Acusacion ~ codigo de justicia militar ~ competencia ~ competencia federal ~ competencia militar ~ constitucion nacional ~ convencion americana sobre derechos






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Voces: ACUSACION ~ CODIGO DE JUSTICIA MILITAR ~ COMPETENCIA ~ COMPETENCIA FEDERAL ~ COMPETENCIA MILITAR ~ CONSTITUCION NACIONAL ~ CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS ~ CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS ~ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ~ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION ~ COSA JUZGADA ~ DECLARACION INDAGATORIA ~ DELITO ~ DERECHO ADQUIRIDO ~ DERECHOS HUMANOS ~ DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS ~ EXCEPCION DE COSA JUZGADA ~ EXCEPCION DE INCOMPETENCIA ~ GARANTIAS CONSTITUCIONALES ~ GOBIERNO DE FACTO ~ GRAVEDAD INSTITUCIONAL ~ IDENTIDAD DE OBJETO ~ IGUALDAD ANTE LA LEY ~ INTERPRETACION DE LA LEY ~ JUEZ NATURAL ~ JURISPRUDENCIA ~ LEY PROCESAL ~ NON BIS IN IDEM ~ PERSONAL MILITAR ~ PROCEDIMIENTO PENAL ~ PROCESO DE REORGANIZACION NACIONAL ~ RECURSO EXTRAORDINARIO ~ SENTENCIA CONDENATORIA ~ SENTENCIA DEFINITIVA ~ SUSTRACCION DE MENORES

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS)

Fecha: 21/08/2003

Partes: Videla, Jorge R.

Publicado en: LA LEY2003-F, 87

Hechos:

La defensa de un ex integrante de las Juntas Militares opuso las excepciones de falta de jurisdicción y cosa juzgada en la causa donde se investiga la presunta comisión del delito de sustracción de determinados menores durante el gobierno de facto. La Cámara Federal, al confirmar la decisión de primera instancia, rechazó ambas defensas. Interpuesto recurso extraordinario federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo declaró procedente y confirmó la resolución apelada.
Sumarios:

1. Corresponde confirmar la resolución apelada por vía de recurso extraordinario federal, en cuanto rechazó la excepción de falta de jurisdicción esgrimida por la defensa de un ex integrante de las juntas militares en el juicio que se le sigue por presunta comisión del delito de sustracción de menores durante el gobierno de facto, pues la tramitación de la causa en el fuero federal -por la aplicación inmediata de la restricción a la competencia castrense derivada de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (Adla, LV-E, 5862)- no configura un supuesto de violación a la garantía establecida por el art. 18 de la Constitución Nacional.

2. Si bien las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúnen, por regla, la calidad de sentencia definitiva a los efectos del recurso extraordinario federal, corresponde hacer excepción a tal principio si el recurso se dirige a lograr la plena efectividad de la prohibición de la doble persecución penal -en el caso, respecto del delito de sustracción de menores durante el régimen militar-, toda vez que el gravamen no se disiparía ni aun con el dictado de una posterior sentencia absolutoria.

3. La garantía de raigambre constitucional del "non bis in idem" -incorporada en el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Adla, XLVI-B, 1107; XLIV-B, 1250)- impide la múltiple persecución penal, simultánea o sucesiva, por un mismo hecho, y no trata exclusivamente que una persona sea condenada dos veces en virtud de ese mismo hecho -en el caso, sustracción de menores durante el régimen militar-, sino que basta para incurrir en la violación de la garantía con que se la someta al riesgo de que ello ocurra mediante un nuevo sometimiento a juicio.

4. Para que se configure violación del principio del "non bis in idem" por identidad del objeto de persecución debe tratarse del mismo hecho -aunque en el segundo proceso aparezcan más elementos o circunstancias que lo rodeen-, sin que dicho extremo guarde relación alguna con la eventual persecución de comportamientos históricos diversos -en el caso, sustracción de determinados menores por parte de los ex jefes militares durante su desempeño en el gobierno de facto-, pero pasibles de subsunción en el mismo tipo penal.

5. La insuficiencia en la reiteración del delito de sustracción de menores -sólo dos casos comprobados-, en cuanto no permitió tener por acreditada la existencia de un plan sistemático durante el último régimen militar -y de órdenes impartidas en virtud de ese plan- y, por tanto, la autoría mediata de los ex jefes militares a través de un aparato de poder organizado respecto de cada uno de esos casos, no obsta la correspondiente imputación a título de autoría directa, ajena a la causa anterior -en el caso, la Corte Suprema rechazó la excepción de cosa juzgada-, con relación a nuevos casos concretos y singulares, pues se trata de comportamientos históricos que no fueron imputados con anterioridad.

6. Debe confirmarse la sentencia apelada por vía de recurso extraordinario federal, en cuanto rechazó la excepción de cosa juzgada opuesta por la defensa de un ex jefe militar en un juicio donde se investiga la presunta comisión del delito de apropiación de menores durante el gobierno de facto, si se trata de nuevos casos concretos y singulares, distintos de los acontecimientos por los que fueron indagados los procesados -como integrantes de las Juntas Militares- y que constituyeron el objeto del juicio anterior en los términos del decreto 158/83 (Adla, XLIV-A, 132).

7. Es inadmisible el recurso extraordinario interpuesto contra la resolución de la Cámara Federal que rechazó la excepción de falta de jurisdicción opuesta por la defensa de un ex comandante en el juicio que se le sigue por presunta comisión del delito de apropiación de menores durante el régimen militar, toda vez que las decisiones sobre competencia no constituyen sentencia definitiva, ni pueden ser equiparadas a ella -en los términos del art. 14 de la ley 48 (Adla, 1852-1880, 364)-, en tanto no medie denegación del fuero federal o una efectiva privación de justicia (del dictamen del procurador General al que remite el voto del doctor Belluscio).

8. Debe rechazarse el planteo de cosa juzgada formulado por un ex integrante de las Juntas Militares en el juicio que se le sigue por eventual responsabilidad en el delito de apropiación de menores durante el gobierno de facto, si los hechos que originan el proceso no están expresamente previstos en el decreto 158/83 (Adla, XLIV-A, 132) ni fueron motivo de declaración indagatoria por parte del recurrente, lo que los deja fuera del juzgamiento precedente que funda la excepción, pues resulta inaceptable una suerte de absolución a futuro respecto de hechos aún no conocidos con relación a los cuales el imputado no fue indagado ni expuesto a riesgo procesal alguno (voto del doctor Belluscio).

9. No cabe inferir de las normas de Código de Justicia Militar, que indican que la instrucción de un sumario contra un "oficial general" debe abarcar todos los delitos y faltas cometidos durante su comando, una consecuencia de clausura respecto de futuras persecuciones por hechos independientes que no habían sido atribuidos al imputado -en la especie, la Corte confirmó la sentencia que desestimó la excepción de cosa juzgada respecto de una causa por apropiación de menores durante el proceso militar-, pues dicha regla se deriva del principio de legalidad procesal, pero nada puede extraerse de ella con relación a hechos que no integraron el objeto del proceso (voto del doctor Petracchi).

10. No se vulnera la prohibición de múltiple persecución penal, si se puede establecer que los hechos objeto de la causa han configurado hechos delictivos distintos, consumados mediante conductas temporalmente diferenciadas -en el caso, la Corte Suprema confirmó el rechazo de la excepción de cosa juzgada en un juicio por apropiación de menores durante el régimen militar-, de manera que no se produzca la hipótesis de concurso ideal, permitiendo así su juzgamiento autónomo (voto del doctor Petracchi).

11. Toda vez que para la validez de una condena penal debe existir plena congruencia entre indagación, acusación y sentencia, y que una acusación valedera supone la descripción del hecho en forma clara, concreta, circunstanciada y específica, sólo si la acusación cumple esos requisitos cabe considerar que un hecho está incluido dentro del objeto del juicio, y sólo en esa medida opera la cosa juzgada -en el caso, se rechazó dicha excepción con relación al delito de apropiación de menores durante el régimen militar-, pues lo contrario equivaldría a consolidar una absolución a futuro, respecto de hechos no conocidos y por los cuales el imputado no fue expuesto a riesgo procesal alguno, extendiendo desmedidamente la protección del "non bis in idem" (voto del doctor Petracchi).

12. El dictado del decreto 158/83 (Adla, XLIV-A, 132) no empece la persecución penal contra un ex integrante de las Juntas Militares por la presunta comisión del delito de sustracción de menores durante el gobierno de facto -en el caso, se desestimó la excepción de cosa juzgada opuesta- pues en su formulación no existen referencias a hechos concretos, tal como deben ser expresados para constituir una imputación válida y, en consecuencia, servir de parámetro para fijar los límites de la protección frente a doble juzgamiento (voto del doctor Petracchi).

13. Permitir absoluciones genéricas, por "todo delito" que se hubiera podido cometer durante el ejercicio de la función militar -en el caso, se rechazó la excepción de cosa juzgada respecto de la presunta apropiación de determinados menores en un juicio seguido contra ex jefes militares-, sobre la base de que ése es el modo en que opera la jurisdicción castrense, significaría establecer un verdadero fuero personal, al consolidar un privilegio injustificado e incompatible con el art. 16 de la Constitución Nacional (voto del doctor Petracchi).

14. Al haber ingresado la República Argentina al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, y más aún a partir de la modificación de la Constitución Nacional en 1994 -Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 75, inc. 22 Constitución Nacional-, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye una imprescindible pauta de interpretación, cuya significación, así como la de las directivas de la Comisión Interamericana, ha sido reconocida reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (voto del doctor Petracchi).

15. De conformidad con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Barrios Altos" (La Ley, 2002-D, 645), corresponde rechazar toda interpretación extensiva del alcance de la cosa juzgada -en la especie, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la sentencia que rechazó la excepción de cosa juzgada en un juicio por sustracción de menores durante el régimen militar- que impida la persecución penal del imputado por hechos que constituyen violaciones graves a los derechos humanos, respecto de los cuales, por lo demás, nunca fue sometido a juicio (voto del doctor Petracchi).

16. No configura violación al principio del juez natural la aplicación inmediata de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (Adla, LV-E, 5862), en cuanto excluye toda jurisdicción especial para juzgar a los responsables de esos delitos -en el caso, sustracción de menores durante el gobierno militar-, pues la facultad de cambiar las leyes procesales es un derecho que pertenece a la soberanía y no existe derecho adquirido a ser juzgado por un determinado régimen procesal, ya que dichas leyes son de orden público, especialmente cuando estatuyen acerca de la manera de descubrir y perseguir delitos (voto del doctor Boggiano).

17. Reviste gravedad institucional la eventual responsabilidad internacional de la Nación por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales -en el caso, Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas (Adla, LV-E, 5862), en cuanto excluye la competencia militar para juzgar a los presuntos responsables de tales delitos-, máxime tratándose de obligaciones "erga omnes", vinculantes frente a todas las partes de un tratado multilateral, particularmente tratados sobre derechos humanos (voto del doctor Boggiano).

18. Si bien la conclusión relativa a ausencia de cosa juzgada respecto de los delitos de sustracción de menores -y otros vinculados a éstos-, con exclusión de los casos que específicamente constituyeron el objeto del juicio seguido con anterioridad contra los ex integrantes de las Juntas Militares, no está exenta de cierta vacilación anterior, resulta inexcusable la misión de la justicia de disipar cualquier incertidumbre al respecto, dada la gravedad que significa la eventual existencia de un sistema operativo ordenado a la sustracción y supresión del estado civil de menores (voto del doctor Boggiano).

19. Frente al mal intrínseco de un plan estatal dirigido a manipular niños recién nacidos no pueden oponerse privilegios ni excepciones -en el caso, se rechazó la excepción de cosa juzgada en la causa donde se investiga la sustracción de menores durante el gobierno de facto-, pues ni las autoridades civiles ni los individuos particulares están autorizados, no obstante las circunstancias, a violar los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana (voto del doctor Boggiano).

20. Es formalmente procedente el recurso extraordinario federal -en el caso, en un juicio seguido a ex jefes militares por el delito de apropiación de menores durante el régimen militar-, si se encuentra en tela de juicio el alcance de las garantías constitucionales de juez natural, cosa juzgada, "non bis in idem", y la decisión del a quo ha sido contrario a los agravios que el apelante funda en aquéllas -inc. 3 del art. 14, ley 48 (Adla, 1852-1880, 364)- (voto del doctor Maqueda).

21. Debe confirmarse la sentencia apelada por vía de recurso extraordinario federal, en cuanto rechazó la excepción de falta de jurisdicción -fundada en la no intervención de la justicia militar- en un juicio seguido a ex jefes militares por presunta comisión del delito de sustracción de menores durante el gobierno de facto, pues la circunstancia de que se haya modificado por ley la jurisdicción de los tribunales que deben entender en los hechos que se investigan -por aplicación de lo dispuesto por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (Adla, LV-E, 5862)- no lesiona la garantía del juez natural (voto del doctor Maqueda).

22. Si los delitos investigados -en el caso, sustracción de menores durante el régimen militar- son una consecuencia directa de la desaparición forzada de personas, deben ser exceptuados de ser juzgados bajo cualquier jurisdicción especial, en virtud de los principios y lineamientos de la convención que rige la materia, receptada por el Congreso Nacional -ley, 24.556 (Adla, LV-E, 5862)- y reconocida con jerarquía constitucional conforme el art. 75 inc. 22 de la Constitución -ley, 24.820 (Adla, LVII-C, 2893)- (voto del doctor Maqueda).

23. El art. 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (Adla, LV-E, 5862), -en cuanto excluye toda jurisdicción especial, en particular la militar, para el juzgamiento de los presuntos responsables por los hechos constitutivos de ese delito- es de aplicación directa como norma superior, no supeditada a la implementación de normas de carácter interno, pues no se requiere para ello de nuevos elementos en la organización institucional o en los poderes del Estado, los cuales se encuentran satisfechos por la preexistencia de una justicia federal de origen constitucional y, por ello, su intervención no es una comisión especial a que se refiere el art. 18 de la Constitución (voto del doctor Maqueda).

24. A partir de la reforma constitucional de 1994 el art. 75 inc. 22 de la ley fundamental otorga jerarquía constitucional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Adla, XLIV-B, 1250), razón por la cual la jurisprudencia de Corte Interamericana pronunciada en causas en las que son partes otros estados miembros de la Convención constituyen una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de protección a los derechos humanos (voto del doctor Maqueda).

25. Conforme los criterios asumidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya no basta contraponer al momento de juzgar la proporcionalidad de las restricciones de derechos que todo proceso penal conlleva, el interés legítimo estatal con el de la persona que soporta la restricción, sino que debe ponderarse los derechos de las víctimas de los actos que motivan la persecución penal -en el caso, sustracción de menores durante el régimen militar-, pues constituye un aspecto que podría ampliar la intensidad de la restricción y, por ende, condicionar los alcances de los criterios de interpretación (voto del doctor Maqueda).

26. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -caso "Barrios Altos" (La Ley, 2002-D, 645)-, debe rechazarse una interpretación extensiva del alcance de la cosa juzgada que impida la investigación, persecución penal y eventual sanción de los responsables por hechos que configuran graves violaciones a los derechos humanos -en la especie, sustracción de menores durante el régimen militar- y que afectaría directamente la garantía de protección judicial efectiva (voto del doctor Maqueda).

27. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas -con jerarquía constitucional-, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad y el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional -sujetos al procedimiento del art. 75 inc. 22 de la ley fundamental para ser reconocidos con jerarquía constitucional- (Adla, LV-E, 5862; LXI-A, 48; LV-E, 5909) se fundan en la naturaleza de los delitos que las motivan y, en consecuencia, en la necesidad de que los autores de crímenes definidos en el ámbito internacional como actos de genocidio y de lesa humanidad, queden efectivamente sometidos a la acción de la justicia a fin de evitar la impunidad, siendo deber del Estado ejercer su jurisdicción penal removiendo los obstáculos o, en su caso, ajustando los criterios de interpretación del derecho interno que lo impidan (voto del doctor Maqueda).

28. Corresponde desestimar los agravios fundados en la supuesta lesión a la garantía del juez natural, cosa juzgada y "non bis in idem", con relación a la sentencia apelada por vía del recurso extraordinario federal en cuanto rechazó las excepciones de falta de jurisdicción y de cosa juzgada en el juicio que se le sigue a ex jefes militares por la eventual comisión del delito de sustracción de menores durante el gobierno de facto, por cuanto los órganos jurisdiccionales que vienen entendiendo en la causa están debidamente investidos de la facultad de declarar la responsabilidad de los procesados, apreciando con criterio propio todas las defensas invocadas por ellos (voto del doctor Maqueda).
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