1810-1910: Centenario de emancipación política, búsqueda de identidad nacional, progreso y estabilidad política






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La primera presidencia de Porfirio Díaz 1876-1880
El día 21 de noviembre de 1876 Porfirio Díaz entró en la Ciudad de México y rápidamente comenzó a aplicar lo que es la base del Sistema Político Mexicano: la política de conciliación. Ésta consistió en lo siguiente:


  • Se disolvió el Comité de Salud Pública que los porfiristas crearon para juzgar a los traidores lerdistas

  • Se protegió la vida del presidente Lerdo de Tejada cuando fue detenido para que pudiera llegar al puerto de Manzanillo y de ahí salir a su destierro

  • Se siguió pagando el salario del ejército lerdista y a los oficiales iglesistas; y

  • El Secretario de Gobernación, Protasio Tagle, en el Diario Oficial declaró que la nueva administración sería constitucionalista y que la aplicación de las Leyes de Reforma se llevaría a cabo con un espíritu conciliador entre los mexicanos


El siguiente paso que dio Porfirio Díaz para continuar con la política de conciliación fue integrar a la administración pública al grupo político que representaba escaso (por no decir casi nulo) peligro: los iglesistas.
De acuerdo con el Plan de Tuxtepec y con la reforma de Palo Blanco, al triunfar la revolución la presidencia interina quedaría en manos del titular del Poder Judicial: José María Iglesias. Porfirio Díaz le entregaría el poder a este último sí y sólo si se adhería públicamente al Plan de Tuxtepec. Esto jamás sucedería porque Iglesias al desconocer la reelección de Lerdo de Tejada comenzó un movimiento político conocido como el decembrismo en donde se comprometió que al asumir la presidencia interina él y ninguno de sus colaboradores presentarían su candidatura a ningún puesto de elección popular en las elecciones que el interinato organizara. Además, Iglesias mencionaba que su movimiento por vez primera en la historia patria luchaba por un programa y no por un hombre; de ahí que el slogan del decembrismo fuera “sobre la constitución nada, sobre la constitución nadie”. El movimiento decembrista sólo fue secundado por los estados de Querétaro y Guanajuato.
En la hacienda La Capilla (Guanajuato) se celebró una entrevista entre Porfirio Díaz y José María Iglesias, en donde el primero le propuso al segundo una salida honrosa a su situación: el exilio a los Estados Unidos, en vista de que el decembrismo no representaba política ni militarmente una amenaza.
La integración de los decembristas a la administración pública se dio a partir de la subvención gubernamental del periódico denominado La Libertad (su aparición ocurrió el 5 de enero de 1878 en la Ciudad de México), el cual lucharía tenazmente por el establecimiento de la paz pública para terminar a toda costa con los movimientos revolucionarios. El programa de La Libertad propugnaba por centralizar el poder en manos del Ejecutivo Federal, por ser éste el representante del proyecto nacional frente a la multitud de proyectos locales. La alianza entre el gobierno porfirista y los redactores de La Libertad Daniel Cosío Villegas la llamó “un verdadero chispazo de genio, quizá único en nuestra historia… iban a darle no sólo a la edad tuxtepecadora sino a todo el porfiriato un marco de ideas generales, dentro del cual se desenvolvió su larga vida”3.
Las ideas de centralizar el poder en manos del Ejecutivo Federal consistían en proponer reformas a la constitución en el siguiente sentido: darle el veto al presidente de la república, ampliar el periodo presidencial de cuatro a seis años; reducir los miembros del Poder Legislativo y otorgarle la inamovilidad al Poder Judicial. De nueva cuenta, el ala jacobina del partido liberal repudió éstas reformas por considerar que se “violaba la pureza del marco constitucional”. Sin embargo, los redactores de La Libertad (Justo Sierra fue su director del 9 de mayo de 1878 al 28 de abril de 1880) argumentaron que el programa de su publicación sólo retomaba las reformas que el presidente Juárez había planteado en la convocatoria a elecciones de los poderes federales del 14 de agosto de 1867. Además, los antes mencionados argumentaban que ellos en el año de 1876 fueron los más estridentes defensores de la Constitución de 1857, pero que después de un año de profundas reflexiones habían llegado a la conclusión de que la constitución era inaplicable y que con ella no se resolverían los problemas nacionales. Con estas ideas generales el régimen del general Porfirio Díaz centralizó el poder en manos del Ejecutivo Federal, pero al margen de la constitución rompiendo con ello con el programa del presidente Juárez y del periódico La Libertad, ya que éstos últimos formularon la centralización dentro del marco constitucional.
No obstante, pese a lo anterior la única reforma constitucional que promovió la primera administración porfirista fue al artículo 78 para elevar a rango constitucional el principio de no reelección que la revolución de Tuxtepec se había comprometido a realizar, pero de lo que prometió a la iniciativa que presentó existía un abismo: sí se propuso el principio de no reelección del Ejecutivo Federal, pero para un periodo no inmediato, es decir, si Porfirio Díaz decidía volver a presentar su candidatura para la presidencia de la república tendría que esperar que el cuatrienio 1880-1884 fuese presidido por otro político. Ésta reforma trajo que rápidamente el ambiente político se enrareciera porque la revolución de Tuxtepec fue una alianza entre caudillos y caciques, los cuales se sentían con justo derecho de aspirar a la presidencia de la república. La lucha por la sucesión presidencial presagiaba que el país se enfrascaría de nueva cuenta en una revolución más. La Libertad propuso al presidente Porfirio Díaz que para evitar la antes mencionada prolongara su administración por dos años más.
Los candidatos que aspiraban a la presidencia de la república para el cuatrienio 1880-1884 eran Ignacio Vallarta (cacique de Jalisco), Juan N. Méndez (cacique de Puebla), Trinidad García de la Cadena (cacique de Zacatecas), Jerónimo Treviño (cacique de Nuevo León), Justo Benítez, Manuel María de Zamacona, Vicente Riva Palacio e Ignacio Mejía. Esto significaba que si uno de los ocho ganaba, los otros siete se levantarían en armas para derrocar al ganador. A esto hay que agregar que los estados de Oaxaca, Puebla y Tamaulipas manifestaron abiertamente su oposición a la candidatura de Justo Benítez porque éste personaje declaró que de ganar la elección presidencial su gabinete estaría integrado de tuxtepecanos netos, dando con ello entierro definitivo a la política de conciliación.
Ahora bien, ante tal panorama político el presidente Porfirio Díaz (en noviembre de 1879) celebró una reunión con los gobernadores para auscultar cual era la candidatura mejor aceptada. Se dijo que el general Manuel González reunía el apoyo total de 12 gobernadores y que cinco apoyarían la candidatura que el general Díaz decidiera. Ante tan contundente apoyo no habría duda de que la administración 1880-1884 sería presidida por el general Manuel González. Esto fue posible gracias a que el general González continuaría con la política de conciliación por ser él uno de los beneficiarios de la misma, ya que antes de la intervención francesa éste militó en el partido conservador. Al mismo tiempo por ser su candidatura tardía carecía de un equipo propio por lo que declaró que buscaría a los hombres más calificados en los grupos ya formados para integrar su gabinete.
Es importante mencionar que entre Manuel González y Porfirio Díaz existió un “pacto de caballeros” con el propósito de alternarse mutuamente la presidencia de la república; ya que el principio de no reelección para aun periodo inmediato que la revolución de Tuxtepec elevó a rango constitucional impedía la permanencia continua en el poder. Tanto el pacto de caballeros como el principio de no reelección los desconoció el general Díaz y él gobernó de 1884 hasta 1911, dejando con ello en el olvido su bandera política de no reelección que enarboló tanto el plan de La Noria como en el plan de Tuxtepec.
La presidencia de Manuel González 1880-1884
La administración gonzalista cimentó las bases de la futura dictadura porfirista porque centralizó el poder político en el Ejecutivo Federal en dos aspectos: por un lado, liquidó políticamente a los caciques que aspiraban a ejercer un control político más allá de su respectiva demarcación y por el otro, realizó reformas constitucionales que fortalecieron la centralización administrativa de la república. Ambas medidas de centralización tuvieron éxito debido a que la administración gonzalista recibió 110 millones de pesos de inversión extranjera directa.
La liquidación política de los caciques Ignacio Vallarta (Jalisco), Juan N. Méndez (Puebla) y Trinidad García de la Cadena (Zacatecas) se efectuó mediante el Senado de la República. Utilizando la desaparición de poderes locales, el Ejecutivo Federal pudo intervenir en política local nombrando como gobernador provisional (atribución que le otorgó el artículo 72, inciso B de la Constitución de 1857) a gente adicta al poder federal. En los tres casos se creó un conflicto local (entendido éste como la beligerancia entre el gobernador y la legislatura local) que no pudo resolverse en el estado sino solamente en el Senado, éste último aprobó el nombramiento del gobernador provisional de acuerdo a la propuesta del presidente de la república. Con estos tres casos se ejemplificó que aquel cacique que aspire a antagonizarce con el poder federal sería liquidado políticamente.
La liquidación política de los caciques está unida a que durante la administración gonzalista (1880-1884) se construyeron 5000 kilómetros de vías férreas, es decir, con el ferrocarril se rompe el aislamiento del mercado local controlado por el cacique para dar paso a la construcción de un mercado nacional. Además, el ferrocarril permitió que el presidente de la república en caso de conflicto local pudiera desplazar de forma más rápida al ejército federal para aplastar al movimiento armado que se presentase en algún estado de la república.
La centralización administrativa consistió en la creación de un banco central. El 2 de junio de 1884 nació el Banco Nacional de México, encargado de la monopolización de la impresión del papel moneda. Con la banca central se estableció una moneda única para realizar cualquier tipo de transacción económica a lo largo y ancho de la república. A esto hay que agregar que la administración gonzalista mediante una reforma constitucional estableció que la legislación bancaria, ferroviaria, comercial, minas y aguas le corresponderían única y exclusivamente al poder federal; esto propició que la inversión extranjera directa llegara mucho más rápido al país debido a que los gobiernos locales tenían cada uno de ellos su propia legislación en los rubros antes mencionados, razón por la cual el inversionista tenía que estudiar 28 legislaciones para ver cual convenía más a sus intereses.
Un suceso de gran importancia que trajo estabilidad política a todo el país ocurrió en esta administración: el 5 de noviembre de 1881 contrajeron matrimonio el general Porfirio Díaz y Carmen Romero Rubio (hija mayor de Manuel Romero Rubio, líder del partido lerdista), siendo testigo de honor el presidente Manuel González. Éste enlace matrimonial fue el puente de unión entre el lerdismo y los tuxtepecanos, es decir, este acto político permitió que se incorporara a la administración pública el grupo político con mayor experiencia de gobierno para darle estabilidad al régimen.
Finalmente, el control sobre la prensa con la reforma al artículo 7° constitucional (libertad de expresión) fue el cenit de la centralización política del poder, a saber: el texto original mencionaba que los delitos de imprenta serían juzgados por los tribunales populares, uno que sancionaría el delito y otro que impondría la pena. La reforma gonzalista fue en el sentido de cambiar los tribunales populares por los tribunales comunes, lo trascendental de esta reforma es que el nombramiento de los jueces de los tribunales comunes dependía del presidente de la república. Esto último fue posible porque en la primera administración de Porfirio Díaz se presentó una iniciativa para nombrar a los jueces de distrito y magistrados de circuito de la siguiente forma: “mientras se redactaba la ley orgánica del artículo 96 constitucional el Ejecutivo nombraría, a propuesta en terna de la Suprema Corte de Justicia, a los magistrados de circuito y a los jueces de distrito”4. Con esta reforma se estableció la autocensura de los periódicos con respecto a sus críticas sobre el gobierno.
Pese a la centralización político-administrativa que el gobierno de Manuel González había realizado, su gestión terminó abruptamente. Se enfrentó a dos problemas que le restaron popularidad: a) la moneda del níquel y b) el arreglo de la deuda inglesa. El primer conflicto se ocasionó porque en las transacciones comerciales cotidianas de la población no existía una moneda fraccionaria, esto propició que la administración gonzalista introduciera la moneda del níquel la cual ocasionó el disgusto de la población porque dicha moneda era de cobre y no se tenía confianza en ella, ya que las monedas de ese tiempo eran de oro y de plata. Esto pudo haberse evitado si previamente se hubiese implementado una campaña publicitaria en la introducción de la antes mencionado. El cenit de este episodio ocurrió cuando algunos ciudadanos abordaron en Palacio Nacional al presidente González para arrojarle varias monedas de níquel y la respuesta a este incidente fue el retiro de circulación de la misma.
El segundo caso se presentó a finales de la administración. El motivo del arreglo de la deuda inglesa se debió a que en el Siglo XIX solamente existían dos centros de préstamos financieros: Nueva York y Londres. Con respecto del primero se temía que la economía mexicana dependiera exclusivamente del capital norteamericano y con el segundo había que reconocer a Gran Bretaña como acreedor pese a que en diciembre de 1861 intentó invadir el país según los resolutivos de la Convención de Londres. La administración gonzalista al aceptar lo anterior comenzó rápidamente a trabajar sobre el tema, pero la Cámara de Diputados (única facultada para contraer deuda) argumentó que el arreglo de la deuda era muy precipitado y que los resolutivos de la misma recaerían en la siguiente administración. A esto hay que agregar que los diputados de filiación porfirista objetaron que el general González era un desleal porque la próxima administración pagaría las consecuencias de dicho arreglo. Ante esto, el presidente González para demostrar su lealtad a Porfirio Díaz decidió suspender los arreglos de la deuda.
Con los dos problemas anteriores cerraba el cuatrienio el presidente González, pese a ello el balance para su administración era positivo: centralizó en manos del Ejecutivo Federal el poder político de la república, realizó obras ferroviarias que rompieron el aislamiento de los mercados locales de los caciques, realizó reformas constitucionales que sentaron las bases para la futura dictadura porfirista y cumplió a cabalidad el “pacto de caballeros” que celebró con Porfirio Díaz para devolverle en 1884 la presidencia de la república. No obstante, el general Díaz haría todo lo posible por liquidarlo políticamente para impedirle que aspirase de nueva cuenta a la Primera Magistratura.
El porfiriato 1884-1910

(Vida política)
Al asumir por segunda ocasión (1884-1888) la presidencia de la república, el general Díaz continúo implementado la política de conciliación al integrar a su gabinete con todas las fuerzas políticas del país: los lerdistas estaban representados por Manuel Romero Rubio (Secretario de Gobernación), los juaristas con Ignacio Mariscal (Secretario de Relaciones Exteriores), los gonzalistas con Joaquín Baranda (Secretario de Justicia), los imperialistas con Manuel Dublán (Secretario de Hacienda) y los tuxtepecanos con Carlos Pacheco (Secretario de Fomento). Además, se encargó de liquidar políticamente a su compadre Manuel González con el propósito de marginarlo de toda actividad política para restarle peso e importancia como figura nacional de gran arrastre.
La liquidación política comenzó en la Cámara de Diputados cuando un grupo de legisladores argumentó que en la cuenta pública del último año fiscal de la administración gonzalista había faltantes, es decir, la corrupción fue la constante en el gobierno del general González. Esto fue difundido por los periódicos
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