Competencia 20. Acción colectiva. Efectos de la sentencia






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REVISTA DE DERECHO DE DAÑOS 2011-Tomo 1

DAÑO AMBIENTAL
Por Graciela Medina y Carlos García Santas

INDICE

I. LA TUTELA DEL MEDIO AMBIENTE-

1. ¿Cuál es la razón de su protección?

a) Se busca prevenir el daño futuro

b) Es de naturaleza expansiva

c) Se procuran soluciones expeditivas

2. Los llamados principios de” prevención” y “precautorio”

3. ¿Cuándo se configura el daño ambiental?

4. ¿Cuándo procede el reclamo?

II. NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA AMBIENTAL

5. La Ley General nº 25.675

6. La Ley provincial nº 11.723

III. EL PERFIL DEL JUEZ AMBIENTAL Y SUS FACULTADES

7. Necesidad de Juez proactivo

8. La jurisdicción frente a la tutela del medio ambiente

IV. EL PROCEDIMIENTO CAUTELAR

9. Necesidad de obtener previamente información suficiente. No se exige certeza del derecho sino sólo su verosimilitud

10- Medidas para evitar la degradación del ambiente

11. Medida cautelar en caso de planta de tratamiento de líquidos cloacales

12. Importancia de la correcta notificación

13. Existencia del “daño temido” (o grave peligro de daño inminente)

V. EL DERECHO A VIVIR EN UN AMBIENTE SANO

13. El amparo legal y judicial

14. Generalidades- Uso de la propiedad

VI. LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

15. ¿Qué es la declaración de impacto ambiental?

16. ¿Cuándo se requiere la declaración de impacto ambiental?

17. Importancia de la declaración de impacto ambiental

18. Omisión de evaluación de impacto ambiental. Efectos

VII. EL AMPARO COMO VIA PARA RECLAMAR POR EL DAÑO AMBIENTAL

19. Competencia

20. Acción colectiva. Efectos de la sentencia

VIII. CUESTIONES PROCESALES

21. La competencia

a) Pautas para determinar la competencia

b) Sorteo de la causa

c) La competencia federal

22. Efectos de la sentencia ¿Cosa juzgada?

23. Recurso extraordinario- ¿hay sentencia definitiva?-Excepción a la regla-Gravamen

24. La jurisdicción

a). Problemas de jurisdicción entre Nación y Provincias

25. La legitimación

a) Legitimación procesal (art. 43, segunda parte de la C .Nacional). Intereses difusos

b) Asociaciones

c) Legitimados para reclamar la indemnización

d) Los vecinos en calidad de “afectados”

e) La Unión Obrera Metalúrgica

f) La reparación de los daños individuales. Caso en que no se demandó mediante una acción colectiva

IX. LA PRESCRIPCION DEL DAÑO AMBIENTAL.

26. Comienzo del cómputo

27. Los derechos de los ciudadanos en la materia son inextinguibles

X. EL DAÑO INDEMNIZABLE

28. Derecho a la indemnización

29. Caso de contaminación

30. Protección del agua

XI. EL CIUDADANO PARTICIPANTE DEL PROCESO DE PROTECCIÓN, MEJORAMIENTO O RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

XII. CASO DE CONDENA AL ESTADO PROVINCIAL A LA “RESANACIÓN AMBIENTAL”

XIII. LA ACCION CIVIL VS. LA ACCION PENAL. CASO DE IMPOSIBLES SENTENCIA CONTRADICTORIAS

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I. LA TUTELA DEL MEDIO AMBIENTE-

1. ¿Cuál es la razón de su protección?

No puede soslayarse que, en la especie, la tutela precautoria fue requerida en el marco de un proceso de amparo en materia ambiental  en el que la cuestión litigiosa involucra un bien que es, a diferencia de otros, esencialmente limitado y  su consumo irreparable en cuanto cada vez con mayor nitidez se advierte la imposibilidad de un reiterado, continuo e inmediato reemplazo.

SCBA, 23/12/2009, causa A. 70.117, "Asociación Civil Hoja de Tilo y  otros contra Municipalidad de La Plata. Amparo. Recurso de inaplicabilidad de ley",en JUBA SUM. B93545
A los fines de la tutela del bien colectivo tiene una prioridad absoluta la prevención del daño futuro cuando se trata de actos continuados que seguirán produciendo contaminación y  que la tutela del ambiente importa el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos que son el correlato que tienen a disfrutar de un ambiente sano, para sí y para las generaciones futuras. La mejora o degradación del ambiente beneficia o perjudica a toda la población, porque es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual y  de allí deriva la particular energía con que los jueces deben actuar para hacer efectivos estos mandatos constitucionales.

SCBA, 28/12/2010, causa A. 69.906, "Fundación Ecosur Ecología Cultural y Educación de los Pueblos del Sur contra Municipalidad de Vicente López y  otro. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", en JUBA SUM. B97621
Debe darse particular importancia a la prevención del daño al medio ambiente, ya que la agresión al mismo se manifiesta en hechos que provocan por su mera consumación un deterioro cierto e irreversible, de tal modo que permitir su avance y prosecusión -y cabría agregar también a la omisión de adoptar las medidas necesarias para evitarla-, importa una degradación susceptible de la calidad de vida de los seres humanos, por lo que su cesación, o en su caso, el actuar diligente, se revelan como medidas impostergables. En otros términos, el bien ambiental es, a diferencia de otros bienes, esencialmente limitado, y su consumo irreparable en cuanto cada vez con mayor nitidez se advierte la posibilidad de un reiterado, continuo e inmediato reemplazo, al punto de preverse en muchos casos -de persistir una utilización irracional- su agotamiento inminente, con la consecuente repercusión directa y obviamente negativa que ello conlleva respecto de la calidad de la vida humana.

CCC. 2ª., La Plata, sala 1, 16-3-2004, “Comisión Vecinal de Seguimiento del Partido de Pergamino y ot. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Amparo”, en JUBA SUM. B255145
Cualquier actividad susceptible de empobrecer sustancialmente la calidad de vida de cualquier persona o comunidad debe ser en primer lugar prevenida o disuadida. Si ya hubiere comenzado a generar el daño, habrá de cesar, sin perjuicio de la reparación integral del agravio irrogado, de acuerdo al principio de que quien perjudica al medio ambiente debe resarcir, pero quien resarce no por ello puede seguir produciendo el perjuicio.

CCC. Morón, sala 1, 14-6-2005, “Peralta Beatriz G. y otros c/ Sancor Coop. Unidas Ltda. s/ Daños y Perjuicios”, en JUBA SUM. B2300493

a) Se busca prevenir el daño futuro

A los fines de la tutela del bien colectivo tiene una prioridad absoluta la prevención del daño futuro cuando se trata de actos continuados que seguirán produciendo contaminación ya que la tutela del ambiente importa el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos que son el correlato que tienen a disfrutar de un ambiente sano, para sí y para las generaciones futuras. La mejora o degradación del ambiente beneficia o perjudica a toda la población, porque es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual y de allí deriva la particular energía con que los jueces deben actuar para hacer efectivos estos mandatos constitucionales.

SCBA, A 69906 S 28-12-2010, “Fundación Ecosur, Ecología, Cultura y Educación para los Pueblos del Sur c/ Municipalidad de Vicente López y otro s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”, en JUBA SUM. B97615

b) Es de naturaleza expansiva

La protección del medio ambiente presenta una naturaleza sustancialmente expansiva, de difícil acotabilidad, en tanto la mentada preservación no puede restringirse a una mera tutela nominal, sino que implica una profunda revisión y alteración de los factores degradantes, con un sentido tuitivo trascendente, que debe salvaguardar con amplitud el abanico de intereses sociales comprometidos.

SCBA, A 70117 S 23-12-2009, Asociación Civil Hoja de Tilo y otros c/ Municipalidad de La Plata s/ Amparo. Recurso de inaplicabilidad de ley”, en JUBA SUM. B93544

c) Se procuran soluciones expeditivas

La tutela del medio ambiente, patrimonio de todos, justifica soluciones expeditivas, usualmente extrañas a los tiempos que suele tomarse la justicia, ya que el deterioro ambiental progresa de modo casi exponencial y las soluciones tradicionales aparecen como inapropiadas para detenerlo, por lo que interpretar ampliamente las atribuciones judiciales en esta materia no debe entenderse como una indebida limitación a las libertades individuales

SCBA, A 69906 S 28-12-2010, “Fundación Ecosur, Ecología, Cultura y Educación para los Pueblos del Sur c/ Municipalidad de Vicente López y otro s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”, en JUBA SUM. B97612

2. Los llamados principios de” prevención” y “precautorio”

Debe recordarse la vigencia y aplicación del "principio de prevención" y el "precautorio" (art. 4, Ley 25675) que deben presidir las decisiones políticas, o de oportunidad jurisdiccional, en aras de tutelar el compromiso ambiental y en la salud de la población (art. 41, 42, 43, Constitución Nacional, art. 28, Constitución de la Provincia de Buenos Aires). La principal característica del principio de precaución, está dirigida a gerenciar el riesgo de un daño desconocido o mal conocido, derivando entonces en la toma de medidas aún antes de que el peligro de daño pueda ser realmente identificado. En cambio, el principio de prevención, intenta mitigar los posibles efectos dañosos de una actividad o proyectos cuya nocividad resulta conocida.

(En el caso se pretende la revocación de la medida cautelar basada en la vulneración de las condiciones de salud de la población que reside en la ciudad de Alberti, a partir del suministro de agua de uso domiciliario por parte de la comuna demandada, por debajo de los parámetros de calidad establecidos por la normativa vigente. Por mayoría se rechaza el recurso y se confirma la precautoria).

Solari, Marta y otros s. Amparo /// Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, La Plata, Buenos Aires; 10-08-2010; en Rubinzal on line; RC J 13693/10; www.rubinzal.com.ar

El principio precautorio refuerza la idea predominante en el derecho ambiental de prevención. Es un instrumento idóneo para la defensa del medio ambiente, en situaciones de riesgo potencial, frente a la duda científica, y de cara a la posibilidad medianamente aceptable de un peligro ecológico o ambiental amerita la tutela judicial. Bajo dicha pauta se lo reconoce frente a situaciones de difícil prueba, o en casos llamados como de "alta complejidad". En el caso se pretende la revocación de la medida cautelar basada en la vulneración de las condiciones de salud de la población que reside en la ciudad de Alberti, a partir del suministro de agua de uso domiciliario por parte de la comuna demandada, por debajo de los parámetros de calidad establecidos por la normativa vigente. Por mayoría se rechaza el recurso y se confirma la precautoria.

Solari, Marta y otros s. Amparo /// Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, La Plata, Buenos Aires; 10-08-2010; en Rubinzal on line; RC J 13693/10, ; www.rubinzal.com.ar

La Suprema Corte de Buenos Aires dispuso la suspensión de los efectos de la Ley 13695 (que dona a la Municipalidad de Pilar un inmueble con el cargo de instalar una planta de tratamiento de líquidos cloacales) hasta tanto se cumplimenten las medidas ordenadas para pronunciarse sobre la medida cautelar (Requerir al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible que, dentro de los cinco días, informe al Tribunal en forma detallada sobre la caracterización medioambiental y diagnostico del inmueble, acompañando la pertinente documentación de respaldo y toda aquella vinculada a evaluaciones de impacto ambiental referidas al emprendimiento en cuestión y disponer que la Municipalidad de Pilar remita al Tribunal todos los antecedentes administrativos sustanciados con motivo de la obra a la que se refiere el art. 2 de la Ley 13695).

Asociación Civil en Defensa de la Calidad de Vida (ADECAVI) vs. Provincia de Buenos Aires s. Inconstitucionalidad Ley 13695 /// Suprema Corte de Justicia, Buenos Aires; 30-03-2010; Boletín de Jurisprudencia de la SCJ de Buenos Aires (Dr. Jorge M. Galdós), RC J 16120/190, ; www.rubinzal.com.ar

Si nos atenemos al concepto estricto del daño ambiental y la "obligación de recomponer", resulta obvio que esta clase de actividad resultaría lisa y llanamente imposible. Evitar el daño sería equivalente a impedir la actividad, ordenar su cierre, hecho éste que no es tolerado por la Política Ambiental del Estado, como tampoco puede hacerlo este Tribunal. Por ello se impone compatibilizar el daño ambiental con la perspectiva fundamental de la sustentabilidad; pero sería imposible hablar de sustentabilidad sin tener en cuenta la valoración del ambiente desde un punto de vista social, económico y ecológico, la consideración de su posible menoscabo y la necesidad de la reversión de tal perjuicio en términos monetarios

CCC. 1ª., La Plata, sala 3, 28-3-2006, “Sagarduy, Alberto O. c/ Copetro S.A. s/ Daños y perjuicios”,en JUBA SUM. B202463

Es precisamente en casos derivados del daño provocado por la contaminación ambiental donde más se aprecia el vínculo entre la anticipación y la planificación de actividades, enmarcados dentro del Principio precautorio (la tutela anticipada), con el fin de establecer y cuantificar, sobre bases racionales, el impacto y las consecuencias ambientales aceptables, al igual que tomar las medidas de mitigación necesarias.

CCC. 1ª., La Plata, sala 3, 28-3-2006, “Sagarduy, Alberto O. c/ Copetro S.A. s/ Daños y perjuicios”,en JUBA SUM. B202464

En procesos como el que nos ocupa vinculados a la preservación del entorno es imprescindible analizar la cuestión a la luz de la Constitución nacional y  su par local. Y  siendo ello así, no cabe duda que la adopción de medidas precautorias como la que aquí se pretende satisface el claro propósito de evitar que acontezca un daño de tal magnitud que resulte difícil recomponer y  que no sólo afecte a los actores sino también a las generaciones futuras, protegidas por la Carta Fundamental (art. 41), la Constitución provincial (art. 28) y  la Ley del Medio Ambiente 11.723 (arts. 1 a 3). Es por ello que, teniendo en cuenta la trascendencia del bien jurídico afectado, resulta de suma importancia la aplicación al caso de los principios preventivo y  precautorio, propios de la materia ambiental, ínsitos en la cláusula del art. 28 de la Constitución de la Provincia..

El art. 4 de la Ley General del Ambiente 25.675 dispone que "cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente".

SCBA,, 23/12/2009, causa A. 70.117, "Asociación Civil Hoja de Tilo y  otros contra Municipalidad de La Plata. Amparo. Recurso de inaplicabilidad de ley", en JUBA SUM. B93545
3. ¿Cuándo se configura el daño ambiental?

Cabe poner de relieve la distinción conceptual entre dos especies diferentes del fenómeno comúnmente catalogado como "daño ambiental", así tenemos, por una lado, "el daño ambiental per se", que es el perjuicio o menoscabo soportado por los elementos de la naturaleza o el medio ambiente, sin afectar a personas o cosas bajo una tutela jurídica específica; y por otro, "el daño provocado a los individuos a través del ambiente", que se refire a las diversas hipótesis de daño, ya reconocidos por el derecho clásico, a las personas o a las cosas, por una alteración del medio ambiente, a causa del obrar humano. Dentro de esta noción cabe la suma de daños individuales, o sea los daños sufridos por víctimas plurales a raíz de un mismo hecho lesivo, la contaminación del ambiente.

CCC. 1ª., La Plata, sala 3, 28-3-2006, “Sagarduy, Alberto O. c/ Copetro S.A. s/ Daños y perjuicios”, en JUBA SUM. B202462

4. ¿Cuándo procede el reclamo?

Siendo que constitucionalmente se establece el derecho de los habitantes a gozar de un ambiente sano, apto para el desarrollo humano, así como el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras (arts. 41 de la C.N. y 28 de la C.Prov.), debe necesariamente admitirse que toda agresión, menoscabo o aminoración degradante que se provoque al ambiente de cada cual, importa una disvaliosa modificación material de su patrimonio y, como tal, debe ser resarcido.

CC. Pergamino, 26-9-2002, “Scaldaferri, Miguel Angel y otros c/ Municipalidad de Pergamino s/ Daños y perjuicios”, en,JUBA SUM B2801555

II. NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA AMBIENTAL

El texto del art. 2618 del Cód. Civil, derivado de la reforma de la ley 17.711, ha sido concebido muchos años antes del desarrollo de la legislación tuitiva del medioambiente, que implica una evolución respecto de las vías de cesación y reparación de esta clase de lesiones. Por lo que, cuando las molestias respectivas superan los alcances de la norma civilística y alteran el equilibrio ecológico, el caso debe ser resuelto en armonía con la legislación posterior y especial sobre la materia.

SCBA, 25/2/2009, “Scaldaferri, Miguel Angel y Cacabellos, Marcela y por sus hijos M. y M. Scaldaferri c/ Municipalidad de Pergamino s/ Daños y perjuicios”, en JUBA, SUM. B30584

5. La Ley General nº 25.675

La ley 25.675, nominada Ley General del Ambiente, contiene los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y  adecuada del ambiente . Entre sus objetivos detallados en el art. 2 está la de prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente. El art. 3 establece su aplicación en todo el territorio del país, define a sus normas de orden público y operativas y que, además, servirán como pauta de interpretación y  aplicación de la legislación específica sobre la materia. Seguidamente, y como consecuencia de ser una norma de presupuestos mínimos, establece los principios que toda legislación sobre el ambiente debe contener y la utilización de aquéllos como pautas de interpretación. Entre ellos están el principio de prevención por el que se atenderán en forma prioritaria e integrada los problemas ambientales tratando de prevenir efectos negativos sobre el ambiente; y el principio precautorio que permite ante la falta de información o certeza científica adoptar medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente  frente al peligro de daño grave e irreversible.

SCBA, C. 103.798, 2/9/2009, "Mario Augusto Capparelli (letrado apoderado de la Asociación Civil Defensa de la Calidad de Vida). Acción de amparo", en JUBA SUM. B31644

6. La Ley provincial nº 11.723

La ley 11.723 integra el sistema legal encabezado por la ley nacional. En esa norma provincial encontramos no sólo la obligación de la Provincia a garantizar a sus habitantes el goce de un ambiente sano, sino también les reconoce a ellos el derecho de solicitar a las autoridades la adopción de medidas tendientes al logro del objeto de la ley y a denunciar su incumplimiento (art. 2 incs. a y  d). De esta manera en su art. 36 prevé el derecho a las asociaciones de peticionar directamente ante los tribunales ordinarios mediante la acción de protección y  la de reparación; en el art. 37 expresamente establece el trámite sumarísimo para efectuar las reclamaciones.

SCBA, C. 103.798, 2/9/2009, "Mario Augusto Capparelli (letrado apoderado de la Asociación Civil Defensa de la Calidad de Vida). Acción de amparo, en JUBA SUM. B31644

III. EL PERFIL DEL JUEZ AMBIENTAL Y SUS FACULTADES

El juez debe contemporizar los intereses del sistema de economía capitalista (o como expresa el Código "exigencias de la producción y respeto debido al uso regular de la propiedad") y las de los seres humanos afectados (normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar) y de la sociedad toda.-

CCC. Morón, sala 1, 9-6-2005, “Surita Deolindo A. y otros c/ Sancor Coop. Unidas Ltda. s/ Daños y Perjuicios, en JUBA SUM. B2300489
7. Necesidad de Juez proactivo

El actual derecho ambiental  requiere de una participación activa de la judicatura, la que en definitiva se traduce en un obrar preventivo acorde con la naturaleza de los derechos afectados y a la medida de sus requerimientos SCBA, 28/12/2010, causa A. 69.906, "Fundación Ecosur Ecología Cultural y Educación de los Pueblos del Sur contra Municipalidad de Vicente López y otro. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley" en JUBA SUM. B97621

Resulta papel irrenunciable del Juez el que hace a su participación activa con miras a la prevención del daño ambiental, donde debe buscarse "prevenir más que curar".

CC. Pergamino, 26-9-2002, “Scaldaferri, Miguel Angel y otros c/ Municipalidad de Pergamino s/ Daños y perjuicios”, en JUBA SUM. B2801549

El tratamiento de los temas de derecho ambiental  requiere una participación activa de la judicatura, la que si bien de alguna manera pudiera afectar el clásico principio de congruencia, en definitiva se traduce en un obrar preventivo acorde a la naturaleza de los derechos afectados y a la medida de sus requerimientos Si bien la suscripta coincide con los apelantes en cuanto al rol activo que debe desempeñar un magistrado frente a la contaminación del medio ambiente (arts. 41 Constitución Nacional, 28 Constitución Provincial), cabe señalarse que en el caso la actividad de la planta de efluentes de la cual emanaban los olores nauseabundos cesó al menos a mediados de 2003. A dicha conclusión arribo luego de haberme constituido personalmente en planta referida con fecha 18 de junio de 2003 y  haber constatado la inactividad de la misma y la ausencia de olores característicos. Es deber de la magistratura poner en conocimiento de la autoridad administrativa pertinente las distintas constancias obrantes en la causa, a fin de que –por donde corresponda- se adopten con carácter urgente las medidas del caso.

CCC. Morón, sala 1, 14-6-2005, “Peralta Beatriz G. y otros c/ Sancor Coop. Unidas Ltda. s/ Daños y Perjuicios”, en JUBA SUM. B2300493
8. La jurisdicción frente a la tutela del medio ambiente

La tutela del medio ambiente, patrimonio de todos, justifica soluciones expeditivas, usualmente extrañas a los tiempos que suele tomarse la justicia, ya que el deterioro ambiental  progresa de modo casi exponencial y  las soluciones tradicionales aparecen como inapropiadas para detenerlo, por lo que interpretar ampliamente las atribuciones judiciales en esta materia no debe entenderse como una indebida limitación a las libertades individuales.

SCBA, 28/12/2010, causa A. 69.906, "Fundación Ecosur Ecología Cultural y  Educación de los Pueblos del Sur contra Municipalidad de Vicente López y  otro. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", en JUBA SUM. B97621

IV. EL PROCEDIMIENTO CAUTELAR

9. Necesidad de obtener previamente información suficiente. No se exige certeza del derecho sino sólo su verosimilitud

El principio precautorio impone a los funcionarios el deber de obtener previamente a conceder cualquier autorización la suficiente información para conocer las consecuencias de las decisiones que adoptará, y  efectuar un balance de riesgos y  beneficios, con el propósito de evitar actuar una vez que esos daños se manifiesten. Ello en el entendimiento de que si bien las normas legales o reglamentarias gozan de una presunción de validez; la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, C.P.C.C.). Requerir un juicio de verdad no condice con la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético.

SCBA,, 23/12/2009, causa A. 70.117, "Asociación Civil Hoja de Tilo y  otros contra Municipalidad de La Plata. Amparo. Recurso de inaplicabilidad de ley", en JUBA SUM. B93545


10- Medidas para evitar la degradación del ambiente

Está justificada la medida ordenada por el sentenciante, la que encuentra sustento suficiente en la aplicación del principio de prevención, expresamente contemplado en el citado art. 4° de la citada ley 25.675, en cuanto reza que "las causas y  las fuentes de los problemas ambientales  se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente pueden producir" (conf. 3° párrafo, cit. art.). Más aun cuando la misma ley habilita, como pauta informadora de esta disciplina, "que se adopten medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente" y  que la ausencia de información o certeza científica no constituyen un impedimento para ese proceder (4° párrafo, art. 4°).

SCBA, 28/12/2010, causa A. 69.906, "Fundación Ecosur Ecología Cultural y  Educación de los Pueblos del Sur contra Municipalidad de Vicente López y  otro. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", en JUBA SUM. B97621

11. Medida cautelar en caso de planta de tratamiento de líquidos cloacales-

1. Solicita la actora el dictado de una medida cautelar consistente en la suspensión de "las actividades relacionadas con la instalación de una planta de tratamiento de líquidos", tanto en la órbita provincial como municipal. Asimismo, peticiona que el remedio precautorio sea concedido "sin la fijación y determinación de contracautela, atento al interés colectivo que se pretende amparar a través de la presente acción judicial". En el marco de esta acción originaria la Corte ha acogido reclamos precautorios suspensivos en casos en que el cumplimiento de la norma cuestionada generaba un perjuicio grave para el derecho invocado por los actores o cuando, en los hechos, la ejecución de la disposición implicaba la solución anticipada del pleito. (Doctrina del fallo, por unanimidad.)

2. La procedencia de este tipo de tutela urgente y provisoria exige la concurrencia de una situación de peligro en la demora (arts. 195, 230, 232 y concs. CPCC). En la evaluación de tal requisito es preciso indagar tanto el gravamen que produciría la ejecución del acto o norma cuestionados si al cabo del proceso fuera declarado ilegítimo -para el caso inconstitucional-, como -respecto de- aquél que resultaría de la paralización temporal de los efectos de la medida cuestionada, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión. (Doctrina del fallo, por unanimidad.)

3- Ponderadas las circunstancias particulares de la litis a la luz de estos criterios de interpretación, y si bien la denunciada ausencia del procedimiento de impacto ambiental determinado por las leyes de la materia echa sombras sobre la validez del precepto cuestionado, es dable remarcar que la finalidad del emprendimiento previsto en el art. 2 de la Ley 13695, (que dona a la Municipalidad de Pilar un inmueble con el cargo de instalar una planta de tratamiento líquidos cloacales) como cargo de la donación, impone contar con elementos de juicio idóneos que permitan resolver adecuadamente incluso el planteamiento efectuado por la asociación actora (Doctrina del fallo por unanimidad)

4- Teniendo en cuenta la naturaleza de la acción intentada, los sujetos procesales que en ella intervienen, la índole de los derechos en juego, la vigencia en esta materia de los principios preventivo y precautorio ínsitos en la cláusula del art. 28 de la Constitución provincial y consagrados en el art. 4 de Ley 25675, la urgencia que el caso requiere y la facultad de los jueces de otorgar una providencia distinta a la peticionada por las partes, hasta tanto se sustancie el requerimiento de información referido y se pronuncie este Tribunal acerca de la procedencia de la medida cautelar peticionada en la causa, corresponde suspender los efectos del art. 2 de la Ley 13695 (que dona a la Municipalidad de Pilar un inmueble con el cargo de instalar una planta de tratamiento líquidos cloacales) (arts. 195, 232). (Doctrina del fallo, por unanimidad)

Asociación Civil en Defensa de la Calidad de Vida (ADECAVI) vs. Provincia de Buenos Aires s. Inconstitucionalidad Ley 13695 /// Suprema Corte de Justicia, Buenos Aires; 30-03-2010; Boletín de Jurisprudencia de la SCJ de Buenos Aires (Dr. Jorge M. Galdós), RC J 16120/190, en www.rubinzal.com.ar

2. Importancia de la correcta notificación

El art. 198 del Código procesal dispone, en su segundo párrafo, que una vez concedida la medida cautelar, el afectado deberá ser notificado de la misma, notificación que, por imperio del art. 135 inc. 5 de la misma ley ritual, debe hacerse personalmente o por cédula. En el caso de autos tal requisito no queda ni eficaz ni integralmente cumplido con la notificación cursada a la Municipalidad platense, desde que ella no es -al menos, no solo ella lo es- la 'afectada' por la medida que se dispone. El haberse usado en la redacción de la norma el término 'afectado' pone de manifiesto que la traba de la medida no debe notificarse únicamente a quienes son o vayan a ser partes en el juicio, sino que debe hacerse extensiva también a quienes pudieran intervenir en el pleito en carácter de terceros (sea su intervención voluntaria u obligada) y  aún alcanzar a todos aquellos a quienes podría provocar alguna forma de perjuicio o menoscabo. En otras palabras, la traba de la cautelar ordenada debía notificarse a todos cuantos pudieran tener, prima facie, un interés legítimo en la cuestión.

Esas garantías básicas contenidas en la Constitución nacional, traducidas en normas que regulan no sólo el acceso a la justicia sino la inviolabilidad de la defensa en juicio y  la tutela judicial continua y  efectiva, y  que para el caso- son la cristalización del tan antiguo como atinado principio auditam alter pars, no requieren mayores explicaciones: quienes resultan ser los auténticos afectados con la medida dispuesta han de ser notificados de la resolución que la dispone. De no ser así, el trámite del expediente se paraliza y la medida dispuesta ni adquiere firmeza ni puede ser tratada una eventual impugnación contra la misma, ya que no se halla totalmente integrado este aspecto de la litis.
Esto es lo que ocurre en el caso: al no haber sido notificada de la prohibición dispuesta la totalidad de los afectados por la misma, la Cámara en lo Contencioso Administrativo ha tomado intervención prematuramente y  se ha pronunciado sobre el recurso antes de que la causa se encontrara en estado de ser resuelta.

(En el caso los actores promovieron un amparo colectivo contra la Municipalidad de La Plata en procura de que se decrete la nulidad de todo acto o norma que importe alguna alteración en la Reserva Parque "Paseo del Bosque". En particular, cuestionan que pueda habilitarse a los Clubes Gimnasia y  Esgrima de La Plata y  Estudiantes de La Plata a remodelar sus estadios que se encuentran enclavados en el mencionado espacio público.)

SCBA, 23/12/2009, causa A. 70.117, "Asociación Civil Hoja de Tilo y  otros contra Municipalidad de La Plata. Amparo. Recurso de inaplicabilidad de ley". en JUBA SUM. B93545
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