Derecho internacional de los derechos humanos






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IV.INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES




1.Intervención del Ministerio de Defensa Nacional



La ciudadana Sandra Marcela Parada Aceros, en su calidad de apoderada del Ministerio de Defensa Nacional, intervino en este proceso para defender la constitucionalidad de la disposición acusada, en los términos siguientes:
Teniendo como punto de partida que uno de los cometidos estatales, es el poder y las facultades que el Estado debe tener a través de sus instituciones de todo orden, para crear, actualizar y modificar las herramientas jurídicas necesarias con el fin de brindarle y garantizarle a la sociedad la protección de sus derechos, la tranquilidad, la paz y la armonía que le han sido arrebatadas o que se ven amenazadas por los actos que atentan contra ella. // Por lo tanto, para el cumplimiento y logro de los cometidos estatales, las instituciones deben contar con los elementos jurídicos necesarios a fin de combatir eficazmente, los hechos que impiden el normal desarrollo de la vida, social, económica, cultural, jurídica, etc., de los habitantes y entidades del territorio nacional, brindándole a aquellas las facultades que requieren para el cumplimiento ágil, eficiente y seguro de sus funciones, máximo si tenemos en cuenta que las instituciones tienen como tarea fundamental la satisfacción de las necesidades sociales. // Vemos como, la finalidad de la norma atacada, es precisamente, que se creen herramientas o mecanismos jurídicos para brindarle a las autoridades competentes, los elementos necesarios para combatir de manera frontal y radical, las conductas que atentan contra la sociedad, cumpliendo de esta manera su finalidad de garantizar los derechos de sus habitantes y prevenir los actos que atenten contra ellos, y si las existentes son ineficientes, se deben mejorar para enfrentar, sancionar y castigar directa y eficientemente el problema que se presenta, con la finalidad de mantener la armonía social y la seguridad, porque día a día se crean o nacen nuevas conductas o modalidades, con las cuales los individuos al margen de la ley, pretenden lograr sus fines y por esta razón el Estado debe modernizar sus herramientas jurídicas a medida que se van presentando estas manifestaciones, para enfrentarlas en debida forma”.
Así, concluye la interviniente que la finalidad de la norma acusada es “la protección general de los ciudadanos, como lo consagra la norma superior del interés general (sic), y como es obligación del Estado él debe buscar, crear y desarrollar los mecanismos apropiados para su logro, porque debe velar por el respeto de la dignidad humana, logrando la efectividad de sus derechos, encargando, facultando y brindándole los mecanismos a las autoridades para proteger a todas las personas residentes en el país en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades (…)”.
Por otra parte, efectúa un recuento de la doctrina constitucional sobre el principio de igualdad, en términos abstractos y sin referirlo a la norma acusada.


V.INTERVENCIONES CIUDADANAS




1.Intervención de la Asociación Nacional de Anunciantes



El ciudadano Carlos Delgado Pereira, obrando en su calidad de representante de la Asociación Nacional de Anunciantes –ANDA-, intervino en el proceso de la referencia para presentar los siguientes argumentos de coadyuvancia a la demanda de la referencia:
1.1. En virtud de los artículos 150-1 y 150-2 de la Constitución, corresponde al Congreso, en ejercicio de la cláusula general de competencia, legislar sobre asuntos penales, penitenciarios, contravencionales y disciplinarios; igualmente, le corresponde expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones.
1.2. “De antiguo, la posibilidad que tienen las asambleas departamentales de dictar codificaciones de policía obedece a una consuetudinaria práctica, resquicio de la organización republicana federal donde cada estado soberano se proveía de su propia normatividad”; sin embargo, considera que ni la Constitución de 1886 ni la de 1991 “confieren competencias a las asambleas departamentales para expedir códigos de policía”. Cita al respecto el artículo 300-8 de la Carta, en virtud del cual compete a las asambleas departamentales dictar normas de policía en todo lo que no sea materia de disposición legal; y afirma que “el primer corolario al que irremisiblemente debe arribarse en este debate es que las asambleas departamentales, así como el concejo de Bogotá D.C., no tienen competencias de orden constitucional para dictar códigos de policía, solamente tienen una competencia restringida y subsidiaria, para dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de disposición legal, en aras de precisar los dictados dispuestos por el legislador ordinario o extraordinario en lo nacional, ello plenamente es concordante y consecuente con la organización republicana unitaria del Estado colombiano, plasmada en el artículo primero de la Carta Política”.
1.3. “Si las asambleas departamentales, y el concejo de Bogotá D.C., no están constitucionalmente habilitados para expedir códigos de policía en la forma y términos establecidos por el artículo 150 numeral 2 de la Carta Política, es apenas obvio y natural que tampoco tienen competencia alguna para pronunciarse en asuntos referidos a la potestad punitiva del Estado, para derogar, reformar y sustituir en la práctica contravenciones y sanciones establecidas a lo largo del Decreto Ley 1355 de 1970”.
1.4. El derecho policivo no es punitivo por regla general, sino por excepción; “este es un derecho clásicamente concebido como preventor del orden y de la libertad, no represivo”. Toda represión estatal derivada excepcionalmente de asuntos de policía compete al legislador, puesto que “a él corresponde constitucionalmente y por vía implícita determinar cuáles son las sanciones de policía, así como su dosimetría”. Sin embargo, el derecho policivo es la única rama del derecho colombiano en la que existen códigos vigentes dictados por dos ramas distintas del poder público –el Código Nacional de Policía y los códigos departamentales: “siempre se ha pretendido la actualización normativa del primero a través de actos administrativos, con la inclusión en los últimos de preceptos sancionatorios. A través de reglamentos subsidiarios de policía no pueden las asambleas departamentales ni los concejos municipales sustituir en sus funciones al poder legislativo”.
1.5. Las siguientes son las conclusiones a las que llega el interviniente:
1. Coincide la ANDA, con el criterio expuesto por el demandante, al determinar que la potestad punitiva y/o sancionatoria del Estado, recae perentoriamente en el legislador, quien debe cometer sus funciones mediante leyes, aquí hay expresa reserva legal, lo cual garantiza la igualdad de los ciudadanos frente a la ley y el tratamiento igualitario que deben recibir de las autoridades públicas de policía en todo el territorio nacional.

2. No tienen facultades constitucionales legislativas las asambleas departamentales ni los concejos municipales así sea el de la capital de la república para dictar preceptos sancionatorios que agreguen, sustituyan, modifiquen y deroguen las sanciones establecidas por el legislador extraordinario, en el Decreto Ley 1355 de 1970, y el Decreto Ley 522 de 1971.

3. El régimen contravencional de policía por ser punitivo y no preventor del orden y la libertad no puede ser sujeto de alteraciones mediante disposiciones dictadas por miembros del poder ejecutivo.

4. Cualquier modificación que deba realizarse en materia de medidas correctivas de policía hacia el futuro debe hacerse mediante ley de la república, previamente debatida y aprobada por el Congreso, sancionada por el Presidente de la República y controlable por la Corte Constitucional.

5. La libertad económica y la iniciativa privada no puede restringirse a través de actos administrativos de carácter sancionatorio, ello no sólo conculca los preceptos invocados por el actor en el libelo demandatorio, sino que repercute en otros como el definido en el artículo 333 de la Constitución Nacional”.

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