Resumen: Las tecnologías de la información y las comunicaciones juegan hoy en día un rol trascendental en nuestra sociedad, influenciando cada día más aspectos de nuestra vida diaria.






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Principios de la Ley 1341 de 2009.



La Ley 1341 de 2009, emulando la Ley 142 de 1994, estableció unos principios propios para su aplicación, los cuales deben ser mirados en su los cuales deben mirarse en conjunto con el objeto de la misma, a fin de poder con la finalidad de obtener una adecuada dar la correcta interpretación y ejecución a de sus disposiciones.
 “Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente Ley determina el marco general para la formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección al usuario, así como lo concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, así como las potestades del Estado en relación con la planeación, la gestión, la administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y vigilancia del mismo y facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la Información.”
Todos los conceptos contenidos en el objeto son interdependientes uno de los otros; esta circunstancia obliga a que, motivo por el cual en la expedición de en la expedición de la regulación sobre algún tema siempre se deben tener presente que no se afecteaféctela no afectación de los fines perseguidos por los otros principios consagrados y se debe por el contrario buscar iluminar cada concepto con otro con el fin de generar un desarrollo armónico de la Ley.
El artículo 2 de la Ley establece los principios orientadores de la misma, los cuales son:


  • Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Este principio impone en cabeza de las entidades estatales, en desarrollo de la colaboración armónica consagrada en la Constitución, el deber de priorizar el acceso y uso de las TIC en la producción de bienes y servicios en condiciones no discriminatorias en la conectividad, la educación, los contenidos, y la competitividad. Este principio debe verse reflejado en las políticas que establezcan las entidades estáteles tanto de planeación, como de ejecución de obras y prestación de servicios, y en el ejercicio de las facultades legales que se les otorguen, como por ejemplo la vigilancia control, y supervisión. Así mismo, se establece que la prioridad es generar la llamada alfabetización digital y apropiación de las TIC en la población, elemento esencial para permitir el desarrollo del sector.




  • Libre Competencia: A partir del principio anterior es posible afirmar que la prioridad de la Ley 1341 de 2009 son los usuarios como objeto final de todas las políticas. Por lo cual en desarrollo de lo anterior se consagra como segundo principio la Libre Competencia. Este principio es un desarrollo del postulado del artículo 333 de la Constitución bajo los parámetros propios del sector de las TIC en los siguientes términos:


Artículo 2. Principios Orientadores.

2. La Libre Competencia. El Estado propiciará escenarios de libre y leal competencia que incentiven la inversión actual y futura en el sector de las TIC y que permitan la concurrencia al mercado, con observancia del régimen de competencia, bajo precios de mercado y en condiciones de igualdad.”
Este principio es un parámetro al cual deberá ajustarse tanto la regulación Ex Ante que expide la CRC, como las investigaciones por prácticas restrictivas de la competencia, en tanto uno de los límites de la intervención será que esta no debe afectar los incentivos a la inversión actual y futura en el sector de las TIC.


  • Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos: La Ley 1341 de 2009 entiende que la eficiencia en el sector es un pilar para promocionar la competencia y además para garantizar el acceso y uso de las TIC por parte de toda la población. Por otra parte podremos afirmar que existe un uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos cuando estos estén plenamente empleados y generen el mayor número de beneficios en la población posible.


En desarrollo del derecho a la propiedad y la libertad de empresa, este principio determina de forma más clara cuales son los límites de la intervención del Estado en la actividad de los agentes de mercado. Como se puede ver se prima en , privilegia la calidad de los servicios sobre la cobertura, sin relegarla esta a un puesto secundario, ya que como vimos es el primer principio de la Ley, sin embargo este no podrá lograrse en sacrificio de la calidad de los servicios.


  • Protección de los derechos de los usuarios. El principio parte de la protección a los derechos de los usuarios desde una concepción tradicional de las normas, tal y como están contenidas en la Resolución 3066 de 2011. Sin embargo dentro de este principio también entiende que la protección de los derechos de los usuarios se defienden a través de la promoción de la competencia, específicamente a través de “precios de mercado y utilidad razonable” y en desarrollo de los principios de transparencia y publicidad de la información de los operadores.




  • Promoción de la Inversión. Este es un principio que busca la que se proteja protección de la inversión destinada al desarrollo de las TIC. Bajo ese entendido, todos los proveedores de redes y servicios tiene igualdad de oportunidad para acceder al uso del espectro,. Esto ya se encontraba plasmado en el artículo 75 de la Constitución, sin embargo este principio debe verse analizarse en complemento con los anteriores que protegen la remuneración de las redes y los servicios.




  • Neutralidad Tecnológica. La neutralidad tecnológica es el derecho de libre adopción de tecnologías que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones, y garantizar la libre y leal competencia, en el marco de un desarrollo ambiental sostenible. El tema de la neutralidad tecnológica es sumamente importante, por cuanto los proveedores de redes deben garantizar que sus redes sean interfuncionales con las deferentes tecnologías, y permitan la adecuada prestación de los servicios de forma tal que la tecnología que se adopte no sea una barrera de acceso a los mercados. Así mismo establece un deber de solidaridad por parte del Estado, en tanto este deberá propiciar porque todos los agentes de mercado que prestan servicios evolucionen hacia las mismas tecnologías con el fin de incentivar la competencia entre las mismas. Un ejemplo de estos es el fomento a la implementación y migración de los operadores a las redes de nueva generación por parte del Estado.30




  • El derecho a las comunicaciones, la información y la educación y los servicios básicos de las TIC. Todos los principios anteriores están dirigidos a generar los medios adecuados para que el Estado a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pueda garantizar los siguientes derechos: La libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Así mismo en desarrollo del derecho a la igualdad de oportunidades y a una vida digna, el Estado deberá establecer programas enfocados a las poblaciones más vulnerables con el fin que estas puedan efectivamente acceder a las TIC.




    1. PRINCIPIOS DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LAS TIC.


Como habíamos señalado con anterioridad, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional el Estado al intervenir la economía debe realizarlo siempre observando los principios establecidos por la jurisprudencia constitucional.31
En consecuencia, la intervención del Estado en la economía: (i) Debe llevarse a cabo por mandato de la Ley32; (ii) No puede afectar el núcleo esencial de la libertad de empresa33; (iii) Debe obedecer a motivos adecuados y suficientes que justifiquen la limitación de la referida garantía34; (iv) Debe obedecer al principio de solidaridad35; y (v) Debe responder a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad36.
El artículo 4 de la Ley 1341 de 2009 estableció unos fines propios de intervención del Estado en el sector de las TIC, estos principios marcan los lineamientos para el ejercicio de las facultades otorgadas a los diferentes órganos de regulación, vigilancia y control de sector, los cuales deberán aplicar en desarrollo de sus actividades. Bajo ese entendido el test de proporcionalidad y razonabilidad deberá remitirse a estos principios cuando exista duda sobre la constitucionalidad o legalidad de la intervención del Estado.
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