Derecho del trabajo y de la seguridad social






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Concepto y alcance.

Son las prestaciones recíprocas y las facultades que surgen del contrato de trabajo; se trata de obligaciones recíprocas, ya que el trabajador y el empleador, según las circunstancias, actúan como acreedores o deudores: a cada obligación de una parte le corresponde un derecho de la otra. Están regulados especialmente en la L.C.T. (arts. 62 a 89), surgiendo también de los estatutos profesionales y de los convenios colectivos.

La esencia del contrato de trabajo la constituyen dos obligaciones fundamentales que tienen cada una de las partes:

— el trabajador debe “trabajar”, es decir, prestar el trabajo prometido, el que puede consistir en la prestación concreta de las tareas o en la disposición de la fuerza de trabajo en favor del empleador; se trata de una obligación de hacer;

— el empleador debe pagar la remuneración como contraprestación del trabajo realizado —se trata de una obligación de dar—, y también tiene la obligación de otorgar ocupación efectiva al trabajador según su categoría profesional.

Estas obligaciones y las enumeradas en los arts. 64 a 89 de la L.C.T., se presentan como deberes de prestación y pueden consistir en obligaciones de dar, hacer o no hacer. Todas ellas deben cumplirse dentro del marco de la buena fe, la colaboración y la solidaridad (arts. 62 y 63 de la L.C.T.), que son deberes genéricos de conducta que resultan aplicables tanto al trabajador como al empleador al iniciarse, durante el desarrollo y al momento de la extinción del contrato de trabajo.

Clasificación.

Doctrinariamente se han efectuado distintas clasificaciones; entre ellas cabe destacar la que divide los derechos y obligaciones: 1) según los intereses protegidos sean los del empleador (empresa) o los del trabajador; y 2) según quién es el titular de los derechos y las obligaciones.



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1) Según los intereses protegidos sean los del empleador o del trabajador.

a) Protección de los intereses del empleador y la empresa: La L.C.T. otorga atribuciones al empleador, como las facultades de organización y dirección, la de modificar las formas y modalidades del contrato (ius variandi), el poder disciplinario (arts. 64 a 67) y la facultad de efectuar controles personales para proteger sus bienes (arts. 70 a 72).

Por otro lado, establece deberes del trabajador como el de diligencia y colaboración —debiendo prestar el servicio con puntualidad, asistencia regular y dedicación adecuada a las características de su empleo y a los medios instrumentales que se provean (art. 84 )—, de fidelidad (art. 85 ), el cumplimiento de las órdenes e instrucciones que se le impartan sobre el modo de ejecución del contrato (art. 86 ), la responsabilidad por los daños causados a los elementos de trabajo o a los intereses de la empresa (art. 87 ), el deber de no concurrencia, es decir, de abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta propia o ajena que pudieran afectar los intereses del empleador (art. 88 ), y la obligación de prestar los auxilios o ayudas extraordinarias que se le requieran en caso de peligro grave e inminente para las personas o para las cosas incorporadas a la empresa (arts. 89 y 203 ).

b) Protección del trabajador: La L.C.T., por un lado, limita las potestades del empleador al imponer la obligación de ejercer las facultades de dirección y organización con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa (arts. 64 , 65 y 66) y disponiendo que deberá ejercer todas las facultades conferidas respetando su dignidad y sus derechos patrimoniales, excluyendo toda forma de abuso de derecho (art. 68 ).

Por otro lado, establece distintos deberes del empleador, como el pago de la remuneración en tiempo y forma (art. 74 ), el deber de seguridad y protección, amparando la salud psicofísica del trabajador y sus bienes (arts. 75 a 77), el deber de otorgar ocupación efectiva (art. 78 ), cumplir con las obligaciones frente a los organismos sindicales y de la seguridad social y entregar certificados de trabajo (art. 80 ), y la obligación de dispensar igualdad de trato y no efectuar discriminaciones (art. 81 ).



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2) Según quien sea titular de los derechos y obligaciones.

— Derechos y deberes comunes del empleador y del trabajador: son los llamados deberes de conducta: de colaboración, solidaridad y buena fe (arts. 62 y 63).

1) Empleador.

a) Derechos: facultades de organización y dirección, ius variandi, poder disciplinario (arts. 65 a 67), facultad de control y de efectuar controles personales (arts. 70 a 72).

b) Deberes: pago de la remuneración en tiempo y forma (art. 74 ), deber de seguridad y protección (arts. 75 a 77); otorgar ocupación efectiva (art. 78 ), cumplir las obligaciones frente a los organismos sindicales y de la seguridad social y entregar certificado de trabajo (art. 80 ), dispensar igualdad de trato y no efectuar discriminaciones (art. 81 ).

2) Trabajador.

a) Derechos: percepción del salario en tiempo y forma (arts. 103 a 149), ejercicio de las facultades de dirección y organización del empleador con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa (arts. 64 , 65 y 66) y de las demás facultades, respetando su dignidad y sus derechos patrimoniales (art. 68 ), seguridad a su salud psicofísica y protección de sus bienes (arts. 75 a 77), exigir ocupación efectiva (art. 78 ), el cumplimiento de las obligaciones previsionales y sindicales del empleador y la entrega de certificado de trabajo (art. 80 ), igualdad de trato y que no se hagan discriminaciones (art. 81 ).

b) Deberes: diligencia y colaboración en la prestación del trabajo (art. 84 ), fidelidad (art. 85 ), cumplimiento de las órdenes e instrucciones (art. 86 ), responder por los daños causados a los elementos de trabajo o a los intereses de la empresa (art. 87 ), no concurrencia (art. 88 ), prestar los auxilios o ayudas extraordinarias que se le requieran en caso de peligro grave (arts. 89 y 203 ).

Deberes de conducta comunes a las partes.

Se manifiestan por medio de la obligación genérica de las partes de comportarse correctamente, con colaboración y solidaridad (art. 62 de la L.C.T.) y con el deber de buena fe (art. 63 de la L.C.T.).

El art. 62 de la L.C.T. expresa que “las partes están obligadas activa y pasivamente, no sólo a lo que resulta expresamente de los términos del contrato, sino a todos aquellos comportamientos que sean consecuencia del mismo, resulten de esta ley, de los estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo, apreciados con criterio de colaboración y solidaridad”.

La norma describe la actitud que deben asumir las partes durante la relación laboral, haciendo referencia a las conductas recíprocas esperables de cada una de ellas y resaltando los principios de colaboración y solidaridad que deben primar aun cuando no sean expresamente requeridos por el derecho positivo.

El art. 63 de la L.C.T. establece que “las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo”. Comprende el deber de actuar con fidelidad en cuanto a la conducta de las partes en sus obligaciones y resulta aplicable en distintos momentos de la relación laboral.

Se relaciona con la mutua confianza que debe existir entre ellos para que las relaciones se desarrollen armónicamente. El principio de la buena fe es una pauta que rige la conducta de las partes; la norma exige que adopten conductas debidas —medias— a un “buen empleador” y a un “buen trabajador”, se trata de conductas que la ley espera que las partes asuman. Requiere una recíproca lealtad de conducta, la que será valorada en cada caso particular, ya que no se puede establecer normas rígidas.

Sin embargo, es posible fijar algunas conductas que violan el deber de buena fe, como el aprovechamiento abusivo de situaciones: por ejemplo, no dar cumplimiento a la obligación de explicarse (guardar silencio a intimaciones), asumir una actitud desleal al no brindar la oportunidad a la otra parte de satisfacer el reclamo (oportunidad de rectificarse), el aprovechamiento de requisitos legales por medio del engaño, no expresar claramente la causal de despido o efectuarla en forma ambigua.

Derechos del empleador.

Para que la empresa pueda cumplir con su finalidad de producción de bienes o prestación de servicios, el empresario (empleador) tiene distintas atribuciones o poderes que están enumerados en la L.C.T. Se trata de la facultad de organización, el poder de dirección, el poder reglamentario, la facultad de modificar las formas y modalidades del contrato (“ius variandi”), la facultad de control y el poder disciplinario.

A estas facultades —que deben ser ejercidas con criterio funcional— no se las debe pensar como compartimentos estancos, sino que en la práctica se interrelacionan y se necesitan mutuamente.

Gráficamente, se puede expresar que el empleador establece las modalidades de la prestación laboral (facultad de organización, al dictar, en algunos casos, reglamentos internos (poder reglamentario) y emitir directivas a los trabajadores para que se tornen operativas (poder de dirección). Sin embargo, estas facultades no podrían concretarse efectivamente si el empleador no tuviese el poder de controlar el cumplimiento de sus directivas (facultad de control) y de no existir la posibilidad de sancionar el incumplimiento de las órdenes emitidas (poder disciplinario).

 

 

 

 

1) Facultad de organización

 

 

 

 

2) Facultad de dirección

Derechos del empleador

 

 

 

3) Facultad de control

 

 

 

 

4) Poder reglamentario

 

 

 

 

5) Facultad de alterar las condiciones del contrato (ius variandi)

 

 

 

 

6) Poder disciplinario



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1) Facultad de organización.

El art. 64 de la L.C.T. refiere que “el empleador tiene facultades suficientes para organizar económica y técnicamente la empresa, explotación o establecimiento”.

Es el conjunto de atribuciones jurídicas que el empresario dispone para determinar las modalidades de la prestación laboral; se manifiesta en el derecho de indicar qué trabajo debe efectuar el trabajador y en las condiciones de modo, tiempo y lugar en que debe realizárselo.

Debe ajustarse a las disposiciones legales, reglamentarias, convencionales y consuetudinarias. Por ejemplo, el empleador no puede otorgar al trabajador funciones ajenas a su categoría profesional (salvo en forma transitoria y por necesidad urgente) ni inmiscuírse en la conducta del trabajador fuera de su trabajo.

Se trata del derecho del empresario de disponer —según su criterio y conocimiento— de los bienes de producción y de los recursos humanos de la empresa (con las limitaciones impuestas por la ley). Es decir, que el empleador —como conductor y en virtud del poder jerárquico— puede ordenar en concreto la prestación laboral; pero dichas atribuciones, para resultar admisibles, deben ser ejercidas con carácter funcional y en beneficio del interés colectivo de la empresa. Es aplicable la misma limitación que para la facultad de dirección contenida en el art. 65 de la L.C.T.

Se verifica una regla proporcional directa entre jerarquía del trabajador y obligaciones, ya que cuanto más alta es la jerarquía del trabajador, más cerca está del nivel de dirección, es menor la dependencia personal y son mayores las exigencias de fidelidad y colaboración.



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2) Facultad de dirección.

El poder de dirección consiste en la potestad del empleador de emitir directivas a los trabajadores mediante órdenes e instrucciones relativas a la forma y modalidad del trabajo, según los fines y necesidades de la empresa. Se trata de un poder jerárquico, ya que tiene su fundamento en la desigual posición de las partes en el contrato, resultando su contracara el deber de obediencia del trabajador. Debe ser ejercido con carácter funcional y dentro de los límites legales y convencionales.

El art. 65 de la L.C.T. expresa que “las facultades de dirección que asisten al empleador deberán ejercitarse con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa, a las exigencias de la producción, sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador”.

El contenido del poder de dirección es amplio, ya que comprende tanto funciones ordenadoras (instrucciones) como funciones de control y vigilancia y de decisión sobre la organización de la empresa (por ejemplo, establecer turnos de trabajo y distribución de la plantilla). Las funciones directivas abarcan distintos aspectos de la organización del trabajo e incluyen desde la ordenación de los puestos de trabajo (fijación del sistema de ingresos y ascensos, calificación del personal, etc.) hasta el control de la disciplina de los trabajadores (controles de salida, prohibición de hablar o de fumar, obligación de llevar uniforme, etc.).

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