1. Una Ley Orgánica de Educación Como Instrumento Para Desarrollar la Constitución de 1999






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ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN –

-EXPOSICIÓN DE MOTIVOS-

1.- Una Ley Orgánica de Educación Como Instrumento Para Desarrollar la Constitución de 1999.- La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela otorga a la Educación una condición fundamental para la realización de los fines del Estado Venezolano. El Preámbulo de la Carta Magna establece como fin supremo del Pueblo Venezolano, la refundación de la República y el establecimiento de una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural. La Nación se concibe organizada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución, en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna los valores superiores de la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. La consolidación de los valores a que se refiere el Preámbulo de la Constitución y los artículos 1; 2 y 3 ejusdem pasa, como se comprende, y como expresamente lo señala el Aparte del artículo 3º ejusdem, por los procesos fundamentales de Educación y Trabajo que se desarrollan en el territorio de la República. Las directrices constitucionales en materia educativa se encuentran especialmente fijadas en los artículos del 102 al 109 ejusdem, mediante los cuales se establecen los fundamentos del sistema educativo de la República. Del mismo modo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fijó de manera muy clara, dentro de los fines del Estado, la defensa y desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, así como la construcción de una sociedad justa y amante de la paz y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, fines éstos cuya realización se corresponde con el proceso fundamental de la Educación, a través de la cual se forma ciudadanía y se avanza en la construcción del orden social prefigurado en la Carta Fundamental de la República. Se trata, por tanto, de formular un proceso educativo orientado a la formación del individuo dentro de una sociedad en transformación hacia niveles laudables, con fundamento en la filosofía del humanismo, que concibe el desarrollo de una personalidad integral que habilita al individuo para el cultivo del intelecto y las manos, el componente espiritual y el físico–corporal, filosofía ésta que aspira la formación de un individuo apto para la vida en su sentido integral.

La presente Ley Orgánica de Educación, en correspondencia con los señalamientos precedentes, tiene por objeto desarrollar los postulados que en materia educativa consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, suprema expresión del poder originario del Pueblo Venezolano, fundada en los principios de equidad y libertad, mediante los cuales se consagra los valores de la dignidad del individuo dentro de una sociedad justa, amante de la paz, la igualdad y la solidaridad.. Esta Ley se concibe como la estructura de articulaciones conceptuales mediante la cual se dota al Estado y la Nación venezolana del conjunto de principios, instituciones, instrumentos y condiciones que conduzcan a la realización de las grandes finalidades que la Constitución, le asigna a la Educación, como proceso fundamental para el pleno desarrollo de la persona humana y para la construcción de una sociedad justa, participativa y protagónica y el establecimiento de un Estado democrático, social, de Derecho y de Justicia. Esta Ley ha tomado como orientación fundamental la concepción educacional establecida en la Constitución de 1999, procurando desarrollar y plasmar en disposiciones específicas a través de sus títulos, capítulos y a lo largo de su articulado, el espíritu, propósito y razón de la vigente Carta Fundamental, mediante la creación de un nuevo ordenamiento legal-educativo que conduzca al cumplimiento y aplicación de los principios, mandamientos, deberes garantías, y derechos sociales contenidos en el supremo Texto de la República. Para la elaboración de este trabajo, se ha tomado como antecedente las disposiciones que en materia educativa contemplaba la Constitución de 1947 y Ley de Educación de 1948, así como el articulado de la Ley Orgánica de Educación de 1980, respecto a la cual, cabe aclarar, se ha procurado corregir las debilidades de conceptualización, y las administrativas y de financiamiento, así como de participación social y comunitaria, que impidieron el cumplimiento de los fines en ella contenidos. Igualmente, se tomó en consideración el trabajo realizado por la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional para el Proyecto de Ley Orgánica de Educación aprobado en su primera discusión por la Asamblea Nacional en el año 2001, procurando tomar del mismo elementos e innovaciones técnicas en aquellos aspectos que representan cambios hacia el modelo educativo prefigurado en la Constitución de 1999.

La Constitución de la República al formular, a través del artículo 102, los lineamientos fundamentales sobre la educación, la define como derecho humano, como deber social, como función indeclinable del Estado, y como servicio público. Al consagrarse en este artículo 102 de la Constitución este cuádruple carácter, tal derecho se subsume en el marco de los deberes que asume la sociedad y el Estado para garantizar el disfrute del mismo por parte de cada persona en particular. Así, el derecho humano encuentra su correspondencia en el enunciado subsiguiente del deber social en que se constituye la educación, deber social cuyo cumplimiento no queda sólo al arbitrio de cada subgrupo, familia o padre y representante dentro de la comunidad y la sociedad, sino que, de acuerdo al dispositivo constitucional, ha de verificarse con dichos agentes, mediante la presencia de un garante creado precisamente por la sociedad en ejercicio de su poder originario y constituyente, para la realización de sus supremos fines y, en este caso, para la aplicación y disfrute del derecho a la educación. Dicho garante no es otro que el Estado. El Libertador en sus textos le representaba bajo el nombre de “la República”. De este modo, el propio artículo 102 de la Constitución establece de modo muy preciso que el Estado asumirá la Educación “como función indeclinable y de máximo interés”, habiendo el Constituyente de 1999, depositado en el Estado la suprema orientación, rectoría, dirección, planificación, supervisión, inspección y control de la educación que se desarrolla en la República, compartiendo sí, en los términos de la Constitución y la Ley, la fase, como ya se ha dicho, de la impartición de cátedra. Seguidamente este artículo 102 de la Constitución dispone que la educación es un servicio público, lo cual es una consecuencia necesaria e inmediata de lo anterior, puesto que si el Estado asume la educación como función indeclinable, no susceptible de ser cedida en su orientación y control a particulares, debe por lo mismo asegurar las condiciones para la prestación eficiente de la educación y su goce y ejercicio efectivo por toda persona, en los términos que para todo derecho humano se contempla en el artículo 19 de la Constitución de la República. Vale destacar asimismo que, la relación de estas dos dimensiones de la educación, en tanto derecho humano, y a la vez servicio público, se desarrolla con mayores consideraciones en el artículo 103 ejusdem, mediante el cual se formuló un conjunto de especificaciones básicas respecto al derecho de toda persona a la educación, la cual ha de ser “integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones” consignándose seguidamente en dicho artículo, algunos elementos sustantivos de la prestación del servicio educativo que cumple el Estado, el cual debe asegurar la gratuidad, realizando una inversión prioritaria en el sector, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas, así como crear y sostener instituciones y servicios suficientemente dotados, a la vez que asegurar a los docentes un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión.
2.- La Concepción del Estado Docente.- En consecuencia de las definiciones y principios contenidos en el supremo Texto de la República se ha procedido, a través del presente Proyecto de Ley Orgánica de Educación, a redefinir y estructurar la presencia del Estado, sin que ello niegue, por el contrario, reafirme la participación social y la familia en el proceso formativo, desarrollándose la concepción del Estado Docente, caracterizado en el artículo 102 de la vigente Constitución, mediante el cual es asumida la Educación, como “función indeclinable del Estado y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades”. En razón de ello, el presente instrumento legal, para garantizar el cumplimiento de las finalidades de la Educación, otorga de modo indeclinable, al ente rector de dicho proceso, el peso decisorio en las distinta áreas, fases y etapas de la gestión y los componentes del proceso y sistema educativo, la planificación, ejecución, supervisión y evaluación y corrección, funciones éstas exclusivas, se reitera, del Estado quien se expresa, como se sabe, a través del Legislativo por vía de leyes, de la judicatura mediante sus dictámenes, y en la rama del Ejecutivo Nacional, por conducto de los despachos de Educación y Deportes y de Educación Superior pudiendo, no obstante, compartir con particulares la fase de impartir cátedra, siempre bajo la suprema inspección del Estado, y sin negar igualmente la participación de la familia y la sociedad en el proceso educativo bajo la orientación del Estado, especialmente en los proyectos escolares y preservando en todo caso el principio de autonomía de la Educación Superior contemplado en la Constitución de la República. Debe destacarse asimismo que para la elaboración definitiva del presente Proyecto se ha realizado un conjunto de jornadas mediante las cuales se ha enriquecido la estructura global del mismo, tomado en cuenta numerosísimas sugerencias y aportaciones para una Ley de profundo contenido social, de avanzada en el marco del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia que prefigura la Constitución, y a la vez con profundo basamento técnico y científico en materia de administración del sector, con el propósito de contribuir a la construcción de una gestión pública de calidad en el campo educativo, que posibilite la colocación de la Nación Venezolana en sitiales de justicia, bienestar y solidaridad acordes con los supremos propósitos enunciados en la Constitución de 1999.

El máximo interés con el cual se asume la Educación, de acuerdo al artículo 102 de la Constitución, le otorga a dicho proceso fundamental un grado y un tipo de atención que prela por encima de otras áreas de la actividad pública, al reconocerse mediante dicho enunciado la relevancia que en cuanto a la seguridad y defensa de la Nación conlleva la Educación. Cuando el Constituyente de 1999 asignó al Estado la asunción de la Educación como función de máximo interés, estaba disponiendo el significado estratégico y prioritario que en sus planes, políticas y programas debía y debe brindarse al sector educativo, tanto en lo referente a educación formal como no formal, programas de estudio, planificación, supervisión y administración, financiamiento y empalme con otros sectores de la actividad del Estado, de modo que se garantice el cumplimiento de los fines que el Constituyente estableció para la Educación, como proceso e instrumento para el desarrollo de la persona y su dignidad humana, y la creación de una sociedad.

3.- Ley Orgánica Marco y Leyes Especiales o Derivadas.- Es necesario indicar que el carácter de Ley Orgánica asignado al cuerpo normativo que se presenta en este Proyecto, no es un capricho del cuerpo legislativo de la Asamblea Nacional, ni del titular de la cartera de Educación, del equipo de asesores legales o algún funcionario circunstancial del sector. Se trata de dar cumplimiento a un mandato expreso de rango constitucional contemplado en la Disposición Transitoria Sexta del Supremo Texto de la República. En efecto, mediante dicha Disposición Transitoria Sexta, el Constituyente de 1999 consagró el carácter de Orgánica para la Ley de Educación cuando, al fijar un plazo máximo a la Asamblea Nacional para que legislare sobre las materias relacionadas con la Constitución, asignó a la normativa del sector prioridad dentro de las leyes orgánicas, al lado de las que tratan sobre pueblos indígenas y fronteras. Igualmente debe señalarse que el hecho de que se trate de una Ley Orgánica no constituye impedimento de ningún género para que al mismo tiempo dicho cuerpo jurídico ostente carácter de norma marco – rectora del sector educativo de la Nación en relación a los subsectores y ámbitos especiales. De acuerdo a tal circunstancia, el instrumento normativo orgánico puede contemplar, como en efecto lo hace, la remisión de distintas áreas particularizadas, todas de alta significación en la estructuración de un sistema educativo de avanzada, a leyes especiales, tal como sucede con las áreas de comunidades educativas, educación técnica, educación superior, formación docente, ejercicio de la carrera docente y financiamiento. En este sentido debe indicarse que en su carácter de Ley Orgánica marco, el presente instrumento posee carácter de normativa marco - rectora y contiene por tanto las pautas fundamentales y de desarrollo conceptual del enunciado constitucional a través de las cuales habrá de configurarse el cuerpo regulatorio de cada uno de estos subsectores específicos y que han sido objeto de remisión, como desarrollo de la Ley Orgánica marco, a las subsiguientes leyes derivadas, constituyendo por tanto, las disposiciones de la LOE, referencia obligatoria para las legislaciones especiales de educación, en razón de lo cual ninguno de estos cuerpos normativos especiales puede contravenir ni negar las disposiciones que les sirven de directriz consagradas en aquella. De este modo, la elaboración de las leyes especiales habrá de ajustarse a los lineamientos establecidos en los respectivos títulos y capítulos de la presente Ley Orgánica de Educación relativos a cada uno de estos subsectores, desarrollándolos, y estableciendo sus especificidades, creando en dicho conjunto de normativas específicas las instituciones de soporte, sin que se pueda, en dichas leyes de áreas educativas particularizadas, contravenir u obstaculizar lo planteado en la normativa orgánica. Igualmente conviene indicar acá que esta Ley consagra la armonización de las respectivas normativas de los sectores de cultura, deportivo-recreativo, científico-tecnológica y ambiental con la educación.
4.- Estado –Libertad –Participación y Agentes de la Educación.- Dada la trascendencia del tema a ser regulado y con el propósito de evitar la repetición de fracasos en la función de orientar el proceso educativo, así como en la administración del sistema escolarizado, la Ley Orgánica de Educación requiere, por la trascendencia de la materia de que trata, de una visión en profundidad de los componentes fundamentales de los agentes y la gestión de la educación. A este respecto resulta necesario señalar que al establecer a favor del Estado el carácter de indeclinabilidad en la asunción de la educación, el Constituyente de 1999 consagró una concepción profundamente democrática y humanista al Estado, respetuosa de la dignidad de los individuos en su dimensión física e intelectual y espiritual. De este modo la libertad de conciencia, la libertad de culto en los términos fijados por la Constitución de 1999, se reafirman. su preponderancia y protagonismo en todas las fases y dimensiones de dicha materia.

Asimismo, se debe destacar que el significado y la intervención del Estado en educación, no obsta para que se garantice el respeto a todas las corrientes del pensamiento en los ´terminos que estableció el Constituyente de 1999.

El Estado Docente ejerce su atribución de rectoría, intervención y de suprema orientación en la educación que se desarrolla en el territorio de la República, con el objeto de garantizar el derecho de todos a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones. Ello ha de verificarse, manteniendo y asegurando el respeto por las diferentes corrientes de pensamiento que hacen vida en el territorio de la República, lo cual conlleva al hecho de que si bien el Estado Docente está obligado a desarrollar, a través de sus instituciones, servicios y programas, una educación ciudadana que refleje los principios de la Constitución, fundados en los valores superiores de la vida, libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, los derechos humanos y la ética, dicha educación se fundamenta en el respeto a todas las corrientes de pensamiento. En razón de dicho respeto a todas las corrientes de pensamiento, resulta inobjetable dentro de la filosofía del Estado Docente, como supremo orientador y rector de la educación impartida en la República, el respeto al ejercicio de la libertad de conciencia por los individuos, a la libertad de culto en los términos consagrados en la Constitución, y el libre albedrío en todo asunto de interés particular. Ciertamente, la presente Ley contempla la orientación de la Educación; empero, esta facultad de orientar el proceso educativo de la República, no significa en ningún sentido la potestad de violentar la personalidad de los individuos en una sociedad democrática, participativa y solidaria, ni trastocar los valores inherentes a la dignidad humana, no. De lo que se trata es de delinear mediante el presente Proyecto de Ley, la actuación del Estado, concebido el mismo como instrumento de la sociedad para garantizar la igualdad de oportunidades y de condiciones para el disfrute eficiente de los derechos de las personas, como instrumento susceptible de superar el grado de abstracción del enunciado de la igualdad de oportunidades y el riesgo de que tal derecho no pase de un mero formulismo jurídico.

Para el logro de cometidos tan ambiciones el Estado no sólo debe convocar, sino asegurarse por todos los medios que el Estado de Derecho le permite, que las familias, las comunidades organizadas y las comunidades educativas en específico, se integren a la gigantesca tarea de formar los educandos.
5.- Del Sistema Educativo, Sus Principios, y Estructura.- La presente Ley crea la Etapa, como principio biopsicosocial que fundamenta el desarrollo de la persona humana. Del mismo modo se reformula, a tenor de lo dispuesto en la Constitución de 1999 que extiende la obligatoriedad a dieciocho años, el diseño de los niveles de la escolaridad venezolana. Se establece el Nivel Inicial, que comprende el Maternal de tres años, y el Preescolar también con tres años, de modo que estos dos ciclos fundamentales de la vida humana, que comienzan con el nacimiento y se cierran con el ingreso a la educación básica, integren sendos niveles educativos dentro del proceso de formación que correspondan a los respectivos grupos etarios de los educandos, de modo que se posibilite el ajuste de las políticas, planes y programas del Ministerio de Educación y Deportes los efectos de una atención integral y científica y que permita involucrar a las familias en los procesos psicoafectivos y pedagógicos requeridos para esta etapa del desarrollo humano. Se reformula la extensión de la educación básica, la cual queda en seis grados, para establecer el nivel de la educación media, diversificada, técnica y profesional, o bachillerato de seis grados, con el propósito de guardar la máxima correspondencia entre las expectativas del nivel etario de la adolescencia con el enfoque científico – pedagógico de los procesos de escolaridad formal del bachillerato y la educación técnica media. De este modo, desde el maternal hasta el diversificado y en el marco de las disposiciones constitucionales, se contemplan los siguientes períodos de educación: tres años de maternal, tres años de preescolar, seis años de educación básica y seis años de bachillerato, lo cual da un total de dieciocho años de educación obligatoria para toda persona, sirviendo dicha circunstancia para colocar el sistema educativo venezolano dentro de la vanguardia, a nivel mundial, en lo concerniente al tiempo de escolaridad obligatoria que deben cumplir los habitantes de cualquier país. En cuanto al capítulo referente al Nivel de la Educación Superior, se asumió con algunas modificaciones el trabajo elaborado por la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional entre 2001 y 2002, incorporándose dos elementos: el concepto de la autonomía responsable y el sistema universitario regionalizado. En cuanto a la educación técnica, se tomó base, casi sin modificación la propuesta aprobada por la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional entre 2001 y 2002. Se reconoce a las Misiones Educativas el carácter de estrategias o programas destinados a erradicar la exclusión, innovación surgida de la experiencia reciente del Estado Venezolano en la atención a distintos sectores de la población quienes por causas de diversa índole no hubieren culminado sus estudios hasta el nivel superior.-
6 - Del Financiamiento de la Educación Bolivariana.- La calidad como componente sustantivo de la educación, en tanto derecho de la persona humana requiere, para ser una realidad, de ejecutorias públicas traducidas en pensas de estudio ajustados a los principios del humanismo contemplados en la Constitución y en la dinámica científica contemporánea, así como de financiamiento suficiente para los programas sociales, de alimentación, equipamiento, soporte tecnológico, asistencia y orientación vocacional, seguimiento y evaluación del desempeño y de los procesos de cognición. La educación de calidad a la cual todas las personas tienen derecho se traduce en un diseño curricular cónsono con el perfil de ciudadanía consagrado en la Constitución, al igual que con los estándares de supervisión y evaluación del sistema, del educando, del docente y de los demás actores del proceso escolar formal, por un parte, y por la otra, en una inversión prioritaria y progresiva del Producto Interno Bruto, con miras a consolidar financiamientos necesarios para costear las innovaciones y la calificación de la gestión pública en el sector. La doble extensión de la obligatoriedad de la educación, desde el maternal hasta el medio diversificado, a que se refiere este artículo 103 de la Constitución, determina la asunción por parte del Estado de un conjunto de responsabilidades económicas en lo tocante a garantizar el acceso de todos los individuos al sistema educativo sin solución de continuidad hasta el diversificado. De ello se colige que la obligatoriedad, que hasta ahora se reconocía de diez años, se extiende por mandato de la Constitución de 1999, y así debe verificarse con la nueva legislación del sector, a dieciocho años, lo cual conlleva una erogación mucho mayor a lo que hasta ahora ha brindado el sector público. Tal circunstancia, acompañada del mandamiento de la calidad en el servicio, determinan la imperiosa obligación, para el Estado, de hacer un esfuerzo de financiamiento superior a todo lo conocido en la historia venezolana, en materia educativa, para asegurar que todas las personas se inicien en el maternal y prosigan sus estudios al menos hasta el medio y diversificado. De allí que el propio artículo 103 ejusdem, previendo las nuevas exigencias que ha de asumir el administrador del sistema educativo, postule la inversión prioritaria en educación y que el Estado “creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. En razón del señalamiento anteriormente expresado, la Ley establece una inversión educativa prioritaria, mínima y con carácter progresivo, en razón con la entrada en vigencia de la presente normativa orgánica ninguna administración, de ahora en adelante, podrá aplicar criterios de regresividad presupuestaria en el sector educativo. Este principio obedece a la meridiana claridad de los legisladores y proyectistas de la Ley, en lo tocante a la necesidad medular de acompañar la profunda reforma conceptual, en Educación, con los recursos insoslayables para el éxito de la magna empresa.
7.- De la Formación Docente y de la Carrera Docente.- La presente Ley Orgánica, en aplicación del principio de la Indeclinabilidad de la Educación, establece la exclusividad del Estado en lo tocante a las políticas de formación para la carrera docente, por lo cual los Ministerios de Educación y Deportes, y de Educación Superior, deberán coordinar las políticas y los planes de formación, de modo que la formación de los maestros y profesores de la República, responda a una visión y a una estrategia integral y de claro perfil humanista, a tenor de lo que establece la Constitución, debiendo establecerse en una legislación especial, las condiciones y características de la formación docente. Del mismo modo, se consagra una ley especial de ejercicio de la carrera docente, quedando a salvo dentro de esta Ley Orgánica, los derechos adquiridos y en construcción delos docentes venezolanos.-
8.- Cambio Pedagógico y Sujeto de Aprendizaje.-
Se concibe la presente Ley como un programa de cambios y transformaciones. Ese programa de cambios y transformaciones reclama la acción del Estado en conjunto con toda la sociedad y, en particular, con aquellas instituciones y organizaciones que, por su propia índole, tienen aportes que hacer.

Entre otras, dos orientaciones hay que cambiar: la tendencia selectora y excluidora del sistema y la educación centrada en la institución y el sistema. Ambas contrarias a la Democracia Participativa constitucional.
El derecho a la educación obliga al Estado y a las instituciones educativas a garantizar el ingreso y permanencia de todas las personas en el sistema educativo con modalidades adecuadas para su continuidad por toda la vida, ello requiere mucho más que permitir el ingreso o incorporación. Requiere también tomar todas las medidas y modificaciones para hacer que permanezcan en él, su gratuidad, becas, ayudas compensatorias y orientación oportuna. Modificar el carácter selectivo y calificativo de la evaluación y ampliación y flexibilidad en la oferta de opciones de estudio, carreras y realización social, en contenidos, cursos, disciplinas, gradaciones y métodos pedagógicos de manera de adecuarlos a la diversidad vocacional, social y cultural y sus exigencias y, al mismo tiempo, garantizar su calidad.
Ceñir la acción educativa a las opciones, espacios y recursos de las instituciones tradicionales implica la reducción de su cobertura y el incremento de sus costos con la consiguiente exclusión escolar que ello ocasiona. Esa espacialidad restrictiva se explicaba cuando los medios de comunicación se reducían a los impresos y a la oralidad directa, además de conservar el falso valor de asumir al conocimiento como una objetividad física susceptible de ser transmitida, valor que obligaba a la clase directiva en aulas cerradas con estudiantes silenciosos y convergentes. Sabemos que el conocimiento y los aprendizajes son construcciones sociales por lo que son éstas las que deben propiciarse y facilitarse en primer lugar y éste es el propósito de los ambientes de aprendizaje. Espacios, sitios donde se propicia y facilitan los aprendizajes, las interacciones constructivas, con recursos para la información y para la prácticas de habilidades y destrezas, acompañados por docentes con la preparación y los métodos adecuados para ello. Hoy es también posible el aprendizaje certificado en sitio, es decir, en lugares próximos a donde se dan las actividades y producciones que demandan ciertos conocimientos y aprendizajes.
La calidad de la educación con esas condiciones de inclusión sólo es posible con cambios fundamentales en los métodos pedagógicos y diseños curriculares haciéndolos mucho más flexibles, donde el aprendizaje y la promoción de la participación sean cotidianos, en interacción constructiva, llevando al estudiante a ser gestor y propiciador de sus propios aprendizajes y posibilitando que esa interacción se realice en correspondencia con las exigencias y posibilidades de sitios, trabajos y facilidades, exigencias regionales o locales, incorporando las grandes riquezas que para el suministro de información, organización del conocimiento, comunicación e incremento del tejido social traen las nuevas tecnologías, lo que, ya se sabe, provocará cambios de profundidad similar a los que ya trajeron, en su tiempo, la imprenta y los libros. A la par que los requerimientos en formación y competencias para la participación y vida social se incrementan, esos instrumentos de comunicación y procesamiento de información muestran campos y procedimientos difícilmente alcanzables por las lecciones tradicionales.
Contrariamente a esa tradición de clases y lecciones para incrementar tanto la calidad como la permanencia, la educación debe tener al estudiante, su diversidad, su formación y su aprendizaje, como su principal actor y centro. Esto atiende a la dignidad de la persona que es propósito formativo primordial. La dignidad es la percepción que cada quien tiene de sí, y el respeto y reconocimiento que recibe de los otros, en su diversidad, su acervo, su cultura, como sujeto pleno para emprender, aprender y crear, y es base para el cuido y respeto de todos los derechos humanos. Los aprendizajes sólo son posibles desde lo que ya se tiene y se es. Eso tiene que ver con el acervo social y personal y con la historia. El orgullo por lo que hemos sido y el amparo por nuestra historia, por nuestra diversidad cultural, por nuestras riquezas artísticas debe cultivarse y patrocinarse en los ambientes de aprendizaje.
La dignidad se ejerce en la participación social. Ese ejercicio no sólo contribuye a la construcción de sus propios aprendizajes, reduce sus costos al permitir que buena parte de las tareas de organización y administración educativa puedan hacerla los mismos estudiantes. A participar se aprende haciéndolo: en las decisiones sobre el todo como participación política, electoral, gremial, asociativa, cooperativa, comunitaria. En la propia construcción de ese todo social con el trabajo y el esfuerzo, la creación, la iniciativa, en el fomento de la cohesión, la solidaridad y organización social, vecinal, comunitaria y cooperativa. En el disfrute de la seguridad, del descanso, del juego y los deportes, del arte, la vida social, el cuido de hijos y familiares, la amistad y el amor.

Aprender a participar es imprescindible y requiere valores y destrezas para la comunicación, la cooperación, el respeto y necesidad del otro en su diversidad de genero, de etnia, de vocaciones, la solidaridad, la organización social, la vida en comunidad, en la agricultura y la industria, artesanías y empresas de toda magnitud, asociaciones familiares, grupales, de muchas índoles, propósitos, lógicas y maneras de relación incluyendo los modos y valores emergentes de la muy generalmente llamada “economía informal”, donde se incorpora un número creciente de personas que no encuentran una presencia comprensiva en la educación, dentro de los límites normados por las leyes y el bien común y en continuidad y preservación del ámbito ecológico y el uso prudente de los recursos que nos suministra.
El ejemplo, las maneras, los métodos y técnicas de la enseñanza y el aprendizaje son inseparables de lo que se aprende. Muchas veces se conciben como cosas separadas y se encuentran prédicas teóricas que no se corresponden con prácticas consecuentes, generándose así unos mensajes confusos e insinceros que hacen al estudiante perder la confianza en lo que se le propone.
El aprendizaje – o la enseñanza- por proyectos, preferiblemente expresados y asociados a situaciones próximas, supone la reunión en un solo conjunto de enunciados de lo que se propone – el logro que se busca, lo que angustia o problematiza e incita al trabajo y a la búsqueda de respuestas- con las maneras de ir hacia ello. Permite adquirir valores y reunir conocimientos de otra manera abstractos o desvinculados, con cursos de acción correspondientes, integrarlos y dotarlos de sentido, revelando la necesaria pertinencia que deben tener como continuidad con lo que el estudiante tiene como acervo y, por lo tanto, esta en disposición de adquirir y como utilidad individual para su propia vida o profesión y como utilidad social para la organización y producción económica o cultural. Esos cursos de integración promueven y dan pauta a la discusión e interacción, a la conciliación de lo individual con lo grupal, permitiendo el ejercicio de una coevaluación continua y de proceso y estableciendo criterios claros y disciplinados en sus propósitos a la vez que flexibles para la organización del trabajo.
El proceso de aprender los contenidos, destrezas y habilidades debe generar la mayor cohesión de los venezolanos en torno a su historia, tradiciones, símbolos y cultura. Y estos deben estar en función de la vida productiva, en paz y entendimiento con todos los pueblos y en especial aproximación con nuestros vecinos latinoamericanos y caribeños, propiciando una progresiva y fértil integración.
La visión tradicional de la Escuela y la Universidad las han constituido como centros o enclaves portadores de un mensaje y una cultura estándar, desvinculada del País y de las comunidades circundantes. Una dirección diferente a ésta es la integración de las instituciones educativas con sus comunidades vecinas, lo que se puede verificar de muchas maneras. Un instrumento fundamental son los proyectos compartidos escuela – comunidad, que, entre muchos propósitos y procedimientos, debe incluir la adecuación de los programas de estudio a las situaciones específicas y, a la vez, el acopio y presencia en las instituciones de la historia, producción cultural local, tradiciones, productos, peculiaridades ecológicas y socioeconómicas, y, con ello, un uso mayor y permanente de sus espacios y facilidades.
El valor que lleva a la segmentación de los conocimientos y actividades se expresa en múltiples disciplinas, asignaturas y especializaciones. Las funciones de las instituciones de educación superior se formulan divididas en investigación, docencia y extensión. Tanto la formación de los estudiantes como las necesidades del país exigen, en su gran complejidad, abordajes con métodos y recursos integrados, multi y transdisciplinarios, practicables y adecuados a esa complejidad. Lectura, escritura, habilidades numéricas, conocimientos científicos, deben integrarse o disminuir sus linderos, a veces duros y artificiales, que las hacen perder sentido y más difíciles de comprender y vincular, con la necesaria pertinencia, al quehacer y realización cotidiana.
El arte y el deporte, son quehaceres y facultades fundamentales del ser humano, que expresan y potencian su capacidad y su necesidad comunicativa. Son fuente de placer, angustia y demanda del juego social. Deben vivirse y practicarse integrados en todas las actividades y espacios.
La relación educativa se da gracias a un conjunto, más o menos amplio, de insumos y componentes que conforman lo que es su servicio: El personal que integran directivos y administradores, supervisores y acompañantes, docentes, orientadores, planificadores, investigadores y diseñadores, evaluadores, personal de cuido y mantenimiento. Los recursos: libros. útiles diversos, mobiliario, artefactos y equipos técnicos y de laboratorio, computadoras, Internet. Planta Física: edificaciones, campos deportivos. Todos éstos, en forma alguna son neutros, portan mensajes y valores que se integran activa o pasivamente a la propuesta educativa y la condicionan, pero es común confundirlos con la totalidad de la propuesta, sobre todo por cuanto ellos conforman los componentes cuantificables, resultan más fáciles de establecer y en la perspectiva sociológica habitual desde la que se evalúa la educación, se termina por asociar “calidad educativa” o profundidad de su acción con la existencia mayor o menor de tales insumos. Pero, al final, todos ellos deben facilitar y garantizar que se realice la fundamental interacción educativa.
En ellos deben atenderse muy especialmente a los docentes y directivos. La calidad del sistema está vinculada a su propia calidad profesional que depende tanto a de formación y compromiso como a de su estabilidad social y económica. Los directores y rectores son líderes fundamentales en los que deben reunirse las aptitudes del cargo y la experiencia y sabiduría de la compleja cuestión pedagógica, por lo que debe exigírseles y dárseles la preparación correspondiente.

Es función del Estado, a través del servicio educativo, la evaluación, seguimiento y acompañamiento de la acción educativa para garantizar su mejor calidad y funcionamiento, con las limitaciones que el régimen autonómico de las universidades establece. Ello debe figurar en el proyecto explícito que cada institución debe elaborar y que debe incluir, además, sus propósitos, las maneras de lograrlos y de evaluar y rendir cuentas de todo el proceso. Proyectos que deben contribuir a cohesionar las instituciones, organizar sus tareas y a precisar la identidad, función y propósito de algunos niveles o carreras.


LEYENDA.

  1. En letra negra y cursiva: textos del articulado aprobado en primera discusión y textos de las propuestas de cambio que se formulan.

  2. En letra roja y normal: nueva redacción propuesta para el articulado.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN

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