Acusacion ~ codigo de justicia militar ~ competencia ~ competencia federal ~ competencia militar ~ constitucion nacional ~ convencion americana sobre derechos






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En suma, por las consideraciones expuestas, estimo que, sobre este punto, tampoco corresponde la procedencia del recurso extraordinario interpuesto. - Noviembre 14 de 2000. - Nicolás E. Becerra. Buenos Aires, agosto 21 de 2003.

Considerando: 1. Que contra la sentencia de la sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que confirmó el rechazo de las excepciones de cosa juzgada y falta de jurisdicción esgrimidas por la defensa de Jorge Rafael Videla, éste interpuso recurso extraordinario, que fue concedido a fs. 234/234 vta.

2. Que para llegar a esa conclusión el tribunal a quo sostuvo sobre la base de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas que los tribunales militares no eran competentes para entender en el caso; que con esta solución no se advertía violación alguna al principio de juez natural, toda vez que resultaba aplicable la doctrina para aquellos casos en los que la intervención de nuevos jueces en juicios pendientes provenía de reformas en la distribución de la competencia criminal; que no existía identidad entre los hechos perseguidos en la causa 13/84 y los que constituyen el objeto de estas actuaciones. Tras exponer las razones por las cuales no existía violación del principio de "non bis in idem", afirmó en respuesta a los agravios del recurrente, que de la lectura de sus declaraciones indagatorias en la causa anterior no surgía que el imputado hubiera sido perseguido específicamente por las apropiaciones concretas materia de esta causa; que no era posible derivar una conclusión distinta del dec. 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional que en modo alguno podía implicar persecución penal; que el punto 25 de la sentencia de la Cámara Federal en aquella causa se circunscribía exclusivamente a los hechos que fueron materia de efectiva persecución; y, finalmente, que la exigencia de pronunciamiento que imponen los arts. 361 y 362 del Cód. de Justicia Militar debía ceñirse a los delitos incluidos en el sumario de la causa.

3. Que los agravios del recurrente se centran en la alegada violación del principio del juez natural -en el caso a su juicio, la justicia militar- como así también en la violación de la cosa juzgada que según su postura resultaría de la decisión de la causa 13/84.

4. Que siguiendo el orden de los agravios desarrollados por la recurrente y a fin de dar adecuada respuesta a cada uno de ellos, corresponde analizar en primer lugar si la decisión de la cámara constituye una violación al principio del juez natural. Afirmó el recurrente sobre el punto que "la falta de jurisdicción y la incompetencia por razón de materia son manifiestas" y, con la invocación de la doctrina de diversos autores agregó que "la circunstancia de que el procesado haya perdido su estado militar con posterioridad a la comisión del delito que se le imputa, no le saca de la jurisdicción militar a que el hecho y sus circunstancias lo someten". Concluyó, finalmente, que a la luz de la "Constitución, la ley 23.049, el dec. 158/83 y la jurisprudencia de la Corte Suprema" resulta "inexcusable que intervenga en este proceso, como tribunal de 1ra instancia, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas", toda vez que la "correcta inteligencia de la norma internacional [la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas] que se invoca para negar la garantía del juez natural indica claramente que la sentencia en recurso debe ser revocada".

5. Que en el caso de Fallos: 323:2035, "Cristino Nicolaides y otros" -correspondiente a la causa N° 10.326/96, a la cual se ha acumulado la presente (fs. 162/163)-, se había planteado una contienda positiva de competencia entre el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y un Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional, a raíz del pedido de inhibitoria que el primero le dirigió al último en el marco de la causa seguida a un general de división por el delito de sustracción de menores. Allí esta Corte -invocando, entre otras razones "la salvaguarda de las garantías constitucionales cuya preservación resulta imperativa para este Tribunal"- resolvió que la causa debía seguir tramitando ante la justicia federal (véase Fallos: 323:2035 citado, voto de la mayoría y, en lo pertinente, el de los jueces Petracchi y Boggiano). Esta conclusión es de estricta aplicación al sub judice; consecuentemente y en tanto la tramitación de la causa en el fuero que viene interviniendo no configura un supuesto de violación de la garantía establecida por el art. 18 de la Constitución Nacional, corresponde desechar el agravio desarrollado por la defensa.

6. Que en lo que se refiere al segundo de los agravios planteados si bien es doctrina del Tribunal que las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúnen, por regla, la calidad de sentencia definitiva a los efectos del art. 14 de la ley 48, de tal principio corresponde hacer excepción -como ya se afirmó- en los casos en los que dicho sometimiento podría provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior. Entre estas excepciones corresponde incluir el caso de autos, en tanto el recurso se dirige a lograr la plena efectividad de la prohibición de la doble persecución penal, cuyo rango constitucional ha sido reconocido por esta Corte (Fallos: 308:1678; 310:360; 311:67; 314:377; 316:687, entre muchos otros); y ese derecho federal sólo es susceptible de tutela inmediata porque la garantía no veda únicamente la aplicación de una nueva sanción por el mismo hecho anteriormente perseguido, sino también la exposición al riesgo de que ello ocurra mediante un nuevo sometimiento a juicio de quien ya lo ha sufrido por el mismo hecho. De este modo, el solo desarrollo del proceso desvirtuaría el derecho invocado, dado que el gravamen que es materia de agravio no se disiparía ni aún con el dictado de una posterior sentencia absolutoria (Fallos: 314:377 y sus citas).

7. Que frente a la posibilidad de que quien ya fue juzgado por determinado hecho lo sea nuevamente por el mismo hecho, la ley procesal prevé como remedio la excepción denominada de "cosa juzgada" ("exceptio rei iudicata"), bien que no es éste el único remedio para resguardar la garantía del "non bis in idem". Este instituto tiene el efecto de declarar definitivamente agotada una acción penal ya ejercida, en tanto todo nuevo proceso "in eadem re" del que pueda resultar un nuevo castigo sería inadmisible (conf. Eberhadt Schmidt, "Los fundamentos teóricos y constitucionales del derecho procesal penal", Ed. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1957, p. 160 y sigtes.).

Con base en la citada defensa se planteó en la causa la cuestión, por lo que el a quo se vio precisado a realizar un cotejo de los hechos investigados en la causa 13/84 citada y los que aquí se imputan, examen que específicamente involucra el estudio de la ocurrencia de las tres identidades clásicas. Los agravios del recurrente, sin embargo, no parten de ese cotejo de los hechos imputados en uno y otro caso, sino que -parcializando la cuestión- se centran en el examen de determinadas afirmaciones realizadas por la Cámara Federal al fallar en la causa 13/84, a las que se pretenden asignar consecuencias que no se derivan de sus premisas y conclusiones.

8. Que el principio "non bis in idem" nació como garantía de seguridad individual propio de un Estado de Derecho. La Enmienda V de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica establece que "(n)adie será sometido, por el mismo delito, dos veces al peligro de pérdida de la vida o de algún miembro" (veáse también lo resuelto por la Suprema Corte de los Estados Unidos de América en el caso "Abney v. United States (431 U.S. 651)", entre otros). Desaparecidas las penas corporales, la Enmienda V se interpreta hoy en el sentido de un nuevo riesgo de privación de la libertad. Por su parte, nuestra Constitución no previó originariamente en forma expresa esta garantía. Sin embargo se la ha reconocido tradicionalmente como una de las no enumeradas -art. 33 de la Constitución Nacional- (conf. Fallos: 248:232; 298:736; 300: 1273; 302:210). A su vez, ha sido incorporada -en forma sustancialmente análoga- en el art. 14, número 7, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, art. 8°, número 4). La doctrina europea ha señalado también que el "non bis in idem" procesal encuentra su último fundamento en el principio de Estado de Derecho "Rechtstaatsprinzip" (Manz-Dürig-Herzog-Schog, "Grundgesetz", Kommentar, 1989, comentario al párrafo 103 III de la Ley Fundamental alemana, n° 124, p. 49 y sigtes.).

En el ámbito nacional, la garantía puede ser entendida como aquella que impide la múltiple persecución penal, simultánea o sucesiva, por un mismo hecho. Tal como ya fue señalado no se trata exclusivamente de que una persona sea condenada dos veces por el mismo hecho, sino que basta para incurrir en la violación de la garantía con que se la someta al riesgo -por medio de un nuevo proceso- de que pueda ser condenada. Su violación debe entenderse configurada cuando concurran -como también fue indicado- las tres identidades clásicas, a saber "eadem persona" (identidad de la persona perseguida), "eadem res" (identidad del objeto de la persecución) y "eadem causa petendi" (identidad de la causa de la persecución).

9. Que los agravios de la defensa se centran, entonces, en considerar que los hechos investigados en la presente causa fueron materia de persecución anterior -expediente 13/84-. Al respecto cabe aclarar que esta identidad de objeto se configura si la idea básica permanece en ambos procesos (Beling Ernst, "Derecho Procesal Penal", trad. del alemán por Miguel Fenech, Ed. Labor, Barcelona, 1943, p. 84) aunque en el segundo aparezcan más elementos o circunstancias que rodeen a ese comportamiento esencial. Debe tratarse del mismo hecho (Fallos: 314:377; 316:687, entre otros), sin importar si en el primer procedimiento se agotó la investigación posible de ese hecho. Por otra parte, este extremo no guarda relación alguna con la eventual persecución de comportamientos históricos diversos, pero pasibles de subsunción en el mismo tipo penal.

Hechas estas apreciaciones, cabe entonces detenerse a examinar si la decisión recurrida es o no ajustada a derecho en cuanto decide que aquella identidad en el caso no existe. En este cometido el estudio concreto del objeto de estas dos causas pondrá luz para decidir esta cuestión.

10. Que para ello debe tenerse en cuenta que el objeto es idéntico cuando se refiere al mismo comportamiento, atribuido a la misma persona. Se trata de impedir que la imputación concreta, como atribución de un comportamiento determinado históricamente, se repita, cualquiera que sea el significado jurídico que se le ha otorgado, en una y otra ocasión, es decir el "nomen iuris" empleado para calificar la imputación o designar el hecho. Se mira al hecho como acontecimiento real que sucede en un lugar y en un momento o período determinado.

Que tal como señala el a quo, los comportamientos atribuidos en la presente causa al imputado son los relativos a la apropiación de los menores concretos que individualiza, comportamientos históricos que -tal como indica el propio recurrente a fs. 210 vta.- no fueron imputados anteriormente.

En efecto, la causa 13/84 versó -en cuanto al caso resulta relevante- sobre la apropiación de otros menores allí individualizados (por lo menos esto puede afirmarse respecto de dos de ellos, en atención a la subsistente falta de determinación de la identidad de las restantes víctimas de los hechos perseguidos en la presente causa). No se juzgó en ella el comportamiento genérico del inculpado pues "nunca constituye su vida entera el objeto procesal...(p)or el contrario, cada proceso se refiere sólo a un determinado acontecimiento de su vida: a un 'hecho' determinado" (confr. Beling, op. cit., p. 84). Es así como en la causa 13 no se investigó si el imputado había cometido delitos en un determinado período de su vida, ni siquiera si había cometido "genéricamente" el delito de sustracción de menores, sino si determinados hechos podían serle imputados como delitos por él cometidos -en lo que aquí interesa: la sustracción de varios menores individualizados en forma concreta-. Y ello es así porque una imputación respetuosa de las garantías del procesado no puede consistir en una abstracción, sino que debe tratarse de una afirmación clara, precisa y circunstanciada de un hecho concreto y singular de la vida de una persona, atribuido como existente. Así como "el demandado en juicio civil no se podría defender si no existiera esa concreta y clara manifestación de voluntad que debe estar contenida en la demanda, el imputado no se podría defender si el juicio penal no reposara en una acusación formal que describa el hecho delictuoso que se le atribuye. Nadie puede defenderse debidamente de algo que ignora" (conf. Vélez Mariconde, "Derecho Procesal Penal", Ed. Lerner, 1969, t. II, p. 216).

El dogma procesal no hay juicio sin acusación es un corolario del principio que impone la inviolabilidad de la defensa; para que alguien pueda defenderse -juicio contradictorio- es imprescindible que exista "algo" de que defenderse: una hipótesis fáctica contra una persona determinada con significado en el mundo jurídico. En la causa 13/84 esos hechos fueron descriptos en ocasión de tomarse declaración indagatoria a los imputados, consignándose -como tuvo oportunidad de comprobarse en las decisiones infra citadas- "la fecha de ocurrencia del hecho, el lugar donde se consumó, el resultado principal y, a veces, otros secundarios, el sitio donde fue conducida la víctima y aquéllos a los que fue trasladada, así como la fecha de liberación en caso de haber tenido lugar" (dictamen del procurador general en Fallos: 307:1615), tratándose por lo tanto de "hechos precisos, exactos y definidos" (Fallos: 307:2348 "in re" "Videla", voto de la mayoría y voto concurrente del juez Fayt).

11. Que tal como se señaló, el inc. 4° del art. 443 del Cód. de Procedimientos en Materia Penal prevé en esta etapa del procedimiento como instrumento de concreción de la garantía con raigambre constitucional del "non bis in idem", las excepciones de cosa juzgada sobre los mismos hechos que dan origen al procedimiento ("exceptio rei iudicata") y de litispendencia. Aquélla se apoya en el respeto al individuo que ya ha sufrido la persecución del Estado contra la reiteración del ejercicio de la pretensión punitiva (dictamen del procurador general en Fallos: 298:736, causa "María Estela Martínez de Perón", la cursiva pertenece al original). Claro está que para ello debe haber existido por lo menos una persecución anterior por esos mismos hechos, entendiendo como tal cualquier acto procesal dirigido contra una persona por considerársela comprometida frente a un posible hecho delictuoso. En efecto, debe haber existido con anterioridad la misma imputación ante cualquiera de las autoridades establecidas por la ley para la persecución penal.

12. Que en virtud de lo dicho hasta aquí cabe concluir que el examen que realizó el a quo se limitó a comprobar que quien opuso la excepción de cosa juzgada no revistió antes de ahora el carácter de perseguido por los mismos hechos concretos, es decir, que no existió eadem re. Frente a esta comprobación -y de conformidad con lo ya señalado- carecía de relevancia el hecho de que el imputado hubiera sufrido algún tipo de persecución penal, extremo que sólo probaría la "eadem personae".

13. Que una postura contraria sólo se deriva de confundir dos aspectos claramente escindibles: el relativo a los hechos subsumibles en el tipo del delito de sustracción de menores por un lado y, por el otro, el que se refiere a la existencia de un plan sistemático para la comisión de ese y otros delitos. Ello por cuanto la conducta sobre la que debe hacerse el análisis acerca de la existencia de "non bis in idem" no es la del plan, sino la de la sustracción de cada uno de los menores. Este extremo resulta por demás relevante si se tiene en cuenta que el recurrente pretende extrapolar de la afirmación de la cámara en la causa 13/84 en torno a que entre los delitos que integraban el sistema debía excluirse la sustracción de menores, todos los hechos que pudieran subsumirse en ese tipo penal ya habían sido perseguidos. Ello es así porque sólo la errónea idea de que -en lo que aquí concierne- la materia de la causa 13/84 fue el plan sistemático de sustracción -al que así se le atribuiría la calidad de hecho- permitiría concluir en que existe una identidad de objeto entre los de ambos procesos.
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