1810-1910: Centenario de emancipación política, búsqueda de identidad nacional, progreso y estabilidad política






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El Tiempo, La Prensa y El Monitor Republicano, puesto que para nadie era desconocido que tanto el presidente González como su gabinete se habían beneficiado de las concesiones que otorgaron a los inversionistas. La defensa de los gonzalista fue a través de las publicaciones El Pacto Federal y El Observador.
Los ánimos se tensaron cuando en la Cámara de Diputados se solicitó la comparecencia del Secretario de Hacienda de la administración gonzalista, esto creció aún más cuando se llegó a formular que el ex-presidente Manuel González podría ser llamado para que rindiera cuentas de los actos de su administración.
No sólo se liquidó políticamente al general González sino también se marginó de la política a su grupo: se declararon desaparecidos los poderes locales en los estados de Coahuila (afectando al gobernador gonzalista Cayetano Falcón) y de Nuevo León (removiendo al general Garza Galán y nombrando al general Bernardo Reyes) y las gubernaturas de Michoacán y del Estado de México escaparon del control político del gonzalismo.
Las acusaciones y descalificaciones que la prensa vertía sobre el general González pudieron ser frenadas por el presidente Díaz debido a que el nombramiento de los jueces encargados de sancionar los delitos de imprenta correspondía al Ejecutivo Federal. No obstante, Porfirio Díaz en vez de contener esas diatribas las exacerbaba a través de su Secretario de Gobernación, Manuel Romero Rubio, quien se encargó de pagar a periodistas para que en sus respectivas editoriales sacaran a luz pública los actos de corrupción del general González. Si Romero Rubio trabajaba con gran ahínco en la liquidación política de Manuel González se debió a que Porfirio Díaz le comentó sutilmente que ante tal escándalo le sería imposible cumplir “el pacto de caballeros” y que se vería en la necesidad de buscar a otro político para entregarle la presidencia de la república en 1888. Romero Rubio entendió esto como la oportunidad de arribar a la Primera Magistratura: el general Díaz sólo lo utilizó para sus fines políticos.
Sin embargo, el trasfondo medular de estas descalificaciones hacia el general González se debía a que el presidente Díaz aspiraba a una nueva reelección, para lograrla era conditio sine qua non reformar el artículo 78 constitucional. Ésta reforma ocurrió en octubre de 1887 donde se estableció que el presidente de la república podía ser reelecto sólo para un periodo inmediato, es decir, terminado el cuatrienio 1884-1888 Porfirio Díaz podría presentar su candidatura presidencial para el periodo 1888-1892 sin ningún impedimento constitucional. Con esta reforma constitucional se violaba por segunda ocasión (la primera ocurrió cuando se estableció la no reelección para un periodo inmediato) el principio de no reelección que la revolución de Tuxtepec enarboló como bandera política contra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada.
Al aprobarse la reforma constitucional del artículo 78 las acusaciones de corrupción contra el general González cesaron, ya que el objetivo de éstas era presionarlo para que aceptase la nueva reelección de Porfirio Díaz. Una vez alcanzado el antes mencionado, la Cámara de Diputados aprobó la cuenta pública del último año fiscal de la administración gonzalista: no había delito que perseguir. Por si esto fuera poco el general Díaz ordenó que no se cobrase ningún impuesto sobre las propiedades del ex – presidente Manuel González, su liquidación política daba la pauta para que el cuatrienio 1888-1892 fuera presidido por Porfirio Díaz. Estos acontecimientos dejan en claro que en México sólo se aplica la ley con fines políticos y no con la imparcialidad con la que se debe.
El cuatrienio 1888-1892 es fundamental para la permanencia del general Porfirio Díaz en el poder puesto que se realizó el día 20 de diciembre de 1890 una nueva reforma al artículo 78 constitucional: se regresó al texto original de este artículo, es decir, se restableció que el presidente de la república asumiría el poder el 1° de diciembre y duraría en su encargo cuatro años. Esta medida permitía la reelección indefinida del presidente de la república (aunada a la de los gobernadores) sin cortapisas. Con esta reforma fundamental para la dictadura porfirista se echó por tierra definitivamente el principio de no reelección que el general Díaz manifestó en el plan de La Noria contra el presidente Juárez y en el de Tuxtepec contra el presidente Lerdo de Tejada.
Lo anterior fue posible debido a que en el periodo 1890-1892 el país atravesaba por una profunda crisis económica propiciada por la retirada del capital extranjero, originando con ello que los ingresos del gobierno federal se vieran disminuidos. Por si esto fuera poco, el campo mexicano fue el más afectado: se perdieron las cosechas de dos años. Esta crisis económica se estaba convirtiendo en un verdadero caldo de cultivo favorable para que estallase una nueva revolución. De ahí que la clase política aceptara de nueva cuenta la reelección del general Díaz para que éste resolviese los problemas económicos-financieros del país.
La reelección de 1892 era de suma importancia para Porfirio Díaz porque si ésta se lograba ya no habría ningún impedimento constitucional para futuras reelecciones. Sin embargo, para demostrar al exterior del país (con el objetivo de atraer inversión extranjera directa) que la nueva reelección resultaba muy bien acogida por la población, se optó por darle a la antes mencionada un “carácter democrático” para justificar la permanencia del general Díaz en la presidencia de la república.
El “carácter democrático” de la reelección de 1892 consistió en la organización de la convención de la Unión Liberal, la cual tendría como finalidad lanzar la candidatura presidencial del general Díaz para el cuatrienio 1892-1896. La Unión Liberal se organizó en una convención al estilo estadounidense, es decir, dos representantes de cada estado de la república arribaron a la Ciudad de México para constituir la ya mencionada: el 5 de abril de 1892 comenzaron los trabajos.
La participación de Justo Sierra en esta convención fue de gran valía: por un lado, estaba convencido de que el liberalismo entraba a una nueva etapa y por el otro, propuso el programa político que la administración 1892-1896 debía de implementar. Del primer punto esbozó que el Partido Liberal había atravesado por tres etapas históricas: a) 1857-1861, el partido liberal destruyó las estructuras coloniales con las Leyes de Reforma; b) 1861-1867, el partido liberal luchó por la independencia y soberanía nacionales y c) 1892, el partido liberal se convirtió en un partido gubernamental y por lo tanto con la Unión Liberal se organizaba de forma permanente.
El programa político que Sierra propuso fue:


  • Reducción del presupuesto a la Secretaría de Guerra

  • Incremento del presupuesto a la educación

  • Implementación de la estadística y el catastro para la creación de impuestos

  • Abolición de las alcabalas

  • Inamovilidad del Poder Judicial

  • Establecimiento de la vicepresidencia

  • Modificación de la legislación penal de los delitos de imprenta


El programa que trazó Justo Sierra retoma dos puntos fundamentales que el presidente Juárez planteó en la convocatoria a elecciones de los poderes federales de agosto de 1867: reformar la Constitución de 1857 para crear la vicepresidencia de la república y otorgar la inamovilidad al Poder Judicial. Además, estas ideas también fueron esbozadas por Sierra en el periódico La Libertad. Al proponer la reducción del presupuesto en el ramo de guerra se hacía énfasis para que el país pasara de la paz mecánica a la paz orgánica; con la abolición de las alcabalas se proponía la creación del mercado nacional y con el incremento del presupuesto a la educación se buscaba que el grueso de la población elevara su nivel de cultura y por ende su nivel de cultura política.
Los firmantes del manifiesto de la Unión Liberal fueron: Manuel M. de Zamacona, Sóstenes Rocha, Justo Sierra, Rosendo Pineda, Carlos Rivas, Pedro Gutiérrez, Pablo Macedo, José Yves Limantour, Francisco Bulnes, Vidal Castañeda y Nájera y Emilio Álvarez.
La importancia de la Unión Liberal junto con el programa que se planteó fue en dos sentidos: primero, en las elecciones de julio de 1892 el general Díaz fue reelecto para el cuatrienio 1892-1896 y segundo, aparece en la escena política el grupo de los científicos: Éstos comenzaron a constituirse como grupo político… cuando se acercaron al ministro de Gobernación Manuel Romero Rubio. Muy pronto se le confiaron los estudios económicos y administrativos que normarían la conducta del régimen. Muchos de ellos obtuvieron cargos elevados: fueron gobernadores, ministros, regidores o diputados”5.

El grupo estaba integrado por José Yves Limantour, Justo Sierra, Francisco Bulnes, Pablo Macedo, Roberto Núñez, Joaquín Casasús y Rosendo Pineda. Este grupo se organizó en octubre de 1893 con la finalidad de presentar en la Cámara de Diputados las reformas constitucionales que Justo Sierra propuso en el programa de la Unión Liberal. No obstante, el general Díaz solamente permitió la organización de la Unión Liberal para darle a su reelección un carácter democrático, pero una vez alcanzada ésta no permitió que se le impusiese el programa político de la convención, razón por la cual los científicos se sintieron utilizados y vieron truncados sus ideales políticos.
Hay que recordar que el grupo científico perteneció a la primera generación de la Escuela Nacional Preparatoria, es decir, la homogenización del grupo se debía a su educación positivista. Ellos fueron los encargados de implementar la ciencia en la administración pública para la consecución de orden, paz y progreso, por ello Daniel Cosío Villegas los denominó “los primeros tecnócratas de la historia mexicana”. Los científicos estaban convencidos de que la evolución del mundo animal también podría ser aplicada al mundo social, es decir, consideraban que la revolución no adelantaba etapas históricas de la sociedad sino que las retrasaba porque destruía todo lo que se había construido. En suma, la labor de los científicos a lo largo de la dictadura porfirista consistió en hacer del grupo gobernante una oligarquía que trajo por un lado estabilidad y crecimiento económico y por el otro, una enorme desigualdad entre las clases privilegiadas y las clases desfavorecidas.
El primer científico que el general Díaz incorporó a la administración pública fue José Yves Limantour: en mayo de 1892 se le nombró Oficial Mayor de la Secretaria de Hacienda y un año después se convirtió en su titular hasta la caída del régimen. Rápidamente saneó las finanzas públicas, abolió las alcabalas, renegoció los montos de la deuda externa, atrajo más inversión extranjera directa y obtuvo el primer superávit de la historia independiente.
Limantour combatió la corrupción a gran escala al centralizar la política de concesiones (minera, bancaria, comercial, aguas, petróleo y ferrocarrilera) en su ministerio, pero con ello fomentó la corrupción a pequeña escala: alrededor de él se formó una camarilla política conocida como el carro completo. Éste grupo lo integraban Limantour, Roberto Núñez (Subsecretario de Hacienda) y los abogados Joaquín Casasús y Pablo Macedo. La corrupción de el carro completo consistía en que el Subsecretario de Hacienda al manejar información de primera mano notificaba a los inversionistas que para obtener una determinada concesión, ésta debía de ser tramitada en los bufetes de Joaquín Casasús o de Pablo Macedo, al hacerlo así estos últimos cobraban elevados honorarios por sus servicios y con el paso del tiempo se modernizaron puesto que en vez de cobrar dinero pedían paquetes accionarios. Esto les generó grandes fortunas y al mismo tiempo un odio exacerbado tanto de la elite política (por acaparadores de la corrupción) como de la ciudadanía (por entregistas de los bienes nacionales).
El saneamiento de las finanzas públicas aunado a la inversión extranjera directa permitió que el país obtuviera un enorme crecimiento económico materializado en la construcción de grandes obras públicas: se tendieron 15, 441 kilómetros de vías férreas, con la creación de tres mil establecimientos industriales se dio empleo a un grupo importante de la población, la luz eléctrica llegó a las ciudades más pobladas del país y la Ciudad de México cambió su aspecto con la puesta en marcha del tranvía eléctrico.
La paz orgánica reinaba en la república y orden y progreso eran evidentes ante los ojos del país y del mundo. El general Díaz había logrado crear una nación civilizada: no en vano que se le llamara el Bismark mexicano.
No obstante, la paz orgánica descansaba en la permanencia del general Díaz en el poder: para mantenerla era necesario tomar cartas en el asunto. Para el año de 1898 el general Díaz le planteó a su Secretario de Hacienda, José Yves Limantour, la posibilidad de que él presente su candidatura presidencial para el periodo 1900-1904. La condicionante es que se entrevistase con el general Bernardo Reyes (procónsul del Norte) para saber que impresiones tiene sobre dicha decisión. Reyes apoya la medida presidencial y entre él y Limantour se acuerda el “Pacto de Monterrey”, en donde se estableció que Limantour al ser presidente de la república nombraría como Secretario de Guerra a Bernardo Reyes y que para el periodo 1904-1908 se apoyaría la candidatura presidencial de Reyes. El trasfondo de esta situación radicó en que el general Díaz estaba midiendo la lealtad de Reyes hacia su persona y la obtuvo porque éste último aceptó sin protestar dicha determinación. La candidatura de Limantour fracasó porque se argumentó que la ascendencia francesa del aspirante era un impedimento constitucional para competir por la presidencia de la república.
Ante el disgusto de Limantour por no contar con el apoyo necesario para ser presidente de la república y ante la posibilidad de que renunciara a la Secretaría de Hacienda, el general Díaz comenzó a consultar el nombramiento de sus colaboradores con él y esto sucedió en el año de 1900: a la muerte del Secretario de Guerra Limantour sugirió al general Díaz que se nombrase a Bernardo Reyes, el cual fue llamado a la Ciudad de México para tomar posesión de su cargo. Con ello el ministro de Hacienda se hacia de un aliado para que junto con él presionaran al general Díaz para que este último apoyase la candidatura presidencial del secretario de ascendiente francés para el periodo 1904-1908.
La labor de Bernardo Reyes frente a la Secretaría de Guerra trajo bocanadas de aire fresco al régimen porfirista. Estableció la ley del retiro obligatorio dando con ello movilidad en el escalafón del ejército, consiguió más presupuesto para la secretaría, aumentó los sueldos de todos los oficiales y su obra más trascendental fue la creación de la “segunda reserva”. Ésta estableció un servicio militar voluntario que no representó ningún gasto para el gobierno federal. La segunda reserva significó la posibilidad de reunirse para hablar de política en un régimen que mantenía el aparato político cerrado. En esta estructura se organizó el reyismo que para el año de 1908 formó el partido democrático nacional. La segunda reserva desapareció por órdenes presidenciales cuando el 16 de septiembre de 1902 los reservistas desfilaron frente a Palacio Nacional y los adversarios de Reyes le mencionaron al general Díaz que la segunda reserva era un ejército reyista, es decir, esta organización podría convertirse en una amenaza para el porfirismo.
La unión entre Limantour y Reyes no perduró mucho tiempo porque el general Díaz hizo todo lo posible por separarlos. En el año de 1902 “el héroe de la paz” reflexionó que para 1904 tendría la edad de 74 años, es decir, consideró que era demasiado grande para presentarse a un nuevo periodo, por lo que declaró que apoyaría la candidatura presidencial de Limantour siempre y cuando ésta no causase una “ola de agitación” entre el grupo gobernante. De inmediato se comenzó con una campaña de descrédito y descalificación (no sin razón) hacia el ministro de Hacienda, pero lo que es de llamar la atención es que el más conspicuo detractor resultó ser el general Bernardo Reyes: junto con su hijo Rodolfo Reyes fundó el periódico
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