Voto particular a la totalidad del informe






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fecha de publicación02.06.2015
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VOTO PARTICULAR A LA TOTALIDAD DEL INFORME
ANTECEDENTES


  • El 16 de marzo de 2012 el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió presentó en la Cámara la solicitud de creación de la Subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario y de las principales reformas que deberán acometerse para garantizar su sostenibilidad (Número de Expediente 158/7).




  • Pocas semanas después, el 9 de abril de 2012, el Gobierno anunciaba en una nota de prensa un recorte de alrededor de 7.000 millones de euros en sanidad.

El 18 de abril, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad presentó los ejes de la reforma sanitaria anunciada unos días antes.

Y dos días más tarde, el Consejo de Ministros del 20 de abril de 2012, aprobó el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.


  • Este Real Decreto-ley, que se publicó en el BOE el 24 de abril y fue modificado posteriormente con una amplia corrección de errores en el BOE del 15 de mayo de 2012, supone un cambio radical en la esencia del modelo y la ruptura del consenso que existía hasta entonces sobre la configuración de nuestro Sistema Nacional de Salud.

En primer lugar, se pasa de un sistema de derechos a un sistema de aseguramiento. Es decir, se deja en el aire la plena universalización de la gratuidad en la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos aprobada por unanimidad tan solo unos meses antes, en octubre de 2011 con la Ley General de Salud Pública. Así se excluye a colectivos de ciudadanos españoles y a los inmigrantes sin papeles del acceso a la atención sanitaria. Con ello el sistema sanitario pierde su característica fundamental de universalidad.

En segundo lugar, las medidas adoptadas suponen un cambio de modelo porque permiten establecer el copago sanitario en algunos servicios y prestaciones, introduciendo un cambio cualitativo de enorme magnitud en el modelo de acceso tanto a los fármacos como a los servicios, lo que puede generar inequidad y desigualdad entre ciudadanos.

En tercer lugar, prevé la exclusión de la financiación pública de algunos medicamentos. También modifica la aportación reducida a los enfermos crónicos incrementando el coste de los medicamentos para estos enfermos, lo que castiga de nuevo a los más vulnerables; de igual modo extiende el copago a los pensionistas.


  • Durante el debate en la Comisión de Sanidad, el 8 de mayo de 2012, sobre la creación de dicha Subcomisión, el Grupo Parlamentario Socialista ya advirtió de la casi imposibilidad de conseguir un pacto por la sanidad tras la decisión del Gobierno de cambiar el modelo sanitario por real decreto-ley, sin ningún tipo de diálogo.

No obstante, el Grupo Parlamentario Socialista, antes de cerrar la puerta al diálogo, exigió al Gobierno que tramitase el Real Decreto-ley como proyecto de ley para permitir un debate en profundidad y, como gesto de buena voluntad, apoyó la iniciativa de creación de la Subcomisión.

Igualmente, el Grupo Parlamentario Socialista en el debate insistió en que nuestro sistema público de salud es viable y sostenible, aun en estos tiempos difíciles, sin recortes en prestaciones, ni en la calidad de la asistencia y sin necesidad de introducir nuevos copagos. Es decir, señalando la posición del Grupo Parlamentario Socialista a favor de adoptar las reformas necesarias sin alterar la naturaleza fundamental del sistema, consensuado durante los últimos 25 años por todas las fuerzas políticas, profesionales sanitarios, pacientes y la ciudadanía en general.


  • Pocos días más tarde, el 17 de mayo de 2012, tuvo lugar el debate de convalidación del Real Decreto-ley 16/2012 en el Pleno del Congreso. El Grupo Parlamentario Socialista votó en contra, al oponerse rotundamente a las medidas planteadas, y pidió su tramitación como proyecto de ley, ofreciendo diálogo al Gobierno. Sin embargo, el Grupo Parlamentario Popular no atendió esta última petición.




  • Casi un mes más tarde, el 14 de junio de 2012, tuvo lugar en el Pleno el debate sobre la creación de la subcomisión. De nuevo, el Grupo Parlamentario Socialista apoyó la iniciativa manifestando una voluntad expresa de diálogo con el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno y de llegar a acuerdos que pudieran modificar algunos aspectos del Real Decreto-ley 16/2012, aunque señaló también su escepticismo.




  • El 1 de julio de 2012 entró en vigor el nuevo copago farmacéutico. Unas semanas más tarde, se publicó en el BOE el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, y la Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a la actualización de la lista de medicamentos que quedan excluidos de la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud.


Es decir, al margen y sin conocimiento de la subcomisión, y sin ni siquiera atender a las múltiples solicitudes de comparecencia de la Ministra de Sanidad realizadas por el Grupo Parlamentario Socialista y otros, el Gobierno adoptó las siguientes medidas:

- Copago

- Exclusión de colectivos de españoles y de inmigrantes en situación irregular.

- Medicamentazo


  • Por todas las razones expuestas, el 19 de septiembre de 2012 el Grupo Parlamentario Socialista abandonó la subcomisión por la imposibilidad de seguir dando cobertura política a la estrategia del Grupo Parlamentario Popular de desmantelamiento del sistema sanitario público. Aun así, el Grupo Parlamentario Socialista dejó la puerta abierta a la posibilidad de recomponer esa situación si el Gobierno accedía a recuperar la universalidad del Sistema Nacional de Salud.


A lo largo de esta legislatura han sido numerosas las iniciativas parlamentarias del Grupo Socialista en esta dirección, especialmente, la Proposición de Ley de universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública, que se debatió en el Pleno del Congreso de los Diputados el 27 de noviembre de 2012. De nuevo, el Grupo Parlamentario Popular votó en contra de la tramitación de esta Proposición de Ley impidiendo un debate parlamentario en profundidad y cerrando, una vez más, la puerta al diálogo.


  • En definitiva, a lo largo de estos meses, a pesar de la disposición al diálogo del Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno no ha sido capaz de liderar ningún acuerdo. Todo lo contrario, ha tomado decisiones unilateralmente -muchas de ellas recurridas ante el Tribunal Constitucional-, sin debate ni transparencia, en contra de los pilares fundamentales que han definido nuestro Sistema Nacional de Salud. En contra de los actores implicados.




  • No obstante lo anterior, prueba de nuestra disposición al diálogo es la aportación al Informe de la subcomisión de nuestras propuestas de conclusiones, instrumentadas a través de este voto particular





CONCLUSIONES
El Sistema Nacional de Salud ha de ser de cobertura universal, aseguramiento público, financiación pública por impuestos y su provisión debe llevarse a cabo plenamente de acuerdo con los principios y criterios establecidos en la Ley General de Sanidad de 1986, en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 y en la Ley General de Salud Pública de 2011.
Se debe basar en principios de calidad, innovación, cohesión, equidad, lucha contra las desigualdades en salud y sostenibilidad.
Su orientación hacia la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, así como un fuerte fundamento en la atención primaria de salud, son factores clave para asegurar la protección de la salud que requiere la sociedad española.
Junto a ello, la capacidad demostrada por el sistema para incorporar las innovaciones científicas más eficaces en la práctica clínica ha permitido ofrecer una cartera de servicios de gran calidad que habrá que actualizar de manera continua en base a la evidencia científica y a criterios de coste-efectividad haciéndola accesible en condiciones de igualdad efectiva a todos los ciudadanos con independencia del lugar en el que residan.
Al mismo tiempo, la descentralización de la gestión de los servicios de salud a las Comunidades Autónomas ha desempeñado un papel clave para hacer más cercano el acceso a las prestaciones y a los servicios y ganar en eficacia y equidad.
El sistema sanitario español es un sector muy dinámico, que da empleo a un gran número de profesionales, con un importante efecto económico generador de externalidades positivas en el ámbito del empleo, la I+D+i entre otros.
No obstante, el sistema sanitario público afronta una serie de retos que es preciso abordar en el corto y en el medio plazo para garantizar su sostenibilidad y sus características de accesibilidad, universalidad, equidad, cohesión y excelencia.
Conscientes de que el sistema sanitario público es un patrimonio común que debe ser preservado, las partes se comprometen a trabajar para que estos problemas puedan ser superados con la colaboración de todos: grupos parlamentarios, profesionales, pacientes, usuarios, sindicatos, empresas, gestores y administraciones sanitarias.
El Grupo Parlamentario Socialista propone impulsar y desarrollar un Pacto por la Sanidad y promover los cambios legislativos que, en su caso, fuesen necesarios para modernizar y consolidar un modelo de sistema nacional de salud capaz de adaptarse, con las reformas precisas, a las necesidades derivadas de los desafíos demográficos, asistenciales, tecnológicos y financieros a los que se enfrenta el sistema sanitario español.
Todo ello con pleno respeto al marco competencial establecido en la Constitución de 1978 y en los respectivos Estatutos de Autonomía.
En particular, y con carácter inmediato, el Grupo Parlamentario Socialista se compromete a trabajar conjuntamente con el resto de grupos parlamentarios para:
1.- Considerar titulares de los derechos de protección a la salud y a la atención sanitaria a todos los ciudadanos derogando el Real Decreto-ley 16/2012 y promoviendo las medidas normativas necesarias para ello y así alcanzar la plena universalidad y el derecho subjetivo de ciudadanía en el acceso a los servicios sanitarios públicos.
2.- Definir un nuevo modelo de financiación que asigne los recursos necesarios para asegurar la suficiencia, la equidad y la cohesión territorial del sistema sanitario público destinando los recursos adicionales con carácter finalista a la sanidad.
3.- Garantizar la naturaleza pública de la financiación del Sistema Nacional de Salud y la calidad asistencial necesaria, asegurando el respeto de los derechos de los pacientes en todos los casos. Se procederá a la derogación de la Ley 15/97 y se desarrollará una nueva normativa que asegure la naturaleza pública de la gestión y provisión de la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud. En caso de conciertos con medios ajenos, modo de gestión que tendrá siempre carácter complementario, se cumplirán los requisitos y los estándares de calidad que determinen las Administraciones Sanitarias, las cuales establecerán en todo caso los necesarios procedimientos de control público, velando siempre por la optimización de los recursos sanitarios propios. La calidad será objeto de evaluación en base a los resultados en salud.
4.- Modificar el actual sistema de copago de tal forma que amplíe las exenciones actuales a los pensionistas y pacientes crónicos o con patologías graves y enfermedades raras. Asimismo deberá quedar exenta de copago la prestación farmacéutica hospitalaria ambulatoria.
5.- Establecer y desarrollar medidas y procedimientos que faciliten una eficiente coordinación entre los servicios sanitarios y sociales, que haga posible una atención sociosanitaria integral, de calidad y sostenible para todo el territorio nacional, tomando como referencia las experiencias autonómicas y las propuestas contenidas en el Libro Blanco de la coordinación socio sanitaria elaborado por el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas en diciembre de 2011.
6.- Establecer, con el conjunto de Comunidades Autónomas, un sistema de evaluación de las tecnologías sanitarias que contribuya a orientar la toma de decisiones sobre nuevas prestaciones y servicios en base a criterios de financiación selectiva considerando, entre otros, criterios de evidencia científica y coste-efectividad. A tal efecto se contará con el apoyo de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, siendo aquella la base para un futuro Instituto Nacional con una orientación similar al NICE británico.
7.- Revisar la organización de los servicios de salud para orientarlos a las necesidades de los pacientes y de manera especial a las necesidades de los pacientes crónicos. Desarrollar mecanismos que permitan la participación profesional en el contexto de impulso a la autonomía y descentralización de la gestión, la potenciación de la calidad asistencial en el marco de la gestión clínica y la aplicación de la mejor evidencia disponible.
8.- Consolidar como elemento básico del Sistema Nacional de Salud los equipos de Atención Primera donde se ofrezca una asistencia integral, sanitaria y social -aguda, crónica y preventiva- haciendo protagonistas de la resolución y la gestión –eficaz y eficiente- de esa atención a los Especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria, Enfermería y Trabajadores sociales.

Desarrollar para ello el registro electrónico y la digitalización necesaria para la correcta comunicación recíproca entre los EAP y los servicios de hospital, a lo largo de todo el territorio del Sistema Nacional de Salud.
9.- Desarrollar un nuevo marco estratégico que potencie la atención a la salud mental comunitaria en el Sistema Nacional de Salud.
10.- Mejorar los espacios de colaboración y de participación de los pacientes y de sus asociaciones así como de los agentes sociales del sector en la orientación y prioridades del sistema sanitario.
11.- Mejorar el acceso de la ciudadanía a la información disponible en un sistema de información común con indicadores que ofrezcan transparencia a los resultados de salud del Sistema Nacional de Salud. Promover que la ciudadanía conozca y asuma sus deberes cívicos en el cuidado de su propia salud y en el uso responsable de los servicios sanitarios mediante, entre otras, estrategias educativas.
12.- Definir un procedimiento de planificación de necesidades de recursos humanos para asegurar su adecuada disponibilidad en términos cuantitativos y cualitativos, fomentar un modelo retributivo y de incentivos común para su desarrollo profesional y respaldar su reconocimiento social.
13.- Impulsar el desarrollo de la Ley General de Salud Pública, apostando por la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud y, en especial, la vacunación incluida en el calendario acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la educación sanitaria y los hábitos alimentarios saludables, y los problemas en materia de obesidad, drogas, salud sexual y reproductiva, entre otras prioridades.
14.- Fortalecer la posición política de España en materia sanitaria en el seno de la UE, estableciendo vías para que, en el ámbito parlamentario, se pueda alcanzar una posición común para facilitar el desarrollo y la aplicación de directivas.
15.- Definir medidas, incluidas las de carácter normativo, que permitan el fortalecimiento de la capacidad de coordinación y de cohesión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, dotando de mayor protagonismo a las Comunidades Autónomas, y de las políticas e instrumentos para la cohesión sanitaria.
16.- Promover un plan estratégico que, entre otros aspectos, contemple el impulso de la investigación biomédica así como criterios y procedimientos para la incorporación de la innovación a la cartera de servicios junto a una política de control de gasto y el impulso de los medicamentos genéricos y medicamentos fuera de patente, asegurando la calidad de la prestación farmacéutica.
17.- Reforzar la calidad asistencial y la viabilidad del modelo de oficina de farmacia con especial énfasis en el apoyo a la farmacia rural.
18.- Agilizar la puesta en marcha del mecanismo de compensación económica por atención a pacientes entre Comunidades Autónomas, aplicándose de forma retroactiva con fecha 1 de enero de 2013 para garantizar la compensación de los costes de atención a desplazados de todo el año en curso. Así como introducir un sistema de gestión de derivación de pacientes aplicable y de utilización obligatoria que permita compensar la totalidad de los costes de la atención sanitaria a pacientes de otras comunidades autónomas sin cargo alguno para el ciudadano.
19.- Reformar el Fondo de Cohesión Sanitaria para contemplar nuevas finalidades que permitan reforzar su utilidad como herramienta para impulsar políticas comunes de cohesión en el Sistema Nacional de Salud.
20.- Prever la constitución en el Congreso de los Diputados de una Comisión, similar a la del Pacto de Toledo para las pensiones, que permita en el futuro acordar recomendaciones y debatir medidas que contribuyan a la equidad, la eficiencia y la calidad del Sistema Nacional de Salud, en función de las nuevas necesidades sanitarias, la promoción de la salud y de la evolución del contexto tecnológico, económico y social de España.
A estos mismos efectos, dicha Comisión convocará periódicamente a los agentes sociales, económicos y profesionales para conocer el contenido y alcance de los acuerdos que, en su caso, se alcancen entre ellos, así como las iniciativas y propuestas que formulen para fortalecer el derecho a la protección de la salud y para mejorar el funcionamiento del sistema sanitario público.



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