Propuesta de conclusiones para el informe de la comisión especial investigadora encargada de analizar el crédito






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PROPUESTA DE CONCLUSIONES PARA EL INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA ENCARGADA DE ANALIZAR EL CRÉDITO

BID-TRANSANTIAGO

MANDATO DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA
El 11 de septiembre de 2008, de conformidad con las normas legales y reglamentarias1, la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, la solicitud de constituir una Comisión especial investigadora:

“a fin de que analice, estudie e investigue las presuntas irregularidades ocurridas en la solicitud, tramitación y concreción del préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó, a petición del Gobierno de Chile, al Transantiago […]; de las gestiones llevadas adelante por los Ministros de Hacienda y de Transportes y Telecomunicaciones o, en general, de cualquier otro funcionario público a este respecto y, sobre las diversas gestiones emprendidas por nuestras autoridades y, en particular, por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y las diversas operaciones financieras realizadas para obtener recursos económicos adicionales destinados al funcionamiento del sistema de transportes […]”
En este sentido, es menester recordar que el Artículo 6 de la Constitución Política de la República (CPR) señala que:

“[l]os órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República.

Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.

La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley”.
La presente propuesta de conclusiones para el Informe de esta Comisión Investigadora, demostrará que:
EN LO PARTICULAR:
1.- Por una parte, que la Cuenta Especial de Reembolso fue LEGALMENTE AUTORIZADA con el único fin de hacer operativo el reintegro de los aportes reembolsables que le otorgó el Fondo de Estabilización del Transantiago al Sistema y que sus facultades de endeudamiento respondían exclusivamente a mantener adecuadamente el pago al Estado. ES DECIR FUE ESTABLECIDA EN BENEFICIO Y RESGUARDO FINANCIERO DEL ESTADO Y NO EN SU PERJUICIO.
2.- LA CUENTA FUE DESVIADA DE SUS FINES, a través de las instrucciones del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), para obtener financiamiento para la operatividad del Sistema y no para rembolsar al Fisco, finalidad de la que se dejó constancia en la historia fidedigna de la Ley N° 20.206 que creó dicha Cuenta, según veremos más adelante.
EN LO GENERAL:
1.- Al Gobierno le cabe una responsabilidad colectiva grave en los hechos constitutivos de esta Comisión Investigadora, por haber abusado de sus atribuciones, arrogándose, con ello, facultades que, de acuerdo al ordenamiento jurídico chileno, le corresponden exclusivamente al Congreso Nacional.
2.- La situación actual de Transantiago es financieramente desesperada, de aplicarse a su situación las normas de derecho común se trataría de una empresa en quiebra.
3.- El parlamento debe adoptar medidas concretas para que pongan límites al despilfarro del erario nacional.
Por otra parte, esta propuesta abordará las consecuencias que acarreó la contratación del crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el compromiso y responsabilidad financiera del Estado, cuestiones que, de acuerdo al artículo 63 de la Constitución Política de la República, debieron haber sido autorizadas por una ley especial de quórum calificado, dado que el plazo superaba, con creces, el actual período presidencial. Para demostrar las consecuencias descritas, se analizarán las cláusulas pertinentes del contrato con el BID.
En resumen, la utilización de la Cuenta para fines diversos a los autorizados en la Ley N° 20.206 por mandato expreso del Gobierno y la responsabilidad, directa o indirecta, del Estado de Chile frente a los compromisos financieros adquiridos con cargo a aquélla, parecieran demostrar que, teniendo a la vista el artículo 6 de la CPR, existe algún grado de responsabilidad imputable a determinados órganos del Gobierno.
ANTECEDENTES GENERALES
La presente Comisión Investigadora se constituyó como consecuencia del fallo del Tribunal Constitucional (TC)2 que declaró inconstitucionales dos Decretos Supremos de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Hacienda, que autorizaban el endeudamiento de la Cuenta Especial de Reembolso con el Banco del Estado, por una parte y con el Banco Interamericano de Desarrollo, por la otra y que estaban enmarcados, según se establecerá más abajo, dentro de una serie de fórmulas diseñadas por el Gobierno para obtener financiamiento para el Transantiago.
Las razones principales de la inconstitucionalidad y que motivaron la inquietud de los señores Diputados que solicitaron esta Comisión Investigadora, radican en que los Decretos impugnados transgredieron la Constitución, pues descansaron en que ya existía una Ley (N° 20.206) que autorizaba a la Cuenta a endeudarse para rembolsar al Fisco sus aportes que así lo requerían. Sin embargo, el criterio del TC es que la Ley N° 20.206 es una norma genérica que abre una posibilidad y que cuando se trate de concretar dicha posibilidad, debe dictarse una ley especial. Los fundamentos del TC dan cuenta que considera que existe compromiso financiero del Estado, dado que se contraen deudas cuya responsabilidad de pagar directa o indirecta (comprendiéndose aquí al aval del Estado), a pesar de su apariencia, corresponde o puede corresponder al Estado, tratándose de empréstitos para el logro de los objetivos que persigue el Estado (el transporte público)3.


  1. Las diversas fórmulas de financiamiento del Transantiago


Desde sus comienzos, en febrero del año 2007, el nuevo Sistema de Transporte para la Región Metropolitana (Transantiago) demostró tener graves problemas operacionales y de financiamiento. Ya en abril de ese año, de acuerdo a declaraciones del Ministro de Transportes, Señor René Cortázar, al diario La Tercera, el sistema sufría pérdidas por US$30 millones4, déficit que aumentaría mes a mes en los meses siguientes.
Con el fin de evitar el aumento de las tarifas de los pasajes y de mantener al sistema funcionando, a tres meses de la puesta en marcha del sistema, el Gobierno de Chile, a través de los Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones, y de Hacienda, comenzó a gestionar diversas formas de financiamiento, las que incluyeron préstamos conferidos por empresas del Estado (Metro, Banco del Estado), subsidios otorgados por ley (montos no reembolsables de la LeyN° 20.206) y la utilización del 2% del artículo 32 N° 20 de la CPR, durante el año 2008 (el denominado “2% constitucional”).
Otro mecanismo de financiamiento fracasados fue la asignación de recursos a través de la Ley de Presupuesto para los años 2008.
Asimismo, el Gobierno, a propósito de la solicitud del crédito otorgado por Banco del Estado, en enero de 2008, se comprometió públicamente a enviar un proyecto de ley al Congreso Nacional, en abril del mismo año, con el objeto de establecer un mecanismo de financiamiento permanente o de largo plazo al sistema de transportes metropolitano. Sin embargo, este plazo no se cumplió y el 17 de abril del año siguiente, el Ministro de Transportes reiteró su compromiso a que, a más tardar, el 28 de abril de ese mismo año, el proyecto de ley estaría presentado ante el Congreso Nacional, lo que finalmente ocurrió el 6 de mayo de 2008 y que se encuentra actualmente en tramitación en el Senado5.


  1. Cuenta N° 6 del Transantiago: Instrumento idóneo de endeudamiento

El Subsecretario de Transportes, Señor Raúl Erazo, menciona a la Cuenta Bancaria Número Seis administradas por el AFT, señalando al respecto que:

“La Cuenta N° 6 [el énfasis es nuestro] corresponde a la cuenta corriente bancaria del sistema abierta por el AFT para recibir los aportes del METRO y los eventuales recursos obtenidos del sistema financiero o de cualquier otra fuente de financiamiento

Con fecha 9 de mayo de 2007, se modificó el contrato mercantil de los operadores con el AFT, con el fin de ampliar su mandato para que éste pudiese contraer préstamos con el sistema financiero local o internacional actuando como administrador de los recursos del sistema, cuyo importe total deberá ser abonado a la Cuenta Bancaria Seis del Sistema […]”6
Ante la existencia previa a la CER de una Cuenta perteneciente al Sistema de Transportes de Santiago para obtener financiamiento externo y administrar dichos fondos, es dable cuestionar el uso de la Cuenta especial de reembolso para los mismos fines. El Subsecretario de Transportes señaló que:
Sin perjuicio de que la Cuenta Seis fue creada para que fuera abonado el importe total de los recursos obtenidos de préstamos con el sistema financiero local o internacional, el Sistema, a partir de la iniciativa del Gobierno –según se acreditará- y con la autorización requerida de los Ministros de Hacienda y Transportes y Telecomunicaciones (MTT), utilizó la Cuenta Especial de Reembolso (CER) creada a partir del artículo 7° de la Ley N° 20.206 para contraer préstamos con el sistema financiero local o internacional, con el fin de financiar el sistema de transporte público de la ciudad de Santiago.


  1. Ley N° 20.206


La Ley N° 20.206, que crea un Fondo de Estabilización Financiera del Sistema de Transporte Público de la ciudad de Santiago y dispone otros Aportes Fiscales, se originó en Mensaje del Gobierno. Esta ley busca regular la creación del Fondo de Estabilización del Sistema de Transporte Público de la ciudad de Santiago, con el objeto de dar estabilidad al régimen tarifario del referido sistema y, transitoriamente, otorgar incentivos por cumplimientos de programas de control de evasión. Luego, el Mensaje señala que el MTT podrá convenir con los Concesionarios de Uso de Vías y con la entidad administradora, la constitución de una cuenta especial destinada al reembolso de los aportes efectuados por el Fisco y de los compromisos asumidos con cargo a la Cuenta.7



    1. Cuenta Especial de Reembolso (CER): Desvío de su objeto determinado por Ley



      1. Afectación original de la Cuenta


La Ley N° 20.206, en su artículo 7°, inciso 1° establece que: “Los Concesionarios de Uso de Vías de la ciudad de Santiago, el Administrador Financiero de Transantiago, en adelante el AFT y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, convendrán8 la constitución de una cuenta especial de reembolso, en adelante la Cuenta, destinada al reembolso de los aportes efectuados por el Fisco y de los compromisos asumidos con cargo a la Cuenta.”
El Subsecretario de Transportes señala que “[c]orresponde a la cuenta bancaria abierta por el AFT en el Banco del Estado de Chile, bajo el número 120898, la cual será destinada por una parte al servicio del Aporte Reembolsable efectuado por el Fisco en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 20.206, y por otra al pago de los compromisos asumidos con cargo a dicha cuenta.”9
En la historia fidedigna de la Ley, el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Señor René Cortázar, respecto de la propuesta de creación de la CER, aparece señalando en la Sesión 26 de 19 de junio de 2007 que:

“es necesario recalcar que esta Cuenta no guarda relación con los aportes públicos al sistema, sino que constituye un mecanismo para facilitar su reembolso [el énfasis es nuestro]”10
A este mismo respecto, en la discusión del proyecto de ley en Sala del Senado (Sesión 27ª de 20 de junio de 2007), y ante los cuestionamientos de los señores Senadores11 sobre la naturaleza y alcances de la CER, el mismo Ministro afirmó que:

“[s]i esta es una cuenta de repago hecha por los privados, lo natural era hacer viable que en cualquier situación de dificultad de liquidez momentánea se pudiera mantener adecuadamente el pago al Estado [el énfasis es nuestro]. Y, para ello, se contempla la facultad de endeudarse […] Y eso es, simplemente, abrir una posibilidad para permitir la continuidad de pago sin producir alteraciones en la tarifa […]”12
Más adelante, en la misma Discusión, el Ministro puntualizó que:

“[…] Claro que alguien podrá decir: ‘yo no quiero un mecanismo reembolsable’. Entonces, en tal caso naturalmente sugeriremos no establecer la Cuenta de reembolso. Pero si se va a aprobar el proyecto de ley con un Fondo de reembolos, debe crearse la Cuenta respectiva […] la existencia de la Cuenta de reembolso tiene sentido para repagar fondos […]13 Es simplemente el modo de ir produciendo los flujos para amortizar sin afectar la tarifa […] en vez de ir retirando de la Cuenta 2 simplemente se endeudara el fondo para cancelar al Estado, pareció ‘prudencial’ incluir una autorización de los Ministerios para los efectos de los endeudamientos […]”14
De lo anterior se desprende, entonces, que el fin determinado era el repago al Fisco de sus aportes reembolsables, pudiendo la Cuenta, para esos efectos, contraer deudas que requerían la previa autorización del Gobierno, a través de sus Ministros de Hacienda y Transportes y Telecomunicaciones.


      1. La Cuenta como patrimonio de afectación


Analizada la justificación que hizo el Ministro Cortázar en la tramitación de la ley N° 20.206, respecto de la naturaleza de la CER, parecen tener razón los Senadores Larraín y Vásquez, cuando se refirieron a esta Cuenta como un “patrimonio de afectación”15.
La definición de estas universalidades desvinculadas de las personas que las constituyen, obedece a un conjunto de derechos y obligaciones con una finalidad común, un objeto determinado, consistente en una agrupación de bienes y deudas apreciables en dinero, con valor pecuniario. Es decir, la unidad de los elementos no arranca de la voluntad de la persona (constituyente del patrimonio), sino del fin o destino al que está afecto el conjunto de bienes16.
Este fin o destino que da sentido a la CER como patrimonio de afectación, no es sino el reembolso de los aportes reembolsables del Fisco emanados del Fondo de Estabilización de la Ley N° 20.206 FET), de acuerdo a la explicación que el mismo Ministro, Señor Cortázar dio respecto de ella en la tramitación de la Ley.
Asimismo, con fecha 2 de enero de 2008, el Ministro de Transportes, en Oficio Ord. N° 2, señaló que la “para efectos de la restitución del aporte reembolsable considerado en dicha ley [N° 20.206], podrán efectuarse inversiones financieras […]”


      1. Utilización real de la Cuenta


Sin perjuicio de las afirmaciones del Ministro Señor Cortázar, después de su constitución, la Cuenta contrajo dos deudas, “ordenado por el MTT” o “en virtud de la instrucción expresa del MTT”, según se establece expresamente en las cláusulas 1ª y 6ª del Contrato de Apertura de Financiamiento entre el AFT y el Banco del Estado de Chile de 3 de enero de 200817. Ambas deudas, respectivamente, fueron contraídas con el sistema financiero local (Banco del Estado) e internacional (Banco Interamericano de Desarrollo –BID) para “proveer recursos durante un período de transición en el que se están adoptando medidas que permitan mejorar la sostenibilidad operativa y el equilibrio financiero del Sistema”18 y no para la provisión de recursos que permitieran hacer viable, en cualquier situación de dificultad de liquidez momentánea, que “se pudiera mantener adecuadamente el pago al Estado”.
El Ministro de Hacienda, Señor Andrés Velasco, por su parte, validó dichas operaciones por la:

necesidad de una fuente de financiamiento transitoria para el sistema de transporte público de la ciudad de Santiago, así como la conveniencia de que el mismo sea otorgado por una o más entidades financieras de la plaza, a través de una línea de crédito sobre la cuenta de reembolso creada por la ley N° 20.206 como patrimonio separado con facultad para endeudarse”19.
El mismo Ministro, ante esta Comisión Investigadora, afirmó que:

“el Gobierno tenía un mandato de la ciudadanía que no podía desoír, y fue en ese contexto de actuación responsable que el Gobierno decidió impulsar un conjunto de acciones para mejorar el funcionamiento del sistema y garantizar su funcionamiento. Se buscaron diversas fuentes de financiamiento, incluyendo un crédito con Banco del Estado y otro con el BID […] el crédito BID permitía asegurar el financiamiento y la continuidad del servicio de transporte público para los millones de habitantes de la ciudad de Santiago […] La ley N° 20.206, al autorizar a la cuenta especial de reembolso a endeudarse, permitió el acceso al crédito al sistema de transporte de Santiago”20.
En tanto, en la 2ª sesión de esta Comisión Investigadora de fecha 3 de noviembre de 2008, el Ministro Señor Cortázar afirmó que:

“se contrató ese crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo […] para darle continuidad al servicio de transporte público de Santiago […] En esas circunstancias se contrató dicho crédito, a objeto de tener el financiamiento suficiente para mantener la continuidad de los servicios, mientras se discutía un proyecto [de ley] sobre subsidio al transporte público que se había enviado al Congreso […] la ley N° 20.206, que crea la denominada cuenta especial de reembolso permite al sistema de transporte público de Santiago endeudarse para mantener su normal funcionamiento[…]21
En este sentido, el Contralor General de la República, Señor Ramiro Mendoza Z., en su primera intervención ante esta Comisión puntualizó que:

“La cuenta, cuya constitución se ordena por la ley –no se crea por ley-, se hace mediante un convenio. Hay un instrumento, que es la escritura pública, que se llama convenio de restitución de aportes reembolsables del fondo de estabilización financiera del sistema de transporte público de la ciudad de Santiago. Quiero marcarles el nombre del convenio, porque ustedes deben recordar que en el artículo 1° hay un fondo de estabilización financiera del sistema, donde hay recursos reembolsables y no son reembolsables […]. Los aportes reembolsables, como lo dice su nombre, deben reembolsarse. En la misma escritura está materializada la voluntad constructiva del legislador en el artículo 7°22.
El TC, en tanto, en el considerando 57° del fallo que declaró la inconstitucionalidad de los Decretos N° 45 y N° 46, previamente mencionado, se refirió a esto, señalando que:

“bastaría con crear intermediarios [la Cuenta] que, aparentemente, no participaran de las características de aquellos para burlar las exigencias constitucionales referidas a la distribución de competencias entre los órganos legislativo y ejecutivo, en circunstancias que un análisis sistémico y finalista de las normas involucradas en una operación como aquella a que se refiere el decreto supremo impugnado, revela que no es sino el Estado mismo el que está otorgando el préstamo para satisfacer una finalidad inherente a sus propios cometidos.”23
Es decir, que el fin propuesto por el Ejecutivo respecto de la Cuenta Especial de Reembolso, no era la devolución de los aportes reembolsables, sino más bien, endeudar al mismo Estado para “satisfacer una finalidad inherente a sus propios cometidos”24.
Ahora bien, ante la interrogante de si el Ejecutivo tenía en mente un endeudamiento, a través de la Cuenta, para fines distintos del servicio de la deuda con el Fisco por el FET, la respuesta parece venir del siguiente razonamiento: si los aportes efectuados por el Fisco podían tener hasta 4 años de gracia (artículo 2° de la Ley N° 20.206) y los créditos fueron solicitados inmediatamente después de constituida la Cuenta, necesariamente no respondían a la necesidad de reembolsarle al Fisco y el Ejecutivo, entonces, habría manifestado durante la tramitación de la Ley N° 20.206 algo distinto de lo que en realidad se trataba: crear una nueva fuente de financiamiento, captadora de recursos financieros para el Transantiago.


    1. La operación de crédito de la Cuenta con el BID


Sin entrar a considerar ahora, si la Cuenta es de naturaleza privada o pública, lo cierto es que, de acuerdo a los antecedentes y al fallo del TC, es posible desprender que la utilización de dicha Cuenta, por iniciativa y bajo la autorización del Gobierno, respondió a una necesidad del Ejecutivo de mantener operativo un sistema ineficiente, desde el punto de vista financiero y que, por tanto, requería de recursos que el Poder Legislativo no había estado dispuesto a entregar, en tanto aquél no fuera mejorado.
Los Ministros de Transportes y Telecomunicaciones y de Hacienda sostuvieron consistentemente en que autorizaron los créditos a favor de la Cuenta, “que era una cuenta privada y que el pago se haría a través de esa cuenta privada era parte de los que estaba en los dictámenes de la Contraloría y en la información que era pública en ese momento”25.
Es decir, el Gobierno descansó en que, de acuerdo a la Contraloría, tanto por sus dictámenes, como por la toma de razón de los Decretos N° 45 y N° 46, la naturaleza de la cuenta era de carácter privado, por lo que no sería el Gobierno el que aparecería solicitando un crédito para financiar un servicio de transporte público licitado. Sin embargo, el mismo Contralor aclaró que la toma de razón no se constituye en un aval, “el que haya pasado por la Contraloría General de la República no transforma una obligación pura y simple en una obligación garantizada”26.
Sin embargo, y sin ir más allá, puesto que ya se estableció que la naturaleza de la Cuenta no se constituye en un elemento relevante para las conclusiones aquí propuestas, el señor Contralor General reconoció ante esta misma Comisión Investigadora que:

La modificación al sistema de transporte público hecha por la Ley N° 19.011 (que autoriza importación de vehículos y establece normas sobre transporte de pasajeros) de 1998, cuyo fin fue sentar las bases del nuevo sistema de transportes Transantiago, llevó] “a la licitación del uso de vías. Es decir, ya no es un problema de fijación, de autorización, ni relacionado con el tipo del vehículo que circula, sino que, derechamente, el Estado asume el control de la plataforma ‘bien público–calle’ […] Esta modificación lleva a un conjunto de contratos […] Este conjunto de contratos que se ha materializado ha debido necesitar un apoyo legislativo para la implementación de un sistema que no es potestativo completo de una actividad “regulada”, sino que un parche tras otro, destinado a configurar accidentalmente un sistema sobre la base de una situación que es la convención; es decir, es la única actividad regulada que su soporte constructivo está en la convención y no en la potestad […] Esta compleja mixtura hace necesariamente difícil, en primer lugar, el rol de la Contraloría General de la República, porque ésta no es una revisora de contratos, sino que una revisora de la actividad jurídica de la administración, de manera que nuestras revisiones y fiscalización es normalmente relativa y constreñida al actuar jurídico de los órganos del Estado y, particularmente, excluye a la revisión de la actividad jurídica de los privados […] En este contexto es donde hemos tenido las dificultades de control y una serie de actos que han debido, de una u otra manera, ser revisados parcialmente. Es en este contexto donde además aparece la ley Nº 20.206, con una figura bastante compleja, que es la construcción, en su artículo 7°, de una entidad, llamada cuenta especial de reembolso […] que generó una serie de dudas jurídicas que, desde el punto de vista de la Contraloría General de la República […] Dijo que la cuenta era una entidad privada porque la Contraloría General de la República, en ejercicio de la deferencia que le corresponde frente al Poder Legislativo, debía priorizar la norma y la forma normal de actuación de la legislación. La forma y norma (sic.) normal de la actuación de la administración es lo que se refiere a la participación del Estado en entidades que no formen parte de la administración […] entendimos, en el contexto del artículo 7° de la ley Nº 20.206, que existía una autorización legal para que el Estado formara parte en la convención que construía efectivamente la cuenta especial de reembolso, ordenada a constituir por ley […] Siempre hemos aplicado un principio de deferencia en el sentido de encarnar lo que el legislador está mandatando. Eso es lo que interpretó la Contraloría General de la República y esa fue la interpretación que hicimos respecto de la naturaleza de la cuenta, sin perjuicio de que con posterioridad el tribunal constitucional, como no podía interpretar la naturaleza de la cuenta porque no estaba en su competencia, llegue por razones que son distintas a esa decisión jurídica a una contravención o al establecimiento de una contravención a la Constitución”.27

Las potestades propias de la Contraloría General de la República, en relación a la toma de razón, fueron adecuadamente aclaradas por el Señor Contralor, quien puntualizó que “vemos sus potestades y habilidades [de las autoridades], pero no el contenido de los actos privados”28-, con las limitaciones que el sistema de transporte público impone al control que aquélla puede hacer sobre los actos del Estado al respecto, por ser, la mayoría, de carácter contractual o convencional, hacen que la Contraloría presum[a] la legalidad de los actos […] presunción que se mantiene hasta en cuanto no haya una decisión jurisdiccional que la rompa […] la jurisdicción hace ceder a la juridicidad presuntiva establecida por el acto. Y no puede ser de otra manera, porque el depósito de estabilidad del estado de derecho en Chile está entregado, en último término, a la juridicidad, jurisdiccional”29.
El Contralor, asimismo, dejó claro que “La Contraloría no podía no entender, sino que no era Estado ni Fisco ni patrimonio público, porque se trata del reembolso de los aportes efectuados por el Fisco”30.
Ahora bien, en el entendido de que lo importante no es la naturaleza de la Cuenta, sino su utilización al margen de lo estipulado en la ley, es que presentamos los antecedentes que dan cuenta de las acciones del Gobierno para obtener, mediante esta Cuenta, financiamiento para el sistema de transporte público de Santiago (operadores privados, públicos, entes reguladores, etc.) y cuyas consecuencias son, tal como lo señaló el TC en su fallo de 30 de septiembre de 2008, el compromiso financiero del Estado, en contravención a la Constitución.


      1. Los primeros indicios


En febrero de 2008, el diario La Segunda consignó que el Gobierno estaría “explorando posibilidades de acceso a créditos para el Transantiago”, entre los que figuraría como “principal alternativa el Banco Interamericano de Desarrollo”31, sin perjuicio que, de acuerdo al representante del BID en Chile, el Señor Jaime Sujoy, “las primeras actividades se iniciaron en mayo de 2007”32.
El Ministro Señor Cortázar, en abril del 2008, informó que el Transantiago “nuevamente requerirá de un préstamo para financiar sus operaciones, las que siguen siendo deficitarias”, señalando que “el nuevo crédito […] permitirá el funcionamiento del transporte colectivo en la Región Metropolitana mientras se tramita el proyecto de ley para un subsidio permanente del Transantiago”33.
Ante la Comisión Mixta de Presupuesto para el año 2009, el Ministro Señor Cortázar explicó que:

“la operación con el BID consistirá en una línea de crédito a la que se recurrirá para cubrir el déficit del sistema durante los dos meses que, se estima, demorará el Parlamento en aprobar el financiamiento definitivo una vez que el Ejecutivo envíe al Parlamento, “a fines de este mes”, el respectivo proyecto de ley. El crédito podría, por tanto, ascender a unos 60 millones de dólares”34.


      1. Las gestiones del Gobierno ante el BID en la solicitud del crédito


Los siguientes son los antecedentes que dan cuenta de lo que el Ministro Señor Velasco denominó el conjunto de acciones, “que el Gobierno decidió impulsar”, para mejorar el funcionamiento del sistema y garantizar su funcionamiento, entre los que se encuentra el crédito BID - Transantiago35.

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