (sindicato) y, por el otro, los grupos o entidades representativas de los empleadores (cámaras empresariales), y también el Estado como órgano de aplicación y control.

3) Derecho internacional del trabajo: está constituído por los tratados internacionales celebrados entre distintos países —tratados multinacionales— y esencialmente por los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.).

4) Derecho administrativo y procesal del trabajo: se ocupa del procedimiento administrativo, esencialmente ante el Ministerio de Trabajo, en el que actúa como veedor, mediador o árbitro en los conflictos individuales (Servicio de Conciliación Obligatoria) y colectivos (conciliación y arbitraje). También se refiere al procedimiento en la órbita judicial ante los tribunales del trabajo, tanto respecto a conflictos individuales como colectivos.



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Contenido. DOTO

Si bien la relación de trabajo y la dependencia específica del trabajador son el eje del derecho del trabajo —relación privada e individual entre trabajador y empleador— se extiende a las relaciones colectivas en las que intervienen las asociaciones profesionales de ambas partes y el Estado, adquiriendo especial importancia los convenios colectivos de trabajo.

a) En cuanto al derecho individual del trabajo, la ley de contrato de trabajo —L.C.T.— (ley 20744 , modificada por la ley 21297 ) constituye el cuerpo normativo principal. Rige todo lo atinente al contrato de trabajo, se haya celebrado en el país o en el exterior, mientras se ejecute en nuestro territorio.

La L.C.T. establece las condiciones mínimas de trabajo, desarrollando en su articulado los caracteres del contrato de trabajo, la forma, prueba y objeto, las modalidades, los derechos y obligaciones del trabajador y del empleador, la remuneración, el régimen de jornada y descanso, las suspensiones del contrato, las distintas formas de extinción, el despido y las indemnizaciones.

Están excluídos de su ámbito de aplicación los dependientes de la administración pública nacional, provincial o municipal, los trabajadores del servicio doméstico y los trabajadores agrarios (art. 2 de la L.C.T.).

También se han dictado distintas leyes que son aplicables a todos los trabajadores, como la ley 11544 <>, de jornada de trabajo, la ley 24557 , de riesgos del trabajo, y la ley 24013 , conocida como ley nacional de empleo. Otras leyes trascendentes son la ley 24465 y la 24467 (de Pymes).

Asimismo, integran su contenido los denominados estatutos profesionales, que son leyes que rigen determinada actividad —por ejemplo, la ley 22250 <>, de obreros de la construcción, la ley 14546 <>, de viajantes de comercio, la ley 12981 <>, de encargados de casas de renta, etc.—.

b) Respecto al derecho colectivo —que se ocupa esencialmente de las relaciones de los sindicatos y los representantes de los empleadores, de los convenios colectivos y de los conflictos—, las dos leyes fundamentales son: la ley 14250 <>, de convenios colectivos de trabajo, y la 23551, de asociaciones profesionales; también resulta trascendente el decreto reglamentario 2184/90, sobre la huelga en los servicios esenciales, y las leyes 14786 <>y 16936 <>, de conciliación y arbitraje.

 

 

 

 

Derecho individual

DERECHO DEL TRABAJO

 

 

 

Derecho colectivo

 

 

 

 

Derecho internacional

 

 

 

 

Derecho administrativo

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