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fecha de publicación07.09.2015
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Provincia de Buenos Aires

Honorable Cámara de Diputados
PROYECTO DE LEY

El Senado y La Honorable Cámara de Diputados sancionan con fuerza de:

LEY

Régimen Único de defensa de la libertad de expresión en todo el territorio de la Provincial de Buenos Aires.

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CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: El Estado Provincial garantiza el derecho fundamental a la libertad de prensa, reconocido expresamente por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la Constitución de la Nación Argentina y Tratados Internacionales con jerarquía constitucional.-

Artículo 2°.- Todas las personas son libres de buscar, expresar, recibir y difundir por cualquier medio informaciones, opiniones, ideas y manifestaciones culturales de toda índole, sin ninguna restricción directa o indirecta, ni censura previa de ninguna índole.

Artículo 3.- Para todos los efectos relacionados con la aplicación e interpretación de la presente, se establece:

1) El término “todas las personas” deberá ser considerado en el sentido más amplio e incluye tanto a las físicas como a las jurídicas, a los habitantes como a los visitantes, a quienes ejerzan los derechos aquí reconocidos desde y en el territorio de la Provincia.

2) El término “ninguna autoridad pública” deberá ser considerado en el sentido más amplio e incluye a todas las autoridades administrativas y públicas de la Provincia y de cualquier otra jurisdicción, así como a todas las reparticiones autárquicas y organismos descentralizados o no de cualquier nivel y jurisdicción.

3) El término “difusión” deberá ser considerado en el sentido más amplio e incluye cualquier forma de manifestación, publicación, transmisión, propagación, exhibición o divulgación de expresiones, información, opiniones o ideas.

4) El término “expresión” deberá ser considerado en el sentido más amplio e incluye las artísticas, literarias, satíricas, culturales, intelectuales, filosóficas, políticas, económicas, científicas, religiosas, sociales y cualquier otra.

5) Los términos “información”, “opinión” e “idea” deberán ser considerados en el sentido más amplio e incluyen imágenes, sonidos, noticias, críticas, pensamientos y enseñanzas.

6) El término “periodista” deberá ser considerado en el sentido más amplio e incluye a cualquier persona que difunda expresiones, información, opiniones o ideas por algún medio de comunicación.

7) El término “medio de comunicación” deberá ser considerado en el sentido más amplio e incluye cualquier soporte o modalidad, sea oral, gráfico, audiovisual, electrónico, cibernético, entre otros.

CAPITULO II

DERECHOS

Artículo 4°.- Todas las personas, sean físicas o jurídicas tienen derecho a:

1) Buscar, acceder y recibir libremente por cualquier medio expresiones, información, opiniones e ideas de toda índole, sin ningún tipo de restricción directa o indirecta, ni censura de ninguna clase.

2) Elegir libremente cómo, dónde y respecto de quién ejercer el derecho estipulado en el inciso anterior, sin que ningún poder público pueda interferir ni sustituir su decisión.

Artículo 5°.- Todas las personas pueden ejercer los derechos establecidos en el artículo anterior sin ningún tipo de discriminación por motivos de raza, etnia, religión, género, orientación sexual, idioma, edad, ideología, opiniones políticas o de cualquier índole, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier otra circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo a los mismos.

Artículo 6°.- Las libertades de imprenta, prensa y expresión deben ejercerse respetando los valores, principios y derechos fundamentales que reconocen la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, especialmente el sistema democrático y republicano de gobierno, la división de poderes, la independencia judicial y los derechos al honor, la privacidad, la intimidad, la identidad y la propia imagen, así como la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral públicas y la protección psíquica, física y moral de los menores de edad.

Artículo 7°.- En aquellos casos expresamente previstos en el presente Decreto, otras leyes o Tratados Internacionales de jerarquía constitucional, podrá prohibirse la difusión a posteriori de ciertas expresiones, información, opiniones o ideas. Esta prohibición deberá ser resuelta por la autoridad judicial competente, con criterio restrictivo y favorable a las libertades de imprenta, prensa y expresión, y su ejecución requerirá sentencia definitiva, salvo en los casos que aquí expresamente se prevean.

Las expresiones, información, opiniones o ideas que instrumenten, promuevan, propaguen, hagan apología o inciten la actividad sexual ilegal de los niños, su prostitución o explotación sexual o material y/o espectáculos de pornografía infantil son las únicas que podrán ser censuradas o prohibidas por orden judicial no definitiva en forma previa a su difusión.

Artículo 8°.- Queda prohibida la propaganda a favor de la guerra o la tortura, así como cualquier incitación a la violencia y toda apología del odio nacional, racial, religioso, ideológico, deportivo, político, etario, de género, de orientación sexual o social o cualquier otra acción discriminatoria contra cualquier persona o grupo de personas.

Para suspender la difusión de este tipo de propaganda, incitación o apología resulta necesaria una orden judicial, encontrándose legitimada cualquier persona domiciliada o visitante de la Provincia, o persona jurídica en ella domiciliada. Como excepción, para ejecutar esta orden judicial no será necesario que la misma se encuentre firme.

Artículo 9°.- La protección al honor, la intimidad, la identidad o a la propia imagen no podrá impedir, inhibir ni restringir la investigación ni la difusión de información de interés público.

Cuando quien demande la protección al honor, la privacidad, la intimidad, la identidad o a la propia imagen sea un funcionario público, una persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público deberá evitarse que tal reclamo constituya una presión indirecta que desaliente el pleno ejercicio y goce de las libertades de imprenta, prensa y expresión.

CAPITULO III

PROHIBICIONES

Artículo 10°.- Queda prohibido:

1) Censurar o controlar previamente la veracidad, oportunidad o imparcialidad, revisar, aprobar, intervenir, interferir, obstaculizar, modificar, alterar, sugerir o imponer la línea editorial, noticias, información, contenidos, grillas, programas u opiniones que difundan los habitantes de la Provincia y los medios de comunicación en ella domiciliados, cualquiera sea su soporte o modalidad.

2) Efectuar solicitudes o requerimientos informativos sobre su línea editorial, noticias por difundir, contenidos, grillas, programas, opiniones o información en poder de los medios de comunicación domiciliados en la Provincia, cualquiera sea su soporte o modalidad.

También quedan prohibidas las conductas anteriormente descriptas respecto de los periodistas que se domicilien en la Provincia ejerzan su actividad y sus libertades de imprenta, prensa y expresión mediante medios de comunicación o desde instalaciones en ella domiciliados.

Artículo 11°.- Queda prohibido obligar a periodistas a entregar sus apuntes, anotaciones y archivos personales y profesionales, o a revelar sus fuentes de información o los proyectos que tengan en marcha, debiendo respetarse su ética y secreto profesional.

Artículo 12°.- No podrá ser suspendida, interrumpida, demorada ni dificultada la actividad profesional de los periodistas, productores y editores que se domicilien en la Provincia o ejerzan su actividad en la misma, ni la de los medios de comunicación que en ella tengan su domicilio o instalaciones, cualquiera sea el soporte o modalidad que utilicen para la difusión de información, opiniones o ideas.

No se podrán secuestrar las imprentas y sus accesorios como instrumento del delito durante los procesos.

Artículo 13°.- A efectos de favorecer la pluralidad y la diversidad en la emisión de expresiones, información, opiniones e ideas y ampliar el efectivo derecho de los habitantes y visitantes de la Provincia a buscar, recibir y acceder información a expresiones, información, opiniones e ideas de su libre elección, los medios de comunicación aquí domiciliados, cualquiera sea su soporte o modalidad, estarán sujetos a las leyes de defensa de competencia de carácter general que dicte el Gobierno Nacional, siempre y cuando no restrinjan arbitraria o irrazonablemente sus libertades de imprenta, prensa y expresión.

Pero estarán exceptuados de aquellas dictadas exclusivamente para medios de comunicación.

La limitaciones dispuestas por las leyes de defensa de la competencia para los medios de comunicación privados serán de aplicación en el ámbito de la Provincia también para los medios de comunicación estatales pertenecientes al Gobierno de la Provincia o de otras jurisdicciones que difundan expresiones, información, opiniones o ideas, desde instalaciones ubicadas en el territorio de la Provincia.

Artículo 14°.- Las autoridades de la Provincia no podrán dictar actos administrativos, ni admitir la aplicación en el territorio de la Provincia respecto de sus habitantes, visitantes o de las personas jurídicas aquí domiciliadas, de leyes ni actos administrativos de ninguna otra jurisdicción que, directa o indirectamente, afecten las libertades de imprenta, prensa y expresión tuteladas por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional y la Constitución Bonaerense, ni ninguno de los derechos y garantías establecidas por la presente ley.

Artículo 15°.- No podrán restringirse las libertades de imprenta, prensa y expresión de los medios de comunicación con domicilio o instalaciones en la provincia, ni el derecho al libre acceso a la información de las personas de la Provincia por vías indirectas tales como el abuso de controles oficiales, la imposición de aranceles, impuestos, regulación o cargas extraordinarias para la producción o importación de papel para medios gráficos, de enseres, equipos, insumos y aparatos necesarios para la difusión de expresiones, información, opiniones o ideas por cualquier soporte o modalidad.

La enumeración antedicha es meramente enunciativa, y cualquier interpretación deberá ser favorable al pleno goce y ejercicio de las libertades de imprenta, prensa y expresión y al derecho a la búsqueda y acceso a la información diversa, plural y libremente elegida.

Artículo 16°.- No podrán imponerse sanciones administrativas de ningún tipo a los habitantes y visitantes de la Provincia ni a las personas jurídicas en ella domiciliadas por la difusión por cualquier medio de expresiones, información, opiniones o ideas.

Artículo 17°.- Los inmuebles, registros marcarios, licencias de comunicación audiovisual, instalaciones, equipos, maquinarias, materiales, enseres, insumos, suministros ni todo activo o bien necesario para la difusión de expresiones, información, opiniones o ideas, que pertenezcan a periodistas o medios de comunicación, cualquiera sea su soporte o modalidad, con domicilio en la Provincia o que se encuentren en ella instalados, estarán protegidos inclusive frente a expropiaciones por motivos de interés o utilidad pública, decomisos, confiscaciones, embargos, secuestros y ejecuciones administrativas.

Las deudas que con los organismos públicos tengan los periodistas o medios de comunicación, cualquiera sea su soporte o modalidad, originadas en cualquier tipo de sanción o multa administrativa o de origen tributario sólo podrán ser ejecutadas judicialmente contra activos que no resulten, directa o indirectamente, imprescindibles para el ejercicio de tal actividad.

Artículo 18°.- No se podrá intervenir, desapoderar, despojar, reasignar, transferir ni ofertar pública o privadamente, sin la aprobación voluntaria y expresa de sus propietarios, ningún medio de comunicación ni ningún inmueble, instalación, registro marcario, licencia de comunicación audiovisual, equipo, maquinaria, enser, insumo, suministro ni ningún activo o bien, material o inmaterial, necesario, directa o indirectamente, para la libre difusión de expresiones, información, opiniones o ideas.

Las acciones o cuotas sociales de las sociedades que, directa o indirectamente, sean propietarias de medios de comunicación, cualquiera sea su soporte o modalidad, domiciliados en la Provincia no se podrán expropiar, confiscar, decomisar, reasignar, ceder ni transferir sin la aprobación voluntaria y expresa de sus titulares.

Los derechos políticos correspondientes a las acciones de las sociedades que, directa o indirectamente, controlen medios de comunicación, cualquiera sea su soporte o modalidad, domiciliados en la Provincia, cuentan con la más amplia protección y nadie podrá interferir en su ejercicio regular.

Artículo 19°.- Ninguna autoridad pública podrá intervenir en manera alguna, ni designar ni interventores ni administradores coadyuvantes, ni veedores con o sin derecho a veto, ni participar, ni directa ni indirectamente, en la dirección, gerenciamiento o control societario de los medios de comunicación con domicilio en la Provincia, cualquiera sea el soporte o modalidad que utilicen para difundir sus expresiones, información, opiniones o ideas, ni tampoco interferir en manera alguna en sus decisiones editoriales ni empresariales ni apartar ni separar ni remover ni siquiera temporalmente sus órganos de administración.

Artículo 20°.- Los acreedores privados sólo podrán embargar preventivamente y posteriormente ejecutar, los activos y bienes, materiales o inmateriales, que los periodistas o medios de comunicación domiciliados en la Provincia, cualquiera sea su soporte o modalidad, necesiten para realizar la difusión de expresiones, información, opiniones o ideas, cuando no existan otros activos o bienes sobre los que hacerlo.

En ningún caso corresponderá el secuestro preventivo, ni la intervención judicial, ni ninguna otra medida cautelar sobre los activos o bienes necesarios para el ejercicio de la actividad.

Artículo 21°.- Las instalaciones de medios de comunicación ubicadas en el territorio de la Provincia necesarias para la difusión de información, opiniones o ideas, mediante cualquier soporte o modalidad de información, no podrán ser clausuradas ni sus equipos decomisados por la administración pública salvo mediante orden judicial que se encuentre firme.

Cuando la orden judicial se funde en la existencia de peligro grave, inminente y concreto para la seguridad física de las personas, no será necesario que se encuentre firme.

Artículo 22°.- Corresponde a la Provincia la jurisdicción de todas las materias relativas a los medios y servicios de difusión orales, gráficos, electrónicos o de cualquier otro tipo, de los medios de comunicación en ella domiciliados o cuyas instalaciones se encuentren en la Provincia, cualquiera sea su soporte o modalidad, con excepción de aquellos que ocupen espacio radioeléctrico los que estarán regulados por la ley federal correspondiente, en la medida que dicha regulación no afecte las libertades de imprenta, prensa y expresión de los habitantes de la Provincia ni de las personas físicas en ella domiciliadas.

Artículo 23°.- Al tratarse la protección a las libertades de prensa, imprenta y expresión de una facultad expresamente atribuida a la Provincia por la Constitución Nacional, y no habiendo sido delegada ni resultando delegable, los bienes y activos, materiales o inmateriales, que periodistas o medios de comunicación, cualquiera sea su soporte o modalidad, necesiten para ejercer su actividad y se encuentren en el territorio de la Provincia no estarán sujetos a aquellas leyes o actos administrativos dictados por otras jurisdicciones que coarten, restrinjan o limiten, directa o indirectamente, dichas libertades ni que afecten, obstaculicen, comprometan o de cualquier forma perturben la libre expresión, circulación, acceso o elección de información, opiniones o ideas.

CAPITULO IV

COMISIÓN BICAMERAL ESPECIAL INVESTIGADORA
Artículo 24º: Creación. Crease en el ámbito de esta Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires una Comisión Bicameral Especial Investigadora que tendrá como objeto el análisis, evaluación e investigación de hechos que pudieran implicar una restricción o cercenamiento de la libertad de expresión.

En especial, la comisión deberá abocarse a la investigación de:

  1. El contenido de las denuncias efectuadas por diversas entidades periodísticas y trabajadores de prensa, las denuncias ante los organismos internacionales que motivaran informes negativos acerca de la libertad de prensa/ expresión, y/o que impliquen situaciones de persecución o cualquier forma de presión hacia la labor de los medios de comunicación, los criterios de distribución de las pautas oficiales, como así también la afectación a cualquier forma de derecho humano a la información y los obstáculos a toda tarea tendiente a la democratización de los medios de comunicación.

Artículo 25°: Conformación. La Comisión estará conformada por nueve (9) señoras/es diputadas/os y nueve (9) señoras/es senadoras/es, designadas/os por ambas Cámaras a instancia de los Bloques Legislativos, propiciando la proporcionalidad política.

Artículo 26°: Autoridades de la Comisión. La Comisión elegirá a su presidente, vicepresidente y secretaria/o por mayoría de votos y dictará su propio reglamento interno para cumplir los objetivos fijados en la presente ley.

El Reglamento interno será aprobado por el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros de la Comisión.

Artículo 27°: Quórum y mayorías. El quórum para sesionar será el establecido en el artículo 19 del Reglamento de la Cámara de Diputados. La Comisión tomará las decisiones por mayoría absoluta de sus miembros, salvo en aquellas para las que la presente resolución establece expresamente una mayoría calificada.

Artículo 28°: Sede. La Comisión investigadora tendrá su sede en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires, pero podrá actuar y constituirse en cualquier lugar de la República Argentina.

Artículo 29º: Facultades y atribuciones. A los efectos de poder desarrollar su tarea de investigación, la comisión tendrá las siguientes facultades y atribuciones:

a) Solicitar informes escritos u orales, o el envío de documentación sobre los hechos que sean objeto de investigación, a los demás poderes del Estado, a cualquier miembro de la Administración Provincial y/o Municipal, a toda persona jurídica de existencia física y/o ideal. La Comisión podrá establecer un plazo perentorio para la contestación de los informes.

b) Recibir denuncias y pruebas sobre los hechos que son objeto de la investigación.

c) Requerir y recibir declaraciones testimoniales.

d) Ordenar la realización de pericias técnicas.

e) Conocer el estado de las causas judiciales y/o administrativas relacionadas con los hechos investigados, y requerir la remisión de expedientes judiciales y/o administrativos o, en su defecto, copia certificada de los mismos. En el caso que los instrumentos o documentación remitida correspondieran a un expediente judicial en secreto de sumario, se tomarán los recaudos necesarios para la garantía del mismo.

Artículo 30°: Informe. La Comisión deberá elevar un informe a ambas Cámaras, detallando los hechos investigados, dentro de los 90 días contados a partir de su constitución, pudiendo emitirse informes parciales sobre los avances de las investigaciones. El plazo de duración de la Comisión Investigadora podrá prorrogarse a resolución de la Cámara.

El informe final precisará las responsabilidades políticas que pudieran emerger de la investigación, procediendo en caso de advertirse la posible comisión de delitos, de acuerdo con lo establecido en el siguiente artículo. Asimismo deberán sugerirse las modificaciones normativas que estime conveniente como consecuencia de la investigación llevada a cabo.

El informe será dado a publicidad por los medios que la Comisión estime pertinente.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, la Comisión procederá a informar a las Cámaras, en el transcurso de su desempeño, sobre todo aspecto que considere necesario.

Artículo 31°: Denuncia. Si como consecuencia de la investigación se advirtiera la comisión de actos que pudieran considerarse delitos, la Comisión deberá formular las denuncias pertinentes ante la justicia ordinaria, aportando los elementos de prueba recopilados.

Articulo 32°: Gastos. Los gastos que ocasione el cumplimiento de la presente ley serán tomados del presupuesto correspondiente al Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires.

Articulo 33°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

FUNDAMENTOS
Atendiendo a que las provincias dentro de nuestro esquema federal de organización estadual gozan de sus propias atribuciones, se gobiernan a si mismas y tienen la capacidad de dictarse sus propias leyes y en el ejercicio de la autonomía reconocida a las provincias tiene además los limites impuestos por la propia Constitución Nacional. En tal sentido el articulo 5 de la Ley Fundamental, el Constituyente estableció expresamente que cada provincia deberá dictar para si una constitución bajo el sistema republicano y representativo, de acuerdo con los principios declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su Administración de Justicia, su Régimen Municipal y la Educación Primaria.

En ese sentido, la libertad de expresión es un derecho garantizado desde las primeras cartas constitucionales dictadas en la provincia. Nuestra constitución nacional a diferencia de la carta de la provincia de buenos aires no contempla en forma expresa a la libertad de expresión. No obstante ello, basándonos en un concepto amplio de libertad no podríamos concebir un régimen republicano de gobierno sin ella

Que el artículo 14 de la Constitución Nacional consagra el derecho a publicar ideas por la prensa sin censura previa; derecho que ha sido interpretado por la doctrina y la jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal en forma amplia, abarcativa de cualquier tipo de contenido (ideas, noticias, opiniones, expresiones artísticas o culturales, entre otras) y de medio o soporte técnico (prensa escrita, radio, televisión, Internet, cine, etc.);

Que la doctrina ha afirmado que la libertad de expresión “es el derecho a hacer público, a transmitir, a difundir y a exteriorizar un conjunto de ideas, opiniones, críticas, imágenes, creencias, etc … a través de cualquier medio: oralmente, mediante símbolos y gestos, en forma escrita, a través de la radio, el cine, el teatro y la televisión, etc.” (Bidart Campos, Germán; Manual de la Constitución Reformada)

Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha manifestado en forma reiterada y uniforme que la protección de las libertades de imprenta, prensa y expresión resulta superlativa por ser uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho y del sistema democrático y republicano de gobierno;

Que en este sentido se ha dicho que “Entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que poseen más entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan solo una democracia desmedrada o puramente nominal. Incluso no sería aventurado afirmar que, aun cuando el art. 14 enuncie derechos meramente individuales, está claro que la Constitución, al legislar sobre libertad de prensa, protege fundamentalmente su propia esencia democrática contra toda posible desviación tiránica.” (Fallos, 248:291, JA 1960 – VI – 454, “Abal c Diario La Prensa”;

Que el artículo 32 de la Ley Fundamental nacional dispone que “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”;

Las libertades de expresión y de prensa son derechos tutelados por el ordenamiento jurídico argentino en función de valores que exceden la territorialidad nacional y se referencian en el ordenamiento social de los estados democráticos. El libre ejercicio de la libertad de expresión está amparado por los artículos 1, 12 inciso 4to., y 13 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, arts.14 y 32 de la Constitución Nacional y los artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -ambos tratados internacionales que gozan de jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994.

Que el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), incorporado con rango constitucional conforme las previsiones del inciso 22 del artículo 75 de nuestra Constitución Nacional, expresamente prevé en su parte pertinente que “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección; 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas; 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

Asimismo, el principio 1 de la declaración sobre Principios de Libertad de Expresión establece que "la libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas"... y que "es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática".

La declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 19 establece, por su parte, que "todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión" y que " "en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general de una sociedad democrática".

Presiones y ataques a medios de comunicación y a trabajadores de prensa se están volviendo cada vez más frecuentes cuando se trata de "voces discordantes" a las políticas oficiales de los distintos niveles de gobierno -municipal, provincial y nacional, lo que preocupa sobremanera cuando es desde las esferas del poder que se alientan estas conductas.

Como sostuviera la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la prensa ha recibido protección constitucional como dimensión política de la libertad de pensamiento y de la libertad de expresión, pasando a ser un elemento integrante del estado constitucional moderno;

La importancia de los medios de comunicación en la sociedad actual ha sido reconocida por el Congreso Nacional, que mediante el dictado de la Ley Nacional N° 25.750 –Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, sancionada en el año 2003- ha otorgado una especial protección a la actividad en términos generales;

Numerosas constituciones provinciales han incorporado previsiones en defensa de las libertades de imprenta, prensa y expresión, tales como las de Catamarca, Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis y Santiago del Estero, entre otras;

Que las recientes restricciones a la libertad de prensa no sólo afectan el derecho subjetivo de dar y recibir información, sino que limitan las posibilidades de un adecuado ejercicio de las demás libertades constitucionalmente consagradas, en la medida en que impiden el acceso a información relevante y a argumentos plurales, y se constituyen en un serio obstáculo a la deliberación pública abierta, no discriminada, vigorosa y desinhibida;

Es por ello que amerita diseñar un mecanismo institucional en el ámbito provincial, para atender situaciones que constituyen claras alteraciones al normal ejercicio de la labor periodística cuando impliquen una evidente afectación del derecho constitucional a expresarse libremente y a comunicar a la opinión pública.

Asimismo, consideramos pertinente la creación de un organismo político, que tenga por objeto el análisis, evaluación e investigación de hechos que pudieran implicar una restricción o cercenamiento de la libertad de expresión y que se avoque especialmente a la investigación de las denuncias efectuadas por entidades periodísticas y trabajadores de prensa; las denuncias ante organismos internacionales que motiven informes negativos acerca de la libertad de prensa/expresión y/o que impliquen situaciones de persecución o de presión hacia la labor de los medios de comunicación, los criterios de distribución de la pauta publicitaria oficial, así como la afectación a cualquier forma de derecho humano a la información y los obstáculos a toda tarea tendiente a la democratización de los medios de comunicación.

Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de Ley.-





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