Derecho internacional de los derechos humanos






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2.Intervención de la Asociación Colombiana de Restaurantes



La ciudadana Lilia Linares, obrando en su condición de representante de la Asociación Colombiana de Restaurantes – ACODRES, intervino igualmente en el presente proceso para presentar los siguientes argumentos de coadyuvancia a la demanda:
2.1. La disposición acusada desconoce el artículo 6 de la Constitución, puesto que la Carta Política “por ninguna parte otorga a las autoridades públicas la posibilidad de sancionar a los particulares por la violación que éstos hagan de actos administrativos, conocidos para estos casos como reglamentos de policía”. Según la Constitución, los particulares únicamente son responsables por infringir la Constitución y la ley; “el Constituyente guardó silencio con relación a los reglamentos, de lo contrario diría el texto constitucional: ‘Los particulares sólo son responsables por infringir la Constitución, la ley y los reglamentos’”.
Indica, a este respecto, que los reglamentos de policía dictados por la rama ejecutiva no se pueden equiparar a la ley.
2.2. También viola el artículo 29 de la Constitución, de conformidad con el cual el debido proceso se aplicará a todo tipo de actuaciones judiciales y administrativas, y nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto. “En consecuencia, consideramos que la potestad punitiva del Estado, entendida como el poder de configuración del Estado en materia punible, sólo puede ejercitarse a través de leyes, actos jurídicos expedidos por el Congreso de la República, controlables judicialmente por la jurisdicción constitucional, lo cual salvaguarda y garantiza el principio de legalidad, bastión fundamental del Estado de Derecho”.
2.3. La Constitución Política no confiere en forma expresa “facultades a órganos del poder ejecutivo para dictar preceptos sancionatorios, inherentes a la potestad sancionatoria del Estado. Dicha función únicamente ha sido encomendada al Congreso para que se ocupe de estos asuntos mediante leyes (…)”.

3.Intervención del ciudadano Leonel Olivar Bonilla



El ciudadano Leonel Olivar Bonilla intervino en este proceso para solicitar la declaratoria de inexequibilidad de la disposición demandada, invocando argumentos similares a los que se han expuesto en los acápites precedentes.




VI.CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION




Mediante Concepto No. 3747, recibido en la Secretaría General de esta Corporación el 4 de febrero de 2005, el señor Procurador General de la Nación solicitó a la Corte que declare la inexequibilidad parcial de la disposición que se revisa, por los motivos señalados a continuación.



1. Recuerda en primer lugar que “las medidas correctivas de policía están dispuestas taxativamente en los artículos 185 y 186 que hacen parte del Título I del Libro III del Código Nacional de Policía”; y cita los artículos 187 y 188 del mismo Código, en virtud del cual ninguna autoridad de policía podrá imponer medidas correctivas diferentes a las previstas en los artículos precedentes, y las autoridades administrativas, al expedir reglamentos de policía, no pueden establecer medidas correctivas diferentes a las descritas en el Código Nacional de Policía.
2. A continuación indica que la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 27 de enero de 1977, declaró inexequibles los artículos 8 y 10 del Código Nacional de Policía, al considerarlos contrarios al principio de legalidad, por cuanto “el artículo 8º facultaba al Gobierno Nacional para reglamentar el ejercicio de la libertad en materias en que la ley no se hubiere ocupado y consagraba lo propio en relación con las asambleas departamentales y los concejos municipales respecto de la entidad territorial correspondiente. El artículo 10 facultaba a los intendentes y comisarios para dictar reglamentos de policía”.
3. Acto seguido cita la doctrina constitucional sobre la noción de “reglamento”, consagrada en la sentencia C-447 de 1996, para plantear así el problema a resolver: “Desde esta perspectiva, deberá analizarse si la Administración o los demás órganos del Poder Público que no ostentan la potestad legislativa, pueden, a la luz de la Constitución, dictar reglamentos que consagren medidas correctivas de policía”.
4. Expresa que de conformidad con el principio de legalidad que consagra el artículo 29 de la Constitución, nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al hecho que se imputa; “así, al legislador le corresponde determinar la política criminal del Estado, calificando las conductas como delitos o contravenciones de acuerdo a la mayor o menor relevancia de los bienes jurídicos que, a su juicio, ‘deben ser protegidos por medio de la intervención punitiva, determinando las sanciones que se aplicarán a quienes incurran en las conductas prohibidas y estableciendo los procedimientos que habrán de seguirse para derivar la responsabilidad de los presuntos infractores de la ley, respetando siempre las garantías del debido proceso y el derecho de defensa’ (sentencia C-364 de 1996)”.
5. Cita las sentencias C-110 de 2000, C-024 de 1994 y C-087 de 2000, en las cuales la Corte se pronunció sobre la limitación de derechos constitucionales en virtud del poder de policía, para concluir que “la expresión acusada es un vestigio de los artículos 8º y 10º declarados inexequibles en su oportunidad por la Corte Suprema de Justicia. Así mismo, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional reseñada, la posibilidad de que por medio de reglamentos se determinen medidas correctivas de policía desconoce abiertamente el principio de legalidad y por la misma vía el principio de separación de poderes, el debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la igualdad. // Ningún precepto de la Constitución le atribuye el poder de policía a un órgano diferente del Congreso de la República y por lo tanto, las autoridades que no ostentan la potestad legislativa no tienen competencia para determinar medidas limitantes de la libertad individual. Así, la expresión acusada vulnera el principio democrático, comprometiendo el reparto general de las competencias normativas y las garantías del debido proceso sin reparar en que en materia de ius puniendi, siempre hay reserva de ley para la predeterminación de la conducta y su correspondiente sanción –principio de legalidad-.”
6. Por último, afirma que la disposición que se estudia es contraria al principio constitucional de igualdad, ya que “implica que se produzcan discriminaciones injustificadas a ciertos sectores e individuos ya que frente a la misma contravención pueden existir tantas y tan diversas medidas correctivas como reglamentos, lo cual a su vez generaría inseguridad jurídica, abriendo paso a la arbitrariedad administrativa y cercenando la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo y sancionatorio del Estado”.


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