Acusacion ~ codigo de justicia militar ~ competencia ~ competencia federal ~ competencia militar ~ constitucion nacional ~ convencion americana sobre derechos






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Texto Completo: Dictamen del Procurador General de la Nación:

La sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó la decisión del juez de primera instancia en cuanto rechazó las excepciones de falta de jurisdicción y cosa juzgada, articuladas por la defensa de Jorge Rafael Videla (fojas 194/202).

Contra dicho pronunciamiento la defensa dedujo recurso extraordinario federal a fojas 207/223, el que fue concedido a fojas 234.

I. A los fines de resolver la excepción de falta de jurisdicción, la Cámara sostuvo que la cuestión debe resolverse a tenor de la nueva situación jurídica imperante a raíz de la reforma constitucional de 1994 y la entrada en vigor y posterior atribución de jerarquía constitucional de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (ley 24.556, B.O. 18/10/95).

Señaló que esa norma internacional, en su art. 9° establece expresamente que "los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar", asimismo, "los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos en el ejercicio de las funciones militares".

Así, consideró que la disposición de rango constitucional resulta de aplicación a los casos que se investigan, a la luz de la descripción contenida en el art. 2° de la misma, y por tanto altera la atribución legal de competencia de la presente investigación, modificando profundamente la exégesis más reciente del art. 108 del Cód. de Justicia Militar, sin que sea posible advertir violación alguna de la garantía del juez natural invocado por la defensa.

En apoyo de tal postura, citó la doctrina del tribunal que tradicionalmente ha entendido que aquella garantía no sufre menoscabo por la intervención de nuevos jueces en los juicios pendientes como consecuencia de reformas en la organización de la justicia o en la distribución de competencias (Fallos: 234:482 y 316:2695).

Asimismo, indicó que corresponde a la justicia federal entender en la presente, en atención a las funciones federales que desempeñara el imputado al menos durante parte de la ejecución de los hechos que se le endilgan y la relación de esa función con los hechos atribuidos, de conformidad con lo dispuesto por el art. 23 del Cód. de Procedimientos en materia penal.

Por otra parte, en cuanto a la excepción de cosa juzgada, la Cámara consideró que los hechos que se le atribuyen al procesado, esto es, la apropiación de los menores Mariana Zaffaroni Islas, Carlos Rodolfo D'Elía, María Sol Tetzlaff Eduartes y Pablo Hernán y Carolina Bianco Wehrli, no fueron objeto de persecución en el proceso seguido en la causa N° 13/84 tramitada ante ese mismo órgano jurisdiccional.

Para así resolver, afirmó que "de la lectura de las declaraciones indagatorias que prestara Jorge Rafael Videla en la causa N° 13/84 no se advierte que éste haya sido preguntado sobre las apropiaciones concretas, es decir sobre los hechos específicos que constituyen el objeto de este proceso".

En este sentido, añadió que estos hechos guardarían con aquéllos que fueron objeto de pronunciamiento en la causa 13/84 la relación del concurso real y constituyen hechos nuevos que subsisten en forma autónoma e independientes de las conductas ya juzgadas.

Agregó que la sentencia dictada en aquella causa versó sobre los hechos que fueron materia de indagatoria a los imputados, y que de aquéllos no surge indicación alguna de las conductas fácticas, concretas y específicas que ahora son objeto de este proceso.

Descartó que el dec. 158/83, que ordenó someter a enjuiciamiento al imputado por los delitos que habría cometido durante su desempeño como integrante de una de la Juntas Militares, haya significado una persecución "per se", pues aquella norma carecía de una especificidad mínima y sólo implicó un paso previo para la persecución luego desarrollada. En este marco, entendió que mal podría asignársele tal trascendencia respecto de hechos que no fueron objeto de persecución concreta y que inclusive podrían haber sido ignorados en esa oportunidad.

II. a) Al deducir recurso extraordinario federal la defensa alegó la afectación directa e inmediata de las garantías del juez natural, derecho a la jurisdicción, debido proceso adjetivo y el derecho de defensa.

Para ello, adujo que el a quo interpretó y aplicó la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas contrariando su texto literal y vulnerando garantías constitucionales.

Con respecto a la procedencia formal, expresó que la resolución que impugna es equiparable a sentencia definitiva, en tanto ocasiona a su parte un agravio de imposible reparación ulterior y la decisión importó la denegación del fuero militar que reclama.

Sostuvo que su defendido sólo puede ser juzgado por los hechos que se le endilgan en autos, por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, ya que al tiempo de la posible comisión revestía la condición de Comandante en Jefe del Ejército. En apoyo de tal postura citó la jurisprudencia de Fallos: 306:655; 316:1181 y 2695; 317:1108 y 320:871, entre otros.

Precisó que el decreto del Poder Ejecutivo N° 158/83, la ley 23.049 y la unánime jurisprudencia de la Corte Nacional han reconocido que la intervención del Consejo Supremo de la Fuerzas Armadas es insoslayable e impostergable en casos como el presente, pues se trata de un órgano que ejerce funciones jurisdiccionales e inviste la condición de juez natural en procesos como los previstos en el art. 10 de la ley 23.049.

Sobre el particular, argumentó que la Cámara omitió considerar fundamentos decisivos invocados por esa parte, que invalidan su razonamiento. Así, afirmó que las conductas a las que se refiere la Convención aludida, para prohibir el fuero castrense, no son las mencionadas en el acto de la indagatoria de su defendido.

Señaló, además, que si bien la Convención integra el derecho de nuestro país, ésta no es operativa y requiere de una norma interna reglamentaria para que lo sea. Al respecto, agregó que aún nuestro gobierno no ha cumplido con los compromisos asumidos en el marco de la normativa internacional, pues no ha establecido "con arreglo a los procedimientos constitucionales" la índole y medida de la sanción para la desaparición forzada de personas, ni a partir de qué momento podrá ser aplicada, ni la forma de prescripción de la acción y de la pena.

Indicó que la Cámara pretendió utilizar ciertos aspectos de los lineamientos que se trazan en la Convención para estructurar el delito de desaparición forzada de personas, con el fin de injertarlos en el tipo de sustitución de menores del art. 146 del Cód. Penal, lo cual importa crear un nuevo delito, en clara afectación del principio de legalidad.

De esta manera, entendió que la interpretación de la Cámara colisiona con lo dispuesto en el art. 75 inc. 22, de la Constitución Nacional, que explícitamente declara que los tratados que se incorporen "no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella conocidos".

También, refirió que la reglamentación de la justicia militar (RV-110-10) expresamente dispone que todo militar que se hallare de baja o en situación de retiro al tiempo de ser procesado por delitos cometidos mientras revistaba en servicio activo deberá ser reincorporado al sólo efecto de ser enjuiciado. Y ese enjuiciamiento es ante la justicia militar.

b) En lo concerniente a la cosa juzgada, la defensa aludió a la procedencia formal del recurso, por cuanto, entendió que la resolución que la deniega debe ser equiparada a una sentencia definitiva, en tanto frustra el derecho federal invocado ocasionando un agravio de imposible o tardía reparación.

Sobre el fondo de la cuestión, alegó que su defendido ya ha sido juzgado por los hechos objeto del presente en la causa N° 13/84, que tramitó, oportunamente, ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal.

Señaló que dicho proceso fue convocado por el decreto del P.E.N. 158/83, en el cual se dispuso someter a juicio ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a Jorge Rafael Videla por todos los delitos que en el curso de la guerra antisubversiva se pudieran haber cometido por integrantes del Ejército entre el 24 de marzo de 1976 y su cese como Comandante en Jefe del Ejército, el 31 de julio de 1978.

Agregó que a diferencia de otros delitos mencionados genéricamente en los considerandos del decreto, expresamente se incluyó los supuestamente cometidos "contra el derecho de los padres de mantener consigo a sus hijos menores".

Adujo que la sentencia recaída en ese proceso declaró de modo expreso que su defendido y otros fueron "indagados por la totalidad de los hechos susceptibles de serles atribuidos en su calidad de comandantes en jefe de sus respectivas fuerzas e involucrados en el dec. 158/83, conforme surge del considerando tercero a): "Los límites de la sentencia" (Fallos 309:307).

Afirmó que Videla fue indagado en aquella oportunidad por una serie de delitos, entre ellos: suposición de estado civil, y por todos los demás "que se atribuyen como cometidos por las Fuerzas Armadas y de seguridad, bajo su comando operativo, en la lucha contra el terrorismo subversivo".

Así, señaló que el criterio de la Cámara resulta lesivo de garantías consagradas en el art. 18 de la Constitución Nacional y en los Tratados incorporados a su texto en el art. 75 inc. 22, en tanto se desconoce el juzgamiento total de Videla, como comandante en jefe del Ejército y la estabilidad de la cosa juzgada. Asimismo, expresó que en el considerando segundo, capítulo XX de la sentencia citada (Fallos:309:292) los comandantes en jefe fueron declarados exentos de responsabilidad penal por varios delitos involucrados en los términos del decreto N° 158/83, "como el despojo de inmuebles, la sustracción de menores y las exigencias de dinero". La Cámara reiteró esa conclusión en el considerando tercero c), punto 4), al señalar que "del catálogo de delitos que el tribunal consideró integraban el sistema se han excluido: la sustracción de menores...". "Ello implica la no atribuibilidad de tales ilícitos a quienes fueron comandantes del arma involucrada en su ejecución" (Fallos 309:309).

Además, de la sentencia surge textual que "tal acotamiento de los objetos del proceso efectuado por el fiscal ha de tener como consecuencia, ...que no pueda renovarse la persecución penal en contra de los nueve enjuiciados por los hechos susceptibles de serles atribuidos en su calidad de comandantes en jefe de sus respectivas fuerzas e involucrados en el decreto N° 158/83". "La limitación que explicitó en modo elocuente (el fiscal) y la falta de una solicitud expresa en el sentido de que se adoptara el temperamento previsto en el artículo 362 del Código de Justicia Militar, importa un tácito pedido de absolución respecto de todos aquellos hechos delictuosos que no incluyera en su requisitoria que la ley le acuerda (art. 361 inc. 6, C.J.M.), con fuerza vinculante para el Tribunal" (Fallos: 309:306/7).

Añadió que, en el punto dispositivo veinticinco de esa misma sentencia, la Cámara absolvió a Videla "por la totalidad de los delitos por los que fueron indagados y que integraron el objeto del dec. 158/83 del P.E.N., y acerca de los cuales el fiscal no acusó, conforme lo decidido en el considerando tercero, I a) (arts. 361 y 362 del CJM)" (Fallos: 309:1656).

Finalmente, manifestó que la sentencia guarda una coherencia total entre sus fundamentos y su parte dispositiva, y que, con base en ella, su asistido ya ha sido juzgado.

III. En lo concerniente a la excepción de falta de jurisdicción planteada, V.E. tiene resuelto que las decisiones sobre competencia no constituyen sentencias definitivas, ni pueden ser equiparadas a ellas -en los términos del art. 14 de la ley 48- en tanto no medie denegación del fuero federal o una efectiva privación de justicia (Fallos: 305:502; 311:2701, 1232, 605 y 313:249).

Tampoco la ausencia de sentencia definitiva puede suplirse aunque se invoque la existencia de arbitrariedad o el desconocimiento de garantías constitucionales (Fallos: 298:47 y 85; 302:417; 304:479 y 311: 405, voto de los doctores José Severo Caballero y Augusto César Belluscio).

En primer lugar, no advierto en el caso la presencia de los extremos que harían viable las excepciones que la Corte ha admitido a la mencionada doctrina. Ello así, por cuanto no media denegación del fuero federal, pues precisamente las actuaciones ya se encuentran bajo el conocimiento de la justicia federal; ni tampoco se produce privación de justicia, ya que el recurrente continúa sometido a la jurisdicción de un tribunal determinado y permanente.

Asimismo, si V.E. considerara superado en autos el valladar sustancial de forma, atento la discusión que versa sobre la inteligencia que cabe asignar a la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas, y la supuesta afectación, alegada por el recurrente, de la garantía del art. 18 de la Constitución, según el cual nadie puede ser sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa, cabe traer a colación lo que opiné en oportunidad de dictaminar en la competencia 786, L. XXXVI, caratulada: "Nicolaides, Cristino s/sustracción de menores".

Allí, se hizo alusión a la doctrina que desde 1875, en ocasión de juzgar por delitos comunes a quienes con anterioridad habían sido absueltos por la rebelión que encabezó Felipe Varela desde La Rioja, tiene establecida la Corte en el sentido que "...el artículo 18 de la Constitución Nacional no sufre menoscabo por la intervención de nuevos jueces en los juicios pendientes, como consecuencia de reformas en la organización de la justicia o en la distribución de la competencia (Fallos: 17:22; 95:201; 114:89; 135:51; 155:286; 186:41; 187:494)".

"Así, en Fallos: 234:499 y 306:2101, se expresó que la cláusula contenida en el artículo 18 sólo tiende a impedir la sustracción arbitraria de una causa a la jurisdicción del juez que continúa teniéndola para casos semejantes, con el fin de atribuir su conocimiento a uno que no la tiene, constituyendo así, por vía indirecta, una verdadera comisión especial disimulada".

"Estos principios, se ven robustecidos, en casos como el presente, en que existe una norma de jerarquía constitucional que expresamente excluye la jurisdicción militar, como es, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, aprobada por ley 24.556".

"En este sentido, resulta ajeno a la tarea de los jueces revisar los criterios aplicados por el legislador para dar un tratamiento diferente a ciertas categorías de causas, definidas por características comunes, salvo que se demuestre irrazonabilidad manifiesta o el ocultamiento de móviles claramente discriminatorios, circunstancias que, en todo caso, deberán ser apreciadas en relación al contexto social y político imperante en el momento en que se dictó la ley".

Ello es así, porque la facultad de legislar en el ámbito procesal es un derecho inherente a la soberanía, por lo que no se configura una violación al principio constitucional del juez natural (Fallos: 163:231 y 316:2695). No existe derecho adquirido a ser juzgado por un determinado procedimiento, pues las leyes sobre procedimiento y jurisdicción son de orden público, especialmente cuando estatuyen acerca de la manera de descubrir y perseguir los delitos (Fallos: 193:192; 249:343; 306:2101)".

"La compatibilidad de este principio con la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional surge de la doctrina establecida en la sentencia de Fallos: 17:22, según la cual "...el objeto del artículo dieciocho de la Constitución ha sido proscribir las leyes ex post facto, y los juicios por comisiones nombradas especialmente para el caso, sacando al acusado de la jurisdicción permanente de los jueces naturales, para someterlos a tribunales o jueces accidentales o de circunstancias: que estas garantías indispensables para la seguridad individual no sufren menoscabo alguno, cuando a consecuencia de reformas introducidas por la ley en la administración de la justicia criminal, ocurre alguna alteración en las jurisdicciones establecidas, atribuyendo a nuevos tribunales permanentes, cierto género de causas en que antes conocían otros que se suprimen o cuyas atribuciones restringen: que la interpretación contraria serviría muchas veces de obstáculo a toda mejora en esta materia, obligando a conservar magistraturas o jurisdicciones dignas de supresión o reformas...".
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