Por el cual se expide el Código Electoral y se dictan otras disposiciones






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títuloPor el cual se expide el Código Electoral y se dictan otras disposiciones
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ARTÍCULO 71. CRÉDITOS. Los partidos, movimientos, agrupaciones políticas y campañas, podrán recurrir al mecanismo crediticio para satisfacer sus necesidades de liquidez. Los créditos podrán obtenerse en entidades financieras legalmente autorizadas, con personas naturales o jurídicas privadas, o provenientes del propio patrimonio de los candidatos y de su familia.
Los créditos otorgados por entidades financieras no podrán superar el valor total de gastos de la respectiva campaña. El valor de los créditos provenientes de personas naturales o jurídicas privadas, no podrá superar el límite de las donaciones individuales ni, en su conjunto, el total de gastos de la correspondiente campaña. Los créditos propios, del cónyuge, compañero permanente o de los parientes a que se refiere el artículo 15, no estarán sometidos a límites individuales, pero en ningún caso la sumatoria de tales créditos podrá ser superior al monto total de gastos de la campaña.
La Junta Directiva del Banco de la República ordenará a las instituciones financieras abrir líneas especiales de crédito cuando menos seis (6) meses antes de la fecha de las votaciones, con el fin de otorgar créditos a los partidos, movimientos, agrupaciones políticas o campañas. Estos créditos podrán ser garantizados con la pignoración del derecho a la reposición estatal de gastos o mediante otras garantías que acuerden la entidad financiera y los destinatarios del crédito.
PARÁGRAFO. Si la reposición no se efectuare dentro del término establecido en este Código, el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales reconocerá el valor de los intereses que se generen durante la mora.
ARTÍCULO 72. FINANCIACIÓN PROHIBIDA. Se prohíben las siguientes donaciones y créditos, con destino a las campañas electorales:
1. Las que provengan, directa o indirectamente, de gobiernos o personas naturales o jurídicas extranjeras, excepto las que se realicen a título de cooperación técnica para el desarrollo de actividades distintas a las campañas electorales.
2. Las que se originen en actividades ilícitas o tengan por objeto financiar fines antidemocráticos o atentatorios del orden público.
3. Las de personas naturales contra las cuales se hubiere formulado acusación o imputación en un proceso penal por delitos relacionados con la financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales; de narcotráfico; contra la administración pública; contra los mecanismos de participación democrática:, de lesa humanidad; y, por la explotación ilícita de yacimientos mineros u otros materiales.
4. Las provenientes de personas titulares del derecho real de dominio, personal, aparente o presunto, respecto de bienes sobre los cuales se hubiere iniciado un proceso de extinción de dominio.
5. Las que provengan de servidores públicos, excepto las que hagan los miembros de corporaciones públicas de elección popular, quienes podrán realizar aportes voluntarios o créditos a las organizaciones políticas a las que pertenezcan con destino a la financiación de su funcionamiento, o a las campañas electorales, dentro de los límites a la financiación privada previstos en este Código.
6. Los aportes anónimos.


  1. Las que se financien directa o indirectamente con recursos públicos.



  1. Las que provengan de personas naturales o jurídicas cuyos ingresos brutos en el año inmediatamente anterior se hubieren originado en más de un cincuenta por ciento (50%) en contratos o subsidios estatales, excepto los contratos de prestación de servicios; que administren recursos públicos o parafiscales; que tengan licencias o permisos para explotar monopolios estatales o juegos de suerte y azar.




  1. En las campañas presidenciales, cuando provengan de personas jurídicas.


ARTÍCULO 73. FINANCIACIÓN ESTATAL. El Estado contribuirá a la financiación de las campañas electorales mediante el sistema de reposición de gastos por votos válidos. La financiación de las campañas presidenciales será preponderantemente estatal.
El derecho a la financiación estatal de las campañas se adquirirá cuando se obtengan los siguientes porcentajes de votación:
1. En las elecciones para corporaciones públicas, cuando la lista obtenga el cincuenta por ciento (50%) o más del umbral determinado para la respectiva corporación. Cuando ninguna lista supere el umbral, tendrán derecho aquellas listas que hayan obtenido curul.
2. En las elecciones para presidente, gobernadores y alcaldes, cuando el candidato obtenga el cuatro por ciento (4%) o más del total de votos válidos depositados en la respectiva votación.
La financiación estatal de las campañas electorales incluirá los gastos realizados por los partidos, movimientos o agrupaciones políticas con personería jurídica. Para efectos de la reposición, se sumarán los gastos de tales organizaciones políticas y las de sus candidatos.
PARÁGRAFO 1. El valor de reposición por voto será fijado anualmente por el Consejo Nacional Electoral teniendo en cuenta los costos reales de las campañas en cada circunscripción. El Consejo Nacional Electoral con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá realizar periódicamente los estudios que correspondan.
PARÁGRAFO 2. Los distritos y municipios contribuirán a la financiación de la logística necesaria para la elección de ediles y miembros de juntas administradoras locales, de acuerdo con el monto fijado por el respectivo concejo municipal a solicitud de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
ARTÍCULO 74. DE LOS ANTICIPOS. Los partidos, movimientos y agrupaciones políticas que inscriban candidatos, podrán solicitar en forma justificada ante el Consejo Nacional Electoral, con destino a la campaña electoral institucional, un anticipo de la financiación estatal de las campañas electorales en las que participen.
El Consejo Nacional Electoral autorizará el anticipo teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y calculará su cuantía a partir del valor de la financiación estatal recibida por el partido, movimiento o agrupación política solicitante, en la campaña anterior para el mismo cargo o corporación en la respectiva circunscripción, actualizado con base en el índice de precios del consumidor. En ningún caso, el anticipo podrá ser superior al monto máximo de gastos fijado para la campaña electoral institucional del partido, movimiento o agrupación política, respecto del cargo o corporación de que se trate.
Si el partido, movimiento o agrupación política no hubiere participado en la elección anterior, dicho anticipo se calculará teniendo en cuenta el menor valor de reposición pagado para el respectivo cargo o lista en la elección anterior.
Los anticipos a que se refiere esta disposición podrán ser girados hasta por el monto garantizado, dentro de los cinco días siguientes a la postulación de los candidatos o listas, previa aprobación y aceptación de las garantías correspondientes, de conformidad con la reglamentación que adopte el Consejo Nacional Electoral. Se podrá prever que la garantía consista en la pignoración de la financiación estatal de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas con personería jurídica, en la constitución de depósitos bancarios o en cualquier otra modalidad de garantía.
El valor del anticipo se deducirá de la financiación que le correspondiere al partido, movimiento o agrupación política, por concepto de reposición estatal de gastos de la respectiva campaña. Si no se obtuviere derecho a financiación estatal o el valor del anticipo fuere superior al valor de la financiación obtenida, el beneficiario del anticipo deberá devolverlo en su totalidad o en la proporción que corresponda, dentro de los tres meses siguientes a la declaratoria de la elección, a cuyo vencimiento se hará efectiva la correspondiente garantía, excepto en el caso de las campañas presidenciales en las que no habrá lugar a la devolución del anticipo, siempre que hubiere sido invertido de conformidad con la Ley.
ARTÍCULO 75. FINANCIACIÓN PRIVADA A TRAVÉS DEL FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES. Las donaciones que realicen las personas naturales o jurídicas privadas al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales con destino a la financiación de las campañas, se distribuirán en las circunscripciones y entre los partidos, movimientos, agrupaciones políticas y/o candidatos que señale el donante, de conformidad con uno o varios de los criterios indicados a continuación:
1. Entre todos los candidatos a los cargos uninominales que indique el donante.
2. Entre todas las listas a las corporaciones públicas que indique el donante.
3. Entre todos los partidos, movimientos y agrupaciones políticas con personería jurídica que inscribieron candidatos en una determinada circunscripción electoral.
4. Entre todas las listas inscritas al Senado de la República o a la Cámara de Representantes que indique el donante.
5. Entre todos los candidatos o listas independientes.
6. Entre todas las mujeres candidatas a cargos uninominales en una determinada circunscripción.
7. Entre los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, en proporción al número de mujeres inscritas en listas a corporaciones públicas, en una determinada circunscripción.
8. Entre los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, en proporción al número de jóvenes inscritos en listas a corporaciones públicas, en una determinada circunscripción.
Los recursos serán distribuidos por el Gerente del Fondo mediante resolución motivada, de acuerdo con los criterios e indicaciones de los donantes. El incumplimiento de tales criterios e indicaciones o la indebida asignación de recursos, será causal de mala conducta sancionable con la destitución y la inhabilidad por 10 años para desempeñar cargos públicos.
Los remanentes, si los hubiere, se destinarán a financiar planes, programas o proyectos propios del objeto del Fondo, de conformidad con la reglamentación que al efecto adopte su Junta Directiva.
ARTÍCULO 76. FINANCIACIÓN PRIVADA. Las personas naturales o jurídicas privadas podrán hacer donaciones, en dinero o en especie, para financiar las campañas electorales, dentro de los límites fijados en este Código.
Las donaciones de las personas jurídicas privadas a favor de las campañas electorales deberán contar con autorización expresa de la mitad más uno de los miembros de la junta directiva o de la junta de socios, según el caso. De ello se dejará constancia en el acta respectiva.
Con posterioridad a las campañas y previa autorización del Consejo Nacional Electoral, las obligaciones pendientes de pago podrán ser canceladas con la condonación de créditos o con recursos originados en fuentes de financiación privada, dentro de los límites individuales señalados en este Código, pero tales condonaciones y aportes, no tendrán los beneficios tributarios reconocidos para las donaciones.
ARTÍCULO 77. LÍMITES A LA FINANCIACIÓN PRIVADA. Ningún partido, movimiento, agrupación política o campaña, podrá recaudar financiación por valor superior al total de gastos fijado por el Consejo Nacional Electoral para la respectiva campaña. Tampoco podrán recibir donaciones individuales superiores al 10% de dicho total de gastos. Las donaciones de personas jurídicas privadas pertenecientes a un mismo grupo empresarial no podrán superar en conjunto el 20% del indicado monto de gastos. La Superintendencia de Sociedades expedirá el documento público en el que se relacionen las personas jurídicas que constituyen un grupo empresarial.
La financiación originada en créditos o recursos propios del cónyuge, compañero permanente, o de los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, no estará sometida a límites individuales, pero en ningún caso la sumatoria de tales recursos podrá ser superior al monto total de gastos de la campaña.
ARTÍCULO 78. LÍMITES AL MONTO DE GASTOS. El monto máximo de gastos que pueden realizar las campañas electorales a los distintos cargos y corporaciones de elección popular, será fijado por el Consejo Nacional Electoral, al menos seis (6) meses antes de cada votación, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1. El registro electoral de la respectiva circunscripción, los costos reales de las campañas y la apropiación que el Estado realice para reponer parcialmente los gastos efectuados en ellas;
2. El monto máximo de gastos se fijará por cada candidato a cargo uninominal o por lista de candidatos a corporaciones de elección popular. En el caso de listas con voto preferente el monto máximo de gastos por cada uno de los integrantes de la lista será el resultado de dividir el monto máximo de gastos de la lista por el número de candidatos inscritos.
El Consejo Nacional Electoral señalará, adicionalmente, el monto máximo que cada partido, movimiento o agrupación política con personería jurídica puede invertir en la campaña electoral institucional a los distintos cargos y corporaciones de elección popular.
Para efectos del cumplimiento de esta disposición, el Consejo Nacional Electoral con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá realizar periódicamente los estudios que correspondan, con el objeto de garantizar que los límites al monto de gastos fijados reflejen el valor real de las campañas electorales.
PARÁGRAFO. El Consejo Nacional Electoral fijará el monto máximo de gastos que se pueden realizar en los procesos de recolección de firmas de apoyo a candidaturas o listas independientes, los cuales en ningún caso podrán ser superiores al cuarenta por ciento (40%) ni inferiores al veinte por ciento (20%) de los montos señalados para las correspondientes campañas.
ARTÍCULO 79. GASTOS DE CAMPAÑA. Para efectos de la rendición pública de cuentas y de verificar el cumplimiento de los límites de gastos, sólo se tendrán como gastos electorales los siguientes:


  1. Los gastos en arrendamiento de sedes u oficinas, y demás gastos relacionados con la organización y funcionamiento de las mismas;



  1. Los gastos de propaganda electoral en los medios de comunicación social, internet y en el espacio público;




  1. Los gastos en comunicaciones, publicaciones, material publicitario, avisos en medios de comunicación e internet, publicidad exterior visual;




  1. Los gastos en logística relacionados con la realización de actividades de campaña, concentraciones o movilizaciones ciudadanas;




  1. Los gastos de las encuestas electorales contratadas por las campañas y que se utilicen para ser difundidas como parte de la estrategia de propaganda electoral;




  1. Las remuneraciones por conceptos laborales y los honorarios por prestación de servicios, del personal permanente u ocasional que presta sus servicios en forma remunerada a la campaña;




  1. Los gastos de transporte para la movilización del candidato, de los directivos de la campaña y de los simpatizantes, seguidores o electores del candidato;




  1. El valor comercial de los aportes en especie bienes y servicios aportados por las personas no vinculadas a la campaña, aunque de conformidad con el Código Civil no constituyan donación.




  1. Los costos de la jornada de votación.


Se prohíbe todo tipo de donación, regalo o dádiva, a los votantes y a sus familias, realizados directamente por las campañas o por interpuesta persona, exceptuando los que se han considerado gastos de campaña. Si se llegaren a realizar tales gastos, éstos se computarán para establecer el cumplimiento del límite de gastos de la campaña y, en todo caso, se sancionará adicionalmente con la imposición de una multa equivalente a diez (10) veces el valor de los gastos así realizados, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.
No se contabilizarán como gastos de campaña los que se realicen en desarrollo de los mecanismos de selección de candidatos o de recolección de firmas de apoyo para la inscripción de candidatos o de listas independientes; los gastos necesarios para la formulación del plan de gobierno y de inscripción de la candidatura; los necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales de la campaña frente a las autoridades electorales, tales como la gerencia de la campaña, la auditoría interna, el manejo de la contabilidad y la asesoría jurídica; los costos financieros originados en los créditos obtenidos, los impuestos y demás obligaciones fiscales y parafiscales; las sedes, oficinas, vehículos, equipos y muebles, de propiedad de los partidos, movimientos o agrupaciones políticas que los hubieren inscrito; el valor comercial de los aportes en especie y los servicios prestados en forma gratuita por personas naturales vinculadas a la campaña y que, de conformidad con el Código Civil, no constituyan donación, el cual no podrá superar el 10% del monto máximo de gastos; los gastos posteriores a la jornada de votación, tales como los necesarios para el control de los escrutinios y la rendición pública de cuentas. Sin embargo estos gastos deberán ser reportados en el informe de ingresos y gastos.
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