Resumen: Es labor del Tribunal establecer la admisibilidad del recurso extraordinario interpuesto por el actor (quien padece de sordera congénita) contra la Cámara del Trabajo de Bariloche,






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títuloResumen: Es labor del Tribunal establecer la admisibilidad del recurso extraordinario interpuesto por el actor (quien padece de sordera congénita) contra la Cámara del Trabajo de Bariloche,
fecha de publicación01.09.2015
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Base de Datos de Jurisprudencia sobre Discapacidad

Facultad de Derecho - UBA



Palabras Claves: Valoración de la prueba/ Plexo normativo específico
País: Argentina

Provincia: Río Negro

Autos: "Velez, Roberto Carlos c/ Pastor, Sergio Fabian y otros s/ cobro de haberes y despido s/ inaplicabilidad de ley"

Instancia: Superior Tribunal de Justicia de Río Negro

Jurisdicción: Viedma

Fecha: 10/11/2004
RESUMEN:
Es labor del Tribunal establecer la admisibilidad del recurso extraordinario interpuesto por el actor (quien padece de sordera congénita) contra la Cámara del Trabajo de Bariloche, la cual rechazó parcialmente la demanda sin tener en cuenta cuestiones relativas a la discapacidad. El a quo sostiene que el accionante no es técnicamente un "incapaz". El eje del ataque de la recurrente es la desinterpretación y la omisión de la discapacidad del actor, en cuanto a la merituación de la prueba que se produjo en autos.
En síntesis, para valorar la prueba centrada en unos recibos de pago del demandado al ex trabajador aquí actor, la Cámara interpretó y aplicó disposiciones del supletorio derecho común en una causa laboral en que el accionante es un discapacitado auditivo, y omitió contemplar el plexo normativo específico que tiene andamiaje en normas constitucionales y legales en cuanto a la igualdad de oportunidades para las personas de capacidades diferentes; a fin de lograr su inserción y desenvolvimiento en la actividad laboral a través de "acciones positivas" del Estado. No se aplicó adecuadamente el "in dubio pro operario".-
Por ello el Tribunal resuelve hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la representación de la parte actora, anular la sentencia y reenviar las actuaciones al tribunal de origen para que, sustancie la causa, debiendo retrotraerse el procedimiento a los actos que hagan a la observancia plena del plexo normativo específico.
TEXTO COMPLETO:
Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Luis LUTZ, Víctor Hugo SODERO NIEVAS y Alberto Italo BALLADINI, con la presencia del señor Secretario doctor Gustavo GUERRA LABAYEN, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "VELEZ, ROBERTO CARLOS C/ PASTOR, SERGIO FABIAN Y OTROS S/ COBRO DE HAB. Y DESPIDO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY" (Expte. nº 17.762/02-STJ)), elevados por la Cámara del Trabajo de la IIIa. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden de sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:
C U E S T I O N E S -
1ra.- ¿Es fundado el recurso?
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde? -
V O T A C I Ó N
A la primera cuestión el señor Juez doctor Luis Lutz dijo:
El actor, que padece sordera congénita (ver fs. 20, "... PERDIDA AUDITIVA PROFUNDA ..." -dictamen forense de fs. 119/121-, "... HIPOACUSIA PERCEPTIVA PROFUNDA ..." -certificado del art. 3 "in fine" de la Ley provincial 2055 de fs. 123/125-), viene a la instancia de legalidad con motivo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra el fallo obrante a fs. 320/323, mediante el cual la Cámara del Trabajo de Bariloche rechazó parcialmente la demanda sin tener en cuenta cuestiones relativas a la discapacidad, con efectos sobre el contenido probatorio de la causa. En su presentación, la recurrente se agravia por la omisión de reconocimiento de diferencias salariales varias y las indemnizaciones derivadas del despido. -
Al resolver sobre las pretensiones de la actora, el "a quo" sostuvo que éstas carecían de respaldo en las pruebas colectadas y que el autodespido resultó intempestivo, excepto la falta de pago del salario familiar por un hijo, rubro cuyo incumplimiento era insuficiente -a criterio del Tribunal del Trabajo- para motivar la disolución de la relación contractual, aunque la acción con respecto a aquél prosperó ante la omisión del empleador de requerir del dependiente el informe por escrito. -
La recurrente alega arbitrariedad y absurdidad del fallo en cuestión, toda vez que -entiende- el mismo omite la valoración de la prueba sobre discapacidad del actor al decir: "... DE LA LECTURA DE LA SENTENCIA ADVERTIMOS QUE LA MISMA NO TIENE EN CUENTA NI SIQUIERA EN UNA SOLA LINEA DE TAL RESOLUCION LA SITUACION DEL ACTOR ... ACREDITADA POR DICTAMEN DEL PSICOLOGO FORENSE (RECONOCIDO POR LA CONTRARIA) ... EN EL CUAL SE ACREDITA QUE EL ACTOR, NO () SOLO NO SABE LEER NI ESCRIBIR, SINO QUE SUFRE DE UNA LESION NEUROLOGICA CONGENITA "ASFACIA COMPRENSIVA" ... NI SIQUIERA COMPRENDE QUE SU FIRMA LO PUEDE REPRESENTAR EN UN RECIBO ... TAMPOCO ENTIENDE PARA QUÉ SIRVE UN RECIBO ... NO SABE LO QUE DICEN LOS RECIBOS ... Y EL VALOR DE SU FIRMA EN LOS MISMOS ...", por lo que la sentencia es arbitraria al no valorar la pericia o el dictamen del forense "... ANTE LA SITUACION DE FALENCIA DEL TRABAJADOR ACTOR, CON GRAFICOS QUE DEMOSTRABAN SU SORDERA Y SU IMPOSIBILIDAD TOTAL DE LEER Y ESCRIBIR ... QUE FUE TOTALMENTE SOSLAYADA ... SOSLAYA PRUEBA INDISPENSABLE ... PARA VALORAR LAS FIRMAS Y SITUACIONES PLANTEADA Y PROBADAS EN AUTOS ...". Pide se case la sentencia y se haga lugar a la demanda en la forma propuesta.-
La contraria contesta a fs. 344/345 y sostiene que el actor "... ENTIENDE TODO LO QUE SE LE DIGA ...", que tuvo "... CAPACIDAD DE ENTENDIMIENTO ..." al tiempo de realizar la pericial caligráfica, que "... NO EXISTE DIFERENCIA SALARIAL ALGUNA QUE ESTÉ IMPAGA ..." y que "... EN IGUAL SENTIDO CORRESPONDE EXPRESARSE RESPECTO DE LOS RUBROS INDEMNIZATORIOS QUE NO FUERON RECONOCIDOS AL ACTOR EN LA SENTENCIA ATACADA ... LA CRITICA EFECTUADA A LA SENTENCIA POR EL ACCIONANTE ES TAMBIEN RELATIVA A CUESTIONES DE CARACTER PROBATORIO, POR LO QUE EL TRATAMIENTO DE LA MISMA NO CORRESPONDE QUE LO HAGA EL STJ...", por lo que solicita el rechazo del recurso. El a quo a fs. 350/352 declara inadmisible el recurso, fundado en primer término en que la cuestión probatoria de los recibos de pago es propia del mérito e irrevisable -en principio- en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, salvo absurdo. Considera que el accionante no es técnicamente un "incapaz", por lo que por sí solos sus actos no se encuentran privados de validez. Manifiesta que se corrió vista a la ASESORA DE MENORES E INCAPACES, quien asistió a la audiencia de fs. 129, sin otro tipo de participación o eventualmente la iniciación de un "juicio de insania". Advierte que en autos, hay constancia de otros actos otorgados por el actor que no se invalidan, tales como el otorgamiento de la carta poder de fs. 1 o la celebración del matrimonio de fs. 11, y agrega que "... EN ESE CONTEXTO, NO SE ADVIERTE COMO RAZONABLE QUE LAS DIFICULTADES O LIMITACIONES DEL ACTOR PUEDAN PRIVAR DE EFICACIA SOLO A LOS RECIBOS ACOMPAÑADOS, MAXIME CUANDO HA OPERADO RESPECTO DE ESTOS EL EFECTO DEL ART. 1028 DEL C.C. -RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE LA FIRMA- O QUE DEBA EXIGIRSE PRUEBA CORROBORANTE COMO EXIGE LA RECURRENTE ...". Se centra en la descalificación de esos planteamientos, fundado en que la resolución es propia del tribunal de mérito y, por tanto, exenta de control casatorio, y remite en cuanto a los restantes agravios a las constancias de fs. 8/9 y fs. 40/43. Previo a ingresar en el tratamiento de los agravios traídos a la instancia de legalidad, haré algunas consideraciones preliminares.-
A) Hay un plexo normativo específico de raigambre constitucional que recepta convenciones internacionales y disposiciones expresas para quienes tienen capacidades diferentes, tales como la DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, el PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA, las NORMAS UNIFORMES PARA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Resolución 46/96 del 30-12-93 de la Asamblea General de la O.N.U.);; CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINAClON CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD suscripta en Guatemala el 8-6-99; art. 75 inc. 22) y 23) y cc de la C.N.; arts. 36, 218 inc. 4) de la C.P.; art. 59 y cc del C.C.; Leyes nacionales 22.431, 23.592, 24.147 (arts. 12 a 22) y 25.280; Leyes provinciales 1504 (art. 11 inc c), 2430 (art 77), 2055 (arts. 1, 3, 4, 16 y cc) y 3164 (arts. 1, 3, 6 y cc), etc. Ese plexo normativo específico pone en cabeza del Estado el deber de ejercer "acciones positivas" (inc. 23 del art. 75 de la C.N.) que, en concordancia con los arts. 36 y 218 inc. 4 de la C.P., requieren para la sustanciación de la causa la aplicación del art. 59 y cc del C.C., el inc. c) del art. 11 de la Ley 1504, el art. 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O.) y sus reglamentaciones en relación con el MINISTERIO PUBLICO TUTELAR y el órgano jurisdiccional, por lo que el rol procesal de la ASESORIA DE MENORES E INCAPACES, según esas disposiciones, tiene directa vinculación con la situación procesal del accionante, a punto tal que a fs. 85 hace saber que ha pedido un informe "INTERNO" que solicitó al CUERPO MEDICO FORENSE, para determinar si "... PODRA ABORDAR LA REPRESENTACION DEL ACTOR E INCLUSO LA PROCEDENCIA DE LA PARTICIPACION ...".-
Según las definiciones de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA, la expresión "incapaz" es comprensiva del concepto de "discapacitado" (a su vez, definido por el art 1° de la Ley provincial 2055), aunque esta última situación, para quien sufre de sordera congénita o pérdida auditiva profunda a partir del plexo normativo específico antes referenciado, no necesariamente requiere de la formalidad, ni del encuadramiento, ni de la declaración en las figuras de los arts. 153 a 158, o 140 ss y cc del C.C., sino dotar al caso de una hermenéutica apropiada a sus capacidades diferentes en orden a la igualdad de oportunidades y la solidaridad que las imbuyen, por medio de lo que en el texto constitucional del inc. 23 del art. 75 de la Carta Magna Nacional y la doctrina se conoce como "acciones positivas" a cargo del Estado a través del legislador, o de quien administra o ejecuta, o del juez (ver AIDA KEMELMAJER DE CARLUCCI en "LAS ACCIONES POSITIVAS", "PLENARIO", Revista de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, abril 2001).-
B) El obrar de la ASESORIA DE MENORES E INCAPACES ha sido impreciso desde fs. 85, se ha diluido en el devenir del proceso y se ha omitido anoticiarla de ciertos actos importantes, en especial notificar de ambas sentencias del Tribunal del Trabajo de fs. 320/323 y 349/353.-
C) En ese contexto, revisten significativa trascendencia las piezas glosadas a fs. 119/121 y la certificación de fs. 122/128 que presentó la misma Asesora de Menores e Incapaces en la audiencia del 19-3-2001, la que no obstante corresponder a un informe "interno" (o extraprocesal) del CUERPO MEDICO FORENSE a requerimiento del MINISTERIO PUBLICO TUTELAR -cuya producción no gozó de todas las formalidades que están regladas en la ley ritual a los fines probatorios en cuanto al ofrecimiento, contenido y eficacia-, se realizó con conocimiento de las partes y se produjo la preclusión de sus efectos sin que pueda existir ningún intento que la conmueva en sus alcances.- Nadie la impugnó, ha quedado glosada y reconocida con la virtualidad propia de una pericia oficial, a cuyos dichos me remito, además de la constancia de la Ley provincial 2055, expedida por el CONSEJO PROVINCIAL DEL DISCAPACITADO de fs. 122/128. -
D) Los fundamentos jurídicos de la casacionista son incompletos, o débiles en cuanto a dar sustento normativo de arbitrariedad y absurdidad en la valoración de la prueba, pero satisfacen mínimamente para viabilizar la revisión del recurso extraordinario interpuesto ya que -a mi criterio- la prueba referenciada debió interpretarse y aplicarse en función del plexo normativo específico a que antes hice alusión, motivo por el cual corresponde que sea este tribunal de casación quien en última instancia diga cuál es el derecho aplicable. Antes de ingresar en el análisis del recurso hay que establecer las cuestiones a tratar: -El eje del ataque de la recurrente es la desinterpretación y la omisión de la discapacidad del actor, en cuanto a la merituación de la prueba que se produjo en autos, la que ineludiblemente ha de interpretarse y aplicarse en orden a la capacidad de intelección y comunicación dentro del plexo normativo específico antes referenciado, teniendo en cuenta que un sordomudo que padece "... HIPOACUSIA PERCEPTIVA PROFUNDA ...." necesita de otros elementos para entender y expresarse en el marco del art. 16 de la Ley provincial 2055 que, entre otros aspectos, establece por vía complementaria de la Ley provincial 3164 el reconocimiento de la necesidad de expresión por medio de una lengua diferente para las personas sordas, la que se declara oficial y de instrucción bilingüe, denominada "LENGUA DE SEÑAS ARGENTINAS", a cuyo fomento de activa participación, concientización y uso por las entidades públicas no gubernamentales y personas de la comunidad se obligó el Estado por el art. 11 de esta última.-
Esa referencia legal no implica que hubo de emplearse necesariamente la "LENGUA DE SEÑAS ARGENTINAS", de cuyo uso no hay constancia alguna en el expediente, sino que permite razonar que un sordomudo por sus capacidades diferentes, más allá de las acciones a que puedan habilitar los arts. 153 y ss del C.C., desde el plexo normativo específico goza del derecho a ser tutelado en su integración a la sociedad e inserción y desenvolvimiento en la actividad laboral a través de "acciones positivas" de quienes actúan por o representan al Estado, bajo apercibimiento de nulidad de los arts. 59 del C.C. y 16 de la Ley 2055, y tal deber es extensivo al ámbito jurisdiccional, con la idea de revertir la simpleza interpretativa de la eficacia de los actos de quienes no han sido declarados "incapaces" según los arts. 140 y ss, 153 ss y cc del C.C., por un cuadro de elementos jurídicos más completo y complejo que deviene de ese plexo normativo específico. -
En el decisorio impugnado hay un enfoque lineal para la solución jurisdiccional de un pleito laboral con remisión a la codificación de la legislación civil (art. 1028 y cc del C.C.), sin una hermeneútica contenedora de tal plexo normativo específico, omitiendo en la interpretación y aplicación no solamente el orden público laboral en favor del trabajador, sino el marco de concretas leyes de la Provincia y la Nación en base a reglas del derecho constitucional y "supranacional" que instituyen el deber del Estado en sus tres Poderes para realizar dichas "acciones positivas" para la igualdad de oportunidades de quienes tienen capacidades diferentes, a fin de ejercer sus derechos y acciones con una tuición especial para la vigencia de los principios y garantías constitucionales que hacen a su condición cuando trabaja, y asegurar, además de los derechos del art. 14 bis de la C.N., la igualdad ante la ley, la defensa en juicio y el debido proceso al demandar por el autodespido.-
Walter Carnota dice: "...Todo el derecho del trabajo surge históricamente como una gigantesca medida de acción positiva. El orden público laboral tiene como finalidad esencial equilibrar distintos niveles de negociación, diversas capacidades de diálogo entre los interlocutores sociales. Al derecho laboral, no le bastó la proclamada igualdad ante la ley" ("LAS MEDIDAS CONSTITUCIONALES DE ACCION POSITIVA Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO DEL TRABAJO", "Doctrina del Trabajo", Errepar, 1995)
El Tribunal del Trabajo omitió ponderar adecuada y objetivamente esa condición del accionante al valorar las pruebas producidas, con errónea aplicación de la ley, siendo atendible en tal sentido el reclamo de la recurrente en cuanto a:
A) El silencio que guarda el fallo en crisis respecto de que el actor está afectado por la "... PERDIDA AUDITIVA PROFUNDA ... CARECE DE CAPACIDAD PARA LA LECTURA Y PARA LA ESCRITURA ..." según el informe forense de fs. 119/121, la "... HIPOACUSIA PERCEPTIVA PROFUNDA ... CON TRANSTORNOS EN LA COMPRENSION Y EXPRESION DEL LENGUAJE ..." que describe el "CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD" de la Ley provincial 2055, emitido el 26.05.97 (fs. 122) por el CONSEJO PROVINCIAL DEL DISCAPACITADO, y la relación laboral iniciada el 26.03.97 (dos meses antes) asumida por la demandada bajo el encuadramiento de "... DEPENDIENTE ..." dentro del sistema de taller protegido, comprendido en el régimen legal de los arts 12 a 22 de la Ley nacional 24147 (fs. 124).- Los argumentos del "a quo" sobre la condición del actor en cuanto a sus capacidades diferentes, no constan en la sentencia recurrida, sino recién aparecen tardíamente en el posterior pronunciamiento sobre la inadmisibilidad, que no es el ámbito ni para defender, ni menos aun para fundar los propios fallos. -
B) El modo de expresión del actor durante la producción de la prueba en aquello que lo compromete o puede comprometerlo, principalmente durante la audiencia de vista de causa a fs. 219 y fs. 260 y la producción de la pericial caligráfica de fs. 273/290, en cuyas actas no consta que se haya recibido la absolución de posiciones de las partes, ni que se haya expuesto y garantizado al actor el plexo normativo específico, no obstante lo cual en el último párrafo de fs. 344 y el primero de fs. 344 vlta. la contraria le atribuye al accionante cierta conducta con capacidad de entendimiento que debió ser complementada y garantizada por el plexo normativo específico, en particular sobre cómo entendió y se expresó ante el interrogatorio de uno de los Sres. Jueces de la Cámara, pues padece una discapacidad auditiva cuya entidad está definida no solamente con el certificado que consta a fs. 122/128, sino ratificada por el forense a fs. 119/121.- Así han de interpretarse las grafías u otras manifestaciones del trabajador, al igual que los reconocimientos que le son atribuídos bajo reglas del derecho común o criterios arbitrarios en la ponderación de la prueba que evidentemente en forma lógica y razonable no pueden alcanzarle de tal modo sin atender al plexo normativo específico.- Hay cuatro fotocopias de presuntos vales no validados por la pericial caligráfica de fs. 305/307, cuyos originales el demandado denunció como extraviados con posterioridad al autodespido (e inclusive la iniciación del proceso), respecto de los cuales la Cámara dice: "... EN LO QUE RESPECTA A LOS CUATRO VALES, ES OPORTUNO CONSIGNAR QUE A FS. 110 LO UNICO QUE SE DESCONOCIO FUERON LOS TEXTOS ALLI CONSIGNADOS, NO ASI LA FIRMA.- LA PRETENSION DEL ACTOR REFERIDA A LA DETERMINACION DE CONTEMPORANEIDAD DE DICHAS CONSTANCIAS NO PUDIERON OBTENER PRONUNCIAMIENTO TECNICO (FS. 307) ...".- Recuerdo que el accionante, ex trabajador no posee "lectoescritura", o sea no sabe leer ni escribir y el Estado está en deuda con él en los términos de los arts. 3, 4 y cc de la Ley 3164.- Si bien a fs. 113 obra la aceptación del cargo de una "intérprete" designada por el Actuario a fs. 102, la actuación en autos no ha quedado reflejada en la audiencia de fs. 219 (salvo la firma), ni consta que haya estado presente en la producción de la pericial caligráfica de fs. 273/290. -C) Hacer mérito de piezas de dudoso, o muy cuestionables valor fáctico y eficacia jurídica, al remitir a las constancias de fs. 8/9 (esta última, sin fecha) y fs. 40/43, instrumental que se valora positivamente, no obstante ser fotocopias y sobre cuyos originales se efectuó la denuncia de extravío "a posteriori" del autodespido, sin que estuvieran validadas por el perito calígrafo a fs. 305/307.- En suma, el fallo en crisis tiene por acreditado que el ex trabajador sordomudo, carente de "lectoescritura", percibió en tiempo y forma pagos que le habría efectuado el ex empleador mediante "vales", en copias fotostáticas, las que no han merecido la validación de la pericial caligráfica.-
D) La necesidad de "prueba corroborante", para la cual la sola pericial caligráfica resulta insuficiente a la luz de las disposiciones legales antes citadas.- Obviamente, en función del plexo normativo específico. -
Sostiene Germán Bidart Campos, comentando dos fallos de la C.S.J.N., que los jueces al fallar se pueden remitir al inc. 23 del art 75 de la C.N., o sea que aún en los casos en que no estuviese legislativamente reglamentado (que no es lo que sucede en la PROVINCIA DE RIO NEGRO, que cuenta con las Leyes 2055, 3164 y cc), es una norma operativa. (El Derecho 166-36). -
Ya el 27-10-92 el distinguido ex Juez del S.T.J. Dr Jorge GARCIA OSELLA, en "DIAZ HECTOR S/MANDAMUS", se había expedido por la operatividad del art 36 y cc de la C.P. de 1988.-
La ASESORIA DE MENORES E INCAPACES a partir de la documental de fs. 119/122 y 123/128 debió intervenir precisa y activamente llevando adelante ese ejercicio y también requerir de la Cámara las "acciones positivas" a las que está obligado el Estado para con las personas de capacidades diferentes; parece no existir una adecuada y precisa aprehensión y conceptualización de la condición del ahora recurrente, ni el consecuente seguimiento de la tramitación del pleito con garantía de un trato procesal que sea igualador de oportunidades para que haya una tutela judicial efectiva de la igualdad ante la ley y los derechos del trabajador. -No obstante las expresas disposiciones del art 59 del C.C., el inc. 3) del art 218 de la C.P., el art 77 de la L.O. y el inc. c) de la Ley 1504, la Asesora de Menores e Incapaces nunca concluyó de definir la participación en el proceso (ver fs 85), dando lugar a confusiones, sobreentendidos e imprecisiones a las partes y, en especial, al propio Tribunal del Trabajo. Insisto: la Asesora tiene el deber de intervenir. -
Es decir, tomar parte en el asunto, interponer su autoridad, interceder ante el órgano jurisdiccional, interponerse en el conflicto. -
En síntesis, para valorar la prueba centrada en unos recibos de pago del demandado al ex trabajador aquí actor, la Cámara interpretó y aplicó disposiciones del supletorio derecho común en una causa laboral en que el accionante es un discapacitado auditivo, y omitió contemplar el plexo normativo específico que, además de estar bajo el orden público del fuero, tiene andamiaje en normas constitucionales y legales en cuanto a la igualdad de oportunidades para las personas de capacidades diferentes.-
Asi resultó que tales recibos de pago que se tuvieron por reconocidos o fueron peritados bajo ciertas modalidades jurídicas tuvieron para el "a quo" una ponderación de efectos determinantes para el conjunto de pretensiones de la actora, ya que de cuanto ellos exterioricen depende la procedencia de indemnizaciones por el distracto en los términos planteados en la demanda, o sea el autodespido del trabajador y los otros reclamos por diferencias salariales.-
A mi criterio, la Cámara debió contemplar concretamente las limitaciones del actor que surgen de las pruebas existentes en autos y, en razón de ellas, asegurar que haya un real alcance cognocitivo y expresivo dentro de la institucionalmente reconocida necesidad de un lenguaje distinto y especial, a partir de la existencia de uno "oficial" que consagra le legislación local para las personas sordas, denotando la imprescindibilidad de esa consideración, ya que ante la imposibilidad (o la duda) de entender y darse a entender, se debió recurrir a prueba corroborante, ajena a las "sui generi" testimoniales que se referencian en la sentencia impugnada; el Actuario a fs 130/131 no proveyó la pericial contable ofrecida por ambas partes, siendo esencial para la corroboración de los pagos que constituyen la controversia y que las partes ofrecieron en tiempo oportuno. No se aplicó adecuadamente el "in dubio pro operario".-
Se privilegia el valor probatorio de las testimoniales de Walter MIRANDA y Daniel BLANCO, a los que se menciona expresamente, por sobre el informe pericial forense del Lic. Oscar BENITEZ y el certificado de fs. 122/128 del CONSEJO PROVINCIAL DEL DISCAPACITADO, emitido "ad interim" de la relación laboral entre las partes, documentos que ni siquiera son mencionados en la sentencia.-
Las "acciones positivas" a que llama el apartado 3) del inc f) del art. 4 y el art. 16 de la Ley provincial 2055, tienen que operar para asegurar la igualdad de oportunidades y ante la ley, el derecho de defensa en juicio y el debido proceso con la sola acreditación de las piezas de fs 122/128, ya que el art. 3 "in fine" de la misma norma dice expresamente: "... EL CERTIFICADO QUE SE EXPIDA ACREDITARA PLENAMENTE LA DISCAPACIDAD EN TODOS LOS SUPUESTOS EN QUE SEA NECESARIO INVOCARLA ...".-
En un reciente "INFORME PRELIMINAR SOBRE LA SITUACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA ARGENTINA", el COMITE DE EVALUACION DEL SEGUIMIENTO DE LA CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, que integran activamente cuatro organizaciones de la sociedad civil, C.T.A., Arzobispado de Buenos Aires, AMIA y FORO-PRO (Foro Permanente para la Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad), efectuó un concreto y claro pronunciamiento en cuanto al rol que cabe en la materia a la jurisdicción al hacer el siguiente llamado: ".... Al Poder Judicial que asuma una actitud de vigilancia a fin de garantizar el estricto respeto por la legislación vigente y los convenios internacionales ratificados por nuestro país, en relación con los derechos de las personas con discapacidad. En ese sentido creemos indispensable que se impulsen capacitaciones de las funcionarias y los funcionarios judiciales, con el propósito que interpreten de una manera clara, las disposiciones normativas atendiendo a la situación de las personas con discapacidad...".-
En consecuencia, a efectos de garantizar el estricto cumplimiento de esas reglas en las que está doblemente comprometido el orden público, no solamente por el fuero laboral, sino por las atribuciones y deberes que la Constitución Provincial en los arts. 36, 218 inc. 4) y cc; la Ley Orgánica del Poder Judicial en el art. 77 y cc. y el art. 11 y cc de la Ley 1504 ponen en cabeza del Estado, en particular del MINISTERIO PUBLICO TUTELAR (sin perjuicio del propio órgano jurisdiccional) y las que integran el plexo normativo específico a que hice mención "ut supra", incluyendo reglas de convenciones del derecho "supranacional" incorporadas por la reforma constitucional de 1994 y plasmadas en los inc. 22) y 23) del art 75 de la C.N., reglamentados por las leyes nacionales ya identificadas, considero que el fallo en crisis debe ser anulado, debiendo asumir la ASESORIA DE MENORES E INCAPACES la plena intervención correspondiente e inexcusable, aplicando el a quo con sentido hermenéutico el contenido integral de dicho plexo, ampliando y reeditando en cuanto fuere menester el ámbito fáctico del entuerto en dicho contexto para el debido aseguramiento del ejercicio de los derechos y acciones del justiciable con capacidades diferentes. -
Ello hace innecesario abordar los otros agravios de la recurrente. En síntesis:
a) El actor es un ex trabajador con capacidades diferentes bajo la tuición de un plexo normativo específico para tal condición, acreditada por el informe forense y certificada al tiempo de la relación de empleo por el CONSEJO PROVINCIAL DEL DISCAPACITADO. - b) El Estado está obligado a ejercer "acciones positivas" por normas "supranacionales", constitucionales y legales -QUE ESTAN PLENAMENTE OPERATIVAS- para asegurar la igualdad de oportunidades.- Son nulos los actos que no observen tal régimen (art. 16 de la Ley 2055).-
c) El referido plexo normativo específico establece el reconocimiento de las limitaciones propias del padecimiento del actor que llevan a la aplicación de reglas particulares en cuanto al desenvolvimiento de la relación de empleo y las formas de expresión que tienen directa gravitación sobre la valoración de la prueba, aspecto sobre el cual la casacionista funda la tacha de arbitrariedad y absurdidad en la ponderación. -
d) El Tribunal del Trabajo omitió el plexo normativo específico en esa valoración probatoria y la necesidad de producción de prueba corroborante en función de tal ordenamiento.-
e) Tampoco aplicó adecuadamente el "in dubio pro operario".- f) Con la solución dada al litigio por la sentencia aquí recurrida, no hay justificación a no ordenar la producción de la pericial contable sobre los registros contables del ex empleador ofrecida por la actora en el punto V) 5) de fs. 24 vta, colocándolo en virtual indefensión al considerarla "innecesaria" a la luz del acto procesal del Actuario de fs. 130. -
El recurrente ataca la sentencia recurrida, manifestando que ha habido arbitrariedad. La regla según la cual la apreciación de la prueba queda normalmente detraída al ámbito de la casación, cede cuando hay arbitrariedad o absurdo. En este sentido puede configurarse arbitrariedad cuando existe apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista en la ley, cuando se advierte una absoluta falta de fundamentación en el fallo si la operación intelectual desarrollada en la sentencia carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las pruebas, o cuando se prescinde de prueba esencial (Hitters, op. cit. pág. 362/363 y fallos de la S.C.B.A. referidos por el autor). DRES.: VEIGA - PONSATI - GOANE, Sentencia N°: 348, Fecha: 17/06/1994, NAVARRO ENRIQUE CARLOS VS. BANCO EMPRESARIO DE TUCUMAN COOP. LTDO. - COBRO DE PESOS POR DAÑOS Y PERJUICIOS (CASACION).- (ELDIAL.COM, sumario: 00004773-00 ). -
g) Las consideraciones sobre los elementos tenidos en cuenta para la validación de determinada prueba de actos atribuídos al actor discapacitado, no insertos en la sentencia y traídos extemporáneamente al resolver sobre la admisibilidad del recurso extraordinario, denotan una errónea aplicación de la ley vigente, ya que más allá de las disposiciones de los arts. 140 y ss y 153 y ss del Código Civil, existe ese plexo normativo específico, más reciente y modernizador, integrador, solidario e igualador, encuadrado en el derecho "supranacional" y la reforma constitucional de 1988 en la Provincia y de 1994 en la Nación, que establece otras categorías de encuadramiento a la cuestión de autos, orientadas a la integración social a través de la inserción laboral.- Un "incapaz" tiene un determinado trato legal; un discapacitado auditivo otro.- En algún caso pueden concurrir, pero no necesariamente deben hacerlo.- Esa reciente y moderna legislación a que alude BIDART CAMPOS, tiene una alternativa superadora en orden a la vigencia de los derechos humanos con la reciente y moderna incorporación del art. 36 de la C.P. y el inc. 23 del art 75 de la C.N. -
h) El MINISTERIO PUBLICO TUTELAR tiene que intervenir activamente y en forma obligada en atención al art. 59 del C.C. y el deber de ejercitar "acciones positivas" por parte del Estado, sin perjuicio -REITERO- de lo propio del órgano jurisdiccional. - i) Según AIDA KEMELMAJER DE CARLUCCI, esas "acciones positivas" están dirigidas al legislador y al juez; pero para este último, solamente para el caso particular y concreto. La legislación local de la PROVINCIA DE RIO NEGRO, con las Leyes 2055, 3164 y ss, consagra al decir de esa prestigiosa Magistrada la "... NATURALEZA OBLIGATORIA ...".- En la nota ya citada, dice GERMAN BIDART CAMPOS: "... LA CORTE, FRENTE A NORMAS DIRIGIDAS AL LEGISLADOR, LAS HA TOMADO EN CUENTA COMO PAUTAS QUE TAMBIEN DEBEN INFLUIR Y ORIENTAR EN LA INTERPRETACION JUDICIAL DE LAS CAUSAS SOMETIDAS A LA DECISION DE LOS TRIBUNALES ...". -
En los términos ya expuestos, corresponde anular no sólo la sentencia impugnada, sino requerir de modo explícito y claro la intervención obligada a la ASESORIA DE MENORES E INCAPACES con el anoticiamiento en forma completa de todos los actos procesales pertinentes para que asuma en plenitud e incondicionalmente en nombre del Estado el rol tuitivo que le asignan (Y OBLIGAN) las Constituciones nacional y provincial, el Código Civil, la Ley Orgánica y la Ley 1504, con el ofrecimiento, producción y control de las pruebas que hacen a la condición del actor y así considere pertinentes, dentro del deber de ejercicio en sede judicial de "acciones positivas" a cargo del Estado, en cabeza del Ministerio Público y sin perjuicio de la que en particular en igual carácter así correspondan al tribunal de mérito, por el orden público del derecho laboral y el plexo normativo específico del caso. MI VOTO. A la misma cuestión el señor Juez doctor Víctor Hugo SODERO NIEVAS dijo: Adhiero a las conclusiones del voto del Sr. Juez ponente. Agrego a lo ya expuesto que: a) El actor es discapacitado en los términos del artículo 2do. de la ley Provincial 2055 y su Decreto Reglamentario, cuya finalidad es la rehabilitación integral del afectado y que goza de un programa específico de formación profesional.-
b) La documental acompañada en autos es suficiente, amén de la prueba pericial, para certificar esos extremos y ha sido ponderada con racionalidad por el Juez ponente. -
c) En el caso particular rige además la ley Provincial 3164 de equiparación de oportunidades de Personas sordas o hipoacúsicas y el ámbito de protección comprende las consecuencias de adquisición del lenguaje y su reintegración social, remitiendo en lo pertinente a la ley 2055. -No puede dejar de ponderarse, en este contexto normativo, la vigencia de la ley Nacional N° 22.431, que en sus arts. 1° y 2° ha definido nítidamente la descripción de los distintos supuestos de incapacidad, en la que encuadra -sin ninguna duda- el actor, no diferenciando la ley en orden a derechos y obligaciones (art. 10), sin perjuicio de la tutela específica de los arts. 8, 8 bis y 9°. Por su parte, la ley 24.901, también con la finalidad de una cobertura integral, en orden a las pretensiones de obras sociales, ha comprometido directamente al Estado en estas prestaciones y ha ratificado el concepto de discapacidades en el art. 9°: Entiéndase por persona con discapacidad conforme lo establecido en el art. 2° de la ley 22.431, a toda aquella que padezca de una alteración funcional permanente o prolongada, motora, sensorial o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas consideradas para su integración familiar, social, educacional o LABORAL (ver, DT. 1998-B-1812).-
En el caso, la acreditación de dichos extremos obra en autos con la certificación del artículo 3° de la ley 22.431, en concordancia con lo dispuesto con el art. 3° de la ley 2055.-
Rigen otras normas nacionales como la 24.147, 24.308, 25.212, 25.635, 25785, 25.404 y 25.689, que han regulado aspectos especiales en orden al grado de afectación superior al 33% y procedimientos especiales de rehabilitación; que giran en torno al principio general del Derecho del Trabajo de equidad (art. 11 LCT). -
Entrando en el plano jurídico supranacional, no puede dejar de señalarse que nuestro país promulgó el 21/7/00 la ley 25.280 (art. 75 inc. 22 CN) que incorporó a nuestro derecho interno la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación para las personas con discapacidad.-
Si bien excede el contexto de la cuestión a resolver, no puede dejar de destacarse que como lo señaló Bidart Campos, el fundamento primero es el Derecho de Igualdad de las Personas, lo que presupone tanto las similitudes esenciales como también las diferencias accidentales (Idem Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, art. 26).-
Es decir, debe reconocerse otra dimensión del problema que si bien siempre parte de la ley 22.431, en el cuadrante de la reforma constitucional de 1994, toma una nueva dimensión en tanto la persona-individuo, en su doble acepción, merece otra mirada ya no solo protectora, integradora, asistencial e igualitaria, sino además no discriminatoria. En esa línea, se inscriben las leyes 23.876, 24.308, 24.901, 23.592 y la ley 25.346. -
La reforma constitucional ha dado cabida además a la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 24) y a la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 23) previéndose acciones positivas para que se cumpla con el principio real de igualdad de oportunidades (art. 37 CN), sin perjuicio de las normas especiales del art. 75 incs, 3, 17, 19 y 23 que deben interpretarse armónicamente para afianzar los derechos humanos (Cf. Palacios, Agustina, publicación Quorum, Dic-2000, SAIJ).-
Volviendo al caso que nos ocupa, la doctrina ha agrupado cuatro categorías diferentes de discapcidad: a) mental, b) sensorial, c) visceral y d) motora. En virtud de ello, el diagnóstico obrante en el certificado resulta dentro de las de tipo sensorial porque la persona se encuentra privada o con una disminución de algunos de sus sentidos, vista, oído, habla etc., haciendo que, a pesar de tener total autonomía de su cuerpo, se torne dificultosa su relación con el exterioir por la dependencia que en algunos puede crearse. -
En otras palabras, la discapacidad no es una característica sólo de ciertas personas, sino la consecuencia de una relación entre el mundo circundante y la persona, ya que por lesión, enfermedad o por otra causa, una persona tropieza con una dificultad superior a lo normal para desenvolverse en la vida.-
Queda así evidenciado que el esquema originario del Código Civil (art. 140 y ss) destinado a los dementes e inhabilitados, ha sido superado por la legislación supra citada, ya que ante el avance técnico-científico y legislativo corresponde otra solución jurídica (Valente Luis Alberto, Publicación Inédito, abril/2001 - SAIJ).-
Para concluir, la propia Ley de Contrato de Trabajo no podrá aplicarse como si se tratara de trabajadores normales, sino solo y subsidiariamente para aspectos no reglamentados (D Judicial-1995-I-556), ni desconocerse los convenios de la OIT ratificados por las leyes 23.562 y 23.649 (DT-2000-B-2152).-
En el límite del recurso que conocemos no puede dejar de destacarse que desde antiguo nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación asumió esta materia (DT, 1991-A-321) y sentó doctrina diciendo que el objetivo de la ley 22.431 se dirige fundamentalmente a tratar de conceder a quienes se encuentran discapacitados, franquicias y estímulos que les permitan en lo posible, neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca, a la vez que otorga oportunidades para que puedan desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las personas normales (Fallos 313:579).-
En esa línea se inscribe la interpretación auténtica que fijó la CSJN desde siempre en Fallos 290:56, 267:267, 281:146 entre otros y actualmente los que se refieren al contexto (308:1897), es decir completa el plano fáctico-jurídico existente para encontrar la solución más justa y digna a la condición humana de los discapacitados, para cuya concreción deberá estarse primero a la garantía del debido proceso sustancial y procesal (art. 18 y 28 CN) para arribar a una sentencia válida (art. 200 Constitución Provincial). MI VOTO.-
A la misma cuestión el señor Juez doctor Alberto Italo BALLADINI dijo: Atento a la coincidencia de los votos precedentes, ME ABSTENGO de emitir opinión (art. 39 de la L.O.). -
A la segunda cuestión el Señor juez doctor Luis LUTZ dijo:
Por tanto, propongo al ACUERDO hacer lugar al recurso, anular el pronunciamiento en crisis que luce a fs. 320/323, en atención a tenerse por acreditada la condición del actor con la certificación de fs. 122/128 (ratificado por el informe de fs. 119/121), con reenvío a la instancia de mérito para que, con nueva integración, sustancie la causa, debiendo retrotraerse el procedimiento a los actos que hagan a la observancia plena del plexo normativo específico implicado en el caso de autos (art. 296 y ccdtes. del CPCyC.; art. 52, 53 y ccdtes. de la Ley 1504). Todo ello, sin que comporte anticipo de opinión sobre la cuestión de fondo por parte de la instancia de legalidad. Con costas a la demandada (art. 68 del CPCyC. y art. 23 de la Ley 1504). También propicio regular los honorarios de la doctora Blanca CARBALLO en el 30% de los que le correspondieren, en definitiva, por su actuación en la instancia de origen, y los del doctor Adrián BRUSSINO, en calidad de apoderado de la demandada, en el 25% calculados de idéntica manera, todos los cuales deberán ser abonados en el plazo de diez (10) días. ASI LO VOTO. A la misma cuestión el señor Juez doctor Víctor Hugo SODERO NIEVAS dijo: ADHIERO al voto que antecede.-
A la misma cuestión el señor Juez doctor Alberto Italo BALLADINI dijo: ME ABSTENGO de emitir opinión. -
Por ello,
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
R E S U E L V E:
Primero: Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la representación de la parte actora a fs. 330/336 vlta., anular la sentencia de fs. 320/323 vlta. y reenviar las actuaciones al tribunal de origen para que, con distinta integración, sustancie la causa, debiendo retrotraerse el procedimiento a los actos que hagan a la observancia plena del plexo normativo específico implicado en el caso de autos (art. 296 y ccdtes. del CPCyC.;; art. 52, 53 y ccdtes. de la Ley 1504).-
Segundo: Imponer las costas de esta instancia de legalidad a la demandada perdidosa (art. 68 del CPCyC. y art. 23 de la Ley 1504).-
Tercero: Regular -por su actuación en esta instancia- los honorarios profesionales de la doctora Blanca CARBALLO en el 30% de los que le correspondieren, en definitiva, por su actuación en la instancia de origen, y los del doctor Adrián BRUSSINO, en calidad de apoderado de la demandada, en el 25% calculados de idéntica manera, todos los cuales deberán ser abonados en el plazo de diez (10) días. Cúmplase con la ley 896 y notifíquese a la Caja Forense. -
Cuarto: Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse.//-
FDO.: LUIS A. LUTZ - VICTOR HUGO SODERO NIEVAS - ALBERTO I. BALLADINI

ANTE MI: GUSTAVO GUERRA LABAYEN -Secretario-





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