Resumen: Las tecnologías de la información y las comunicaciones juegan hoy en día un rol trascendental en nuestra sociedad, influenciando cada día más aspectos de nuestra vida diaria.






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LAS TIC Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

  1. La concepción del servicio público en la Constitución de 1991.



El artículo 365 de la Constitución estableció una nueva concepción de servicio público en Colombia, con la intención de dotar al país con la estructura propia de un Estado moderno. Esta tipo estructura permite que los particulares sean quienes presenten los servicios públicos bajo la vigilancia y reglamentación establecida por la Ley y sus reglamentos, figura que fue desarrollada principalmente por la Ley 142 de 1994.
La apertura a la competencia en los servicios públicos fue considerada como uno de los aspectos más importantes que introdujo la Constitución de 1991, y ha traído innumerables beneficios en cobertura, calidad y niveles de prestación de los mismos.
El sector de las telecomunicaciones no ha sido ajeno a este desarrollo, y ha sufrido varias transformaciones en los diferentes mercados que lo componen. El desarrollo en los servicios públicos de comunicaciones merece un especial análisis en tanto la competencia puede resultar bastante importante en términos de eficiencia estática (precios-costos) y eficiencia dinámica (nuevos servicios, innovaciones, servicio al cliente, servicios complementarios y post-venta, etc).
Así mismo, no puede perderse de vista que el artículo 333 de la Constitución estableció un sistema económico que ha sido denominado como una economía social de mercado. Lo anterior se traduce en una economía que se rige por los principios de liberales de la economía, acentuados por una intervención del Estado para evitar que se atente contra la libre competencia y cuando la prevalencia del interés general así lo amerite. Como regla general, se establece una intervención ex post en la economía, con lo cual se dejó los mercados libres de regulación, con el fin de permitir que estén sujetos al libre juego de la oferta y la demanda11.
Sin embargo, como mencionamos, la concepción de servicio público en Colombia, se encuentra consagrada en el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la Ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante Ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha Ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.”
Partiendo de lo establecido en la norma constitucional y del análisis realizado por la jurisprudencia constitucional12, se puede afirmar que la prestación de los servicios públicos en condiciones de eficiencia y calidad a los ciudadanos no es solo un mero deber. Esta actividad es la manifestación de la razón de ser del Estado, por cuanto este nace del pacto social que realizan los ciudadanos para que se atiendan las necesidades que surgen de la vida en comunidad y se atienda los intereses públicos.
Y respecto de las condiciones de los mercados de los servicios públicos, se ha previsto que se debe promover la competencia en los mismos. Esta decisión no obedece a una línea de pensamiento económico o político, sino que parte del postulado económico que predica que por regla general la mayor eficiencia para los consumidores/usuarios se alcanza en los mercados en competencia13, lo cual está en línea con los postulados políticos que buscan el bienestar de los consumidores.

      1. Las TIC y los servicios públicos.



En el sector de las telecomunicaciones la liberalización de la prestación del servicio se realizó antes de la promulgación de la Constitución de 1991, mediante la expedición del Decreto 1900 de 1990. Este norma se expidió con base en las facultades excepcionales otorgadas por la Ley 72 de 1989, con el fin de que fijara las funciones del entonces Ministerio de las Comunicaciones y su estructura interna, pero más importante aún, se otorgaron facultades presidenciales facultó la presidente para Dictar las disposiciones necesarias para la conveniente y efectiva descentralización y desconcentración de sus servicios y funciones” abriendo de esta manera el espacio para la descentralización por colaboración.
Paralelo a lo anterior, con la expedición de la Constitución de 1991, se produce una primera ruptura en el sector, en razón a que por cuanto se otorgó a la Comisión Nacional de Televisión órgano que es autónomo del poder ejecutivo, en los términos de los artículo 76 y 77 de la carta, la facultad de regular los temas de acceso y contenido en materia de televisión.
Esta división va en contravía de la tendencia hacia la convergencia14 que es lacomo la característica más visible del sector de las telecomunicaciones, lo cual acarrea grandes problemas administrativos, como es la igualdad de en el trato, la formulación de políticas sectoriales, los desarrollos y proyectos de investigación, entre otros que han colaborado con el atraso que muestra el sector en Colombia.
Así mismo, a partir de la Constitución de 1991 se genera una segunda división en el sector dedos grandes categorías en las telecomunicaciones, al clasificarlos en dos categorías los servicios públicos, domiciliarios y no domiciliariosen servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios. Los servicios públicos domiciliarios se caracterizan por: (i) eEstar dirigidos a satisfacer necesidades, (ii) sSu consumo mínimo es necesario requerido para atender las necesidades básicas inherentes a la persona, (iii) tTiene una naturaleza homogénea y masiva, (iv) sSe prestan a través de elementos físicos15.
Por el contrario, no son servicios públicos domiciliarios aquellos que no persigan dicha finalidad. Con base en lo anterior dentro de la primera categoría se incluyeron los servicios de telefonía pública básica conmutada, la telefonía móvil rural y los servicios complementarios a estos servicios. Por otra parte en la segunda categoría se incluyeron los servicios de telefonía móvil celular, los servicios de valor agregado y complementarios.
Esta división fue el parámetro que rigió por casi veinte años el desarrollo de la regulación en el sector de las telecomunicaciones, generandogenerándose una regulación dispersa por servicios, como lo cual se puede ver observar con la expedición de la Ley 37 de 1993 para telefonía móvil celular ,Ley 142 de 1994, Ley 286 de 1996, la Ley 555 de 1999 para PCS, la Ley 689 de 2001, la Ley 37 de 1993 para telefonía móvil celular, la Ley 555 de 1999 para PCS y,, los Decretos Reglamentarios sobre servicios de valor agregado y el acceso troncalizado.
Pronto se vioSurge entonces la necesidad de cambiar esta concepción y pasar avanzar a una regulación por mercados, como consecuencia del . Con el crecimiento de la convergencia y la disolución de las barreras tecnológicas para prestar los servicios, por ejemplo la telefonía a través de fibra óptica y los servicios de televisión a través de los pares de cobre usados para la telefonía pública básica conmutada. se ve la necesidad de pasar a una aproximación en la regulación de los servicios públicos, lo cual se analizará más adelante.
En línea con lo anterior, actualmenteEn la actualidad se viveexiste una tendencia hacia la unificación de la regulación como respuesta al fenómeno de la convergencia, y a la necesidad de aunar las políticas sobre los servicios, incluido el servicio público de televisión.

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