La propiedad comunal en el ordenamiento jurídico peruano






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La propiedad comunal en el ordenamiento jurídico peruano

La Constitución Política de 1993 establece que el Estado garantiza el derecho a la propiedad privada de la tierra en forma comunal1, a las comunidades campesinas y a las comunidades nativas; pero, a diferencia de la Constitución Política de 1979 que establecía que las tierras de las comunidades campesinas y nativas eran inembargables, imprescriptibles e inalienables2, la Constitución actual sólo les reconoce la imprescriptibilidad3; lo que conllevaría a interpretar que cuestionadas normas como la Ley N.º 26505, Ley de Tierras, y los recientes decretos legislativos N.º 1015 y N.º 1073, que buscan que las comunidades enajenen su propiedad comunal, serían constitucionales por ser conformes con lo establecido en la Constitución de 1993.
Sin embargo ésta es una interpretación completamente errada, pues la propiedad indígena está reconocida en tratados internacionales de derechos humanos, ratificados por el Estado peruano, los cuales forman parte del derecho nacional4. Se ha escrito mucho y a profundidad de las obligaciones del Estado para con los pueblos indígenas contenidas en el Convenio 169 de la OIT, aplicables al Perú a las comunidades campesinas y nativas, por lo que quisiéramos referirnos al compromiso asumido por el Perú al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la Convención)5. Así, conforme al Art. 1.1 de la Convención, el Estado tiene la obligación de respetar los derechos reconocidos en ella, y uno de éstos es el derecho a la propiedad privada, consagrado en el Art. 216, que -de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH)- protege el derecho a la propiedad en el sentido que comprende, entre otros, los derechos de los miembros de los pueblos indígenas al uso y goce de la propiedad comunal7.
Los Estado Partes de la Convención también tienen la obligación de garantizar el ejercicio pleno de los derechos en ella reconocidos a toda persona que esté bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna. La CIDH “ha sostenido con base al artículo 1.1 de la Convención, que los miembros de los pueblos indígenas […] precisan ciertas mediadas especiales para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, en especial respecto del goce d e sus derechos de propiedad, a fin de garantizar su supervivencia física y cultural.”8
Sin embargo, el Estado peruano, contrariamente, ha venido adoptando medidas para despojar a las comunidades de sus territorios, por lo que, está incumpliendo con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, y en casos de enajenaciones mediante votaciones con quórum cuestionables, se estaría configurando una privación arbitraria de la propiedad9, y las víctimas podrían acudir a la CIDH, luego de haber agotado la jurisdicción interna. Entonces, para evitar futuras responsabilidades del Estado, el gobierno debería derogar los decretos legislativos N.º 1015 y N.º 1073, que van contra tratados de derechos humanos, que son parte del ordenamiento jurídico peruano.
Yaku Perú, comentarios: yakuperu@yahoo.es, bacamacazana@yahoo.es

1 Art. 88.º de la Constitución Política de 1993.

2 Art. 163.º de la Constitución Política de 1979.

3 Art. 89.º de la Constitución Política de 1993.

4 Art. 55.º de la Constitución Política de 1993.

5 El Perú ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 28 de julio de 1978.

6 Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.

7 Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa.

8 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, párrafo 85.

9 Héctor Faúndez Ledesma afirma que, en el 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “ […]lo que se enfatiza es el derecho a no ser privado arbitrariamente de la propiedad.” Héctor anudes Ledesma, El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: Aspectos institucionales y procesales San José, Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1996, p. 63.

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