"Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Zonal del Norte y se dictan otras disposiciones"






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DECRETO 043 DE 2010

(Enero 29)

"Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Zonal del Norte y se dictan otras disposiciones"

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 38, numeral 4, del Decreto Ley 1421 de 1993, y por los artículos 26 y 48 del Decreto Distrital 190 de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que desde la expedición de la Constitución de 1991, el concepto de propiedad privada ha sido reconocido como una función social que implica obligaciones, y en esa medida el ordenamiento jurídico garantiza, además de su núcleo esencial, la función social y ecológica de la propiedad, lo que permite armonizar los derechos del propietario con las necesidades de la colectividad en virtud de los principios de solidaridad, primacía del interés general, protección al medio ambiente, entre otros, establecidos en la Constitución.

Que con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha establecido que el legislador le puede imponer al propietario una serie de restricciones a su derecho de dominio en aras de la preservación de los intereses sociales, respetando el nivel mínimo de goce y disposición del bien.

Que la misma Corte ha establecido que la obligación social del Estado impuesta por la Constitución Política, involucra a las entidades territoriales para que actúen como contrapeso de la libre actividad privada de la construcción, mediante la reglamentación y control de los procesos de urbanización. (Sentencia T-325 de 2002)

Que el artículo 311 de la Constitución Política señala que el municipio es la entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado y, que por lo mismo, le corresponde "prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes".

Que el ordenamiento del territorio, según lo establecido en el artículo 2º de la Ley 388 de 1997, en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, está orientado por los principios de la "función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios", que son a su vez principios de naturaleza constitucional.

Que la Ley 388 de 1997 señala en el artículo 3º que "(…) el ordenamiento del territorio constituye en su conjunto una función pública", y en su artículo 5º que "el ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales".

Que el artículo 8º de la citada Ley 388 de 1997 dispone que "la función pública del ordenamiento del territorio local se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades distritales y municipales, referida a las decisiones administrativas y a las actuaciones urbanísticas que les son propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio y la intervención en los usos del suelo", siempre que éstas estén contenidas o autorizadas en los planes de ordenamiento territorial o en los instrumentos que los desarrollen o complementen, en los términos previstos en la ley.

Que en ese sentido, los instrumentos de planeamiento que desarrollan el Plan de Ordenamiento Territorial –POT- deben orientarse a la provisión de vivienda de interés social, a la protección integral del medio ambiente, a la reducción de las inequidades propias del desarrollo territorial, a financiar los costos del desarrollo urbano con cargo a sus directos beneficiarios, entre otros. Por lo anterior, las decisiones administrativas y las actuaciones urbanísticas mediante las cuales se ejerce el ordenamiento del territorio están dirigidas a garantizar el cumplimiento de los principios de dignidad humana y de solidaridad social, a garantizar el fin esencial de promover la prosperidad general y la efectividad de los derechos, deberes y principios constitucionales y el derecho fundamental a la igualdad de oportunidades.

Que de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 388 de 1997, la habilitación para usos urbanos de los suelos de expansión de la ciudad se debe realizar atendiendo a lo determinado por los programas de ejecución, programación del suelo, y según las previsiones de crecimiento de la ciudad y la disponibilidad de recursos financieros para la dotación con infraestructura del sistema vial, de transporte, de servicios públicos domiciliarios, áreas libres y parques, y equipamientos colectivos de interés público o social.

Que en este sentido, el ordenamiento del territorio implica "el establecimiento de mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover (…) el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes", de conformidad con el numeral 2° del artículo 1° de la Ley 388 de 1997.

Que el artículo 38 de la Ley 388 de 1997 establece que en aplicación del principio de igualdad de los ciudadanos ante las normas, los planes de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas que los desarrollen deberán establecer mecanismos que garanticen el reparto equitativo de las cargas y los beneficios derivados del ordenamiento urbano.

Que en cumplimiento de este principio de reparto equitativo de cargas y beneficios surge la posibilidad de aplicar conjuntamente diversos instrumentos de financiación de la infraestructura pública derivada del desarrollo urbano, sin que éstos operen de manera exclusiva o excluyente.

Que en desarrollo de lo anterior, la Ley 388 de 1997 y el Plan de Ordenamiento Territorial concibieron un sistema de planeamiento conformado por una serie de instrumentos jerárquicamente organizados, que pretende "garantizar su articulación y su prevalencia sobre las normas definidas en las fichas normativas, de acuerdo con sus propósitos, su escala de aplicación y su ámbito de decisión". (Art. 44 del Decreto Distrital 190 de 2004). Así, la citada ley contempla la formulación y expedición de una serie de instrumentos de planeamiento que "contienen decisiones administrativas para desarrollar y complementar el Plan de Ordenamiento Territorial", e incluyen adicionalmente "los mecanismos efectivos de distribución equitativa de cargas y beneficios". (Art. 43 del Decreto Distrital 190 de 2004).

Que las decisiones administrativas y las actuaciones urbanísticas que las entidades territoriales adopten para garantizar el cumplimiento de los objetivos del ordenamiento del territorio son a su vez la materialización en el ámbito espacial de los principios de orden constitucional que orientan el Estado Social de Derecho, y los fines esenciales del Estado.

Que en desarrollo de lo anterior, el Alcalde Mayor de Bogotá adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito, por medio del Decreto Distrital 619 de 2000, complementado por el Decreto Distrital 1110 de 2000, revisado por el Decreto Distrital 469 de 2003, y compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004.

Que el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas "BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR", incorpora en su Título IV el Programa de Ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial, en armonía con el artículo 18 de la Ley 388 de 1997.

Que en desarrollo del artículo 1°, numeral 7°, del POT, el Plan de ordenamiento Zonal del Norte -POZ Norte- que aquí se adopta, promoverá entre las administraciones municipales y el Distrito, así como entre los agentes económicos, el fortalecimiento institucional para la aplicación de los instrumentos de reforma urbana, la articulación de políticas de gestión de suelo y el desarrollo de un marco de financiamiento regional que permita atender los programas y proyectos de integración regional y desarrollo local.

Que el artículo 4° del Decreto Distrital 190 de 2004 dispone que respecto de las áreas de actuación estratégica, en el marco de una agenda regional, en lo relativo a vivienda y equipamientos, el Distrito Capital promoverá acciones y proyectos para fortalecer ventajas competitivas y la promoción del mejoramiento de la funcionalidad y calidad urbana.

Que la política de uso y ocupación del suelo urbano y de expansión establece la consolidación de la estructura urbana y la optimización del uso y aprovechamiento del territorio, para lo cual se ha previsto la implementación de una política de renovación urbana en el suelo consolidado y la asignación de usos del suelo en las áreas de expansión, según el artículo 6 del Decreto Distrital 190 de 2004.

Que por lo anterior se requiere un marco jurídico que fije los parámetros normativos, procedimentales y urbanísticos a partir de los cuales se adelantarán los procesos de renovación urbana en la ciudad, con la adopción de las normas necesarias para incorporar y habilitar las zonas del suelo de expansión del Borde Norte que permitan la optimización y aprovechamiento del suelo en las condiciones antes citadas.

Que para la materialización de los objetivos arriba mencionados, y en particular para la correcta implementación de los sistemas de reparto equitativo de cargas y beneficios, el artículo 48 del Decreto Distrital 190 de 2004 señala que "los planes zonales son instrumentos de planeación que definen y precisan las condiciones de ordenamiento de un área determinada, de las infraestructuras, el sistema general de espacio público y equipamientos colectivos, los criterios para armonizar usos y tratamientos urbanísticos asignados en el área, los criterios para la precisión o ajuste de la normativa urbanística, así como la delimitación y criterios para la gestión de planes parciales en el marco de la estrategia de ordenamiento territorial".

Que el citado artículo 48 dispone además que "los planes zonales serán formulados por la Administración Distrital. Cuando estos planes definan las condiciones y ámbitos espaciales de distribución equitativa de cargas y beneficios, especialmente las cargas de carácter zonal y/o general que deban ser asumidas por los propietarios de predios incluidos en el área en los términos de la ley, se denominarán planes de ordenamiento zonal".

Que los planes de ordenamiento zonal se aplican en las áreas de expansión y en las áreas urbanas con grandes porciones de suelo sin desarrollar.

Que los planes de ordenamiento zonal sirven de base para la adopción de los planes parciales y delimitan el ámbito para su formulación, según lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 32 del Decreto Distrital 190 de 2004.

Que las operaciones urbanas especiales son aquellas que vinculan acciones urbanísticas e instrumentos de gestión y financiación para consolidar la estrategia de ordenamiento en áreas determinadas del territorio. Estas operaciones se deberán desarrollar primordialmente a través de planes parciales, sin perjuicio de otros instrumentos de planeación u actuaciones urbanísticas, todos los cuales interactúan en torno al modelo urbano propuesto por el presente POZ Norte.

Que el área de aplicación del POZ Norte se encuentra ubicada entre los corredores biogeográficos regionales, conformados por los cerros orientales (Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá) y la cuenca del río Bogotá, y cuenta con elementos importantes de la Estructura Ecológica Principal –EEP- como son los humedales y los canales de Torca y Guaymaral, y las quebradas San Juan, Patiño, Aguas Calientes, La Floresta, Novita y Pailas. De igual forma, limita con varios elementos de la Estructura Ecológica Principal distrital, como el Parque Ecológico de Montaña La Conejera y el Parque Ecológico de Montaña Cerro de Torca. Igualmente, colinda por el costado occidental con la futura Reserva Forestal Regional del Norte, actualmente en proceso de delimitación por parte de la Corporación Autónoma Regional.

Que el Borde Norte contiene suelo rural, de expansión y urbano, además de elementos ambientales de importancia regional como la reserva forestal de los cerros orientales y la futura reserva regional. En este contexto, el presente POZ Norte busca ocuparse del suelo urbano y de expansión, aportando a la conectividad ambiental regional, la integración urbana regional y a la consolidación del modelo de ocupación del suelo planteado en el POT.

Que la parte nor-occidental del POZ Norte se encuentra ubicada en zona de amenaza alta por inundación, de acuerdo al mapa de amenazas definido por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias –DPAE-, en el marco de lo establecido en el artículo 128 del Decreto Distrital 190 de 2004 y según concepto 1-2007-28369 del 11 de julio de 2007 de la misma Dirección, razón por la cual en el presente decreto se definen las estrategias necesarias para evitar el desarrollo de construcciones en esa área.

Que el presente decreto recoge las determinantes ambientales contenidas en las Resoluciones 475 de 2000 y 621 de 2000, del entonces Ministerio del Medio Ambiente, y que tienen por objeto garantizar la función ecológica de la propiedad, dando prioridad en las decisiones administrativas a la preservación del suelo, la vegetación protectora, y buscando la continuidad de los sistemas hídricos y corredores biológicos.

Que la reserva vial es el instrumento que permite el ajuste de las secciones viales, por consideraciones urbanísticas y técnicas, con los alcances establecidos en los artículos 173, 177 y 178 del Plan de Ordenamiento Territorial y tratándose de suelos de expansión es el instrumento que establece las secciones viales en un área determinada de la ciudad y que puede llegar a ajustar las secciones ya establecidas es el Plan de Ordenamiento Zonal.

Que en desarrollo de los análisis técnicos realizados para las determinaciones del Plan de Ordenamiento Territorial, se definió la necesidad técnica, ambiental y urbanística de precisar algunos trazados y perfiles de las vías que componen la malla vial arterial del POZ Norte.

Que es objetivo del Plan Maestro de Espacio Público adoptado por el Decreto Distrital 215 de 2005, contribuir a la consolidación de la estructura urbana mediante el desarrollo de una red de espacios públicos que garantice el equilibrio entre densidades poblacionales, actividades urbanas y condiciones medio ambientales, de manera que se integren los elementos del espacio público construido con los de la Estructura Ecológica Principal. Pretende así mismo facilitar la concreción de la perspectiva regional, a través de la adopción y la ejecución de proyectos integrados de espacios públicos de escala regional, para contribuir al fortalecimiento del espacio público y al mejoramiento de la calidad de vida.

Que dentro de los objetivos de la Política de Hábitat y Seguridad Humana, prevista en el Plan de Ordenamiento Territorial, artículo 9°, numeral 5°, se encuentra el de lograr la equidad entre urbanizadores y constructores, compradores de vivienda y la ciudadanía, mediante la distribución de las cargas y beneficios del ordenamiento, para reducir el monto de inversión pública destinada al mejoramiento integral de barrios de origen ilegal.

Que mediante la Resolución 915 del 27 de noviembre de 2007, modificada por la Resolución 984 del 14 de diciembre de 2007 de la Secretaría Distrital de Planeación, se dilucidaron las imprecisiones cartográficas encontradas en el ámbito de aplicación del presente decreto, las cuales se consignan en detalle en los planos que hacen parte de este acto administrativo.

Que la reglamentación contenida en el presente decreto estuvo precedida de un proceso de participación ciudadana.

Que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil –UAEAC- ha establecido una restricción sobre altura de edificaciones y obstáculos para el área de influencia del Aeropuerto de Guaymaral, la cual constituye una determinante para el desarrollo de la zona.

Que algunos sectores dentro del área del POZ Norte se incorporan al tratamiento de renovación urbana en la modalidad de redesarrollo, con el fin de articular una estrategia de planeamiento integral para generar un nuevo espacio urbano, con sustitución total o parcial de los sistemas generales, del espacio edificado e introducción de nuevos usos.

Que la pronta expedición de las disposiciones jurídicas que reglamenten el suelo que comprende el POZ Norte evitará el desarrollo informal de la zona y generará la debida protección a los elementos de la Estructura Ecológica Principal, accesibilidad de servicios públicos, una estructura urbana que permita la articulación entre las nuevas zonas de vivienda y espacios públicos y movilidad y conectividad eficiente.

Que en mérito de lo expuesto,
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