Derecho Constitucional Unidad 16 – El poder legislativo a – La función legislativa en el Estado contemporáneo y en Argentina






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Derecho Constitucional

Unidad 16

Derecho Constitucional

Unidad 16 – El PODER LEGISLATIVO

A – La función legislativa en el Estado contemporáneo y en Argentina


El “poder legislativo”

Nuestra constitución formal comienza el articulado dedicado a la parte orgánica con las normas sobre el congreso, encabezando la sección primera del título primero (Gobierno federal) de la segunda parte (Autoridades de la Nación) con el rótulo “Del Poder Legislativo”.

La constitución ha querido denominar al congreso “poder legislativo”, con lo que la palabra “poder” aquí y así empleada, más que connotar una “función” del poder, está mentando a un “órgano”. Ese órgano —llamado por la misma constitución “congreso”— detenta con exclusividad la función legislativa.

El congreso es un órgano del poder. Es órgano colegiado, porque se compone de varios individuos (diputados y senadores), y es órgano complejo porque cada una de sus cámaras tiene naturaleza de órgano.
Los diputados representan al “pueblo de la Nación” y los senadores a las “Provincias” (éstas como Estados autónomos).
De manera que el Poder legislativo es aquel que tiene a su cargo la sanción de formas jurídicas que imponen conductas a determinadas categorías de personas (es decir “leyes” en sentido formal).
La representación política

Respecto a la cámara de diputados, la constitución alude en la norma de su art. 44 a los “diputados de la nación”, es decir: del “pueblo”, como reza el art. 45.

El art. 1º de la constitución define la forma de gobierno —entre otros calificativos— como representativa. El art. 22, por su parte, dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Quiere decir que en las normas de la constitución, la representación del pueblo por el gobierno queda enfáticamente afirmada.

B – Estructura del Congreso: unicameralismo y bicameralismo



Ya dijimos que el Congreso está formado por dos cámaras: diputados y senadores. Por lo que nuestra Constitución adopta lo que se denomina el sistema “bicameral”.

El unicameralismo es el sistema en el que el poder legislativo está compuesto por una sola cámara (por ej. La Legislatura Provincial).
Nuestro congreso es bicameral porque el estado es federal: el bicamarismo federal tiene su modelo en la constitución de los Estados Unidos, y responde a la teoría de que la cámara de representantes (diputados) representa al “pueblo”, y la de senadores a los estados miembros o provincias. Se logra un equilibrio de representación: el pueblo como un todo, y las unidades componentes (los estados provinciales).
La reforma de 1994

Los arts. 44, 45 y 54 han introducido modificaciones en la composición de ambas cámaras, y el art. 54 incorpora además un cambio importante en el número y la elección de los senadores.

Los arts. 44 y 45 traen dos innovaciones: a) añaden diputados por la ciudad de Buenos Aires (en virtud de su régimen autonómico —art. 129—); pero b) mantienen diputados por la capital federal para el caso de que se traslade fuera de la ciudad de Buenos Aires.
De esta manera, la cámara de diputados tiene prevista una composición tripartita:

a) diputados por cada provincia;

b) diputados por la ciudad de Buenos Aires;

c) diputados por la capital federal (en caso de traslado).
El art. 54, en cambio, ofrece estas variantes:

a) añade senadores por la ciudad de Buenos Aires; pero

b) suprime los senadores por la capital federal, que dejará de tenerlos si se traslada fuera de la ciudad de Buenos Aires.

La composición del senado es bipartita:

a) senadores por cada provincia;

b) senadores por la ciudad de Buenos Aires.

Además:

a) eleva de dos a tres el número de senadores;

b) reemplaza con elección directa el sistema mediante el cual se elegían los senadores por las provincias (que era el de designación por las legislaturas).

c) reparte las tres bancas de cada jurisdicción del siguiente modo: c’) dos senadores al partido que obtiene el mayor número de votos; c”) un senador al partido que le sigue en número de votos.

C – La integración de cada cámara: número de miembros, requisitos, elección, duración y renovación de mandatos




LA CAMARA DE DIPUTADOS


El número de diputados

El art. 45 dispone que la cámara de diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires, y de la capital en caso de traslado, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo estado, y a simple pluralidad de sufragios; el número de representantes será de uno por cada treinta y tres mil habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos.
Después de la realización de cada censo, el congreso fijará la representación, que podrá aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado.
Los diputados son, de acuerdo con la letra y el espíritu de la constitución formal, representantes de la “nación” (art. 44) o del “pueblo” (art. 45). Son elegidos por el pueblo; “pueblo” es, a este fin, el electorado activo o cuerpo electoral.

El número de habitantes que sirve de índice básico para establecer el número de diputados debe computarse incluyendo a los extranjeros; no es posible limitarlo a la población “argentina”, porque la norma habla de “habitantes”, y habitantes son tanto los ciudadanos o nacionales como los extranjeros.

La base de población de la que surge el número de diputados se reajusta periódicamente de acuerdo con el censo general.

La base de población fijada en el art. 45 puede ser aumentada pero no disminuida, de lo que resulta que el número de diputados extraído de la población de cada provincia y de la capital puede ser inferior al que existe antes de cada censo. El art. 45 dice que no podrá disminuirse, pero sí aumentarse, la base de población que prescribe, o sea, uno por cada treinta y tres mil o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos.
En la actualidad existen 264 diputados.

La Provincia de San Juan cuenta con 6 diputados nacionales (Buenos Aires cuenta con 68 diputados, Córdoba con 25, por ejemplo).
La elección, los requisitos, y la duración de los diputados

  • La elección de los diputados se efectúa de modo directo y a simple pluralidad de sufragios, considerándose a las provincias, a la ciudad de Buenos Aires y a la capital federal como distritos electorales de un solo estado. Ya se dijo en unidades anteriores que se utiliza el sistema proporcional (D´hont) en cada distrito.




  • Para ser diputado se requiere haber cumplido veinticinco años de edad, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio, y ser natural de la provincia que lo elija o con dos años de residencia inmediata en ella. Estas condiciones —fijadas en el art. 48— deben reunirse “para ser diputado”.




  • Los diputados duran cuatro años, y son reelegibles, pero la cámara se renueva por mitad cada bienio (a cuyo efecto, los nombrados para la primera legislatura debían sortear, luego que se reunieran, los que habrían de salir en el primer período; el primer sorteo tuvo lugar el 13 de julio de 1855).




  • el derecho constitucional material ha incorporado la práctica de elegir suplentes en la elección de diputados para tener sustitutos anticipados en caso de vacantes, por lo que producidas éstas no se realiza nueva elección en los términos del art. 51.



LA CAMARA DE SENADORES


Su integración

El senado se compone de tres senadores por cada provincia y tres por la ciudad de Buenos Aires. Cuando los senadores votan en la cámara, la representación no se unifica, como pudiera pensarse en razón de que los tres representan a un mismo ente, sino que cada senador tiene un voto (art. 54). La senaduría por la capital ha desaparecido.
La elección, los requisitos y la duración de los senadores

  • Los senadores de las provincias ya no son elegidos por sus legislaturas a pluralidad de sufragios, conforme al anterior art. 46 de la constitución, sino por el cuerpo electoral; ahora, pues, la elección es directa (art. 54).




  • Los requisitos para ser “elegido” senador (que deben reunirse, por eso, en el momento en que la elección se realiza, y no en el que el senador se incorpora a la cámara) son: edad de treinta años, haber sido seis años ciudadano de la nación, disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o entrada equivalente, y ser natural de la provincia que lo elige o con dos años de residencia inmediata en ella. Así lo establece el art. 55.

  • Los senadores, de acuerdo con el art. 56, duran seis años, y son reelegibles indefinidamente (este adverbio no figura en la cláusula de reelección de los diputados del art. 50). El senador se renueva a razón de una tercera parte de los distritos electorales cada dos años.

  • Cuando queda vacante una plaza senatorial por muerte, renuncia u otra causa, el gobierno a que corresponde la vacante hace proceder inmediatamente (este adverbio tampoco figura en la norma análoga para la cámara de diputados, del art. 51) a la elección de un nuevo miembro. También respecto a los senadores se ha llevado a la práctica la elección de senadores suplentes.



D –Facultades privativas de cada cámara


A lo largo del articulado de la CN en diferentes casos se van otorgando diferentes atribuciones exclusivas del Congreso, y dentro de éste a alguna de sus cámaras.

Por ello, sin entrar en un análisis profundo de éstas normas, en primer lugar veremos las que en el capítulo dedicado especialmente a cada cámara la CN prevé como privativas de cada una.
Así, se establece que, son atribuciones de la cámara de diputados:
Art. 52.- A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas.
Art. 53.- Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes.
Respecto al senado, citamos:

Art. 59.- Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados…
Art. 61.- Corresponde también al Senado autorizar al presidente de la Nación para que declare en estado de sitio, uno o varios puntos de la República en caso de ataque exterior.
Respecto a facultades privativas, pero comunes de ambas cámaras, la CN dice:

Art. 64.- Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez…

Art. 66.- Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos.

Art. 71.- Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes.
Respecto a las facultades que a lo largo del texto constitucional se reservan para alguna de las cámaras, citamos como ejemplo:

  • La asistencia del Senado en la configuración de determinados actos, por ejemplo: nombramiento de ministros y magistrados del Poder Judicial, o embajadores u oficiales de las fuerzas armadas, junto con el Poder ejecutivo (art. 99)

  • La iniciativa del senado en lo que se refiere a la Ley Convenio (ley de coparticipación) entre la Nación y las Provincias (art. 77 inc. 2).

  • Si se pasa revista prolija a todo el articulado constitucional que queda fuera del art. 75 (que será estudiado en la Unidad 17), es posible encontrar otras competencias. Asimismo, ha de computarse en este rubro todo lo que bajo el nombre de “reserva de la ley” (y latamente, “principio de legalidad”) implica una competencia para cuyo ejercicio la constitución exige “ley” del congreso: El art. 4º regula la formación del llamado “tesoro nacional” cuyos recursos enumera. El art. 7º otorga al congreso la facultad de dictar leyes generales que determinen la forma probatoria de los actos públicos y procedimientos judiciales de cada provincia y los efectos legales que producirán (atento que la misma norma dispone que gozan de entera fe en las demás provincias). El art. 9º asigna al congreso la facultad exclusiva de establecer las tarifas que regirán en las aduanas nacionales, etc.

E – La presidencia del Senado

El vicepresidente de la república


El vicepresidente de la república es el presidente nato del senado. Con respecto al poder ejecutivo, es un órgano al margen de él —extrapoderes—, pero con respecto al senado, lo integra a título propio como presidente nato. Sin embargo, sólo dispone de “voto” en caso de empate (art. 57), lo que no debe interpretarse como impidiéndole tener “voz”.

El art. 58 establece que el senado nombrará un presidente provisorio para que lo presida en caso de ausencia del vicepresidente, o cuando éste ejerza las funciones de presidente de la nación. Citamos:

F – Incompatibilidades


Como disposición común a ambas cámaras, relacionada con el ejercicio del cargo parlamentario, el art. 72 consigna que ningún miembro del congreso podrá recibir empleo o comisión del poder ejecutivo, sin previo consentimiento de la cámara respectiva, excepto los empleos de escala. Conviene, asimismo, vincular el tema de la incompatibilidad con la disposición del art. 105, incluida en la parte de la constitución que se refiere a los ministros del poder ejecutivo, y que dice que éstos no pueden ser senadores ni diputados sin hacer dimisión de sus empleos de ministros (y, a contrario sensu, que los senadores y diputados tampoco pueden acumular al cargo parlamentario el cargo de ministros del poder ejecutivo).

Las incompatibilidades de los artículos 72 y105 se fundan en varias razones: a) en un sistema de división de poderes que quiere independizar al congreso del ejecutivo, y viceversa; b) en el propósito de obtener una dedicación eficaz e integral al cargo parlamentario; c) en el principio ético de que dicho cargo exige una independencia de criterio y de actuación que puede resentirse por el desempeño simultáneo de otras ocupaciones o empleos oficiales o privados.

Cae de su peso que tampoco puede acumularse el desempeño de un cargo legislativo con la función judicial.

En cambio, nada dice la constitución de las actividades privadas; en principio, no están vedadas, pero la incompatibilidad puede configurarse implícitamente (por ej.: un legislador no puede actuar privadamente como abogado o agente de empresas e instituciones con las que el congreso tiene o puede tener relación a través de su función legislativa, política o administrativa).

Los empleos de escala que se exceptúan de la incompatibilidad son los que constituyen un estado o profesión habitual que no se reciben por favor o gracia del designante, y en los que se asciende por antigüedad en forma graduada.

Tambien se prevé que los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincia por la de su mando (Art. 73).
Art. 74.- Los servicios de los senadores y diputados son remunerados por el Tesoro de la Nación, con una dotación que señalará la ley.


G – Derecho parlamentario: concepto y fuentes


El derecho parlamentario es la parte del derecho constitucional del poder que se refiere a la constitución, los privilegios y el funcionamiento de los cuerpos parlamentarios —en nuestro caso, del congreso y sus cámaras—. Parecen quedar fuera de su ámbito los problemas relativos a la estructura del órgano —uni o bicamarista—, a las condiciones de elegibilidad de sus miembros, a la forma de designación de los mismos, a la duración de los cargos, a las incompatibilidades y remuneraciones, y a la competencia del congreso y de cada una de sus cámaras.
De este modo, el derecho parlamentario comprende solamente:

a) la constitución del congreso en sentido formal, o sea, desde las sesiones preparatorias hasta la incorporación de los legisladores, abarcando el juicio sobre la validez de la “elección-derecho título” de los mismos, la aceptación de sus diplomas, el juramento, y la constitución de las autoridades;

b) los llamados privilegios o inmunidades —individuales y colectivos—;

c) el funcionamiento del congreso: sesiones y sus clases, duración, modo de reunión, carácter de las mismas, formas de emisión de los actos de su competencia, quorum, mayoría de votos, etcétera.

Algunos de estos aspectos están regulados por la propia constitución formal; otros mediante el reglamento interno de cada cámara.

H – Sesiones


Las sesiones del congreso se dividen en cuatro categorías: tres previstas en la constitución, y una en los reglamentos internos de las cámaras. Las primeras son:

a) las ordinarias;

b) las de prórroga;

c) las extraordinarias.

La cuarta categoría está dada por las sesiones preparatorias, que son las primeras en el orden del tiempo porque se anticipan a las ordinarias.
Las sesiones “preparatorias”

Las sesiones preparatorias tienen por objeto recibir a los electos que han presentado diploma expedido por autoridad competente, y elegir las autoridades de cada cámara.

El juramento de diputados y senadores es exigido por el art. 67 de la constitución, y se presta en el acto de la incorporación con objeto de desempeñar debidamente el cargo y de obrar en todo de conformidad a lo que prescribe la constitución. Las cámaras han elaborado sus fórmulas, que pueden ser religiosas y laicas.
El juicio de la elección por las cámaras

También prevé la constitución una facultad de las cámaras, que es privativa de cada una de ellas (competencia propia) y que suele incluirse entre sus “privilegios” colectivos.

Normalmente, se ejercita en las sesiones preparatorias para constituir la cámara. Es la que el art. 64 contiene en la fórmula de que “cada cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez”.
Las sesiones ordinarias

El congreso tiene asignado un período ordinario de sesiones, y un receso entre tales períodos.

La propia constitución formal prevé la intermitencia en el ejercicio de las competencias del congreso y de sus cámaras, lo cual revela que el poder legislativo no es el más importante, desde que la dinámica constitucional puede subsistir durante el paréntesis de la actividad congresional, cosa que no ocurre con el poder ejecutivo ni con la administración de justicia.

El art. 63 dice que ambas cámaras se reunirán en sesiones ordinarias todos los años desde el 1º de marzo hasta el 30 de noviembre.
El Poder ejecutivo tiene la “obligación constitucional” de convocar las cámaras el 1º de marzo y de abrir sus sesiones ordinarias; si no lo hace, el congreso tiene competencia para reunirse de pleno derecho, y debe hacerlo.
Las sesiones “de prórroga” y “extraordinarias”

El art. 63 agrega que “pueden ser convocadas (las cámaras) extraordinariamente por el presidente de la nación, o prorrogadas sus sesiones”. Coordinando esta norma con la del inc. 9º del art. 99, leemos en él que el presidente de la república “prorroga las sesiones ordinarias del congreso o lo convoca a sesiones extraordinarias cuan-do un grave interés de orden o de progreso lo requiera”.

Nos parece que algo es indiscutible en la exégesis de estos textos: a) que sólo el presidente puede convocar a sesiones extraordinarias; b) que el presidente “puede prorrogar” las ordinarias; c) a contrario sensu, que el congreso no puede autoconvocarse a sesiones extraordinarias.

O sea que: a) las sesiones extraordinarias deben siempre ser convocadas por el poder ejecutivo, no pudiendo el congreso disponer por sí solo su realización; b) la prórroga de las sesiones ordinarias puede ser dispuesta tanto por el presidente de la república como por el mismo congreso.

I – Quórum, mayoría y simultaneidad de sesiones


Art. 65.- Ambas Cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente. Ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas, podrá suspender sus sesiones más de tres días, sin el consentimiento de la otra
Ésta norma se refiere a la simultaneidad de la sesiones del Congreso.

Las mismas son públicas, ya que los reglamentos de ambas cámaras sí prevén la publicidad de las sesiones. Se trata de un requisito elemental del principio republicano de publicidad de todos los actos de gobierno, por lo que no vacilamos en sostener que las sesiones secretas son inconstitucionales, salvo en casos excepcionalísimos de secretos de estado que realmente son tales objetivamente.
El quorum

Quorum significa el número de miembros que se necesita para que un órgano colegiado pueda constituirse, funcionar y adoptar decisiones.

Cuando el número de miembros que compone un órgano colegiado es elevado, resulta difícil la asistencia de todos; de ahí que se arbitre un quorum para que, con número suficiente, pero inferior a la totalidad, el órgano pueda ejercer su función.

Nuestra constitución contiene una disposición general y básica sobre quorum, sin perjuicio de excepciones que ella misma introduce en casos particulares; el art. 64 dice que ninguna de las cámaras entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros.

Mayoría absoluta no es, como vulgarmente se sostiene, la “mitad más uno”, sino “más de la mitad” de los miembros, que es cosa distinta, porque si —por ej.— suponemos 187 legisladores, más de la mitad son 94, mientras la mitad más uno son 95.

El mismo art. 64 añade que un número menor podrá compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones, en los términos y bajo las penas que cada cámara establecerá.
Sin embargo éstas son las reglas generales, y la CN ha previsto, en diferentes casos, que para tomar cierto tipo de decisiones se reúnan diferentes tipos de quorum especiales (ej. El art. 39 prevé que la ley reglamentaria del derecho de iniciativa popular legislativa, art. 40 fija igual quorum de votos favorables para la sanción de la ley reglamentaria de la consulta Popular, art. 75 inc. 2º párrafo cuarto consigna que la ley-convenio en materia impositiva, art. 75 inc. 3, art. 75 inc. 22 sobre aprobación de tratados de derechos humanos, etc.)

J – Asambleas legislativas, procedencia y funciones


Es cierto que hay una serie de normas que hacen referencia a las sesiones separadas, pero al lado de esta serie, otras normas que se refieren al congreso como cuerpo, y a algún acto que él debe cumplir, no reseñan en esas oportunidades el modo de trabajo (por ej.: el art. 30). Por fin, en alguna ocasión la constitución exige expresamente la reunión de ambas cámaras en sesión conjunta —que se llama asamblea legislativa— (por ej.: art. 93 y art. 99 inc. 8º).

Si nos fijamos en el mecanismo de sanción de las “leyes”, no cabe duda de que la constitución ha previsto e impuesto el tratamiento de los proyectos de ley (deliberación y aprobación) por cada cámara separadamente; una es cámara de origen, y otra es cámara revisora.

Ahora bien: como nosotros entendemos que no todos los actos del congreso tienen naturaleza de ley, y que aquéllos que no lo son no deben emanarse con “forma de ley”, interpretamos que el trabajo parlamentario separado está ordenado solamente para las leyes (entendiendo por tales los actos con naturaleza material de ley y forma de ley). Para los casos en que la constitución no arbitra ese procedimiento, creemos que reserva al congreso la opción del trabajo separado o conjunto.
Nuestro derecho constitucional material no ha ejemplarizado el trabajo en sesión conjunta. A la inversa, se ha ejemplarizado el trabajo separado en cada cámara, y la “forma” de ley de todos los actos congresionales

K – Las garantías parlamentarias


LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Tal vez el punto neurálgico del derecho parlamentario sea el de los llamados “privilegios” parlamentarios. Estos privilegios —que son una constante en el derecho constitucional del poder comparado— se reputan establecidos en interés del parlamento o congreso como órgano, y se alega que tienen como finalidad asegurar la independencia, el funcionamiento y la jerarquía del mismo. Por eso se los llama también inmunidades, en cuanto preservan al órgano.
Aunque la terminología “privilegios” o “inmunidades” tiene curso tradicional en el lenguaje constitucional del derecho parlamentario, creemos más correcto el sustituto de “garantías de funcionamiento”. Son garantías que se otorgan a un órgano de poder, tanto si tales garantías cubren al “órgano-institución” como si protegen a los “órganos-individuo”, porque en ambos casos tienden a resguardar al congreso y a sus cámaras, que actúan a través de las personas que son sus miembros. “Garantías de funcionamiento” son, entonces, tutelas funcionales.
Los privilegios parlamentarios suelen dividirse en dos grandes grupos: colectivos y personales; los primeros atañen al cuerpo o cámara en conjunto y como “órgano-institución” para facilitar el ejercicio de su función; los segundos se refieren a la situación o actuación individual de cada hombre que es miembro del cuerpo o cámara, pero no en protección a su persona, sino a la función que comparte integrándolo, para tutelar su libertad, su decoro y su independencia.
Entre los privilegios colectivos se incluyen: a) el juzgamiento por cada cámara de la validez de “elección-derecho-título” de sus miembros; b) la competencia de cada cámara para hacer su reglamento; c) el poder disciplinario de cada cámara sobre sus propios miembros, y aun sobre terceros extraños; d) el derecho de cada cámara de hacer comparecer a su sala a los ministros del poder ejecutivo; e) se incluye también como privilegio el aceptar las renuncias que voluntariamente hacen de sus cargos los legisladores.

Entre los privilegios personales se cita: a) la inmunidad de opinión y expresión; b) la inmunidad de arresto; c) el desafuero; d) la dieta.
Para nosotros, el desafuero es a la vez un privilegio “personal” y un privilegio “colectivo”; lo primero, porque protege al legislador; lo segundo, porque implica para la cámara la disponibilidad de poner o no a sus miembros a la orden de un juez.
Transcribimos a continuación los artículos específicos:

Poder disciplinario:

Art. 66.- Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos.
Inmunidad de expresión:

Art. 68.- Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador.
Inmunidad de arresto:

Art. 69.- Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho.
Desafuero:

Art. 70.- Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento

L – La Comisión de labor parlamentaria. Comisiones permanentes e investigadoras.


Lo que sí contempla la constitución después de la reforma de 1994 es la aprobación en comisiones de cada cámara de proyectos de ley en particular, conforme al art. 79.
La constitución formal no ha previsto con carácter general las comisiones legislativas de asesoramiento de las cámaras (que no deben confundirse con las comisiones “permanentes” para el receso del congreso, ni con las comisiones “investigadoras”).

Las comisiones permanentes del parlamento que, como órgano transitorio del mismo, ejercen algunas competencias durante el receso parlamentario para suplir la actividad suspendida en la totalidad del cuerpo.

Sin embargo, la Comisión Bicameral prevista en los arts. 99 (inc. 3º) y 100 (incs. 12 y 13) ha sido calificada como “permanente” por el propio texto reformado en 1994 a los fines en él establecidos. Ésta es la incorporada por la reforma de 1994 para seguimiento y control de los decretos de necesidad y urgencia que dicta el poder ejecutivo, para los decretos dictados por delegación legislativa, y para la promulgación parcial de leyes vetadas parcialmente.
Numerosas comisiones permanentes para diversas materias existen en virtud del reglamento de cada cámara; hay otras especiales y transitorias, y algunas bicamerales creadas por ley para asuntos determinados.
Asimismo, la reforma de 1994 ha previsto que la aprobación en particular de un proyecto de ley puede ser autorizada por cada cámara a favor de una o más comisiones (art. 79), por lo que la falta de una norma general específica sobre las comisiones legislativas parece subsanarse implícitamente con esta habilitación.

LL – Los bloques legislativos


Otro mecanismo existente en el derecho constitucional material —pero no en el formal— que refleja la composición partidista de las cámaras, es la constitución de bloques de legisladores que pertenecen a un mismo partido o a partidos afines, y que actúan como verdaderos frentes políticos dentro de las cámaras, dando lugar tanto a alianzas como a antagonismos.


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