Propiedad urbana. Los principios rectores del ordenamiento urbanístico. Los planes de ordenación urbana: naturaleza, clases y efectos. La clasificacióN






descargar 59.92 Kb.
títuloPropiedad urbana. Los principios rectores del ordenamiento urbanístico. Los planes de ordenación urbana: naturaleza, clases y efectos. La clasificacióN
fecha de publicación05.06.2015
tamaño59.92 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Ley > Documentos
TEMA 32.

PROPIEDAD URBANA. LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL ORDENAMIENTO URBANÍSTICO. LOS PLANES DE ORDENACIÓN URBANA: NATURALEZA, CLASES Y EFECTOS. LA CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO: ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE SUS LIMITACIONES. EL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO COMO OBJETO DE DERECHO.

PROPIEDAD URBANA.
Frente al concepto unitario de la propiedad en el Art. 348 CC, se admiten hoy diversos estatutos de la propiedad. Así tienen distinto régimen jurídico la propiedad mueble y la inmueble y dentro de ésta la urbana y la rústica.
La CE establece con referencia al derecho de propiedad privada:

  • Art 33: “la función social delimitará su contenido de acuerdo con las leyes”

  • Art 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”
Pero la sumisión de la propiedad urbana a este tratamiento es anterior al texto constitucional:


  • ya la LS 1956 lo regula como un derecho limitado por la función social, con arreglo a la legislación urbanística y los planes de ordenación. Su reforma se inició con LS 1975 y culminó con el TR 1976.

  • La incidencia de la Constitución y el gran incremento del precio del suelo dieron lugar a la LS 1990, que introdujo grandes modificaciones, y culminó con un nuevo e importante TR de 1992.


La STC 20 de marzo 1997, por recursos de varias CCAA, declaró la inconstitucionalidad de dos terceras partes de ese TR, por considerar que invadía competencias de las CCAA, ya que de los Arts 148 y 149 CE se deduce que:

  1. Los órganos legislativos de las CCAA tienen competencia exclusiva para la ordenación del territorio y el urbanismo, lo cual comprende: planeamiento, ejecución, gestión y disciplina urbanística.

  2. Los órganos legislativos del Estado tienen competencia para regular la propiedad urbana, que comprende:

  • Condiciones básicas que permitan la igualdad de todos los propietarios en el ejercicio de su derecho;

  • Garantías de la expropiación forzosa y régimen de valoraciones del suelo;

  • Aspectos registrales, en cuanto forman parte de la legislación civil.


Como consecuencia de la STC: las CCAA han dictado sus propias leyes urbanísticas, que en gran parte reproducen el TR 1992. Y se promulgó la LS estatal 1998 que dejó en vigor los Arts del TR 1992 no declarados inconstitucionales.
En la senda abierta por la LS 1998 las CCAA han dictado sus posteriores Leyes Urbanísticas ( Castilla la Mancha, Castilla- León, La Rioja, Aragón, Canarias, Cantabria y Madrid y están en trance de hacerlo otras.)
Otro hito de esta evolución es la LS estatal 2007, que derogó la de 1998 y diversos preceptos del TR 1992 y que según su Exposición de Motivos no es una Ley urbanística sino referida al régimen del suelo “en lo que atañe a los intereses cuya gestión está constitucionalmente encomendada al Estado.
Finalmente, el Estado ha dictado el TRLS 20 junio 2008 que ha derogado la LS 2007 y el TR 1992, previa incorporación a su texto de los preceptos de ese TR que la LS 2007 dejó vigentes.

El TR ha sido modificado por RD Ley 8/2011 de 1 de julio, introduciendo, entre otros:

  • silencio administrativo negativo en actos de transformación, edificación y uso del suelo que detalla;

  • necesidad de autorización administrativa para inscribir el complejo inmobiliario;

  • requisitos de inscripción de las obras antiguas, incorporando el contenido del RD 1093/ 97 y añadiendo otros requisitos para las obras nuevas que estudiamos, por extenso, en otros temas;

  • carácter obligatorio de la anotación preventiva de disciplina urbanística;

  • obligación del Registrador de comunicar a su CA las inscripciones de parcelación, reparcelación, obra nueva, propiedad horizontal y conjunto inmobiliario, consignándolo por nota marginal.



Recientemente ha sido también modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Entre algunos de los aspectos que modifica esta ley destacan: ,la regulación de los complejos inmobiliarios en su artículo 17 , las obras nuevas en su artículo 20, y el silencio negativo que pasa a estar regulado en el artículo 9.





La legislación vigente está constituída:

  • En el ámbito estatal por: TR 2008 y los Reglamentos de Planeamiento, 1978; Gestión Urbanística, 1998; Disciplina Urbanística, 1978; y Edificación Forzosa, 1964; y las Normas Complementarias al RH sobre inscripción en el RP de actos de naturaleza urbanística, RD 1093/1997 de 4 de julio.( que es de aplicación en toda España, por se la materia registral de competencia estatal.)

  • En el ámbito de las CCAA por: TR 2008, sus leyes urbanísticas en lo que no modifiquen éste; y los Reglamentos citados en cuanto no se opongan a sus leyes urbanísticas.


El TR 2008 se compone de los siguientes Títulos de:

  1. Disposiciones Generales.

  2. Condiciones básicas de igualdad en los derechos y deberes constitucionales de los ciudadanos.

  3. Bases del régimen del suelo.

  4. Valoraciones.

  5. Expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial.

  6. Función social de la propiedad y gestión del suelo.

  7. Régimen jurídico ( que contiene los preceptos del TR 1992 que se derogan: infracciones, acción pública, recurso contencioso administrativo).



LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL ORDENAMIENTO URBANÍSTICO.
Para delimitarlos hay que acudir a los que han informado la LS 2007 y TR 2008:
1º Regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales en todo el territorio estatal.

La Ley define tres estatutos subjetivos básicos:

  1. el del ciudadano que tiene derechos, entre otros, a una vivienda digna, a utilizar las dotaciones públicas, etc y deberes como por ejemplo, cumplir las limitaciones sobre actividades molestas, insalubres y peligrosas.

  2. el régimen de la iniciativa privada para la actividad urbanística, cuya gestión puede reservarse la administración o encomendarla a personas privadas.

  3. y el estatuto de la propiedad del suelo, en el que se detallan los derechos y deberes de los ciudadanos.

Además la Ley contempla los deberes básicos de la Administración en la ordenación territorial y urbanística, funciones públicas no susceptibles de transacción y que consisten, por ejemplo en: atribuir un destino que posibilite la transformación del suelo rural en urbanizado, atender al principio de igualdad de trato, etc.

Como garantía de que la Administración ejerce efectivamente su condición de gestor en el urbanismo, se adoptan diversas medidas:

  1. Se consagran los principios de publicidad y eficacia en la gestión pública. Así por ejemplo, todos los instrumentos de ordenación territorial y urbanística y de ejecución se someten al trámite de información pública.

  2. Se modifica la regulación de los patrimonios públicos del suelo:

  • integrados por las parcelas libres de cargas cedidas a la Administración actuante;

  • Los bienes deben destinarse a la construcción de vivienda protegida, salvo que se autorice otro uso social;

  • Se limita su precio máximo de transmisión;

  • Y todas estas limitaciones son inscribibles en el RP, no obstante lo dispuesto en el Art 27 LH.


2º Establecer las bases económicas y medio ambientales del régimen jurídico del suelo: La nueva Ley, siguiendo las directrices de la UE, se propone conseguir un desarrollo sostenible, minimizando el impacto del crecimiento de la ciudad, utilizando el modelo de ciudad compacta y evitando los inconvenientes de la urbanización dispersa.

Dentro de las medidas protectoras del medio ambiente, se impone la evaluación ambiental de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística y el informe de sostenibilidad para los proyectos de urbanización.

En el plano económico, reconoce el principio de libertad de empresa en la iniciativa privada y obliga a incorporar a los proyectos una memoria de sostenibilidad económica.
3º Establecer un sistema único de valoración del suelo, y que es aplicable a efectos reparcelatorios, expropiatorios y de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Lo novedoso de la Ley es que desvincula la fijación del valor de la clasificación y categorías del suelo, atendiendo exclusivamente a su naturaleza de suelo rural o urbanizado, sin tener en cuenta las plusvalías.

En materia de expropiación forzosa, se mantiene el doble sistema de determinación del justiprecio por expediente individualizado o por tasación conjunta y se regulan la reversión y la retasación.
4º Disciplinar la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en sus actuaciones urbanísticas, recogiendo los supuestos indemnizables.

LOS PLANES DE ORDENACIÓN URBANA: NATURALEZA, CLASES Y EFECTOS.
Al igual que la precedente Ley 1998, la de 2007 y TR 2008 prescinden de regular técnicas específicamente urbanísticas, para no prefigurar, ni siquiera indirectamente, un concreto modelo urbanístico, materia que la jurisprudencia constitucional atribuye a la competencia exclusiva de las CCAA. Por eso, tampoco regula los planes de ordenación urbana, que si estaban regulados en la legislación estatal anterior.
Las leyes autonómicas, sin embargo, suelen establecer para la concreción del estatuto jurídico del suelo una sucesión de planes en forma similar a la legislación estatal anterior a la LS 2007, que pasamos a examinar brevemente:
Naturaleza: En el aspecto material, los planes prefiguran y anticipan lo que al cabo del tiempo será el espacio territorial por ellos considerado. En el aspecto jurídico, la importancia del plan es trascendental ya que delimita los derechos de propiedad para cada porción concreta de terreno.
Clases de planes: Aparte del Plan Nacional de Ordenación, que nunca se llegó a elaborar, estaban previstos:

  1. Planes Directores Territoriales de Coordinación, con directrices aplicables en ámbitos provincial, subprovincial o comarcal.

  2. Planes Generales Municipales de Ordenación Urbana, les corresponde establecer el régimen jurídico del suelo.

  3. Normas Subsidiarias del Planeamiento, para Ayuntamientos que carecen de Plan General, similares a éstos pero reducidos.

  4. Programas de Actuación Urbanística (PAU), desarrollan el Plan General o las Normas Subsidiarias.

  5. Planes Parciales, además de los anteriores, pueden desarrollar un PAU.

  6. Estudios detalle, delimitan alineaciones y rasantes y reordenan volúmenes señalados en Planes Generales o Parciales.

  7. Planes especiales, su objeto no es la ordenación integral de un territorio, sino un aspecto ( conjuntos artísticos, vías de comunicación, saneamiento, etc).


Efectos de los Planes:

  1. Tienen carácter público, lo que supone, la participación pública en los procesos de planeamiento y gestión, de un lado, y de otro, que todo administrado tiene derecho a que la Administración competente le informe por escrito de las condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada.

  2. Son obligatorios, para los particulares y Administraciones Públicas, dada su naturaleza de auténticas normas jurídicas. Supone que la utilización del suelo y en especial su urbanización y edificación deberán producirse en la forma y con las limitaciones establecidas en la Ley y los Planes.



LA CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO:
Abandonando el viejo método de clasificación y categorización del suelo, el Art. 12 TRLS contrapone dos situaciones básicas en que puede encontrarse el suelo:

1. Está en la situación de suelo rural:

  • a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o policía del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de ordenación territorial o urbanística.

  • b) El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna los requisitos a que se refiere el apartado siguiente.

  1. Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el que, estando legalmente integrado en una malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propia, que cumpla alguna de las siguientes condiciones:

.- haber sido urbanizado con arreglo a un instrumento de ordenación.

.-tener instaladas y operativas las infrastructuras y los servicios necesarios para satisfacer la demanda de los usos y edificaciones, o llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión con las instalaciones preexistentes.

.-estar ocupado por la edificación en el porcentaje de los espacios aptos para ella que determine la legislación.

.-el incluido en los núcleos rurales tradicionales, legalmente asentados en el medio rural, siempre que la legislación les atribuya la condición de suelo urbano o asimilada y cuando, de conformidad con ella, cuenten con las dotaciones, infrastructuras y servicios requeridos.

En el Art 17 define la finca como: unidad de suelo o edificación atribuida exclusiva y excluyentemente a un propietario o varios en proindiviso, que puede situarse en la rasante, en el vuelo o en el subsuelo y que cuando, conforme a la legislación hipotecaria, pueda abrir folio en el Registro de la Propiedad, tiene la consideración de finca registral. Y añade el concepto de parcela: unidad de suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o el subsuelo, que tenga atribuida edificabilidad y uso o sólo uso urbanístico independiente.

Enumera como facultades del derecho de propiedad urbana las de:

- uso, disfrute y explotación (inluída la de edificar) conforme al estado, clasificación, características objetivas y destino que tenga en cada momento.

En concreto, respecto de la facultad de edificar, podrá ejercitarla el propietario, por si o a través de terceros (superficie, vuelo o sustitución forzosa), siempre que el terreno constituya una unidad apta para la edificación y ésta se realice en el tiempo y las condiciones legalmente previstas. Aunque se ratifica el principio de accesión como integrante del dominio, no se patrimonializa la edificabilidad hasta su realización efectiva, no bastando su mera previsión en la ordenación territorial y urbanística.

  • la de disponer, siempre respetando los límites a la formación de nuevas fincas y parcelas y las relaciones entre ellas, como se estudia en el tema siguiente.

  • La de consultar a las Administraciones los criterios y previsiones de ordenación urbanísticas, así como de las obras que habrán de realizar.

  • la de elaborar y presentar el instrumento de ordenación cuando la Administración no se haya reservado la iniciativa pública de la ordenación y ejecución.

  • la de participar en las actuaciones de urbanización en un régimen de equitativa distribución de beneficio y cargas entre todos los propietarios afectados en proporción a su aportación.

  • Estas facultades alcanzan al vuelo y al subsuelo hasta donde determinen los instrumentos de ordenación urbanística, de conformidad con las leyes aplicables y con las servidumbres y limitaciones de protección del dominio público.

Además, de acuerdo con la doctrina de la DGRN, permite destinar a usos distintos las superficies superpuestas del suelo o rasante y del subsuelo o vuelo, reconociendo la compatibilidad del carácter público y privado de unas y otras, por los mecanismos del complejo inmobiliario o de la segregación, y para que tengan el carácter de bienes privativos, exige la previa desafectación.

ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE SUS LIMITACIONES.
Examinaremos ahora los deberes que comporta la propiedad del suelo, haremos referencia a las actuaciones de transformación urbanística, sin entrar en otras limitaciones como las licencias administrativas y declaraciones de obra nueva, que son objeto de los temas siguientes de este programa.
Deberes:

    1. Para todo tipo de suelo, dedicarlo a usos no incompatibles con la ordenación territorial y urbanística, conservarlo en condiciones de servir de soporte a ese uso y mejorarlo y rehabilitarlo.

    2. Para el suelo urbanizado y que tenga atribuída edificabilidad, el de edificar en los plazos establecidos por la normativa aplicable.

    3. Y para el suelo rural sujeto a actuación de transformación urbanística, los derivados de la ejecución del sistema adoptado en los términos que se estudian en otro tema.

Estos deberes son inherentes a la finca y se transmiten con ella, quedando el nuevo propietario subrogado en ellos, salvo los asumidos por convenio con la Administración competente y que, pese a tener trascendencia jurídico real, no se hayan inscrito.

Por ello, en los títulos de enajenación de terrenos debe hacerse constar su situación urbanística cuando no sean susceptibles de uso privado o edificables, cuenten con edificaciones fuera de ordenación o estén destinados a vivienda protegida o existan deberes legales y obligaciones urbanísticas pendientes de cumplir.

La omisión de estos datos faculta al adquirente para rescindir el contrato en el plazo de cuatro años con la indemnización que proceda.

Los notarios podrán solicitar a la Administración información telemática o cédula de la situación urbanística de la finca o parcela a que se refiera la escritura, debiendo, en tal caso, remitirle, copia simple de la autorizada en papel o digital.

En los títulos de transmisión de terrenos a la Administración deberá especificarse, a efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad, su carácter demanial, patrimonial o con destino al patrimonio público de suelo.

La determinación legal de los derechos y deberes de la propiedad del suelo conforme a su destino no confiere derecho a exigir indemnización, salvo los casos establecidos legalmente (por ejemplo: anulación de licencias por cambio sobrevenido de legislación).

El incumplimiento de los deberes de edificación o rehabilitación habilita para la expropiación o venta forzosa o la sustitución también forzosa en la facultad de edificar, sin perjuicio de otras consecuencias que pueda establecer la norma autonómica. En los casos de inejecución injustificada de las obras ordenadas, dentro del plazo conferido al efecto, la Administración remitirá al Registro de la Propiedd certificación del acto correspondiente para su constancia por nota al margen de la última inscripción de dominio.

En la expropiación forzosa se regulan el título inscribible (acta de ocupación y pago o consignación), la posibilidad de inscribir como una sola o varias fincas registrales las expropiadas y la aparición de finca no incluida en el expediente.

En cuanto a la venta y sustitución forzosa se regula la publicidad registral, mediante certificación del oportuno acuerdo administrativo, tanto de la inclusión en el régimen de venta o sustitución, por nota marginal, como la inscripción de la adjudicación, con las condiciones y plazos de edificación impuestos al adjudicatario como condición resolutoria.

Actuaciones de transformación urbanística. Pueden consistir en suelo rural en la nueva urbanización; en suelo urbanizado en reforma, renovación o dotación.

Estas actuaciones se entienden iniciadas desde que comienza su ejecución, que se presume cuando así conste en acta administrativa o notarial. La terminación de la urbanización se produce por conclusión de las obras y se presume por su recepción por la Administración o, en su defecto, por silencio positivo junto con la certificación del director técnico.

Las actuaciones de transformación urbanística comportan los siguientes deberes:

a) Entregar a la Administración competente el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas verdes y restantes dotaciones públicas, deber que en caso de dotación independiente podrá ser sustituido por otras formas de cumplimiento.

b) cederle el suelo libre de cargas en pago de su participación en las plusvalías, que la LS 2007 ha fijado en una horquilla entre el 5 y el 15% aunque podrá alcanzar el 20% o ser inferior al mínimo en determinados supuestos, asícomo sustituirse por otras formas de cumplimiento.

c) Costear y, en su caso, ejecutar las obras de urbanización.

d) Entregar a la Administración las infraestructuras de conexión a las redes generales de servicios que deban formar parte del dominio público.

e) Garantizar el realojamiento y, en su caso, el retorno de los ocupantes legales de inmuebles sitos en el área de la actuación.

f) E Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser demolidas y las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan conservarse.

Los terrenos incluidos en el ámbito de las actuaciones y los adscritos a ellas están afectados, con carácter de garantía real, al cumplimiento de estos deberes. Los convenios celebrados por el promotor de la actuación con la Administración no podrán establecer obligaciones o prestaciones adicionales ni más gravosas, siendo nula de pleno derecho la cláusula en contrario.

En tanto no se incluya el suelo rural en el ámbito de una actuación urbanística, sólo podrá utilizarse de conformidad con su naturaleza agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales, si bien la legislación podrá legitimar otros usos de interés público o social, estando prohibidas las parcelaciones urbanísticas, salvo las incluidas en el ámbito de una actuación de urbanización.

Una vez se incluya en un ámbito de actuación urbanística: podrán autorizarse usos y obras de carácter provisional, susceptibles de ser demolidas cuando lo requiera la Administración, sin derecho a indemnización, y supeditada a la constancia en el Registro de estas condiciones. Así como las obras de nueva urbanización y, de estar permitida, la simultánea edificación.

No obstante, en suelo rural de especial protección no se admiten como regla actos que alteren su estado natural, debiendo atenerse a lo dispuesto en su propia legislación. Así en la Ley 3 de abril 2007 de Parques Nacionales se prohibe la urbanización o edificación de su suelo e, incluso, en el caso del comprendido en la Red Natura 2000 es preciso que previamente se descatalogue por la Comisión Europea.

Por último señalar que la Ley 8/2013 ha establecido que la Administración competente podrá imponer la realización de obras de conservación, y que una vez firme dicho acto determinará la afección real directa e inmediata del inmueble al cumplimiento de dicha obligación de conservación. Dicha afección real se hará constar en el Registro de la Propiedad por nota marginal y tendrá la misma preferencia y prioridad que la afección real al pago de gastos de urbanización.

EL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO COMO OBJETO DE DERECHO.

El aprovechamiento urbanístico es el volumen de edificabilidad de una parcela, aunque forma parte de la propiedad urbana, es susceptible de tráfico jurídico independiente, e incluso, es considerado como finca registral en determinados supuestos.

La posibilidad de configurarlo como objeto de derecho se debe a que:

  1. Las cualidades exigidas por los Artículos 1271 a 1273 para que una cosa sea objeto de contrato son la posibilidad, determinación y susceptibilidad de comercio.

  2. El aprovechamiento urbanístico es un derecho subjetivo, consistente en la posibilidad de levantar edificaciones sobre un terreno en los términos previstos por el Plan.

El TR 1992 regulaba su transferencia, regulación que fue declarada inconstitucional por STC 20 de marzo 1997 citada.

Los Arts 39 y ss. RD 1093/97, prevén, como estudiamos en temas de hipotecario, la inscripción del aprovechamiento urbanístico en folio separado como “finca especial disgregada del suelo” con nota al margen de la inscripción de la finca ordinaria de procedencia.

Se ha planteado si el aprovechamiento urbanístico es hipotecable. En principio, como facultad, no es hipotecable con independencia del dominio de la parcela. Pero si el aprovechamiento se separa del dominio del suelo mediante transferencia, mientras no se concrete en una finca determinada, cabe considerar que el titular ostenta una titularidad dominical sobre el aprovechamiento, junto al cual pueden existir titularidades de derechos reales sobre el mismo, y por tanto, una hipoteca, en este sentido García García. En cualquier caso, cuando el aprovechamiento conste en folio independiente puede ser objeto de hipoteca o de otros derechos limitados.

TEMAS CIVIL REGISTROS

OPOSICIÓN

FORO DE OPOSITORES

TEMAS HIPOTECARIO

TEMAS FISCAL

OPOSITAR CON ÉXITO

CUADRO NORMAS

NORMAS 2002-2012

LISTA INFORMES

RESOL.: PROP-MERC-MESES

NODESESPERES

¿Sabías que...?

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Propiedad urbana. Los principios rectores del ordenamiento urbanístico. Los planes de ordenación urbana: naturaleza, clases y efectos. La clasificacióN iconTema 33. Urbanismo: principios esenciales. Legislación urbanística...

Propiedad urbana. Los principios rectores del ordenamiento urbanístico. Los planes de ordenación urbana: naturaleza, clases y efectos. La clasificacióN iconInstrucciones internas para la adjudicación de los contratos de obras...

Propiedad urbana. Los principios rectores del ordenamiento urbanístico. Los planes de ordenación urbana: naturaleza, clases y efectos. La clasificacióN iconPliego de cláusulas administrativas particulares para la contratacióN,...

Propiedad urbana. Los principios rectores del ordenamiento urbanístico. Los planes de ordenación urbana: naturaleza, clases y efectos. La clasificacióN iconPliego de cláusulas administrativas particulares para la contratacióN,...

Propiedad urbana. Los principios rectores del ordenamiento urbanístico. Los planes de ordenación urbana: naturaleza, clases y efectos. La clasificacióN iconContrato de promesa de compraventa de vivienda urbana con Régimen de Propiedad Horizontal

Propiedad urbana. Los principios rectores del ordenamiento urbanístico. Los planes de ordenación urbana: naturaleza, clases y efectos. La clasificacióN iconLos procesos de renovación urbana son inevitables

Propiedad urbana. Los principios rectores del ordenamiento urbanístico. Los planes de ordenación urbana: naturaleza, clases y efectos. La clasificacióN iconLa planificación urbana comunal y los riesgos naturales

Propiedad urbana. Los principios rectores del ordenamiento urbanístico. Los planes de ordenación urbana: naturaleza, clases y efectos. La clasificacióN iconResumen: Con una población urbana de más del 50%, la ciudad se constituye...

Propiedad urbana. Los principios rectores del ordenamiento urbanístico. Los planes de ordenación urbana: naturaleza, clases y efectos. La clasificacióN iconPor medio de la cual se modifican y regulan los principios rectores...

Propiedad urbana. Los principios rectores del ordenamiento urbanístico. Los planes de ordenación urbana: naturaleza, clases y efectos. La clasificacióN icon3. Para los efectos del presente ordenamiento, se entenderá por: I. Acuerdo de Wassenaar






© 2015
contactos
ley.exam-10.com