Derecho del trabajo y de la seguridad social






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PRÁCTICA LABORAL. MODELOS

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1) Telegrama para solicitar aclaración de la situación laboral.

Ante negativa de tareas, intímole plazo dos días hábiles aclare situación laboral bajo apercibimiento de considerarme despedido por su culpa.

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Contestación del empleador que niega la relación.

Rechazo por malicioso e improcedente su telegrama nº ...... Niego existencia de vínculo laboral. Lo exhorto a abstenerse de formular reclamos improcedentes.

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Contestación del empleador que aduce otro vínculo.

Rechazo por malicioso e improcedente su telegrama nº ...... Niego existencia de vínculo laboral. Usted fue contratado a fin de efectuar una tarea determinada consistente en ...... Entre nosotros medió un contrato de locación de servicios.

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2) Telegrama para solicitar la correcta registración de la relación.

Intímole plazo treinta días registre debidamente el vínculo laboral, consignando como fecha de ingreso el día ...... y la verdadera remuneración que asciende a $ ...... y entregue recibos en legal forma, bajo apercibimiento de accionar de conformidad a lo previsto en los arts. 8 , 9, 10 y 15 de la ley 24013.

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Contestación del empleador que niega la registración incorrecta.

Niego por falso e improcedente su telegrama de fecha ...... La relación laboral se encuentra correctamente registrada en los libros exigidos por las leyes vigentes tanto respecto a la fecha de ingreso como al salario que corresponde a la categoría que detenta.

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JURISPRUDENCIA

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1) Plenario 31. Presunción de la existencia de contrato de trabajo.

En principio, los acarreadores, fleteros, porteadores, etc., no se encuentran amparados por las disposiciones que rigen las relaciones laborales, pero sí tienen derecho a tales beneficios cuando prueban fehacientemente que, pese a la denominación de tal relación contractual, se encuentran ligados por un verdadero contrato de trabajo. “Mancarella, Sebastián y otros, c. Viñedos y Bodegas Arizu S.A.” , 26/6/56.

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2) Plenario 193. Nulidad del contrato de objeto prohibido.

No es válido el contrato de trabajo celebrado por un trabajador extranjero que reside en el país en infracción a la ley 17294 <>, sin perjuicio de su derecho a percibir la retribución por el trabajo cumplido. “Nauroth y Echegaray, Ricardo Hans Oscar”, 7/9/73.

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3) Contrato de trabajo. Elementos. Relación de dependencia.

Si la actividad de la demandada consistía en la asistencia médica de emergencia, la profesional médica ligada a ella —que cumplía tareas en forma habitual y a cambio de una remuneración— estaba integrada junto con otros medios personales y materiales a la empresa para el logro de los fines de la misma. De lo contrario no se comprende de que modo la entidad desarrollaba el cumplimiento de su finalidad esencial mediante empresarios autónomos que, en función de su pretendida “independencia”, podrían concurrir o no a sus tareas asistenciales, a tener o no pacientes, etc. Sala X, 6/6/97, “Calvo María, c. Amid S.A., s. despido” .

El hecho de que el trabajador no tenga horario de trabajo determinado, no descarta la existencia de una relación laboral, en la medida que haya una incorporación del trabajador a una empresa total o parcialmente ajena y que reciba por sus tareas una suma determinada e indeterminada de dinero. Para la existencia de una relación de carácter dependiente, no es necesario que haya una suma matemática de las notas tipificantes de una relación de trabajo, pues, en el caso en que se preste una actividad eminentemente técnica, la subordinación se da en forma menos rígida que en otros supuestos de vinculación dependiente. Sala I, 31/10/97, “Castro, Ana L., c. Colegio del Arce S.R.L.” (“D.T.”, 1998-A, p. 537).

Si el actor, para realizar su prestación (en el caso auditor médico), tuvo que incorporarse a una estructura empresarial ajena, invirtiendo su capacidad profesional y tiempo de trabajo en beneficio de esa empresa (arts. 21 y 23 , L.C.T.) es lógico concluír que se está ante una relación laboral, máxime cuando la propia demandada reconoció que a cambio de dicha prestación le pagaba una remuneración mensual. El argumento de que el auditor médico no estaba sujeto al cumplimiento de un horario determinado, no prueba la existencia de una actividad autónoma, por cuanto es entendible que dicho profesional tuviera cierta autonomía funcional. Sala VII, 6/3/97, “Muhlerberg, Carlos Guillermo, c. Cemes S.A., s. despido”.

Si se acredita que el actor cumplió durante un período su actividad con estricta sujeción a las directivas impartidas por la institución, implicando la misma actos profesionales de complejidad y responsabilidad crecientes, por la cual recibía a cambio una remuneración mensual, denotando estas circunstancias las notas de subordinación jurídica, económica y técnica, cabe concluír que se trata de una relación de carácter dependiente. Sala VIII, 23/6/97, “Pettinari, Marcelo G., c. Sociedad Italiana de Beneficencia —Hospital Italiano— y otro” (“D.T.”, 1998-A, p. 313).

Acreditada la prestación personal de servicios del fletero, es aplicable la presunción del art. 23 , L.C.T., frente a la cual es a la demandada a quien incumbe la carga de acreditar que aquél es titular de una empresa comercial según las reglas del Código de Comercio. Al respecto la condición de tal no cabe ser extraída del hecho de que el fletero sea dueño del vehículo con el que se efectúa el trasporte o que afronte los gastos de éste. El vehículo es el medio necesario para posibilitar el cumplimiento de una actividad remunerada y que beneficia al empresario quien, por dicha vía, obtiene la distribución de la mercadería. Sala VII, 10/3/97, “Echegaray, Luis Orlando, c. Echlin Argentina S.A., s. indemnización por fallecimiento” .

La modalidad de desempeño de los profesionales médicos en las llamadas guardias pasivas no excluye la posibilidad de existencia de relación de dependencia; no obstante, por tratarse de una situación límite, corresponde analizar en cada oportunidad, si la relación tiene o no características laborales. Si el accionante, profesional médico que cumplía guardias pasivas estaba a disposición de la demandada en días y horarios prefijados, debiendo atender los pacientes que ésta le ordenaba ubicados en un radio predeterminado y un lapso máximo también predeterminado por la empleadora de dos horas, y ante la ausencia de alguna de estas guardias se le descontaba el plus por presentismo, lo que denota a la clara el ejercicio del poder disciplinario de la demandada (art. 67 de la L.C.T.), cabe concluír que se encuentra acreditada la relación de dependencia invocada en la demanda. Sala VII, 7/8/97, “Orlando Guzmán, José A., c. Clinicard S.A.” (“D.T.”, 1998-A, p. 56).

En las cooperativas de trabajo son los propios asociados los que democráticamente ejercen el gobierno y la administración de su empresa. Todos los socios gozan de iguales derechos y obligaciones, siendo electos y elegibles en los cargos directivos. No corresponde asimilar por tanto la subordinación que caracteriza al contrato de trabajo, con la obligación del socio cooperativo de acatar las instrucciones necesarias del ordenamiento interno requeridas para el cabal cumplimiento del trabajo conjunto, y de las finalidades económicas de la empresa común, ya que en este último caso la prestación de servicio se hace como acto cooperativo, mientras que en el primero (contrato de trabajo) se configura una relación de empleo. La dación de trabajo es el servicio que la cooperativa presta a sus asociados, y no existe pues la posibilidad de considerar el trabajo de éstos como una obligación de terceros, ya que sin ella, la cooperativa carecería de objeto. Sala VIII, 7/2/97, “Fernández, Rodolfo, c. Cooperativa de Trabajo Seguridad Integral Ltda., s. despido” .

Los elementos meramente exteriores de la llamada “dependencia jurídica” son insuficientes como test de la existencia del contrato de trabajo. Ello, por dos órdenes de razones: 1) que existen otros contratos en virtud de los cuales personas físicas se obligan a realizar prestaciones personales que implican una situación de dependencia; y 2) que, no siendo la situación de dependencia elemento esencial, sino consecuencia derivada de la estructura del contrato de trabajo, no basta para caracterizarlo.

Lo que define la posición del sujeto trabajador es su condición de medio (personal) de una organización empresaria, ajena. De modo que, en situaciones dudosas, es menester ubicar dónde se encuentra la organización empresaria, quién es el titular (esto es, quién corre con los riesgos de la explotación y se apropia originariamente de los frutos de la actividad) y cuál es el rol que el sedicente trabajador desempeña en el proceso productivo. Sala VI, 31/7/87, “Macchi, Marcelo, c. Institutos Médicos S.A. y otros” (T. y S.S. 1987, p. 917).

Si se acredita que el actor cumplió durante un período su actividad con estricta sujeción a las directivas impartidas por la institución, implicando la misma actos profesionales de complejidad y responsabilidad crecientes, por la cual recibía a cambio una remuneración mensual, denotando estas circunstancias las notas de subordinación jurídica, económica y técnica, cabe concluír que se trata de una relación de carácter dependiente.

De conformidad a lo dispuesto en el art. 4, apart. c, del Reglamento Básico de la Residencia de Salud (aprobado por res. seguridad social 389 del 19/4/89), el residente queda incorporado al sistema previsional, le son aplicables el régimen de licencias, justificaciones y franquicias del personal de la Administración Pública y tiene derecho a la percepción del sueldo anual complementario y a las asignaciones familiares. Sala VIII, 23/6/97, “Pettinari, Marcelo G., c. Sociedad Italiana de beneficencia —Hospital Italiano— y otro” (“D.T.”, 1998-A, p. 313).

La sumisión del actor a una serie de directivas emanadas de la demandada no resulta concluyente para acreditar el vínculo de subordinación toda vez que la existencia de una coordinación de horarios constituye una nota común que puede encontrarse presente tanto en una relación comercial como en un contrato de trabajo, pues corresponden al orden propio de toda organización empresaria.

La ausencia de un régimen disciplinario actual ni potencial, profundiza el carácter no laboral de la relación contractual. Sala I, 30/4/92, “Burone, Carlos, c. Radiodifusora del Plata S.A.” .

La exclusividad no es una nota característica de la relación laboral. Sala VI, 2/4/92, “Mazzet, Ernesto, c. De Gennaro Juan”.

Las circunstancias de que el profesional facturara sus servicios en concepto de honorarios es irrelevante para determinar la inexistencia de relación laboral. Sala II, 31/5/90, “Giulianelli, Daniel Alberto, c. Federal S.A.”.

El ejercicio de una profesión liberal llega a constituír un verdadero contrato de trabajo cuando se desarrolla como función de colaboración permanente, con vínculo continuado y evidente jerarquización, obligándose el profesional a acatar y cumplir las órdenes del empleador, aunque no exista dependencia técnica, sin tener relevancia el hecho de calificar de “honorarios” a las periódicas entregas de dinero efectuadas por el principal. Sala VIII, 23/8/94, “Moncayo, Sandra Marcela, c. F.ES.VI., s. despido”.

El contrato de trabajo no es una institución de características definitorias precisas, la relación de dependencia se manifiesta en diversos elementos que, en su conjunto y valorados razonablemente según las circunstancias de cada caso, contribuyen a encuadrar el vínculo en el ámbito laboral. Sala III, 28/5/93, “Frías, Rosario del C., c. Suárez, Ramón”.

El hecho de que el trabajador fuese jubilado no es obstáculo para considerar la existencia de relación laboral dependiente. Sala III, 2/9/93, “Girasole, José, c. Perú Automotores S.A. y otro”.

Habiéndose negado la existencia de la relación laboral invocada por el actor, pero reconociendo la accionada el hecho de la prestación de servicios, sosteniendo que se trata de un concesionario, hace aplicable al caso la presunción del art. 23 del régimen de contrato de trabajo, por lo que correspondía a la accionada —quien alegó la existencia de una figura no laboral— la prueba en contrario que desvirtúe dicha presunción, pues ha quedado claramente superada e inactual, a partir de la sanción del artículo citado, la jurisprudencia que sostenía que negada la relación laboral, quien debía probar era el actor. Cámara del Trabajo, Córdoba, Sala 6, 21/6/93, “Ferreyra, Carlos A., c. Sancor Coop. Unidas Ltda.” (“D.T.”, 1993-B, p. 1432).

Nada quita que el trabajador pueda desempeñarse en dos actividades simultáneamente, pero la exclusividad exigida por una de sus empleadoras no puede serle opuesta por la otra, a fin de evitar sus responsabilidades laborales. Sala III, 30/4/91, “Roldán, Horacio, c. Bonafide S.A.I.C., s. despido” .

La circunstancia de que el trabajador pueda desempeñarse de manera independiente fuera de su horario de trabajo, no excluye que se haya configurado una relación de dependencia para con la empresa demandada, ya que la exclusividad no constituye una nota esencial del contrato de trabajo. Sala V, 22/3/94, “Calviño, Jorge, c. Aerolíneas Argentinas, s. despido” .

Para determinar la naturaleza jurídica existente entre un profesional médico y el establecimiento asistencial en que presta servicios, es necesario remitirse a las particulares circunstancias fácticas de cada caso. El solo hecho de que el actor sea un profesional en el arte de curar, no lo excluye por esa sola condición de que pueda desempeñarse a órdenes de la demandada. Sala VII, 13/10/97, “Lumermann, Claudio M., c. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A.” (“D.T.”, 1998-A, p. 722).

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4) Violación de la ley y del orden público.

La circunstancia de no haber registrado una relación laboral constituye un típico fraude laboral y previsional, ya que tiene normalmente por objeto y efecto disminuír en forma ilegítima la incidencia del salario normal en las prestaciones complementarias o indemnizatorias y en los aportes al sistema de seguridad social. El pago en negro perjudica al trabajador, que se ve privado de aquella incidencia; al sector pasivo, que es víctima de la evasión, y a la comunidad comercial en cuanto, al disminuír los costos laborales, pone al autor de la maniobra en mejor condición para competir en el mercado, que la reservada a otros empleadores respetuosos de la ley. Sala III, 19/2/98, “Duquelsy, Silvia, c. Fuar S.A. y otro” (“D.T.”, 1998-A, p. 715).

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5) Trabajador. Casos particulares.

En el caso de los vendedores ambulantes que desarrollan las tareas en la calle, debe determinarse la existencia de contrato de trabajo entre éste y la empresa que le provee la mercadería y los elementos para comercializarla. En los casos dudosos corresponde ponderar algunos elementos que prevalecen sobre otros y a tal efecto, uno de los definitorios es la asunción de riesgos. Si se demostró que el actor no tomaba a su cargo ningún riesgo económico, no ponía capital propio para soportar pérdidas y obtener ganancias y únicamente aportaba su trabajo, sería irreal concluír que se trataba de un empresario. Sala X, 30/4/97, “Benítez, Eduardo, c. Juárez, Carlos y otro, s. despido” .

Lo que define la figura del trabajador, en el sentido del derecho del trabajo, es su calidad de medio dentro de una organización empresaria ajena (arts. 5 , 21 , 22, 23, L.C.T.), y ella podría darse aún en defecto de los signos exteriores mencionados, por ejemplo en los casos de simulación mediante la adopción de una figura contractual, en que regularmente no aparecen ostensibles. El socio de una cooperativa de trabajo se comporta como un trabajador pero no lo es, porque la empresa por cuya cuenta presta los servicios no es ajena lo que obsta a la aplicación del art. 27 , L.C.T. Sala VI, 19/5/86, “Sorín, Gregorio, c. Comi Cooperativa de Medicina Integral Ltda.” (T. y S.S. 1986, p. 1015).

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6) Empresa. Empresario.

La relación entre empleados y empleadores se encuentra signada por dos circunstancias determinantes; mientras constituye un presupuesto jurídico la naturaleza alimentaria del reclamo de los empleados, es un hecho público y notorio que, en la organización económica actual, es de la esencia de la actividad empresarial, aún en la de más pequeña escala, la regular utilización del crédito C.S.J.N., 4/10/94, “Simonet, Mario Armando, c. La Primer de Ciudadela S.A., Línea 289".

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7) Conjunto económico.

Dos o más sociedades conforman un conjunto económico permanente cuando a la comunidad de capitales y directores que hay en las empresas integrantes de aquél, se añade la comunidad de personal, el cual es intercambiable y pasa de una sociedad a otra siguiendo las necesidades del servicio, de modo que queda configurada una sola relación en la que ambas empresas son responsables solidariamente de las obligaciones emergentes de su carácter de empleador. Para que se configure un conjunto económico empresarial en los términos del art. 31 , L.C.T., debe existir unidad económica desde la perspectiva del control de empresas, resultando procedente la condena solidaria de los entes que conforman el grupo sin mediar maniobras fraudulentas o conducción temeraria de modo que hayan perjudicado al trabajador y disminuído la solvencia económica de la demandada. Sala I, 6/6/97, “Giorgini Sixto, c. Fuiltrona S.R.G. y otro, s. despido” .

Cuando se trata de dos sociedades (en el caso casi homónimas), dedicadas ambas a la misma actividad (industria de la construcción), que poseen el mismo domicilio societario, con sus registraciones laborales en idéntico lugar y a cargo de la misma persona que utiliza la misma línea telefónica, con personal que se desempeña en las mismas obras y que, abruptamente, dejan de pertenecer a una de ellas e ingresan a la otra y viceversa, que derivan la atención de sus problemas laborales a letrados que actúan de manera tan coordinada que, tanto al contestar demanda como al expresar agravios coinciden prácticamente en forma textual en reiterados párrafos, no resulta irrazonable poner a cargo de las legitimadas pasivas la demostración fehaciente de que no poseen ninguna vinculación entre sí y que no conforman un conjunto económico de carácter permanente. Sala X, 31/3/97, “Sarmiento, Pablo, c. Sade y otro, s. despido” .

Cuando una persona jurídica, apartándose de los fines para los que fue creada, abusa de su forma para obtener un resultado no querido al otorgársele esa prerrogativa, debe descorrerse el velo de su personalidad para penetrar en la real esencia de sus sustracto personal o patrimonial y poner de manifiesto los fines de los miembros cobijados tras su máscara (Sala V, 18/2/85, “Insfran c. Arroyo S.R.L. y otro”). En el caso concreto, los elementos de prueba acreditaron que las codemandadas atomizaron su responsabilidad patrimonial (constitución de distintas sociedades para cumplir con su objetivo societario) como un medio de vulnerar derechos laborales. Para más, al momento de absolver posiciones, resultaron representadas por el mismo sujeto físico que se presentó como gerente de relaciones laborales de ambas empresas. Por todo ello, corresponde declarar la responsabilidad solidaria de ambas codemandadas en los términos del art. 31 , L.C.T. Sala V, 28/2/97, “Saires, Miguel, c. Ramona S.A. y otro, s. accidente ley 9688 <>” .

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8) Choferes y fleteros. Taxistas.

La naturaleza de una relación como la de los fleteros, se debe determinar por el examen de las características que lo conforman y definen en la relación de los hechos (principio de primacía de la realidad) y no por ese tipo de inscripciones formales (ingresos brutos o ganancias) que bien pueden constituír una imposición más del dador de trabajo. Sala VII, 10/3/97, “Echegaray, Luis Orlando, c. Echlin Argentina S.A., s. indemnización por fallecimiento” .

La empresa de taxis que celebró una serie de contratos con diferentes personas mediante los cuales le otorgaba la disponibilidad de un vehículo registrado como taxi, abonándoles una suma fija y para que los utilizaran en un lapso determinado (en el caso de lunes a viernes de 6.00 a 18.00), no puede ampararse en que tal relación constituía un contrato de usufructo. Por el contrario, debe concluírse que entre las partes existió una verdadera relación laboral toda vez que no se cumplía con los requisitos que el Código Civil establece para la existencia de usufructo (arts. 2807 y concs.). Sala IV, 19/7/96, “Buenos Aires Taxi S.A., c. Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal, s. acción declarativa” .

La prestación personal del actor como conductor del automóvil adquirido por otros y destinado a la actividad lucrativa del trasporte supone una gestión comercial por parte de sus propietarios y los coloca en patronos de quien conducía el vehículo. En tal sentido, el hecho de que hubiera un contrato de “locación del automotor” mediante el pago de una tarifa que se debía abonar por adelantado, obteniendo como ganancia la totalidad de la recaudación, no obsta a que se aplique al caso la presunción del art. 23 L.C.T. que opera aún cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quién prestó el servicio. Sala III, 17/5/96, “Espíndola, Pedro, c. Sarkistian, Carlos, s. despido”.

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9) Cuidadora de ancianos.

Si la actora se desempeñó en todo momento como cuidadora de ancianos, realizando tareas específicas, éstas constituyen una actividad especial que desplaza la aplicación del decr. 326/56, siempre que el paciente requiera cuidados especiales en los que hace a la higiene, alimentación y traslados. Tampoco se puede tener a dicha relación enmarcada en la esfera laboral, toda vez que no puede encuadrarse a la accionada como titular de una organización de medios instrumentados destinados a la producción de bienes, ni a la prestación de servicios, en la que el aporte personal de la actora pudiera subsumirse, lo que torna inaplicable al caso a la L.C.T. y la Legislación que la complementa. En cambio, tratándose de una relación contractual, la misma está regida por la ley civil. Sala VI, 12/12/95, “Matta, María del Carmen, c. Barletta Lydia M., s. despido” .

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10) Contrato de empleo público.

Según lo resuelto por la C.S.J.N. en los autos, “Leroux de Emere, Patricia c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires” (30/4/91), el alto Tribunal, en composición ampliada, acató el alcance y efectos de su doctrina hasta entonces, pues de ese fallo se desprende que, a juicio de la Corte, no es admisible sostener que la aplicación de las leyes laborales a gran parte de estas “contrataciones” resulte simplemente del acto de celebración del contrato entre la persona física y la Administración si de su texto no resulta la voluntad de ésta de incluír a aquélla en el régimen laboral común, no administrativo, En suma, es indispensable, a fin de que opere dicha consecuencia tipificadora de la relación así entablada, un acto expreso de sometimiento, inserción o de autolimitación de la persona pública estatal a la L.C.T., como exige el art. 2 de la misma. Para más, tampoco surge de los contratos acompañados en este caso concreto que las partes hubieran ajustado la aplicación de salarios u otras condiciones de labor a las disposiciones emanadas de la ley 12908 <>. Sala V, 6/12/96, “Moreno, Sergio y otros, c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, s. despido”.

Si bien el máximo Tribunal ha sostenido que hay que atenerse a la intención de las partes en oportunidad de la celebración de los contratos y a que de ellos debe surgir la inclusión del trabajador en el régimen de la L.C.T. con aplicación del art. 2 , inc. c (“Peralta Herrera, Walter y otros c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, 2/3/93); cuando nos encontramos con una contratación fraudulenta y desprovista de toda legitimidad, tendiente exclusivamente a cercenar derechos al trabajador, en oposición a expresos dictados de la C.N., no puede hacerse valer la voluntad expresada por las partes o por un contrato que de por sí carece de toda validez. En tal situación excepcional corresponde aplicar la norma de rango superior que garantiza a todo trabajador, público o privado, un resarcimiento en supuesto de despido arbitrario. Sala VI, 10/9/96, “Ramonet, Conrado, c. I.S.S.B. Instituto de Servicios Sociales Bancarios, s. despido” .

La C.S.J.N. declaró “no es posible sostener que la relación de empleo se halla regida por la ley laboral común frente a la existencia de un régimen jurídico específico que reglamenta los derechos de los dependientes del organismo estatal y la disposición del art. 2 , inc. a, de la L.C.T., según el cual el régimen no es aplicable a los dependientes de la Administración Pública, salvo que por acto expreso se los incluya en éste o en el de las convenciones colectivas de trabajo (confr. C.S.J.N., causa L, 441-XXII, ”Leroux de Emede, c. M.C.B.A.", 30/4/91) cuya doctrina fue acogida por el Procurador General del Trabajo al dictaminar en los autos: “Negreyra, Osvaldo c. Círculo de la Fuerza” y que la Sala III al fallar los hizo propios (Sent. del 19/8/91; “D.T.”, 1991-B, p. 1858). En tal sentido, nada obstaba para que la Obra Social demandada, por acto expreso sometiera la relación jurídica con la actora a la órbita de la L.C.T., si esa hubiera sido su intención. Sala V, 13/8/96, “Scherman, Emilia, c. Instituto de Obra Social para el Personal de los Ministerios de Salud y Acción Social y de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, s. despido” .

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11) Contrato de trabajo entre familiares.

Nada obsta a que exista contrato de trabajo entre personas que tienen una relación familiar, pero a fin de que pueda aseverarse que el trabajo realizado es solamente en virtud de un vínculo familiar deberá acreditar ciertos presupuestos de hecho que lo justifiquen, tales como la convivencia con el empresario, que se trata de una tarea que haga al sostén del grupo familiar o que el trabajo no corresponda al medio de vida de quien lo prestó. Sala III, 30/10/95, “Maldonado, Juan, c. Bravo, Ana María, s. despido” .

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12) Presunción art. 23 , L.C.T.

No debe presumirse que media relación laboral sino un contrato de alquiler y de locación de obra, cuando la actora reconoce como propios los elementos e instrumental con que trabaja, y arregla el precio. Asimismo, la actividad de la actora como manicura, pedicura y depiladora no es esencial o no necesariamente se presta en una peluquería. Sala I, 27/6/97, “González Victoria, c. Cartasso, Rubén, s. despido” .

Una institución deportiva es una empresa, en los términos del art. 5 , L.C.T., por lo que la prestación personal de servicios vinculados con el objeto de la explotación genera la presunción de un contrato de trabajo (art. 23 , L.C.T.), salvo prueba en contrario. (En el caso, la demandada intentó una asimilación de la condición de aficionados amateurs del equipo deportivo y la de quien se desempeñaba como entrenador). Sala VI, 20/6/97, “Ferreyra, Carlos Rubén, c. Asociación Atlética Argentinos Juniors, s. despido” .

La presunción consagrada en el art. 23 de la L.C.T. no lo es de un modo absoluto, reconoce excepciones “cuando por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario” (primer párrafo), así como solo incluye el uso de figuras no laborales “en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio”. En tal sentido, si la demandada ha sostenido que la actora prestó servicios en el marco de sucesivos contratos de locación de obra (realizaba la limpieza en un estudio jurídico), la presunción en cuestión determina la inversión de la carga probatoria, de tal forma que quien alega la inexistencia de la relación laboral, debe probar tal extremo. Sala III, 23/8/96, “Vallejos de Montyero, Blanca, c. Darritchon, Luis, s. despido” .

La interpretación del art. 23 , L.C.T., no debe restringirse en cuanto a la operatividad de la presunción que contiene al caso en que se hayan acreditado los servicios prestados en relación de dependencia, toda vez que de ese modo se esteriliza el propósito de la norma. La relación de dependencia es, precisamente, la piedra de toque de ese concepto, por momento inasible, que es el contrato de trabajo. Si existe relación de dependencia existe seguramente contrato laboral, hasta tal punto que ambas expresiones suelen usarse como sinónimos en ámbito de las relaciones jurídicas. Y, en estas condiciones, afirmar que “la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo” tan sólo cuando estamos seguros de que tal prestación se ha cumplido en relación de dependencia equivaldría, en la práctica, a sostener que la presunción del contrato de trabajo requiere la previa prueba del mismo contrato. Sala III, 28/6/96, “Dursi, Ariel, c. Cía. de Seg. La Franco Argentina S.A., s. despido” .

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13) Presunción del art. 55 , L.C.T.

Si bien los arts. 55 y 56 de la L.C.T., 56 de la L.O. y 165 del C.P.C.C.N. crean una presunción a favor de las afirmaciones del trabajador y facultan, en verdad, a los magistrados a fijar el importe del crédito de que se trata, esto debe hacerse “por decisorio fundado” y “siempre que su existencia esté legalmente comprobada”. C.S.J.N., 25/6/96, “Caamaño, Ernesto, c. Interior Wear S.A.” .

La presunción del art. 55 , L.C.T., no resulta aplicable en materia de horas extras porque el horario de tareas no es uno de los requisitos que debe constar en el libro que manda llevar el art. 52 de dicha ley. Sala IV, 3/4/97, “Ortíz, Juana, c. Hogares Stella Maris S.R.L., s. despido”.

La circunstancia de que los datos consignados en los registros laborales de la empleadora no se compadezcan con la realidad, lleva a proyectar respecto de la remuneración denunciada al demandar, la presunción emergente del art. 55 de la L.C.T., pero cabe remarcar que la C.S.J.N. ha calificado como arbitraria la proyección lisa y llana de ese precepto sobre la suma denunciada cuando, no se advierte la debida proporción entre esa remuneración y la tarea cumplida en ausencia de elementos que posibiliten desentrañar su justificación en el caso concreto. C.S.J.N., “Ortega, Carlos, c. Seven Up Concesiones S.A.I.C. y otro”, 10/7/86; y “Miller, Beatriz, c. Briet, Joan”, 9/12/93). Sala II, 25/2/97, “Orona, Alfredo Daniel, c. Club Atlético Huracán, s. despido” ; Sala II, 31/5/96, “Nieto, Ricardo, c. LR3 Radio Belgrano, s. despido”; Sala II, 17/8/95, “Salinas de Allende, c. Zinger, Bertha, s. despido”.

Aunque los arts. 55 y 56 de la L.C.T., 56 de la L.O. y 165 del C.P.C.C.N. crean una presunción a favor de las afirmaciones del trabajador y facultan, en verdad, a los magistrados a fijar el importe del crédito de que se trata, esto debe hacerse por decisorio fundado y siempre que su existencia esté legalmente comprobada. C.S.J.N., 9/12/93, “Miller, Beatríz Cecilia, c. Briet, Joan”. La falta de exhibición de tarjetas horarias no trae aparejada ninguna consecuencia para la demandada por cuanto no existe disposición legal o reglamentaria que obligue a conservarlas ni exhibirlas, ni cabe a su respecto aplicar la presunción emergente del art. 55 de la L.C.T., toda vez que la misma solo puede proyectarse en relación a las obligaciones impuestas al empleador en el art. 52 del citado cuerpo legal. Sala II, 8/9/94, “Villaboa de Merolla, Alicia Zunilda, c. Argos Cía. Argentina de Seguros Generales S.A., s. despido” .

La circunstancia de que los datos consignados en los registros laborales de la empleadora no se compadezcan con la realidad, lleva a proyectar respecto de la remuneración denunciada al demandar, la presunción emergente del art. 55 , L.C.T., pero cabe remarcar que la C.S.J.N. ha calificado como arbitraria la proyección lisa y llana de ese precepto sobre la suma denunciada cuando no se advierte la debida proporción entre esa remuneración y la tarea cumplida en ausencia de elementos que posibiliten desentrañar su justificación en el caso concreto (cfr. C.S.J.N., “Ortega, Carlos, c. Seven Up Concesiones S.A.I.C.”, 10/7/86, “Fallo” 308-1078). Sala II, 25/2/97, “Orona Alfredo Daniel, c. Club Atlético Huracán, s. despido” .

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14) Libro del art. 52 , L.C.T.

El art. 52 de la L.C.T. no impone la obligación de registrar en el libro especial el horario de trabajo del trabajador, ni menos mediante el sistema de “tarjetas reloj” que tampoco integran la documentación complementaria a que se refiere el art. 43 del Código de Comercio. Del 18/8/85, “Constantino, Enrique Raúl, c. Esar S.R.L.” .

La ley 11544 art. 6 <>, inc. c, obliga a los empleadores a llevar un registro con todas las horas extraordinarias trabajadas; por ello, si la demandada no ha intentado suplir el incumplimiento de dicha disposición (mediante, en el caso, el uso del sistema de tarjeta reloj) resulta procedente la aplicación de la presunción del art. 55 , L.C.T. Sala VII, 30/9/94, “Gómez, Jorge, c. Pedelaborde, Roberto Jorge, s. despido” .

El art. 52 de la L.C.T. obliga a los empleadores a llevar el libro especial, y el art. 55 establece una presunción en favor de las afirmaciones del trabajador sobre las circunstancias que deben constar en esos asientos cuando no existan en los libros o registros. Ni esas normas ni ninguna otra de la L.C.T. establecen que los libros prueben en favor de la empresa, aunque pueden probar en contra. Sala IV, 30/12/91, “Miletti, Juan Carlos, c. SADE S.A., s. dif. de salarios” .

La falta de inscripción del trabajador en los libros del empleador no constituye prueba contundente respecto de la ausencia de relación laboral; tales libros, aun llevados en legal forma, no hacen plena prueba de su contenido, si existen otros elementos que los contradigan, ya que los datos allí volcados derivan exclusivamente del empleador (cfr. Sala I, 31/10/83, “Maidana, Agustín, c. Andreucci, Orlando”). Sala I, 29/2/84, “Armocida, Roberto Salvador, c. Crush S.A. y otros” .

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15) Presunción del art. 57 , L.C.T. Silencio del empleador.

Si bien es cierto que el art. 57 , L.C.T., se refiere a las intimaciones del trabajador, no existen motivos, en principio, para no aplicarlo a las derivadas de la otra parte de la relación laboral, sobre todo teniendo en cuenta que el fundamento de tal exigencia se encuentra en la razonabilidad y la buena fe. Sala V, 9/12/92, “Roldán, Norma del Valle, c. Establecimiento Modelo Terrabussi S.A.I.C., s. despido” .

Sólo cuando queda demostrada la relación laboral con la confesión ficta de los demandados y la ausencia de prueba en contrario que la desvirtúa, puede estimarse operativa la presunción del art. 57 , L.C.T., ante la falta de respuesta a intimaciones cursadas por la dependiente. Con esta premisa de la demostración de la relación laboral es exigible para el empleador la respuesta a las intimaciones del dependiente y no existe obligación de réplica para todo aquel a quien se reclame en virtud de una vinculación laboral en tanto ésta no se demuestre. Sala III, 11/9/92, “Marchetti Erika, c. Luna Stella, s. despido” .

Sin perjuicio de lo que expresa el art. 57 , L.C.T., en cuanto al valor presuncional del silencio, hay que integrar esa norma con el art. 919 del C. Civil y considerar que el silencio observado por el empleador frente a la intimación del trabajador importa manifestación de voluntad “conforme... a la interrogación...” porque había “una obligación de explicarse ante la ley”. Sala IV, 30/12/91, “Brandón, César A., c. Porcel, Teodoro, s. despido”.

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16) Ley de empleo. Multas.

La ley 24013 contempla multas civiles que no pueden acumularse pues el art. 8 contempla la infracción mayor, consistente en la clandestinidad del trabajador, el art. 9 trata sobre la inscripción tardía, y el art. 10 sobre el pago parcial en negro. De tal modo que si se ha aplicado la multa prevista en el art. 8 no pueden sumarse las otras multas. En cambio, corresponde aclarar que no existe óbice alguno para la aplicación de los arts. 8 y 15 de la ley citada, si la intimación que prevé dicha ley se realizó con anterioridad a la ruptura de la relación laboral. Sala VI, 7/4/97, “Saldívar Velázquez, Clemente, c. Verón, María, s. despido”.

El legislador, al ordenar indemnizaciones agravadas, ya sean las contempladas por los arts. 178 , 182 de la L.C.T., como la prevista por la llamada “ley de empleo” tuvo en miras proteger un determinado bien jurídico, así como también desalentar eventuales conductas del empleador. Para ello, dispuso de mecanismos sancionatorios específicos, los cuales, si bien pueden acumularse, no pueden calcularse sino del modo que prevé la propia norma. Sala III, 16/9/96, “Bustamante, Silvia, c. Chaufan, Zoila y otro, s. despido”.

El deber de buena fe impone al empleador la obligación de dar respuesta al reclamo del trabajador ante la intimación que curse para la regularización de los aspectos de la vinculación contemplados en los arts. 8 a 10 de la ley 24013. Mediando silencio, su actitud importa, al trascurrir el mínimo plazo legal, una injuria justificante de la decisión del dependiente de denunciar el contrato, y en modo alguno puede exigirse al trabajador que mantenga la ruptura en suspenso por treinta días para hacerse acreedor a las indemnizaciones de la ley 24013 , pues el silencio guardado ante el reclamo importa la clara decisión de no regularizar la relación laboral (arts. 57 y 63 de la L.C.T.). Sala II, 30/8/96, “Dutil, Marcelo, c. C.H.R.A. Desing S.R.L., s. despido”.

La indicación de la real fecha de ingreso así como de la categoría laboral y la remuneración recibida al tiempo de cursarse el emplazamiento satisface las exigencias del art. 11 a la vez que salvaguarda el derecho de defensa del empleador por cuanto no puede soslayarse que la llamada ley de empleo tuvo el claro propósito de promover la regularización de las relaciones laborales, desalentando las prácticas evasoras, (art. 2 , inc. j, ley 24013), por lo que el cumplimiento de dichos requisitos no puede ser analizado con criterio restrictivo en beneficio del evasor, ya que ello contraría la finalidad del legislador y el principio de interpretación contenido en el art. 9 de la L.C.T. Sala III, 29/5/96, “González, Ana Concepción, c. Giménez, Jorge, s. despido” .

La indemnización prevista en el art. 8 de la ley 24013 está destinada a provocar que el empleador que no tenga una relación registrada, regularice su situación y no simplemente a acordar una indemnización adicional al trabajador que se encuentre en ese supuesto. La norma se complementa con el art. 11 que, entre otras cosas, sí regulariza la situación dentro del plazo de 30 días y, en consecuencia, si el trabajador disuelve el contrato antes de cumplirse el plazo, por lo menos en cuanto al reclamo de la indemnización del art. 8 , su decisión es intempestiva porque no respetó el plazo legal que tenía la otra parte. Sala IV, 30/8/94, “Marco, Nilda, c. Bairos S.A., s. despido” .

La ley 24013 admite la posibilidad de que el trabajador reclame judicialmente las multas previstas por los arts. 8 , 9 y 10, sin necesidad de extinguir la relación laboral, por tanto, la denuncia del contrato antes de vencido el término de 30 días, invocando como única razón el silencio del principal, resulta injustificada. Si el actor intimó simultáneamente por la regularización de su vinculación (art. 11 de la L.N.E.) y por la negativa de trabajo dispuesta por su empleador, éste debe responder necesariamente, porque su silencio importaría el reconocimiento de tal situación (art. 57 , L.C.T.) y justificaría la decisión del trabajador de denunciar el contrato de trabajo. En tal sentido, no puede exigírsele al dependiente que mantenga en suspenso “durante 30 días” la ruptura del vínculo, para hacerse acreedor de las multas previstas por la ley 24013 , pues el silencio guardado por el principal ante el reclamo importa su clara intención de no regularizar la relación laboral. Sala III, 29/10/93, “Loto, Raúl, c. Servitax S.A., s. despido”.

CAPÍTULO VI - MODALIDADES DEL CONTRATO DE TRABAJO



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Los tipos de contrato según su duración.

El principio general establecido en la L.C.T. —y ratificado por la propia ley de empleo (art. 27 de la ley 24013)— es el contrato de trabajo por tiempo indeterminado (art. 90 de la L.C.T.). Es el contrato típico del derecho individual del trabajo, que no tiene plazo de finalización y que dura hasta que el trabajador esté en condiciones de jubilarse, salvo que se configuren las otras causales de extinción que enumera la ley (art. 91 de la L.C.T.).

En el contrato de trabajo está ínsita la idea de estabilidad en el empleo y permanencia del trabajador (que se manifiesta en la regla de que “a actividades permanentes corresponden contratos permanentes”, prevista en el art. 14 bis de la Constitución nacional, que protege al trabajador contra el despido arbitrario.

En cambio, la regulación de los contratos por tiempo determinado —que son la excepción— está sujeta al cumplimiento de requisitos formales y sustanciales —deben existir circunstancias objetivas que lo justifiquen— recayendo la prueba de la existencia de este tipo de contratos sobre el empleador.

Asimismo, en caso de duda, por aplicación del principio de continuidad, las situaciones deben resolverse en favor de la continuidad o subsistencia del contrato (art. 10 de la L.C.T.); en tal sentido, por ejemplo, el art. 94 de la L.C.T. dispone que la omisión de otorgar preaviso en el contrato a plazo fijo lo trasforma en un contrato por tiempo indeterminado.

Sin embargo, en distintos ordenamientos jurídicos del derecho comparado, posteriores a la década de 1980, se fomentaron —intentando paliar las crisis económicas y el desempleo— formas de contratación por tiempo determinado. En muchos casos incluyeron beneficios para las empresas que adoptaron ese tipo de contratación, por ejemplo, exenciones previsionales e impositivas a fin de bajar el “costo laboral” y fomentar el empleo. En los últimos años se observó una importante rotación de personal y un incremento de contrataciones por tiempo determinado.

Si bien la L.C.T. favorece los contratos de trabajo por tiempo indeterminado, hay excepciones en la propia ley para que el empleador, en determinadas circunstancias, pueda efectuar contrataciones por tiempo determinado; ese plazo puede surgir expresamente del contrato o tratarse de uno indeterminado pero determinable.

En síntesis, dentro del derecho individual del trabajo, coexisten dos tipos diferenciados de contratación de carácter laboral: 1) el contrato por tiempo indeterminado; y 2) los contratos por tiempo determinado. Asimismo, existen formas de contratación no laborales que se han incorporado recientemente a nuestra legislación.

Contratos laborales vigentes:
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