Resumen: La demandante alega que se ha vulnerado su derecho al ingreso a la carrera administrativa y esta situación, de orden jurídico administrativo, forma parte del derecho de empleo público y como tal de naturaleza administrativa.






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Base de Datos de Jurisprudencia sobre Discapacidad

Facultad de Derecho - UBA




Palabras Claves: Cupo laboral/ Ley 10.592

País: Argentina

Provincia: Buenos Aires

Autos: "R., L. N. contra Provincia de Buenos Aires (Ministerio de la Producción). Demanda contencioso administrativa"

Instancia: Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires

Jurisdicción: La Plata

Fecha: 05/04/2006

RESUMEN:
La demandante alega que se ha vulnerado su derecho al ingreso a la carrera administrativa y esta situación, de orden jurídico administrativo, forma parte del derecho de empleo público y como tal de naturaleza administrativa. La postulación actoral yace fundada en su situación individualizada frente a la norma -arts. 8 y 9 de la ley 10.592. La esencia de la cuestión, consiste en la inserción y mantenimiento en la vida activa de las personas con una discapacidad tal que, no obstante ella, pueden prestar un servicio útil a la sociedad y, a la vez, asegurarse para sí medios de subsistencia. No entenderlo así implica dejar en letra muerta los principios contenidos en la Constitución nacional y en su similar provincial en relación a la necesidad de protección de la persona discapacitada.
La Provincia de Buenos Aires contempló específicamente el acceso de personas con discapacidad a la Administración Pública y, en tal sentido, le otorgó preferencias concretas a través de la reserva de cupos de ingreso. De ello surge la obligación estatal de remover los obstáculos que limitan de hecho la igualdad entre los hombres y de promover para todos el acceso efectivo al goce de los derechos personales.
Por todo lo expuesto se hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta, anulándose los actos impugnados, reconociendo el derecho de la actora como aspirante a la cobertura del cupo fijado por el art. 8 de la ley 10.592, y condenando a la demandada a que, teniendo en cuenta los restantes requisitos fijados por dicha normativa y en cuanto sean compatibles con las premisas señaladas por la ley 10.430, dicte uno nuevo ajustado a las pautas fijadas en la presente.

TEXTO COMPLETO:
A C U E R D O
En la ciudad de La Plata, a 5 de abril de 2006, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Pettigiani, Kogan, Genoud, Roncoroni, Soria, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 62.599, "R. , L. N. contra Provincia de Buenos Aires (Ministerio de la Producción)). Demanda contencioso administrativa".//-
A N T E C E D E N T E S
I. La señora L. N. R. , promueve demanda contencioso administrativa procurando la revocación de la resolución 11.111 Nº 7 mediante la cual el Ministro de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, en fecha 7-III-2001, denegó su solicitud de ingreso con motivo de las disposiciones de la ley 10.592, como agente de esa planta de personal.-
Hace extensiva su impugnación al decreto 625 por cuyo intermedio el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, el día 19-II-2001, rechazó el recurso jerárquico interpuesto contra su antecedente.-
Pide como consecuencia de la anulación de los actos que enjuicia, se ordene la asignación de un cargo de planta permanente de la Administración Pública provincial de acuerdo a sus aptitudes. Con costas.-
II. Corrido el traslado de ley, se presentó a juicio la Fiscalía de Estado sosteniendo la legitimidad de los actos impugnados y solicitó el rechazo de la demanda.-
III. Agregadas las actuaciones administrativas, el cuaderno de pruebas de la actora y el alegato de la demandada, la causa quedó en estado de ser resuelta, por lo que se decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T I O N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C I O N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. La señora L. N. R. promueve demanda contencioso administrativa procurando la revocación de la resolución 11.111 Nº 7 mediante la cual el Ministro de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, en fecha 7-III- 2001, denegó su solicitud de ingreso con motivo de las disposiciones de la ley 10.592, como agente de esa planta de personal.-
Recuerda que peticionó a la accionada su ingreso en el cargo vacante que ocupara su padre -F. P. R. - a raíz del fallecimiento de éste. Subsidiariamente solicitó se considerase la posibilidad de su admisión en cualquier dependencia de dicho Ministerio en el marco de la reserva de vacantes en una proporción del 4% en favor de personas discapacitadas que acreditasen condiciones de idoneidad.-
Manifiesta que luego de someterse a los exámenes que acreditaron su aptitud psicofísica, fue notificada de la inexistencia de vacantes para efectuar la designación peticionada, atento la vigencia del decreto 4319/1994.-
Afirma que el sistema creado por el art. 8º de la ley 10.592 procura mantener una relación proporcional y directa, desde el 6 de abril de 1990, respecto de las vacantes e ingreso a la Administración de su personal.-
Señala que no resulta de aplicación el decreto 4319/1994 respecto de las personas discapacitadas sin que resulte alterada la proporción legal, al no () reflejarse con la composición de la dotación del organismo.-
Finalmente, denuncia que durante la tramitación de su petición se produjo el ingreso de numerosos agentes, como así que el Poder Ejecutivo al reglamentar las preceptivas legales, invadió competencias propias del legislador.-
II. Corrido el traslado de ley se presentó a juicio la Fiscalía de Estado, que luego de sostener la legitimidad de los actos impugnados solicitó el rechazo de la demanda.-

Afirma que la accionante carece de derecho subjetivo al nombramiento, toda vez que la acción contencioso administrativa está destinada a proteger tales situaciones y no a aquéllas intentadas por quienes no resultan titulares de tales prerrogativas.-
Añade que la normativa de aplicación no confiere a la señora R. el derecho que invoca a ser nombrada.-
Señala que la designación pretendida no es automática en tanto debe ser considerada por la Administración en el marco de todas las normas vigentes en tal aspecto.-
Manifiesta que el requerimiento actoral escapa a la revisión de este Tribunal toda vez que los actos cuestionados fueron dictados dentro del marco y en el ejercicio de facultades discrecionales conferidas por el art. 52 de la Constitución provincial.-
Finalmente alega que la Administración Pública no se encuentra obligada a designar a todas las personas que soliciten su incorporación, aun en el marco del sistema referido. Agrega que de allí surge la sola obligación de mantener los cupos legalmente previstos, sin escapar a la aplicación de las normas que en materia de política de designación de personal, lleva a cabo el Gobierno provincial.-
III. De las actuaciones administrativas agregadas a la causa, surgen los siguientes elementos útiles para arribar a la solución de la controversia:
1. En fecha 8-V-2003, la señora L. E. P. d. R. solicitó se la designase en el cargo de quien fuera su esposo F. P. R. (fs. 2, expte. adm. 2752-063/1997).-
El interventor del Parque Pereyra Iraola solicitó a la Dirección de Personal del Ministerio de la Producción se concretase dicha designación (fs. 1, expte. adm. cit.).-
Requeridos los datos de la aspirante el mencionado funcionario señaló que ésta no encuadraba dentro de los límites de edad fijados en la ley 10.430, razón por la cual solicitó se gestionase la designación de la hija del señor R. (fs. 8, expte. adm. cit.).-
La Dirección de Personal del Ministerio apuntado, denegó la factibilidad de propiciar tal nombramiento debido a que los cargos vacantes habían sido congelados conforme el decreto 4319/1994, careciendo de puestos disponibles para acceder a lo peticionado (fs. 9, expte. adm. cit.).-
La Dirección General del Personal de la Provincia, requirió con carácter previo a su dictamen se acompañase copia del acto de cese por fallecimiento del señor R. , en tanto dio intervención al Ministerio de Salud y a la Dirección de Reconocimientos Médicos en virtud de la discapacidad física de la señora R. (fs. 11 y 13, expte. adm. cit.).-
2. La Junta Médica Descentralizada del H.I.G.A. Gral. San Martín, el 29-I-1998, extendió el certificado de discapacidad definitivo, el que estimó en el 90% -parcial y permanente-, aconsejando tareas de tipo administrativo que no demandasen esfuerzos físicos (fs. 15/16, expte. adm. cit.).-
La Subsecretaría de Coordinación y Atención de la Salud -Ministerio de Salud- requirió nuevo dictamen del cuerpo médico -Servicio de Salud Mental- a fin de que determinase cuál sería la mejor situación para la señora R. en el sentido de trabajar o contar con la pensión de su padre (fs. 18, expte. adm. cit.).-
El examen psicológico determinó que la mejor opción para la accionante era el trabajo, debido a su capacidad intelectual y su formación educativa (fs. 18 vta., expte. adm. cit.).-
Asimismo el informe de estudio laboral, indicó las condiciones de trabajo que debían cubrirse para su correcto desempeño, siendo viable su ingreso a la Administración Pública (fs. 19, expte. adm. cit.).-
Consecuentemente le fue extendido el certificado de aptitud psico-física (fs. 22/23, expte. adm. cit.).-
3. La Dirección General del Personal de la Provincia, expuso que la pretensión de la accionante en cuanto a la designación en el cargo que ocupara su padre no se encontraba contemplada en las disposiciones de la ley 10.430, en tanto que las previsiones de la Ley de Protección al Discapacitado no obligaban al Poder Ejecutivo a designar a todas las personas que lo solicitasen, debiendo -además- ser considerado en el marco del decreto 4319/1994 (fs. 24, expte. adm. cit.).-
Bajo tales directivas fue notificada la señora R. que a esa fecha no existían cargos vacantes para efectuar la designación que solicitara (fs. 25 y 26 vta., expte. adm. cit.).-
4. La actora interpuso recurso de revocatoria y jerárquico subsidiario, sosteniendo en esencia que si bien las situaciones pretendidas no estaban contempladas en la ley 10.430, debían integrarse con la ley 10.592. Añadió que la aplicación indiscriminada del decreto 4319/1994 resultaba irrazonable (fs. 52/53, expte. adm. cit.).-
Dicha articulación fue denegada al considerase extemporánea (fs. 32, expte. adm. cit.), como así al haber sido interpuesto frente a un acto preparatorio, es decir a la opinión de la Delegación de Personal de la Secretaría General de la Gobernación (fs. 33, expte. adm. cit.).-
5. La resolución 11.111 Nº 7 del Ministro de la Producción y el Empleo provincial, en fecha 16-II-1999 denegó la petición formulada referente a la posibilidad de designación de la actora en el cargo que su padre dejara vacante por fallecimiento (fs. 36, expte. adm. cit.).-
6. La accionante presentó recurso de revocatoria y jerárquico subsidiario, sosteniendo que en dependencias del Parque Pereyra Iraola existía personal ingresante. Aclaró que la admisión que peticionara no sólo lo era al cargo que dejara vacante su padre sino que podía concretarse también bajo alguna de las modalidades previstas en la ley 10.430. Por lo demás reiteró los fundamentos de su pretensión inicial (fs. 40/41, expte. adm. cit.).-
La Dirección General de Personal de la Provincia insistió con el dictamen vertido en su anterior intervención, a lo que añadió que si bien los contenidos de la ley 10.430 habían sido modificados por la ley 10.592, posteriormente la ley 11.758 volvió a abordar la cuestión, siendo a aquella fecha la norma de aplicación (fs. 43, expte. adm. cit.). Igual temperamento y por similares razones, la Asesoría General de Gobierno, estimó que el recurso debía ser rechazado (fs. 44, expte. adm. cit.).-
La resolución 11.111 nro. 60 dictada el 25-VIII-1999 por el Ministro de la Producción, adoptó los fundamentos vertidos por los cuerpos asesores y denegó el recurso de revocatoria interpuesto (fs. 47/48, expte. adm. cit.).-
La señora R. urgió el procedimiento, el 8-II-2000 (fs. 2, expte. adm. cit., alc. 1). La Dirección Provincial de Personal, consideró que dicha articulación podía considerarse como el mejoramiento del recurso a que alude el art. 91 del dec. ley 7647/1970, por lo que consideró, ante la ausencia de nuevos elementos, que correspondía el rechazo del recurso (fs. 57, expte. adm. cit., alc. 1). Distinto criterio adoptó la Asesoría General de Gobierno por cuanto estimó que debía notificarse a la accionante a los fines del recurso jerárquico en cuestión (fs. 58, expte. adm. cit., alc. 1).-
La señora R. , concretó la actuación el 4- VIII-2003, con similares fundamentos que los expuestos en anteriores intervenciones (fs. 64/65, expte. adm. cit., alc. cit.).-
En fecha 19-II-2001, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, previa intervención de los cuerpos asesores, rechazó el recurso jerárquico articulado, mediante el decreto 625 (fs. 73/74, expte. adm. cit., alc. cit.).-
IV. Como quedara expuesto, la pretensión impugnatoria de la actora se vierte en los presentes actuados en procura de que este Tribunal deje sin efecto los actos administrativos señalados y se ordene al Poder Ejecutivo provincial la asignación de un cargo de Planta Permanente en la Administración Pública provincial de acuerdo a sus aptitudes y en el marco del art. 8º de la ley 10.592.-
Por su lado, la accionada opuso a su progreso la aplicabilidad del decreto 4319/1994, razones de ausencia de derecho subjetivo al nombramiento requerido como así que resultaba una facultad discrecional de la Administración el seleccionar a quienes integrarían sus cuadros.-
De tal modo no existe controversia en cuanto a que la señora R. se encuentra discapacitada y como tampoco que los exámenes psicofísicos que se le practicaran en sede de la demandada determinaron su aptitud para tareas de orden administrativo, adecuadas a sus posibilidades.-
V.1. Debido a elementales razones metodológicas, debo en primer orden abordar el tópico relacionado con la endilgada ausencia de derecho subjetivo de la actora respecto del contenido de su pretensión.-
Se destacan en el responde limitaciones al juzgamiento de la contienda administrativa derivadas de la legislación adjetiva -arts. 1º y 28 inc. 3º de la ley 2961, vigente entonces-, añadiendo que no resulta procedente la acción intentada por quien no es titular de tales prerrogativas.-
2. Este Tribunal ha señalado que la acción reúne las condiciones externas para su admisibilidad si el derecho que se invoca al promover la demanda ante esta Corte es un derecho administrativo sin que corresponda juzgar en relación a ese aspecto si le asiste o no al actor el derecho que hace valer (conf. doctr. causa B. 52.092, "Rapisarda", sent. del 17-X-1990).-
En la especie, la demandante se encuentra legitimada para promover la acción contencioso administrativa en tanto alega que se ha vulnerado su derecho al ingreso a la carrera administrativa y esta situación, de orden jurídico administrativo, forma parte del derecho de empleo público y como tal de naturaleza administrativa. Cuestión diferente es la de determinar si le asiste o no razón a la actora para obtener una designación.-
3. La postulación actoral yace fundada en su situación individualizada frente a la norma -arts. 8 y 9 de la ley 10.592-. Es decir que el derecho invocado resulta de una evidente cuestión de hecho -su discapacidad- y de los contenidos normativos que tal disposición garantiza para ese grupo particularizado de habitantes, los que a su vez se alegan vulnerados.-
De tal modo la ley expresa que: "El Estado provincial, (...) deberá ocupar a personas discapacitadas que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al 4%..." (art. 8, ley cit.).-
Resulta de una inmediata hermenéutica legal la obligación de los cuerpos provinciales de ocupar sus plantas con personal idóneo que obtengan el certificado a que alude el art. 9 del mismo texto normativo y en una relación específica y determinada con quienes no cuenten con dicha acreditación.-
Pienso que dichas pautas -de naturaleza tuitiva de una situación especial- imponen una conducta positiva de parte de la Administración, cuya infracción legitima el presente cuestionamiento.-
4. En definitiva, lo que subyace en la demanda, resulta amparado por la garantía contenida en el art. 11 de la Constitución provincial, toda vez que lo que se reclama es que la petición sea evaluada y decidida en igualdad de condiciones y dentro del marco señalado por la norma invocada.-
A partir de allí, toda vez que la norma constitucional señalada es inmanente al derecho público y que se denuncia el quebranto de dicha preceptiva, resulta procedente el cuestionamiento a través del proceso contencioso administrativo.-
Finalmente, considero que el debate no puede abordarse con un criterio estricto de interpretación de las normas en juego, sino por la esencia misma de la cuestión, que en definitiva consiste en la inserción y mantenimiento en la vida activa de las personas con una discapacidad tal que, no obstante ella, pueden prestar un servicio útil a la sociedad y, a la vez, asegurarse para sí medios de subsistencia.-
No entenderlo así implica dejar en letra muerta los principios contenidos en la Constitución nacional y en su similar provincial en relación a la necesidad de protección de la persona discapacitada (arts. 75 inc. 23, primer párrafo, Const. nac. y 36 inc. 5, Const. prov.;; causa B. 58.854, "Cal Herbertz", sent. del 16-VIII-2000).-
VI.1. Asimismo, la Fiscalía de Estado alegó que la Administración ha obrado dentro del marco y en el ejercicio de sus facultades discrecionales, razón por la cual los actos cuestionados no resultan susceptibles del control judicial.-
2. La postura sostenida por la demandada en el responde, referida al alcance de la revisión judicial de los actos dictados por la Administración en ejercicio de la potestad de nombrar y remover a sus agentes, hace necesario que señale que comparto el criterio que propugna la amplitud de la inspección jurisdiccional de las facultades discrecionales de la Administración, tal como lo ha resuelto este Tribunal por mayoría en la causa B. 51.249 (sent. del 10-XI-1992, "Trezza", "Acuerdos y Sentencias", 1992-IV-249, en especial votos de los doctores Ghione y Negri; conf. mis votos en causas "Serpe", "D.J.B.A.", t. 153, pág. 4711; "Espilman", B. 55.191, sent. del 16-XII-1997, entre otras).-
Ello, por cuanto es doctrina unánime que no existen actos estrictamente reglados, o totalmente discrecionales, sino que, en todo caso, tales características pueden informar predominantemente un determinado acto administrativo.-
En efecto, no es el acto en sí mismo el que puede calificarse de "discrecional" o "reglado", sino la atribución que al efecto se ha ejercido.-

Por ende, las atribuciones de un órgano administrativo no pueden ser totalmente regladas o absolutamente discrecionales. La actividad de la Administración Pública, como acertadamente lo expresa Fiorini, sea discrecional o reglada, estará ligada radical y fundamentalmente con la norma legislativa que ejecuta. No puede existir, agrega, actividad de la Administración, vinculada o discrecional, sin ley previa que autorice la gestión. La tarea discrecional está tan ligada a la norma como lo debe estar la actividad vinculada. En el estado de derecho -concluye dicho autor- no se concibe que los órganos realicen determinada labor sin tener como fundamento una regla autoritativa, sea de carácter administrativo, legislativo o constitucional. Toda la Administración está vinculada a una norma jurídica ("La discrecionalidad en la Administración Pública", Bs. As., pág. 41 y sigtes.).-
Por ello, y compartiendo la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, juzgo que el órgano jurisdiccional se encuentra investido de la potestad de revisar los actos disciplinarios emanados de la Administración, abarcando no sólo el control de su regularidad, en especial, el análisis de la existencia de los elementos que conforman el acto administrativo, la configuración en el caso de todos ellos conforme a derecho, comprendiendo las normas de aplicación supletoria o analógica (arts. 1, dec. ley 7647; 159, Constitución provincial) y la consiguiente constatación de los vicios que pudieren justificar su anulación (voto en la causa "Trezza" citada), sino también el de la razonabilidad de las medidas que los funcionarios hayan adoptado en el ejercicio de sus facultades, pudiendo los jueces anularlas cuando aquéllos incurran en arbitrariedad manifiesta.-
En ese orden de ideas, sostengo que la circunstancia de que la Administración obre en ejercicio de facultades discrecionales en manera alguna puede constituir un justificativo de su conducta arbitraria, puesto que es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de parte interesada, verificar el cumplimiento de dicha exigencia (C.S., marzo 22-1984, "Fadlala de Ferreyra, Celia R." y "Fallos", 298:223).-
La diferencia entre "discrecionalidad" y "oportunidad, mérito o conveniencia", obedece a la circunstancia de que mientras el poder discrecional aparece como un margen de arbitrio del órgano administrativo que se opone al carácter reglado o vinculado de la respectiva facultad, el juicio de conveniencia o mérito, se vincula a la potestad de apreciar libremente o con sujeción a ciertas pautas del ordenamiento positivo, la oportunidad de dictar un acto administrativo por razones de interés público (Cassagne, Juan Carlos, "Derecho Administrativo", t. II, pág. 105).-
En ese orden de ideas se inscribe la doctrina del Alto Tribunal nacional, cuando expresa que "La potestad del Poder Judicial de revisar los actos administrativos sólo comprende, como principio, el control de su legitimidad, que no excluye la ponderación del prudente y razonable ejercicio de las facultades de las que se hallan investidos los funcionarios competentes, pero no el de la oportunidad, mérito o conveniencia de las medidas por éstos adoptadas" (C.S., noviembre 25-986, "Ferrer, Roberto O. c/ Gobierno Nacional-Ministerio de Defensa-", "La Ley", 1987-A-569; D.J., 987-I-370).-
Ello así porque la actividad discrecional no implica una franja vacua de revisión judicial.-
Lo que acabo de señalar se inscribe como los principios liminares del Estado de Derecho, éstos son, el de legalidad administrativa y el acceso a la justicia.-
Rechazo toda hermenéutica que conspire contra la adecuación de la Administración a la ley y cierre el camino a la jurisdicción.-
VII. Sentado lo que antecede, resulta imprescindible efectuar una reseña de las normas constitucionales, sus antecedentes y la legislación dictada, tanto a nivel nacional como provincial, vinculadas a la protección de las personas discapacitadas.-
a) El art. 75 de la Constitución nacional -luego de la reforma de 1994- establece: "Corresponde al Congreso:... inc. 23. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad...".-
Contribuir a que las personas con discapacidades alcancen las mayores cotas posibles de autonomía personal y lleven una vida independiente, de acuerdo con sus propios deseos, haciendo efectivo el derecho a la propia identidad, a la intimidad personal, al respeto por el ejercicio responsable de sus libertades, a formar un hogar y a vivir preferentemente en el seno de su familia o, en su defecto, a convivir en ambientes sustitutivos lo más normalizados posible, garantizando, cuando sea necesario, la efectiva tutela de su persona y bienes.-
b) En el ámbito nacional, y aún antes de la reforma constitucional, la ley 22.431 creó el Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas, disponiendo que el Estado nacional, sus órganos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, están obligados a ocupar personas discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al 4% de la totalidad de su personal (art. 8º).-
c) La ley 23.462 aprueba el convenio 159 sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el 20 de junio de 1983. Entre sus disposiciones, prevé que todo miembro deberá considerar que la finalidad de la readaptación profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo, y que se promueva así la integración o la reintegración de esta persona en la sociedad.-
d) La ley 24.013 instituyó los Programas Especiales de Empleo para discapacitados atendiendo al tipo de actividad laboral que las personas puedan desempeñar según su calificación y contemplando, entre otros aspectos, el apoyo a la labor de discapacitados a través del régimen de trabajo a domicilio y la prioridad en el otorgamiento o concesión de uso de bienes, públicos o privados, para la explotación de pequeños comercios; proveer al cumplimiento de la obligación de ocupar personas discapacitadas en una proporción no inferior al 4% del personal en los organismos públicos nacionales.-
e) A nivel provincial la Constitución, luego de la reforma de 1994, en su art. 36 establece: "La Provincia promoverá la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales".-
A tal fin reconoce los siguientes derechos sociales:

"... 5. DE LA DISCAPACIDAD: Toda persona discapacitada tiene derecho a la protección integral del Estado. La Provincia garantizará la rehabilitación, educación y capacitación en establecimientos especiales; tendiendo a la equiparación promoverá su inserción social, laboral y la toma de conciencia respecto de los deberes de solidaridad sobre discapacitados...".
f) La ley 10.592 (A.D.L.A., XLVII-D, pág. 4921) -anterior a la reforma constitucional- instituyó el Régimen Jurídico Básico e Integral para las Personas Discapacitadas, sustituyendo al dec. ley 9767/1981 que fue la primer norma sancionada en la Provincia de Buenos Aires que contempló de modo integral la cuestión.-
Así el art. 1º dice: "Establécese por la presente ley un régimen jurídico básico e integral para las personas discapacitadas. El Estado provincial asegurará los servicios de atención médica, educativa y de seguridad social a los discapacitados en imposibilidad de obtenerlos.-
Asimismo, brindará los beneficios y estímulos que permitan neutralizar su discapacidad, teniendo en cuenta la situación psico-física, económica y social, y procurará eliminar las desventajas que impidan una adecuada integración familiar, social, cultural, económica, educacional y laboral".-
El art. 2 dispone que "... se considerará que, dentro de la experiencia de la salud, una discapacidad es toda restricción o ausencia -debido a una deficiencia- de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano".-
El art. 3 establece que la "certificación de la existencia de la discapacidad, a los fines de esta ley, de su naturaleza y grado, y las posibilidades de rehabilitación del afectado, será efectuada por los organismos que determine el Ministerio de Salud...".-
g) En lo que ocupa al régimen laboral, la Provincia de Buenos Aires, sus organismos descentralizados, empresas del Estado, Municipalidades, Entidades de Derecho Público no estatal creadas por ley y Empresas Privadas Subsidiadas por el Estado, deberían ocupar a personas discapacitadas que reuniesen condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al 4% de la totalidad de su personal, sean éstos de planta permanente, temporaria, transitoria y/o personal contratado, con las modalidades que fije la reglamentación (art. 8, ley cit., texto según ley 12.469).-
El desempeño de tareas en dichos casos se realizaría previo dictamen y certificación médica expedida por los organismos que determinase el Ministerio de Salud (art. 9, ley citada).-

El decreto 1149 del 6-VI-1990 (B.O., 27-IV-1990), reglamentó los pormenores de la ley aludida en cuanto a los detalles de los certificados de discapacidad a extenderse (art. 1º), como así la forma de determinar el cómputo de la relación proporcional y su relación a las vacantes que se produjesen en el futuro (art. 8).-
h) Asimismo el decreto del Gobernador 4319, del 23-XII-1994 (B.O., 1 a 6 de enero de 1995), dispuso la transferencia con destino a la Secretaría General de la Gobernación de todos los cargos vacantes de Plantas Permanentes y Temporarias, existentes a la fecha de su dictado en toda la Administración Pública, los que quedarían congelados y a disposición del Poder Ejecutivo para implementar la política de recursos humanos que estime oportuna, con excepción del personal docente de la Dirección General de Escuelas (art. 1º).-
VIII.1. Considero que los textos normativos apuntados contienen un fuerte contenido tuitivo de las situaciones particulares de este grupo de personas. Así conllevan una discriminación positiva en punto a su integración con la comunidad y en procura del respeto a su derecho de igualdad, que en autos se concreta con su ingreso a las plantas de la Administración.-
2. La designación de la señora R. fue solicitada el 12-VI-1997 (fs. 30; 8, expte. adm. cit.), habiendo quedado perfeccionado su certificado de aptitud psico-física (art. 9, ley 10.592) el día 14-VIII-98 (fs. 44; 22, expte. adm. cit.).-
De la prueba informativa agregada (fs. 129/130), surge que mediante el decreto 2705/1999 fueron designados 257 agentes -en el Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción-, siendo sólo dos de esas designaciones efectuadas en el marco de la ley 10.592.-
Ello autoriza a concluir que el decreto 4319/1994, no resultó de aplicación absoluta y permitió la incorporación de personal a las dotaciones provinciales.-
3. Un sencillo cálculo aritmético permite inferir que, partiendo del presupuesto de cargos vacantes -luego asignados-, la afectación de sólo dos de ellos habría infraccionado la pauta del 4% impuesta legalmente, en esa repartición.-
Sin embargo, debo valorar que el cómputo del porcentaje legalmente reservado lo está -en este aspecto- en cuanto a las incorporaciones totales del Estado provincial, siendo que la prueba rendida se refiere sólo a una de sus dependencias.-
4. No puede desconocerse la potestad de la Administración conferida a través del art. 52 de la Constitución provincial, en cuanto a que los empleados provinciales deben ser nombrados por el Poder Ejecutivo.-
Pero la manda constitucional, tampoco puede adquirir validez absoluta y en abstracto, pues ha sido regularmente reglamentada por el legislador mediante la ley 10.592.-
La ponderación discrecional que debe -del mismo modo- reconocerse, fue cumplimentada y alternativamente ejercida a través de los exámenes de idoneidad fijados en la norma (art. 9, ley cit.). A ello se le añade que la propuesta fue realizada por el Interventor del Parque Pereyra Iraola, dependiente del Ministerio de la Producción (fs. 30; 8, expte. adm. cit.).-
5. Del mismo modo, aparece -en principio- incontrastable que la demandada no resulte obligada a designar a todas las personas que soliciten su incorporación a los cuerpos estatales.-
Tal potestad debe ser confrontada con las medidas positivas a que hacen referencia algunas de las normas transcriptas y los principios que las informan, que no son otra cosa, de acuerdo a las particulares circunstancias de este caso -propuesta para el cargo y certificado de aptitud-, que propender a la incorporación de las personas discapacitadas a los puestos de trabajo con el fin de facilitar su subsistencia y su inserción en la comunidad.-
La postura de la demandada no condice con la intención del legislador tanto nacional como provincial y menos aún con la letra y espíritu de la Constitución nacional y provincial.-
Además, indudablemente, los mandatos que estas normas fundamentales contienen no se dirigen solamente al legislador o a quien se halle a cargo de la Administración, sino también al juez, constituyéndose en verdaderos principios jurídicos aplicables a los casos sometidos a su conocimiento y decisión. Las acciones positivas que por aplicación de esos principios el Estado debe llevar a cabo no se ejercen exclusivamente por leyes o actos administrativos, sino que también pueden y deben ser adoptadas por los jueces, cuya función no se agota en el análisis de si tal o cual regla ha sido correctamente aplicada en un caso dado, pues sobre éstas existen aquellos principios, que las informan, y que imponen también la adopción de soluciones concretas adecuadas a las circunstancias del caso.-
6. Pienso que ante la existencia de la porción reservada por la ley 10.592 y teniendo en cuenta la prueba incorporada en autos -que al menos acredita infracción al cupo del 4% en una dependencia-, a lo que debe añadirse tanto la existencia de una propuesta de designación como la acreditación de la aptitud psico-física de la accionante, el fundamento expuesto en los actos impugnados para denegar el nombramiento de la señora R. -existencia de restricciones reglamentarias- deviene vacuo, y por tanto incurso en falta de motivación ya que el decreto 2705/1999 incorporó a 257 agentes.-
7. Este Tribunal ha señalado como recaudo de validez del acto administrativo que la exigencia de motivación -lo mismo sucede con la sentencia- no busca establecer formas por las formas mismas, sino preservar valores sustantivos. Aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales y que desde el punto de vista del particular o administrativo traduce una pretensión fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, ya que de su cumplimiento depende que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto (B. 56.364, "Guardiola", sent. 10-V-2000).-
IX. Por todo lo expuesto, juzgo que debe hacerse lugar parcialmente a la demanda, anularse los actos impugnados, reconocer el derecho de la señora R. como aspirante a la cobertura del cupo fijado por el art. 8 de la ley 10.592 y condenar a la accionada a que, teniendo en cuenta los restantes requisitos fijados por la ley 10.592 y en cuanto no sean incompatibles con las premisas señaladas por la ley 10.430, dicte uno nuevo ajustado a las pautas fijadas en la presente.-

Con el alcance parcial señalado, voto por la afirmativa.-
Costas por su orden (arts. 17, ley 2961; 78 inc. 3, ley 12.008 -según ley 13.101-).-
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Adhiero al voto del distinguido colega doctor Negri con las observaciones complementarias que realizo en el apartado siguiente.-
II. Ello así, toda vez que considero oportuno efectuar una consideración sobre la cuestión del ingreso a la carrera administrativa y su vinculación con el derecho de empleo público aludida en el ap. V.2., segundo párrafo del voto antes mencionado. Y, en tal sentido, diferenciar entre el llamado derecho al empleo, que no es más que la expectativa o la pretensión de todo habitante a ser designado o nombrado por la Administración Pública para desempeñar una función o empleo público sin otra condición que la idoneidad (art. 16, C.N.) y los derechos del empleo, entendidos como el conjunto de prerrogativas que hacen a la situación jurídica de aquéllos que se desempeñan o han ingresado en un cargo público (conf. Marienhoff, Miguel S., "Tratado de Derecho Administrativo", Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, t. III-B, págs. 118/119).-
Respecto del primero de los conceptos antedichos (acceso al empleo), que representa el punto discutido en el caso sub examine, baste señalar que en principio los habitantes carecen de un verdadero derecho subjetivo que obligue al Estado a concederles una función o cargo público (conf. Marienhoff, Miguel S., ob. cit., págs. cits.; Bielsa, Rafael, "Derecho Administrativo", Ed. "La Ley", Buenos Aires, 1964, t. III, pág. 164; Villegas Basavilbaso, Benjamín, "Derecho Administrativo", Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1951, t. III, pág. 365). Mientras que cuando se ingresa a la función o empleo público, ya sea por nombramiento u otra forma de incorporación, nace para el ahora funcionario o empleado una serie de derechos que constituyen los denominados derechos del empleo.-
Establecida brevemente esta distinción, y dadas las particulares notas que reviste el caso de autos, corresponde determinar ahora si el citado principio resulta plenamente aplicable al presente o bien, si el plexo normativo que rige en la especie, y que contempla un régimen especial de ingreso a la Administración Pública provincial para las personas discapacitadas, establece una suerte de excepción o, al menos, de atenuación de aquella regla.-
Así, la ley 10.592 de Régimen Jurídico Básico e Integral para las Personas Discapacitadas (B.O., 1-XII- 1987) dispone, en el segundo párrafo de su art. 1°, que "(...)[El Estado Provincial] brindará los beneficios y estímulos que permitan neutralizar su discapacidad, teniendo en cuenta la situación psico-física, económica y social, y procurará eliminar las desventajas que impidan una adecuada integración familiar, social, cultural, económica, educacional y laboral". Por su parte, el art. 8º de la misma ley establece que: "El Estado Provincial, sus organismos descentralizados, Empresas del Estado, Municipalidades, Entidades de Derecho Público no Estatales creadas por Ley y Empresas Privadas Subsidiadas por el Estado, deberán ocupar personas discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al cuatro (4) por ciento de la totalidad de su personal, sean éstos de planta permanente, temporaria, transitoria y/o personal contratado, con las modalidades que fije la reglamentación".-
El mandato de la norma provincial se vincula, aún con anterioridad a su consagración constitucional expresa a raíz de la reforma producida en el año 1994, con la llamada "acción positiva" o "medidas de acción positivas", las cuales, en general, tienen por finalidad garantizar la igualdad real de trato, desbrozando los impedimentos culturales que condicionan y limitan la igualdad en los hechos (Gelli, María Angélica, "Constitución de la Nación Argentina", Ed. "La Ley", Buenos Aires, 2003, pág. 597). Se refieren a los medios dispuestos por el Estado para procurar alcanzar la igualdad de oportunidades mediante el otorgamiento de ventajas en forma imperativa para corregir una desigualdad fáctica precedente (Quiroga Lavié, Humberto; Benedetti, M.A.; Cenicacelaya, M. de las N., "Derecho Constitucional Argentino", Rubinzal Culzoni Editores, Buenos Aires, 2001, t. I, pág. 387). En definitiva, a través de las citadas medidas se procura conceder preferencias concretas que compensen y equilibren la marginación o el relegamiento desigualitario que recae sobre ciertos grupos sociales, permitiendo con ello alcanzar una situación real de igualdad de oportunidades.-
Más allá de algunas dudas que la aplicación de este tipo de medidas pueda generar (ver Nino, Carlos S., "Fundamentos de Derecho Constitucional", Ed. Astrea, Buenos Aires 2002, págs. 424/425; Dworkin, Roland, "Los derechos en serio", Ed. Ariel, Barcelona 1984, pág. 327 y sigtes.), lo cierto es que luego de la reforma del año 1994 éstas hallaron expresa recepción en el texto de la Constitución Nacional, que en su art. 75 inc. 23, párrafo 1° establece, entre las atribuciones del Congreso, la de "legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre los derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad" (ver también art. 37, párr. 2° del mismo ordenamiento).-
El constituyente consideró que los sectores mencionados en el precepto constitucional requieren del otorgamiento de ciertas preferencias que permitan subsanar la situación de desventaja o inferioridad que históricamente han tenido respecto de otros grupos. En tal sentido, se ha dicho que la incorporación de la norma mencionada fue por "(...) la necesidad de reconocer que en nuestra sociedad hay sectores que viven postergados aún frente a la igualdad jurídica. Falta conectar la igualdad jurídica con la igualdad real para dejar de lado definitivamente la discriminación y la desigualdad. Hemos elegido aquellos sectores que (...) necesitan que esta Convención (...) los incorpore en las acciones cuyo dictado es responsabilidad del Estado" (del miembro informante del despacho en mayoría del proyecto que luego se convirtiera en el inc. 23 del actual art. 75, 22ª Reunión, 3ª Sesión ordinaria, 2-VIII-1994, Obra de la Convención Nacional Constituyente, t. VI, pág. 5182).-
A las previsiones normativas antes mencionadas que -como se destacó- tienden a brindar una protección especial a las personas con discapacidad, se añaden, dado la referencia que el art. 75 inc. 23 antes citado efectúa respecto de los derechos reconocidos por los Tratados de Derechos Humanos, las que surgen de la ley 24.685, que aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador- (en especial, art. 18); y de su similar 25.280, que hace lo propio con la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad (en especial, art. III.1.a).-
Finalmente, y en sentido análogo, puede mencionarse la obligación que corresponde al Estado provincial de promover la inserción social y laboral de las personas con discapacidad establecida en la Constitución local luego de la reforma del año 1994 (art. 36 inc. 5).-
De lo hasta aquí expuesto, se observa que la Provincia de Buenos Aires contempló específicamente el acceso de personas con discapacidad a la Administración Pública y, en tal sentido, le otorgó preferencias concretas a través de la reserva de cupos de ingreso. Todo ello en consonancia con los preceptos constitucionales antes mencionados que establecen la obligación estatal de remover los obstáculos que limitan de hecho la igualdad entre los hombres y de promover para todos el acceso efectivo al goce de los derechos personales.-
Dicha circunstancia pone de manifiesto la inatendibilidad del planteo formulado por la Fiscalía de Estado en torno a la ausencia de legitimación de la actora, ya que el plexo normativo aplicable en la especie revela la existencia de una situación jurídica subjetiva con la entidad suficiente para reclamar por vía judicial su reconocimiento y tutela.-

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.-

Costas por su orden (arts. 17, ley 2961 y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).-
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Negri, pues entiendo como él que los actos administrativos que fueron cuestionados por la actora se basaron en la restricción impuesta por el decreto 4319/1994 para incorporar personal a la Administración Pública provincial, y que esa situación fue soslayada por la propia Administración cuando designó un número importante de agentes en el mismo período en el que la aquí actora reclamó ingresar.-
Así las cosas, coincido con la solución propuesta por mi colega preopinante, y voto por la afirmativa.-
El señor Juez doctor Genoud, por los fundamentos expuestos por el señor Juez doctor Negri, votó por la afirmativa.-
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Roncoroni dijo:
Nos encontramos frente a una situación particular en la que con motivo del fallecimiento de un agente de la Administración Pública provincial se requirió por parte de su cónyuge el nombramiento para cubrir la vacante, cuya propuesta efectuó el entonces interventor del Parque Pereyra Iraola, frustrándose la designación por no cumplir la propuesta los requisitos de ley, lo que derivó en un nuevo pedido de designación, esta vez a favor de la hija del causante, la que tampoco prosperara, siendo objeto de los presentes autos el control de legitimidad y razonabilidad de los actos administrativos que denegaron tal petición de acceso al empleo público.-
Aquel primer argumento parental, como fundamento de acceso al cargo, no estaba previsto en la norma de aplicación [ley 11.758, B.O., 1-II-1996] por lo que es menester ponderar el restante que motoriza la segunda petición, cual es que la propuesta padece de una discapacidad parcial y permanente que la Junta Médica Descentralizada del H.I.G.A. Gral. San Martín estimó -el 29-I-1998- en el orden del 90%, aconsejando tareas de tipo administrativo que no demandasen esfuerzos físicos [fs. 15/16, exp. adm.].-
Esta condición, en mi parecer, la coloca sin duda dentro de los ciudadanos con tutela constitucional preferente a los fines de lograr su inserción laboral, a cuyo fin las normas reglamentarias han determinado la necesidad de reservar un número de vacantes en las plantas de personal de la Administración [art. 124 de la ley 11.758], lo que si bien no da derecho per se a la accionante a requerir directamente su designación por la mera existencia de una vacante en los planteles básicos, sí la legitima para requerir la operatividad de la garantía, permitiendo que entre los diversos nombramientos que se efectúen se cumpla con el porcentual de designaciones reservado para personas con capacidad diferente, para lograr así aquel objetivo priorizado por el constituyente.-
Siendo ello así y habiéndose producido diversos nombramientos que demuestran la flexibilización del pretenso congelamiento de vacantes, corresponde se contemple nuevamente la situación, conjuntamente con la de otros aspirantes en iguales condiciones, si los hubiera.-

Con el alcance indicado adhiero al voto del doctor Negri y doy también mi voto por la afirmativa.-
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
1. Estimo pertinente examinar en primer término los argumentos de la accionada en torno a la ausencia de legitimación de la actora para instaurar la presente acción.-
a. Si la configuración de un caso, causa o controversia (doct. arts. 116, C.N.; 161 inc. 2, 166, 171 y concs., Constitución provincial) es condición necesaria para el ejercicio de la función jurisdiccional (cfr. doct. causa B. 67.594, "Gobernador de la Provincia", sent. de 25- II-2004), entonces todo cuestionamiento a la legitimación de la parte actora para estar en juicio y demandar la intervención de los tribunales se convierte en un componente esencial del proceso, que no puede ser soslayado so riesgo de violentar la estructuración gubernativa sostenida a partir del denominado principio de división de poderes.-
Como dijera al votar la causa B. 64.474, "Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires" (sent. de 19-III-2003), a los jueces les es exigido intervenir en contiendas donde se persiga en concreto la determinación del derecho debatido entre partes adversas (C.S.J.N., "Fallos", 275:282; 308:1489; 313:863, 323:1339, entre otros), misión por cierto diferente de la asunción roles protagónicos o directos, tanto en la gestión de la mayor parte de las políticas públicas como en el proceso de redistribución y configuración sociales (cfr. Parejo Alfonso, Luciano, "Crisis y renovación en el derecho público", Madrid, 1991, pág. 72).-
Por ello, la legitimación exigible a quien ocurra a la jurisdicción en procura de justicia en principio ha de estar vinculada a la alegación de una afectación o perjuicio en su círculo de intereses tutelados por el ordenamiento, que -de un lado- posea una conexión con la conducta tildada de ilegítima o indebida del accionado y -del otro- sea susceptible de reconocerse, restablecerse o repararse, mediante el remedio propugnado [cfr. Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos in re Allen vs. Wright, 478 U.S. 737 (1984)].-
b. Desde luego, la cuestión que exhibe aristas de mayor realce cuando los tribunales se enfrentan con normas dictadas por el legislador estatuyen políticas públicas sustentadas en cláusulas constitucionales necesitadas de cierto despliegue regulatorio quizás mayor o más detallado que el efectivamente logrado, y si se invocan en un pleito en sustento del derecho cuyo reconocimiento judicial se pretende.-
Ello es lo que de alguna forma se aprecia en el sub examine.-
Salvados los supuestos especiales en que la materia jurídica implicada evidencia la necesidad de brindar tutela judicial a situaciones subjetivas pluri-individuales, cualificadas por el grado de incidencia colectiva en general que poseen (cfr. a modo de ejemplo causas B. 64.464, "Dougherty", res. de 13-XI-2002; B. 65.269, "Asociación Civil Ambiente Sur", res. de 19-II-2003; B. 65.270, "Alegre", res. de 7-V-2003; B. 64.474 cit. entre otras), en los casos corrientes o que de ordinario se suscitan -ámbito del que participa el presente- pesa sobre quien reclama la necesidad de acreditar un personal y directo gravamen o afectación o una objetiva pérdida de situaciones subjetivas favorables, causados por al accionar estatal impugnado. Es que, salvo que el legislador dispusiere lo contrario, no cabe a los tribunales el tratamiento de pretensiones basadas en el mero resguardo de la legalidad objetiva, en tanto carezcan de la mínima conexión con algún tipo de lesión objetivable a un círculo de intereses del reclamante. De lo contrario, los jueces transitarían un sendero ajeno a su cometido funcional [cfr. doctr. Lujan vs. Defenders of Wildlife, 504 U.S. 555 (1992)].-
c. Bajo tales premisas y a tenor de las normas que han de guiar la solución del caso conforme el detenido análisis efectuado por mi colega doctor Pettigiani en el ap. II, párrafos 4º, 6º, 7º, 8º y 9º de su voto, entiendo que la oposición articulada por la accionada no puede acogerse.-
Y ello así puesto que las circunstancias denunciadas por la actora como demostrativas de la ilegalidad imputada al accionar estatal, han sido corroboradas -según expondré infra- por medio de un material probatorio luciente en la causa que, sin posibilidad de dudas, patentiza una declinación de la Administración a ejercer su deber constitucional de actuar con apego a la juridicidad plasmada en un mandato legislativo (cfr. doct. causa B. 60.898, "Fiscal de Estado", sent. de 18-II-2004, voto de la mayoría). Se justifica entonces la intervención judicial requerida para reparar la afectación a bienes de la vida que quien demanda dice haber sufrido.-
2.a. Efectuadas tales precisiones, he de acompañar el criterio favorable al acogimiento de la acción.-
Es que, frente al expreso pedimento de la actora, de ser considerada su condición de incapacitada para acceder a los beneficios de la ley 10.592, la respuesta negativa de la Administración deviene insostenible, a poco de advertirse -como lo hace el colega doctor Negri en el ap. VIII.2.,3. primer párrafo y 6 de su voto- que, de las circunstancias probadas en la causa, surge evidente la infracción al porcentaje mínimo establecido como cupo de vacantes a cubrir con personal que padezca alguna incapacidad.-
Reparo para así concluir que la reglamentación de la ley 10.592 establece que "el cómputo del porcentaje determinado por el art. 8 de la [norma] resultará de aplicación para lo futuro debiendo considerarse respecto del cumplimiento de las vacantes que se produzcan a partir de la aplicación de la presente reglamentación y procurando mantener una relación proporcional directa con la dotación de cada organismo".-
En autos, la Administración no pudo justificar que en la esfera del Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción revistara personal discapacitado designado con anterioridad a los agentes nombrados por el decreto 2705/ 1999. Frente a tal déficit, lo expuesto por el Doctor Negri en el ap. VIII.3., primer párrafo de su voto, no sólo permite efectuar el cálculo que ordena la reglamentación, sino observar el obrar ilegítimo contra el que se ha alzado la actora.-
b. Estructurada la contienda como lo ha sido en autos, esta Suprema Corte está habilitada para emitir una condena en los términos solicitados a fs. 19, respuesta que debe practicarse a la luz de las prescripciones de la ley 12.008, texto según ley 13.101, aplicables al sub lite según lo oportunamente resuelto por este Tribunal (cfr. causas B. 64.996, "Delbes", res. de 4-II-2004; B. 64.203, "Lo-bbe", res. de 24-III-2004, entre otras).-

En cuanto a la pretensión anulatoria del decreto 625/2001, ella debe admitirse de conformidad con el art. 12 inc. 1º de la ley 12.008 (t.o. ley 13.101), dado lo expuesto en el ap. 2.a. anterior.-
Empero, el pedido de asignación de cargo en Planta Permanente de la Administración Pública provincial, de acuerdo a las aptitudes de la accionante y en el marco del art. 8 de la ley 10.592, no resulta -en los términos formulados- una pretensión encuadrable en el supuesto del art. 12 inc. 2º de la ley citada. Ello así, pues el reconocimiento del derecho o interés tutelado en un supuesto como el de autos importaría, sin otro aditamento, arrogarse esta Suprema Corte la facultad de crear empleos conferida por el constituyente a la Legislatura provincial (cfr. art. 103 inc. 3º de la Constitución local).-
Sin soslayar tal limitación, cierto es también que el principio de tutela judicial efectiva consagrado en el art. 15 de la misma Constitución demanda de los jueces resolver las controversias de modo que lo decidido no importe para el justiciable ganancioso un acto jurisdiccional huero de contenido práctico a tenor de los intereses contrapuestos cuya pugna quedará zanjada en la litis.-
Por tanto, y sin renunciar a la inveterada doctrina de esta Suprema Corte por la que se reconoce que los cargos públicos no han sido creados para el empleado o funcionario sino en razón del servicio (cfr. doct. causa B. 57.517, "Devia", sent. de 26-X-2005), coincido con la solución que propicia el doctor Negri en el ap. IX de su voto, en el sentido de reconocer el derecho de la actora como aspirante a la cobertura del cupo fijado por el art. 8 de la ley 10.592, condenando a la accionada a que -constatada la concurrencia de los demás requisitos fijados por dicha norma y los que resulten compatibles previstos en la ley 10.430- dicte un nuevo acto ajustado a las pautas de la presente decisión, en cualquier caso que con fecha posterior a esta sentencia, resuelva cubrir vacantes en la Administración Pública provincial.-

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.-
Costas por su orden (arts. 17, C.P.C.A.;; 78 inc. 3, ley 12.008, t.o. ley 13.101).-
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
S E N T E N C I A
Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta, anulándose los actos impugnados, reconociendo el derecho de la actora como aspirante a la cobertura del cupo fijado por el art. 8 de la ley 10.592, y condenando a la demandada a que, teniendo en cuenta los restantes requisitos fijados por dicha normativa y en cuanto sean compatibles con las premisas señaladas por la ley 10.430, dicte uno nuevo ajustado a las pautas fijadas en la presente.-
Costas por su orden, por no ser el caso de los arts. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 17, ley 2961.-
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de la doctora María del Carmen Vicente en la suma de pesos ... (arts. 9, 10, 14, 15, 16, 22, 26, 28 inc. "a", 44 inc. "b", segunda parte y 54 decreto ley 8904/1977), cantidad a la que se deberá adicionar el 10% (ley 8455).-

Regístrese y notifíquese.//-



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