Decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras






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CONSTITUCIONALIDAD DEL CARÁCTER ORGÁNICO DE LA LOTTT 2012

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SALA CONSTITUCIONAL

Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

Expediente Nº 12-0471

 

El 30 de abril de 2012, se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el Oficio S/N de la misma fecha, suscrito por el ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, en su condición de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, anexo al cual remitió un ejemplar del DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO, LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS, dictado con base en la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en las Materias que se Delegan, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.009, Extraordinario, del 17 de diciembre de 2010, con el propósito de obtener el pronunciamiento de esta Sala Constitucional acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico, conforme se ordena en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

El 2 de mayo de 2012, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó como ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien con tal carácter, suscribe la presente decisión.

 

Examinado el articulado del “Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras”, para la emisión del pronunciamiento respecto de la constitucionalidad de su carácter orgánico, se observa:

 

 

I

CONTENIDO DEL DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE

LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO, LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS

 

El instrumento jurídico remitido a esta Sala Constitucional, a los fines de revisar la constitucionalidad de su carácter orgánico, lo constituye el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, dictada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela con fundamento en el artículo 236.8 constitucional y el artículo 1.9 de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se delegan, en Consejo de Ministros, cuyo articulado se estructura de la forma como sigue:

 

            El Título I, intitulado “Normas y Principios Constitucionales”, recoge los principios rectores del sistema legal laboral y, en ese sentido, su Capítulo I, contentivo de las “Disposiciones Generales”, contiene 17 artículos que regulan su objeto; la consagración de sus normas como de orden público; el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación; las medidas administrativas y judiciales que garanticen la aplicación de la Ley; la excepción de aplicación a los Cuerpos Armados; la aplicación supletoria de algunas normas laborales a los funcionarios y funcionarias públicas nacionales, estadales y municipales; la protección de que gozan los trabajadores que presten servicios profesionales mediante la contratación por honorarios profesionales; la justiciabilidad de los derechos y garantías laborales a través de la acción de amparo constitucional; las competencias normativas del Poder Ejecutivo y Legislativo en la materia; la facultad reglamentaria del Ejecutivo Nacional; el principio de gratuidad de la justicia laboral; el apoyo debido a los funcionarios y funcionarias del trabajo; la promoción y protección de la iniciativa popular en el trabajo; los idiomas oficiales en el marco de las disposiciones que se comuniquen a los trabajadores y a las trabajadoras y la vigencia de los pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la República, siempre que sean más favorables que la legislación nacional.

 

            El Capítulo II del mismo Título se denomina “Principios Rectores”, que abarca las disposiciones consagradas en los artículos 18 al 24 del instrumento jurídico analizado. Tales normas aluden a los principios que rigen al trabajo como hecho social y proceso fundamental para alcanzar los fines del Estado, la satisfacción de las necesidades materiales, morales e intelectuales del pueblo y la justa distribución de la riqueza (artículo 18); el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales (artículo 19); el principio de igualdad y equidad de género en el ejercicio del trabajo (artículo 20); el principio de no discriminación en el trabajo basabas en razones de raza, sexo, edad, estado civil, sindicalización, religión, opiniones políticas, nacionalidad, orientación sexual, personas con discapacidad u origen social que menoscabe el derecho al trabajo (artículo 21); el principio de primacía de realidad sobre las formas o apariencias (artículo 22); los principios que articulan el sistema de justicia laboral y la legislación procesal sobre la materia (artículo 23) y el reconocimiento de la concepción constitucional sobre el trabajo como proceso fundamental para alcanzar los fines esenciales del Estado en tanto criterio que orienta la correcta aplicación de este Decreto Ley (artículo 24).

 

            El Capítulo III, denominado “Del Derecho al Trabajo y del Deber de Trabajar”, regulado en los artículos 25 al 29, sistematiza las disposiciones relativas al objetivo del proceso social del trabajo; el derecho al trabajo y el deber de trabajar; el porcentaje de personal venezolano; las excepciones temporales al porcentaje antes mencionado y, por último, lo relativo a la contratación de trabajadores extranjeros y trabajadoras extranjeras.

 

            Seguidamente, bajo el título “De la Protección al Trabajador y la Trabajadora”, el Capítulo IV, regula a partir del artículo 31 al artículo 34, las siguientes situaciones jurídico-laborales: la libertad de trabajo y su correlativa garantía; las excepciones a la libertad del trabajo; la protección especial para niños, niñas y adolescentes; el libre tránsito hacia los centros de trabajo y, por último, cuáles actividades son prohibidas en los centros de trabajo.

 

            Algunos aspectos subjetivos del nuevo régimen laboral se concentran en el Capítulo V, “De las Personas en el Derecho del Trabajo”, en ese sentido, el legislador habilitado estableció: la definición legal de trabajador o trabajadora (artículo 35); la definición legal de trabajador o trabajadora no dependiente (artículos 36); la definición legal de trabajador o trabajadora de dirección (artículo 37); la definición legal de trabajador o trabajadora de inspección y de trabajador o trabajadora de vigilancia (artículo 38); la consagración de la primacía de la realidad en la calificación de cargos (artículo 39); la definición legal de patrono o patrona (artículo 40); quién es a los efectos de la ley representante del patrono o patrona (artículo 41); la forma de realización de la notificación que va dirigida al patrono o patrona por parte de los funcionarios del trabajo (artículo 42); el reconocimiento de la responsabilidad objetiva del patrono o patrona (artículo 43); la participación en salud y seguridad (artículo 44); la definición legal de entidad de trabajo (artículo 45); la definición legal de grupo de entidades de trabajo (artículo 46); la noción legal de tercerización (artículo 47); la prohibición de tercerización (artículo 48); la definición legal de contratista (artículo 49) y, por último, la noción, a los efectos de la legislación laboral, de obra inherente o conexa (artículo 50).

 

            Luego, el Capítulo VI, “De la Prescripción de las Acciones”, se inicia con el régimen general de prescripción de los reclamos de naturaleza laboral, en su artículo 51.

 

El artículo 52 señala las formas de interrupción de la prescripción de las acciones provenientes de la relación de trabajo.

 

El Título II denominado “De la Relación de Trabajo”, fija en el Capítulo I las “Disposiciones Generales”, destacando en su artículo 53 la “presunción de la relación de trabajo” y en el artículo 54 que “(…) la prestación de servicio en la relación de trabajo será remunerada (…)”.

 

Por su parte el Capítulo II desarrolla lo relativo al Contrato de Trabajo, señalando que el mismo “(…) es aquel mediante el cual se establecen las condiciones en las que una persona presta sus servicios en el proceso social de trabajo bajo dependencia, a cambio de un salario justo, equitativo y conforme a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta Ley” (artículo 55); asimismo se señalan las obligaciones de las partes (artículo 56) y el régimen supletorio aplicable en caso de que en el contrato de trabajo no hubiere estipulaciones expresas respecto al servicio que deba prestarse y a la remuneración (artículo 57).

 

En este mismo Capítulo se establece la forma del Contrato de Trabajo (artículo 58), las especificaciones que debe contener (artículo 59), así como las modalidades del mismo (artículo 60). Igualmente se señalan los tipos de Contrato: a tiempo indeterminado (artículo 61), a tiempo determinado (artículo 62), para una obra determinada (artículo 63), supuestos de contrato a tiempo determinado (artículo 64) y, finalmente, los contratos de trabajo para prestación de servicios en el exterior (artículo 65).

 

En el Capítulo III, denominado “De la Sustitución de Patrono o Patrona”, se define la sustitución de patrono o patrona (artículo 66), así como la excepción a la misma (artículo 67) y los efectos y solidaridad que derivan de ella (artículo 68). Igualmente, contempla el derecho de los trabajadores y trabajadoras ante la sustitución de patrono (artículo 69) y el “Pago Anticipado” (artículo 70), en el caso que se pague al trabajador o trabajadora prestaciones e indemnizaciones con motivo de la sustitución de patrono o patrona y continúe prestando sus servicios a la entidad de trabajo.

 

Por su parte el Capítulo IV denominado “De la Suspensión de la Relación Trabajo”, contempla qué se entiende por suspensión, así como sus supuestos y efectos, con señalamiento de la protección al trabajador y a la trabajadora, que debe operar durante la misma, y la reincorporación al trabajo cuando cese la suspensión.

 

En el Capítulo V denominado “De la Terminación de la Relación de Trabajo”, se señala que la relación de trabajo puede terminar por despido, retiro, voluntad común de las partes o causa ajena a la voluntad de ambas (artículo 76). En el artículo 77 se señalan las clases de despido, haciendo referencia a la definición de retiro (artículo 78), las causas justificadas de despido (artículo 79) y las causas justificadas de retiro (artículo 80).

 

Asimismo, dicho Capítulo contiene el “Preaviso por retiro” (artículo 81) y la improcedencia de dicho preaviso (artículo 82), aunado a la “Indemnización por rescisión del contrato” (artículo 83) y la constancia de trabajo que deberá expedir el patrono o patrona, cuando el trabajador o trabajadora así lo exija (artículo 84).

 

El Capítulo VI titulado “De la Estabilidad en el Trabajo”, hace referencia al concepto de Estabilidad (artículo 85), las Garantías de la Estabilidad (artículo 86), con el señalamiento de cuáles son los trabajadores y trabajadoras amparados por la estabilidad (artículo 87); asimismo refiere que el procedimiento aplicable al respecto es el previsto en esta Ley y en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (artículos 88, 89, 90 y 91).

 

Este mismo Capítulo contiene lo referente a la “Indemnización por terminación de la relación de trabajo por causas ajenas al trabajador o la trabajadora” (artículo 92), señalando la improcedencia o terminación del procedimiento de estabilidad (artículo 93). Igualmente, contiene la garantía de la Inamovilidad (artículo 94), señalando que los trabajadores o trabajadoras protegidas por la misma, no podrán ser despedidos, ni trasladados, ni desmejorados sin una causa justificada la cual deberá ser previamente calificada por el Inspector del Trabajo. En el artículo 95 se establecen los parámetros para considerar un despido masivo.

 

            Que el Título III denominado “De la Justa Distribución de la Riqueza y las Condiciones de Trabajo”, regula lo relativo al “Salario” en su Capítulo I, estableciendo en su Sección Primera, las “Disposiciones Generales” que contienen entre otras la protección de la familia y el ingreso (artículo 97), el derecho al salario (artículo 98), la libre estipulación del mismo y disponibilidad de éste (artículos 99 y 101), su fijación (artículo 100) y, su irrenunciabilidad (artículo 103), entre otras.

 

En la Sección Segunda, que comprende desde los artículos 112 al 122, se regulan las “Clases de Salario”, los pagos de bonos, horas extraordinarias, días feriados, el salario para vacaciones, así como el salario base para cálculo de prestaciones sociales; por su parte en la Sección Tercera titulado “Del Pago del Salario”, se sistematiza su forma de pago (artículo 123), su posible autorización de pago otras personas (artículo 124), la oportunidad (artículo 126), los días de pago (artículo 127), así como los intereses moratorios por la demora en su cancelación (artículo 128); y por último en relación a ello, se establece en la Sección Cuarta, que comprende los artículos 129 y 130, se contemplan las disposiciones generales sobre el “Salario Mínimo”.

 

En el Capítulo II denominado “De la Participación de los Trabajadores y las Trabajadoras en Beneficio de las Entidad de Trabajo”, se establecen los beneficios anuales o utilidades (artículo 131), la forma de cálculo (artículo 136), la oportunidad para su pago (artículo 137), entre otras; para posteriormente regularse en su Capítulo III, el régimen “De las Prestaciones Sociales”, a saber; su cálculo (artículo 142), anticipo (artículo 144), el derecho de los herederos y herederas a recibir aquellas (artículo 145), entre otras.

 

En el Capítulo IV, comprendido desde los artículos 148 al 155, se regula lo relativo a la “Protección al Trabajo, Salario y las Prestaciones Sociales”, estableciéndose los diferentes mecanismos de protección sociales del trabajo, las fuentes de trabajo, la inembargabilidad del salario, prestaciones sociales e indemnizaciones derivados del trabajo, su carácter privilegiado sobre otras deudas del patrono y un régimen de excepciones.

 

Por otra parte, en el Capítulo V denominado de las “Condiciones Dignas de Trabajo”, se determinan cuales deben ser estas condiciones (artículo 156), el sistema de provisión de vivienda y transporte bajo determinados supuestos (artículos 159 y 160), la responsabilidad en el derecho de educación de los hijos de los trabajadores (artículo 161), así como lo relativo al acoso laboral y sexual y su protección (artículos 164, 165 y 166).

 

En sus Capítulos VI y VII, se sistematiza lo relativo a la “Jornada de Trabajo” y a las “Horas Extraordinarias de Trabajo”, respectivamente, contemplándose su lapso de duración (artículo 173), período de descanso (artículo 168), la jornada parcial (artículo 172), la progresiva disminución de la jornada de trabajo (artículo 174), la definición y límites de las horas extraordinarias (artículo 178), su régimen excepcional (artículo 179) y su sistema autorizatorio (artículo 182), así como el registro de éstas.

 

Dentro del Título III, se establecen en sus Capítulos VIII y IX, el régimen de los “Días Hábiles para el Trabajo” y lo relativo a las “Vacaciones”, respectivamente, en los cuales se norma los días hábiles para el trabajo (artículo 184), su régimen excepcional a los mismos bajo determinadas circunstancias (artículo 185) y su aplicación restrictiva (artículo 186), así como el descanso compensatorio (artículo 188); para luego regular desde los artículos 189 al 203, lo respecto al derecho a las vacaciones y el lapso para su ejercicio, su cancelación, el establecimiento del bono vacacional, su disfrute efectivo y el registro de éstas por parte del patrono.

 

En el Título IV titulado “DE LAS MODALIDADES DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ”, se encuentra el Capítulo I que contemplan las modalidades especiales de condiciones de trabajo, que dispone “que se establecerán en leyes especiales, elaboradas en corresponsabilidad y amplia participación de los sujetos de la relación laboral, particularmente los trabajadores y trabajadoras de cada modalidad y sus organizaciones sindicales. Hasta tanto ello no ocurra se regirá por este Título.”.

 

De igual manera, en el presente Capítulo se establece el régimen laboral aplicable en cuanto a las modalidades de trabajo (artículo 205) y establece que para los trabajadores y trabajadoras residenciales se regirán por la Ley Especial para la Dignificación de Trabajadoras y Trabajadores Residenciales en todo lo aplicable a la materia laboral y por la presente ley en cuanto le favorezca (artículo 206).

 

En el Capítulo II del presente titulo, se encuentra establecido el régimen “De los Trabajadores y Trabajadoras que realizan labores para el hogar”, aquí se establecen la igualdad de derechos para los trabajadores y trabajadoras que prestan sus servicios en un hogar o casa o habitación o a una persona determinada para su servicio personal o familia (artículos 207 y 208).

 

En el Capítulo III del presente título se encuentra “De los Trabajadores o Trabajadoras a Domicilio”, este Capítulo define el trabajador a domicilio de la siguiente manera: “Es toda persona que en su hogar o casa de habitación ejecuta un trabajo remunerado, con o sin ayuda de sus familiares, bajo la dependencia de uno o varios patronos o patronas, sin su supervisión directa, y utiliza para ello materiales e instrumentos propios, suministrados por el patrono o patrona o su representante, y está amparado por las disposiciones contenidas en el presente Capítulo. Estos trabajadores o trabajadoras gozan de los derecho relativos a la seguridad social.” (Artículo 209).

 

En tal sentido, dicho Capítulo establece la jornada de trabajo y los días de descanso (artículo 210 y 211), la protección al salario (artículo 212), las compensaciones por gastos conexos (artículo 213), el registro que debe llevar dicho patrono (artículo 214), así como una libreta que el patrono le debe suministrar al trabajador o trabajadora, que debe contener ciertos datos referente a su jornada laboral (artículo 215).

 

El Capítulo IV del referido titulo, se refiere a los “Trabajadores y Trabajadoras del Deporte Profesional”, comienza dando una breve definición de los mismos, así como todo lo relacionado al contrato de trabajo, cesiones, traslados o transferencia, oposición a la transferencia, modalidades, jornadas, descanso semanal, traslado y hospedaje, salario y las excepciones al principio de igualdad salarial (artículos 218 al 228).

 

El Capítulo V establece la modalidad de “Los Trabajadores y Trabajadoras Agrícolas”, los define de la forma siguiente: “Se entiende por trabajador y trabajadora agrícola quien presta servicio en una unidad de producción agrícola en actividades que solo pueden cumplirse en el medio rural. No se considerara trabajador o trabajadora agrícola a quien realice labores de naturaleza industrial, comercial o de oficina, aun cuando las ejecute en una unidad de producción agrícola”.

 

El presente Capítulo establece, todo lo concerniente a los trabajadores y trabajadoras agrícolas, específicamente en cuanto a las modalidades, fija los límites para los trabajadores y trabajadoras agrícolas extranjeros, el control de sus pagos, el derecho de una parcela cultivada, daños a la unidad de producción agrícola, el pago del trabajo en los días feriados, el derecho a unas vacaciones remuneradas y la duración de la jornada de trabajo agrícola (artículos 229 al 238).

 

El Capítulo VI, se establece “El Trabajo en el Transporte” y se divide en varias secciones, específicamente “Sección Primera: Del Trabajo en el Transporte Terrestre”, el ámbito de aplicación de la referida Sección en la presente ley es la siguiente “Las disposiciones de esta sección, se aplican a las labores de los trabajadores conductores y las trabajadoras conductoras y de mas trabajadores y trabajadoras que prestan servicio en vehículos de transporte urbano, interurbano, extraurbano, sean públicos o privados, de pasajeros, de carga o mixtos, quienes se regirán por las disposiciones previstas en esta Ley, su Reglamento, así como las convenciones colectivas, los convenios, acuerdos y tratados suscritos por la República Bolivariana de Venezuela”.

 

En la presente Sección, se encuentra establecido todo lo concerniente a la jornada de trabajo, estipulaciones del salario, aplicación de normas de tránsito y las prohibiciones (Artículos 239 al 244).

 

La Sección Segunda establece “El Trabajo en la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre” y su ámbito de aplicación en la presente ley es la siguiente: El trabajo de navegación marítima, fluvial y lacustre de los integrantes de una tripulación que presten servicio a bordo de un buque mercante en beneficio de un armador, armadora, fletador o fletadora, tanto durante el tiempo de navegación como en el que se encuentre en puerto, se regirá por las disposiciones generales de la ley que les sea aplicable en cuanto las del presente sección no las modifiquen. Igualmente son aplicables a este régimen especial de trabajo, las convenciones colectivas, la Ley General de Marinas y Actividades Conexas, así como los Tratados Internacionales que Venezuela haya adoptado y ratificado, en esa materia”.

En la presente Sección, se encuentra establecido todo lo concerniente a el contrato de trabajo, contrato por viaje, protección del salario, turno de guardia, descanso diario, servicio de guardia, labores especiales y de emergencia, registro de trabajo extraordinario, días adicionales de periodo vacacional, deberes patronales, tripulación a bordo en mal tiempo, tripulación por cuarentena, tripulación mínima, prevención de riesgos y accidentes, causales de despido justificado, prohibición de despido, amarre de buque, repatriación y pago de salario, delegado o delegada y regulación por el ejecutivo nacional (Artículos 245 al 267).

 

La Sección Tercera establece “Del Trabajo en el Transporte Aéreo” y su ámbito de aplicación en la presente ley es la siguiente: “El trabajo prestado por los trabajadores y trabajadoras tripulantes en aeronaves civiles, tanto durante el tiempo de navegación como el que permanezcan en tierra, se regirá por las disposiciones de esta Sección, además de las contenidas en esta Ley que les sean aplicables, en cuanto aquellas no las modifiquen, y en las leyes especiales, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios internacionales de la Aviación Civil, que Venezuela haya ratificado, en cuanto le sean favorables”.

 

En la referida Sección, se encuentra establecido lo relativo a representantes de los patronos o patronas, la fijación de la jornada laboral, los cursos de entrenamiento, la prohibición de interrupción del servicio, prolongación de la jornada, descanso semanal, principio de igualdad salarial, viáticos, obligaciones del patrono o la patrona, lo que no está permitido a los trabajadores tripulantes, las obligaciones de los trabajadores y trabajadoras tripulantes, las obligaciones de los trabadores y trabajadoras tripulantes responsable de la aeronave, responsabilidad en situaciones de riesgo (Artículos 268 al 282).

 

La Sección Cuarta establece “De los Trabajadores Motorizados y las Trabajadoras Motorizadas” y su ámbito de aplicación en la presente ley es la siguiente: “Los trabajadores motorizados y las trabajadoras motorizadas que prestan servicios bajo dependencia o por cuenta propia como mototaxistas, repartidores, repartidoras, mensajeros o mensajeras, o en actividades similares, estarán protegidos y protegidas por las disposiciones de esta Ley y de las demás normas legales en materia laboral aunque sean propietarios y propietarias del vehículo en el que realizan sus actividades”.

 

En la presente Sección, se encuentra establecido lo referente al mantenimiento del vehículo y los uniformes e implementos de trabajo. (Artículos 283 al 286).

 

El Capítulo VII, establece “De los trabajadores y Trabajadoras Culturales”, en cuanto a la ley especial y su ámbito de aplicación (Artículos 287 al 288).

 

El Capítulo VIII, establece “El trabajo de las Personas con Discapacidad”, en cuanto a la inclusión laboral de personas con discapacidad y su derecho a tener un trabajo digno (Artículos 289 al 291).

 

El Título V el cual se desarrolla entre los artículos 293 y 351 “De la Formación Colectiva, Integral, Continua y Permanente de los Trabajadores y las Trabajadoras en el Proceso Social de Trabajo”, en su “Capítulo I”, denominado “Disposiciones Generales”, propugna la educación y el trabajo como los procesos fundamentales para la creación y justa distribución de la riqueza, la producción de los bienes y servicios, para la construcción de una sociedad de iguales.

 

Para se concibe la formación colectiva, integral, continua y permanente como aquella realizada por los trabajadores y trabajadoras en el proceso social del trabajo, donde se pretende desarrollar integralmente los aspectos cognitivos, afectivos y prácticos para superar la fragmentación del saber, el conocimiento y la división entre actividades manuales  e intelectuales. Igualmente se establece la formación como esencia del proceso social del trabajo, para el pleno desarrollo de la personalidad de los trabajadores y trabajadoras, para su participación consiente y protagónica comprometida con la defensa de la independencia, que permita la mayor suma de felicidad posible, seguridad social y estabilidad política.

 

Por último se estable en el Capítulo I la corresponsabilidad social del Estado en generar las condiciones y crear las oportunidades para la formación social, técnica, científica y humanística de los trabajadores y trabajadoras.

 

El Capítulo II denominado “Formación para el Trabajo”, establece la carga del Estado de crear las condiciones y oportunidades para asegurar la incorporación de los trabajadores al proceso social; de igual forma se hace referencia del derecho de los jóvenes y las jóvenes de formar parte del proceso de desarrollo nacional. Se regula los sujetos que pueden ser objeto de becas.

 

Se regula en este Capítulo a los aprendices, la duración de su relación laboral, la obligación de los patronos de incorporarlos a las distintas empresas. Asimismo, se regula todo lo relacionado a las pasantías, visto como parte del proceso de formación de los estudiantes, se establecen las obligaciones de los mismos, el proceso de admisión, tiempo de duración, seguimiento y evaluación.

 

Por último, se dispone la posibilidad de que las misiones desarrolladas por el Ejecutivo nacional destinadas a la formación técnica y escolar de los trabajadores y trabajadoras puedan requerir a los patronos y patronas la dotación de espacio y personal para el desarrollo de los planes de formación dirigidos a los trabajadores y las trabajadoras bajo su dependencia.

 

El Capítulo III denominado “De la Educación desde el Trabajo”, comprende regula todo lo relacionado con el derecho de los trabajadores a la formación tecnológica de los equipos, maquinas, etc., del que sean parte. Para lo cual podrán organizarse y realizar el proceso de autoformación colectiva, integral continua y permanente. Por otra parte s establece la posibilidad de otorgar permisos a los trabajadores que cursen estudios. De igual forma se estipula que los patronos podrán firmar convenios con instituciones educativas para la formación de sus trabajadores en el marco de los planes de desarrollo económico y social de la nación. Por último, se expresa que los trabajadores podrán a disposición de la comunidad el conocimiento de su proceso productivo.

 

El Capítulo IV denominado “De las Invenciones, Innovaciones y Mejoras”, establece el proceso social del trabajo como la fuente fundamental del conocimiento científico, humanístico y tecnológico requerido para la producción de bienes y la prestación de servicio a la sociedad, en tal sentido en este Capítulo se regula todo lo relacionado a la normativa aplicable a las invenciones, innovaciones y mejoras, así como su clasificación, su regulación en el sector público y privado, la propiedad de las mismas y los derechos sobre ellas de los trabajadores no dependientes.

 

 

El Título VI “Protección Integral de la Familia en el Proceso Social de Trabajo”, consagra que la educación y el trabajo deben orientarse a la creación de las condiciones materiales, sociales y culturales para el desarrollo integral de la familia y su comunidad. Para ello, se establece la protección especial a la maternidad, la prohibición de exigir exámenes médicos destinados a diagnosticar embarazo, la prohibición de que las mujeres embarazas realicen cualquier actividad laboral que ponga en peligro su salud o la de su hijo, en tal sentido si existe riego para la salud de la madre o la de su hijo deberá ser traslada de su lugar de trabajo a otro más seguro.

 

Se establece igualmente la protección especial a la mujer embarazada y su inamovilidad, así como su descanso pre y post natal, los descansos por lactancia, la prolongación del mismo, la licencia y se crea el descanso para los padres por adopción. De igual forma se establece la obligación del patrono de otorgar las vacaciones a los trabajadores luego de la licencia de paternidad o descanso postnatal.

 

Por otro lado se establece la obligación del patrono de crear centros de educación inicial que cuente con una sala de lactancia donde se garantice la atención y formación adecuada a los hijos e hijas de los trabajadores.

 

Se dispone la no discriminación por razones de embarazo, la protección especial en caso de discapacidad de los hijos de los trabajadores, asistencia familiar, el estimulo de la práctica deportiva, el turismo social y se establece la obligación del Estado de desarrollar programas y misiones destinadas a la protección integral de los niñas, niñas y adolescentes, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad y las familias especialmente aquellas que se encuentren en condiciones pobreza.

 

El articulado contenido en el Título VII “Del derecho a la participación protagónica de los trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones sociales”, recoge el Capítulo I “De la libertad Sindical” y la sección primera se encuentra referida a las “Disposiciones Fundamentales”, la libertad sindical, a la autonomía sindical, los derechos individuales de la libertad sindical, los derechos colectivos de la libertad sindical, prohibición de prácticas antisindicales, prohibición de injerencia patronal, solicitud de afiliación, derecho de asociación de patronos y patronas.

 

            Seguidamente, en la Sección Segunda, titulada “De la Protección de la Libertad Sindical” se hace alusión al ámbito de protección en su dimensión individual y colectiva, las prácticas antisindicales como conductas discriminatorias o lesivas de los derechos de libertad sindical, el procedimiento ante las prácticas antisindicales, el procedimiento ante la negativa de afiliación de un trabajador o trabajadora a un sindicato.

 

            Asimismo, en la Sección Tercera, referida “De las Organizaciones Sindicales”, establece su objeto, el principio de pureza a los fines de la constitución de una organización sindical, las atribuciones y finalidades de los sindicatos de trabajadores y trabajadoras, las atribuciones y finalidades de las organizaciones de patronos y patronas, las atribuciones sindicales de otras organizaciones sociales tales como las cámaras de comercio, industria, agricultura o cualquier rama de producción o de servicios, sus federaciones y confederaciones con personalidad jurídica y colegios profesionales, el derecho de afiliación, las clases de sindicatos de trabajadores y trabajadoras, el ámbito territorial de actuación de las organizaciones sindicales, las federaciones y centrales de trabajadores y trabajadoras.

 

            Por otra parte, en la Sección Cuarta, aludida “Del Registro de las Organizaciones Sindicales”, se hace referencia al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, a la Jurisdicción del registro, al mínimo de afiliados y afiliadas de un sindicato de empresa -extensivo para los trabajadores y trabajadores agrícolas-, el mínimo de afiliados y afiliadas de un sindicato profesional, industrial o sectorial, regional o nacional, de patronos y patronas y el mínimo de organizaciones sindicales afiliadas de una federación o una central, a los documentos necesarios para el registro de una organización sindical; el acta constitutiva, los estatutos; la nómina de afiliados y afiliadas, el procedimiento para su registro, la abstención de registro de una organización sindical.

 

            Igualmente, en la Sección Quinta, titulada “Del Funcionamiento de las Organizaciones Sindicales”, se contempla todo lo relativo a las obligaciones, la Asamblea General, las formas alternativas de decisión, las decisiones dentro del marco legal de la Asamblea o junta directiva de una organización sindical, la información sindical y el ingreso de directivos al centro de trabajo.

 

            Seguidamente, la Sección Sexta, referida “De los Derechos de los Afiliados y las Afiliadas” narra todo lo concerniente al derecho a la participación, el derecho a elegir y ser elegidos, derecho a expresarse libremente, las causas para la aplicación de los procedimientos disciplinarios y la pérdida de tal condición.

 

            Del mismo modo, en la Sección Séptima, titulada “De las Elecciones Sindicales” se encuentra todo lo relacionado con la elección de la junta directiva, las elecciones por la base, el período de la junta directiva, las limitaciones para juntas directivas con el periodo vencido, las normas electorales que deben contener los estatutos sindicales, la publicidad de los actos electorales, la convocatoria a elecciones, la convocatoria por el Tribunal del Trabajo, la Comisión Electoral Sindical, los recursos de naturaleza electoral, la sustitución de integrantes de la junta directiva antes de culminar el período y la revocatoria del mandato de la junta directiva.

 

            Así, la Sección Octava, referida a “De los Fondos Sindicales”, en cuyo artículado se hace referencia a la autonomía administrativa, las cuotas sindicales, autorización por el trabajador o la trabajadora, movilización de los fondos, rendición de cuentas, revisión por Contraloría General de la República y los ilícitos en el manejo de fondos sindicales.

 

            En la Sección Novena, aludida “Del Fuero Sindical o Inamovilidad Laboral”, se realiza una definición de fuero sindical o inamovilidad laboral; la protección del fuero sindical, la protección por inamovilidad; la igualdad de procedimiento; la solicitud de autorización del despido, traslado o modificación de condiciones; la excepción a la solicitud de calificación previa; el despido durante el procedimiento de calificación de faltas; el procedimiento para el reenganche y restitución de derechos.

 

            Por su parte, en la Sección Décima, referida a “De la Disolución y Liquidación de las Organizaciones Sindicales”, se establecen las causas de disolución de una organización sindical, el procedimiento para la disolución; la fusión por absorción de otra organización sindical, la fusión para crear otra organización sindical y la liquidación de los bienes.

 

            El Capítulo II, se encuentra referido a la Convención Colectiva del Trabajo, en cuya Sección Primera, se encuentra referida a las “Disposiciones Generales” de la Convención Colectiva de Trabajo, donde se abarca todo lo relativo al derecho a la negociación colectiva y sus efectos; las cláusulas retroactivas, la progresividad de los beneficios para los trabajadores y trabajadoras, la duración de la convención, la convención colectiva por entidad de trabajo, la obligación de negociar con la organización sindical más representativa, la determinación de la representatividad, la oportunidad para oponerse a negociación, el Comité de Evaluación y Seguimiento y la duración de las negociaciones.

 

            Por otra parte, en la Sección Segunda, titulada “De las Convenciones Colectivas de trabajo en el Sector Público”, se refiere a la normativa aplicable, los lineamientos técnicos y financieros para la negociación, el estudio económico comparativo e informe preceptivo, la garantía de legalidad, la responsabilidad legal y  oportunidad de aplicación de los acuerdos.

 

            En la Sección Tercera, relativa a “De las Convenciones Colectivas de Trabajo en el Sector Privado”, se contempla la convocatoria a negociación, la presencia del funcionario o de la funcionaria del trabajo, el depósito de la convención colectiva acordada y la abstención de homologación por parte del Inspector o Inspectora del Trabajo.

 

            Así, la Sección Cuarta, titulada “De la Reunión Normativa Laboral”, se establece el objeto, solicitud, requisitos, lapso para convocatoria, convocatoria, publicación de la convocatoria, presidencia de la reunión, efectos de la convocatoria, oportunidad para oponerse a la reunión, adhesión, obligaciones de los convocados, protección a la pequeñas y mediana industria, duración de la reunión normativa laboral, mediación y arbitraje, la homologación de los acuerdos de la reunión normativa laboral y su ámbito de aplicación.

 

En su Sección Quinta referida a “De la Extensión Obligatoria de la Convención Colectiva de Trabajo”, se señala lo relativo a la solicitud de extensión, requisitos para la extensión, aplicación preferente y adhesión posterior a la homologación.

 

El Capítulo III, titulado “Del Conflicto Colectivo de Trabajo”, en su Sección Primera “De los Pliegos Conflictivos”, establece la normativa aplicable, la mediación para solución pacifica previa al conflicto, las negociaciones previas, la notificación a la Procuraduría General, la causas de un pliego conflictivo, la prohibición de nuevos planteamientos, la notificación al patrono del pliego, la Junta de Conciliación, el acuerdo de la Junta de Conciliación, el conflicto de varias entidades de trabajo y la finalización del procedimiento conflictivo.

 

Así, la Sección Segunda, referida “De los Servicios Mínimos Indispensables y Servicios Públicos Esenciales”, se consideran los servicios mínimos indispensables, la producción de bienes y servicios esenciales y el caso de huelga.

 

Por su parte, la Sección Tercera, cuyo ámbito se encuentra referida a “De la Huelga”, se establece su concepto y requisitos, la huelga en transporte, la protección del ejercicio del derecho a huelga, la huelga de solidaridad, el trámite de la huelga de solidaridad y el arbitraje obligatorio.

 

Por último, la Sección Cuarta “Del Arbitraje”, establece lo relativo a la Junta de Arbitraje, las decisiones de la Junta de Arbitraje, las atribuciones de la Junta de Arbitraje y el Laudo Arbitral.

 

De acuerdo al articulado contenido en el Capítulo IV referido “De la Participación y el Protagonismo Colectivo de los Trabajadores y las Trabajadoras en la Gestión”, se establece todo lo relativo a los Consejos de Trabajadores y Trabajadoras y su complementación.

 

El Título VIII el cual se desarrolla entre los artículos 499 y 520, “De las Instituciones Para la Protección y Garantías de Derechos”, en su Capítulo I denominado “De los Organismo Administrativos del Trabajo”, estable las funciones del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia del trabajo y seguridad social, así como las funciones del Ministra o Ministra encargada de dicho órgano. Por otro lado, se regula todo lo relacionado a la actuación de los funcionarios y funcionaria del trabajo, la actuación de los trabajadores y trabajadoras y la creación del servicio de asistencia legal y gratuita de los trabajadores y trabajadoras y la posibilidad de crear centros de encuentro para la educación y el trabajo.

 

El Capítulo II denominado “De las Inspectorías del Trabajo”, regula todo lo relacionado con dicho órgano administrativo, sus funciones, conformación y las obligaciones de los inspectores del trabajo. Se establece igualmente, el procedimiento para atender los reclamos.

 

El Capítulo III denominado “De la Supervisión de la Entidades de Trabajo”, estable la facultad de los inspectores y supervisores del trabajo de visitar los lugares de trabajo para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales relativas al trabajo. Informando, de ser el caso, al patrono de la existencia de incumplimiento de la normativa legal, para lo cual levantarán un acta.

 

El Capítulo IV denominado “De los Registros” establece la creación y competencias del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales y del Registro Nacional de Entidades del Trabajo, así como su funcionamiento.

 

El Titulo IX el cual se desarrolla entre los artículos 521 al 554, “De las Sanciones”, regula todo lo relacionado con el régimen sancionatorio por infracción, los principios bajo el cual se rige, el procedimiento para la aplicación de las sanciones, discrimina los distintos tipos de infracciones, regulando igualmente el desacato a las ordenes de los funcionarios del trabajo. Así como los recursos legales contra las sanciones impuestas.

 

Por otro lado, se establece la posibilidad de arrestar al patrono que desacate las órdenes de reenganche, el que incurra en violación del derecho a huelga y el que incumpla u obstruya la ejecución de los actos emanados de las autoridades administrativas del trabajo.

 

Por otra parte, se establece la prohibición para los funcionarios del trabajo de recibir dinero, obsequios o dádivas y la responsabilidad de los mismos en el cumplimiento de las normas establecidas en la ley laboral.

 

El Título X denominado “Disposiciones Transitorias, Derogatorias y Final”, regula en primer lugar las disposiciones transitorias, regulando la “Primera” de ellas la denominada tercerización estableciendo un lapso de tres años para que los patronos se ajusten a esta prohibición. La “Segunda” todo lo referente a la transición del antiguo régimen de prestaciones sociales y el nuevo. La “Tercera”, la aplicación de la nueva jornada de trabajo. La “Cuarta” la aplicación y organización del nuevo sistema organizaciones sindicales. La “Quinta” la transformación de las agencias de empleo. La “Sexta”, la continuidad de los Directores del Trabajo en las entidades del trabajo por el periodo por el cual fueron designados y la “Séptima”, establece la creación del Consejo Superior del Trabajo.

 

Las “Disposiciones Derogatorias” derogan los artículos 187 al 192, ambos inclusive, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y la Ley Orgánica del Trabajo del 19 de junio de 1997, así como su reforma del 6 de mayo de 2011.

 

La “Disposición Final” establece que la ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.

 

 
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