República de Colombia Casación sistema acusatorio inadmite N° 34. 091 F corte Suprema de Justicia






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República de Colombia

Casación sistema acusatorio inadmite N° 34.091

F
Corte Suprema de Justicia
eliciano Gómez Silva.

Proceso n.º 34091

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado ponente:

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO


Aprobado Acta N° 078
Bogotá, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil once (2011).
Se procede a resolver sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por el defensor de Feliciano Gómez Silva contra la sentencia de segundo grado proferida por el Tribunal Superior de Cúcuta que confirmó la dictada por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de esa ciudad, mediante la cual se le condenó como autor del delito de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL:

1.- Los primeros fueron tratados en la sentencia impugnada, de la siguiente manera:
La doctora Martha Teresa Jaimes Galvis, Defensora de Familia, elevó denuncia penal señalando que el día 25 de octubre de 2008 se hizo presente en su oficina la niña K.Y.C. de once años de edad, quien le contó que su padrastro Feliciano Gómez Silva desde el año 2007 la venía manipulando sexualmente, aprovechaba cuando su señora madre Sonia Casanova se iba de madrugada a trabajar a Cenabastos, y la pasaba a la cama, le quitaba la ropa, le restregaba el pene, la obligaba a que le hiciera sexo oral, la besaba en la boca, eyaculaba en sus genitales. Aseguró la menor que esa conducta la había desarrollado varias veces y que la última vez fue en septiembre de 2008, razón por la cual la niña decidió contarle a la sicóloga de la escuela y ésta llamó a la madre de ella señora Sonia Casanova.
2.- El 26 de mayo de 2009 en el Juzgado Noveno Penal Municipal de Cúcuta con funciones de control de garantías, se llevó a cabo la diligencia de formulación de la imputación e imposición de medida de aseguramiento por el delito de acceso carnal violento agravado conforme artículo 211 numeral 4° de la Ley 599 de 2000 en concurso homogéneo y sucesivo.
3.- El 2 de julio de ese año ante el Juzgado Sexto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de esa ciudad se realizó la audiencia de formulación de acusación por la conducta punible referida.
4.- Realizado el juicio oral el 19 de octubre de 2009, ese despacho condenó a Feliciano Gómez Silva a las penas de doscientos sesenta y cuatro (264) meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de quince (15) años, y le negó el subrogado de la suspensión condicional de ejecución de la pena como autor del comportamiento punible por el que se le convocó a juicio oral.
5.- La anterior decisión fue apelada por el defensor de Gómez Silva, y el 19 de enero de 2010 el Tribunal de Cúcuta la confirmó, fallo que fue objeto del recurso extraordinario de casación por parte de aquél.

LA DEMANDA:
En el cargo único el demandante acusó a la sentencia de segundo grado de incurrir en error de hecho derivado de manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se fundó la sentencia.
Adujo que la defensa de Gómez Silva en el juicio oral como en la sustentación de la apelación del fallo de primer grado, apoyó la “argumentación valorativa de la prueba” en los estudios de un “científico de la Universidad Nacional” referido a la credibilidad que se debe otorgar a los menores que son objeto de agresión sexual, el cual no fue tenido en cuenta por el ad quem.
Afirmó que de acuerdo con ese documento y con las reglas de la sana crítica, en el testimonio de os menores no existe verdad absoluta, y que en “no pocas ocasiones manipulan al interlocutor” así éstos tengan conocimientos o estudios avanzados.
Consideró que el análisis de las pruebas, incluido el testimonio de la menor quien se retractó, demandaba motivaciones razonables las cuales no se dieron por parte de los jueces de instancia quienes se limitaron a otorgar credibilidad a “ciertas circunstancias modales” consignadas en medios de convicción, pero sin llegar a conclusiones ciertas, y que a favor de aquél se debió aplicar el postulado del in dubio pro reo.
Por lo anterior, solicitó a la Sala casar la sentencia y en su lugar proferir la de reemplazo de carácter absolutorio.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

1.- El recurso extraordinario de casación se entiende como un control de constitucionalidad y legalidad de las sentencias que se efectúa sobre los fallos proferidos en segundo grado. Si bien es cierto, el instituto no obedece a fórmulas rígidas de debida técnica, las impugnaciones deben presentarse como argumentos lógicos y sustanciales desde luego sólidos a fin de romper de forma total o parcial las decisiones de instancia.
Debe resaltarse que la ausencia de formalidades no traduce que la casación penal se convierta en una tercera instancia, ni que la demanda pueda ser utilizada para prolongar en libre discurso los debates dados en la investigación o en el juzgamiento sobre un presunto error de hecho derivado de falso juicio de existencia al omitir valor un “estudio técnico” elaborado por un científico de la Universidad Nacional, desconocimiento de reglas de la sana crítica, ausencia de motivación de los fallos de primero y segundo grado y falta de aplicación del in dubio pro reo, aspectos que de manera por demás enunciativa y sin trascendencia se formularon en la demanda.
En este espacio de impugnación extraordinaria a efecto de la prosperidad de los cargos se requieren argumentos sólidos que a sui vez sean lógicos, jurídicos y contundentes en la finalidad de demostrar con trascendencia sustancial que la declaración de justicia objeto de censura, la cual llega a esta sede amparada por el principio de la doble presunción de acierto, legalidad y constitucionalidad, se fundó en errores de hecho o de derecho manifiestos o se profirió al interior de un juicio viciado por irregularidades que afectaron la estructura básica del debido proceso o las garantías de los intervinientes, equívocos diferenciados en sus alcances que reclaman los correspondientes controles legales o constitucionales y los necesarios correctivos.
2.- En lo que corresponde a los requerimientos que debe cumplir la demanda con la que se sustenta la impugnación extraordinaria, se ha señalado que si bien el nuevo estatuto procesal no enumeró las exigencias que debe cumplir la misma como en efecto lo hacía el anterior artículo 212 de la Ley 600 de 2000, se observa que de los artículos 183 y 184 de la Ley 906 de 2004 se derivan las siguientes:
(i).- Señalar de manera precisa y no entremezclada las causales invocadas, (ii).- Desarrollar los cargos, expresando sus fundamentos y ofrecer una sustentación que sea suficiente para socavar lo decidido en las instancias, y, (iii).- Demostrar que el fallo es necesario para cumplir algunas de las finalidades del recurso.
Lo anterior porque en correspondencia con lo establecido en el 184 inciso 2°, no será seleccionada la demanda que se encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos:
(i).- Si el demandante carece de interés jurídico.

(ii).- Prescinde de señalar la causal.

(iii).- No desarrolla los cargos de sustentación, y

(iv).- Cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir algunas de las finalidades del recurso.
3.- Las siguientes son las falencias que se advierten en la impugnación presentada por el defensor de Gómez Silva.
3.1.- Tratándose de una demanda de casación presentada contra una sentencia que corresponda al sistema acusatorio, la Sala ha precisado de manera reiterada que el censor debe orientar lo acusado en la finalidad de demostrar con trascendencia argumentativa que en el trámite instrumental o en el fallo de segundo grado se afectaron principios, derechos o garantías fundamentales de incidencia sustancial o procesal, para lo cual deberá invocar la causal de que se trate para el caso señalándola de manera singular, e indicar las razones con las cuales estima se ha materializado la modalidad de error o violación , sin olvidar referir, así sea de manera puntual, cuál de los fines consagrados para la casación en los términos del artículo 180 ejusdem amerita necesaria la intervención de la Corte, valga decir, si se hace indispensable para lograr la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a ellos, o lo relativo a la unificación de la jurisprudencia.
Como la casación penal es rogada y por esencia constituye un juicio objetivo y lógico-jurídico de confrontación con el que se pretende la ruptura sustancial total o aminorada o la invalidación procesal que se eleva contra las sentencias objeto de control de constitucionalidad y legalidad, resulta de utilidad metodológica que el impugnante acoja los lineamientos dados por la jurisprudencia de la Sala Penal los cuales poseen valor normativo y fuerza vinculante en los términos de la Sentencia C-836 de 2001, para de esa forma adentrarse en esta sede extraordinaria en el desarrollo y sustentación de los diferentes motivos de casación consagrados en el artículo 181 ibídem, pautas que como eslabones necesarios constituyen un conjunto de directrices orientados a conseguir que el casacionista argumente los objetos de censura de acuerdo con unos dictados suficientes que sean lógicos y coherentes, más no enunciativos y sin trascendencia como aquí ha ocurrido.
3.2. Respecto de los fines de la casación del artículo 180 de la Ley 906 de 2004, el impugnante no dijo nada acerca de si la demanda estaba orientada a lograr la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a éstos, o la necesidad de a unificación de la jurisprudencia, omisión que de por sí daría lugar a la inadmisión de la misma.
No obstante, en el desarrollo del cargo único acusó que el Tribunal incurrió en error de hecho derivado de falso juicio de existencia al omitir valorar un “estudio técnico” elaborado por un científico de la Universidad Nacional con el cual apoyó sus argumentos, desconocer reglas de la sana crítica, ausencia de motivación de la sentencia y falta de aplicación del in dubio pro reo, de lo cual se puede inferir que el libelo se presentó en búsqueda de la efectividad del derecho material y respeto del postulado de motivación de la sentencia, acusación sobre la que debe decirse desde ahora se inadmitirá pues lo así censurado y ocurrido no constituye ningún vicio sustancial.

3.3.- En el cargo único desacierta el censor al acusar que el Tribunal incurrió en error de hecho derivado de falso juicio de existencia al omitir valorar un estudio técnico elaborado por un profesional de la Universidad referida con el cual apoyó sus argumentos defensivos.

El vicio in indicando referido, cuya incursión de manera equívoca anunció el demandante, en aras de proyectarse como un juicio lógico-jurídico contundente con la potencialidad de socavar en forma total o parcial lo sustancialmente decidido, comporta una singular metodología:
(i).- Exige que el censor señale la existencia material del medio de prueba de que se trate.

(ii) Implica que el casacionista en el libelo se detenga en objetivar los contenidos, es decir, en identificar de manera puntual las expresiones contraídas en los mismos, desde luego, referidas a los aspectos sustanciales objeto de discusión que no fueron apreciados por los juzgadores.
(iii).- Además se hace necesario que el impugnante a partir de esos referentes probatorios dejados de valorar en forma total más no fragmentada, pues no hay falsos juicios de existencia por omisiones parciales, demuestre la trascendencia del yerro, de modo que sin su influjo se constate que el fallo se habría producido de manera diferente. Y,
(iv).- La impugnación no puede elevarse de manera equívoca planteando este error referido a estudios o conceptos científicos elaborados por profesionales de alguna especialidad que se aportan para apoyar tesis defensivas como en efecto se hizo en la demanda.
Por el contrario, al tratarse de la omisión valorativa de medios de convicción, corresponde relacionarla con los otros para el caso en concreto valorados, incluidos los juicios de inferencia indiciarios realizados, demostrando en vía de la concreción que con la prueba dejada de valorar al haberse integrado a los restantes, lo decidido no se sostendría y conllevaría unos efectos diferentes, como podrían ser los de exclusión de la adecuación típica, de las formas de participación (autoría, complicidad, etc.), ausencia de la antijuridicidad o de las expresiones de culpabilidad atribuidas, la aplicación del in dubio pro reo, etc., aspectos que harán parte de las indebidas aplicaciones de la ley sustancial de que se trate y además identificar las faltas de aplicación de normas llamadas en forma legal y constitucional a regular el caso, aspectos de los cuales no se ocupó el demandante quien de manera escueta afirmó que de acuerdo con ese estudio y con las reglas de la sana crítica en el testimonio de los menores no existe verdad absoluta, y que en “no pocas ocasiones manipulan al interlocutor” así éstos tengan conocimientos o estudios avanzados, planteamiento solitario que no deja de ser un enunciado sin ninguna trascendencia, máxime cuando fue formulado a la manera de libre discurso.
3.4.- De otra parte, cuando se acusa a un Tribunal de incurrir en error de hecho por desconocer las reglas de la sana crítica, se debe tener en cuenta lo siguiente:
Desde la perspectiva de las exigencias lógico-jurídicas contundentes y sustanciales dirigidas a socavar en forma total o parcial lo resuelto en las instancias, debe insistirse que las impugnaciones que en casación penal se efectúen por la modalidad del error de hecho por falso raciocinio, el cual se materializa por la violación que efectúan los juzgadores a los postulados de la sana crítica, no pueden quedarse en el plano de lo simplemente enunciativo como en este cargo ha ocurrido.
La sana crítica se identifica con los ejercicios de verificabilidad del conocimiento hacia la aprehensión de la verdad, proceso en el que los jueces deben ser respetuosos de las máximas generales de experiencia, leyes de la lógica, de la ciencia y de los criterios técnicos científicos establecidos para valorar un determinado medio de prueba que al ser correctamente aplicadas permiten efectuar inferencias acertadas, llegar a conclusiones y otorgar credibilidad a los distintos medios de convicción habida razón de la verosimilitud de los mismos.
Tratándose de esta clase de censura, es decir, de los errores de hecho derivados de falso raciocinio, corresponde al casacionista no quedarse en meras expresiones pregonando de manera libre y genérica que de acuerdo con las reglas de la sana crítica en el testimonio de los menores no existe “verdad absoluta” y que “son manipuladores”, como fueron las afirmaciones plasmadas por el casacionista.
Por el contrario, se torna obligatorio identificar con puntualidad si la trasgresión se dio de manera específica en una máxima de experiencia, en una ley de la lógica formal o dialéctica, en una ley de la ciencia y determinarla, o en el desconocimiento de algún criterio técnico científico de apreciación probatoria, además penetrar en la incidencia de dichos errores en las disposiciones de fallo, demostrando que de no haber ocurrido dichas falencias valorativas otro habría sido o podido ser el sentido de lo sustancialmente decidido, aspectos estos que en un todo omitió el impugnante, toda vez que para nada se ocupó en demostrar dicho vicio in indicando ni menos en evidenciar su trascendencia en lo resuelto en los fallos de instancia.
3.5- Desacierta el casacionista cuando de manera abreviadas y sin desarrollos pretende atribuir vicios de nulidad a las sentencias de primero y segundo grado, los que radica en una supuesta ausencia de motivación y falta de precisión de las mismas.
Distantes en forma superlativa se hallan los anteriores enunciados de lo que en rigor debe entenderse por carencia de fundamentos con proyección de nulidad en los fallos de instancia. En efecto:
El principio de motivación de las decisiones judiciales desempeña una doble función: (i) endoprocesal: en cuanto permite a las partes conocer el pronunciamiento sirviendo de enlace entre la decisión y la impugnación, a la vez que facilita la revisión por el tribunal ad quem; y (ii) función general o extraprocesal: como condición indispensable de todas las garantías atinentes a las formas propias del juicio, y desde el punto de vista político para garantizar el principio de participación en la administración de justicia, al permitir el control social difuso sobre el ejercicio del poder jurisdiccional1.
El derecho de motivación de la sentencia se constituye en un principio de justicia que existe como garantía fundamental derivada de los postulados del Estado de Derecho, en tanto que el ejercicio jurisdiccional debe ser racional y controlable (principio de transparencia), asegura la imparcialidad del juez y resguarda el principio de legalidad.
Para el cabal ejercicio del derecho de contradicción, se demanda del funcionario judicial la motivación de sus decisiones para conocer debidamente sus argumentos que le sirven de sustento, y así poder con mejor facilidad emprender la tarea de su contradicción bien sea controvirtiendo la prueba que le sirvió de soporte, allegando nuevos elementos de juicio que le desvirtúen o, en últimas, impugnando la providencia correspondiente.
…las decisiones que tome el juez, que resuelven asuntos sustanciales dentro del proceso –v.gr. una sentencia-, deben consignar las razones jurídicas que dan sustento al pronunciamiento; se trata de un principio del que también depende la cabal aplicación del derecho al debido proceso pues, en efecto, si hay alguna justificación en la base de las garantías que reconocen la defensa técnica, el principio de favorabilidad, la presunción de inocencia, el principio de contradicción o el de impugnación –todos reconocidos por el art. 29 Cons. Pol.-, ha de ser precisamente la necesidad de exponer los fundamentos que respaldan cada determinación, la obligación de motivar jurídicamente los pronunciamientos que profiere el funcionario judicial2.
Esta garantía fue prevista en una norma positiva expresa en nuestro ordenamiento constitucional anterior3, ahora el artículo 55 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, impone al juez el deber de hacer referencia a los hechos y asuntos esgrimidos por los sujetos procesales, al igual que lo hacen los artículos 3° de la Ley 600 de 2000 que en cuanto a sus normas rectoras establece que el funcionario judicial “deberá motivar” las medidas que afecten derechos fundamentales de los sujetos procesales, y 170 y 171, como en similares términos lo hacen ahora los artículos 3°, 161 y 162 de la Ley 906 de 2004, pues la providencia judicial no puede ser una simple sumatoria arbitraria de motivos y argumentos, sino que requiere una arquitectura de construcción argumentativa excelsa, principal muestra de lealtad del juez hacia la comunidad y hacia los sujetos procesales.
Configura uno de los pilares fundamentales del Estado Democrático y Social de Derecho, al garantizar que una persona investida de autoridad pública y con el poder del Estado para hacer cumplir sus decisiones, resuelva, de manera responsable, imparcial, independiente, autónoma, ágil, eficiente y eficaz, los conflictos que surjan entre las personas en general, en virtud de los cuales se discute la titularidad y la manera de ejercer un específico derecho, consagrado por el ordenamiento jurídico vigente4,

De manera que puede que sea concebida desde este enfoque como la contrapartida del derecho constitucional del libre acceso a la jurisdicción en virtud del cual todas las personas tienen derecho a obtener tutelar judicial efectiva que concluya con una decisión final motivada, razonable y fundada en el sistema de fuentes (art. 230 Const. Pol.), presentando desde luego pretensiones legítimas pues no resulta suficiente la posibilidad formal de llegar ante los jueces con la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas de los asociados, porque su esencia reside en la certeza que en los estrados judiciales se surtirán los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión5.
Una sana argumentación es la explicación de las razones que conducen a adoptar una determinación y permite el control de la legalidad de la principal manifestación del Poder Judicial propio de todo Estado Democrático. Así se somete la providencia al escrutinio de los sujetos procesales y de la sociedad pues si bien el pronunciamiento jurisdiccional tiene un efecto inter-partes, también concita el interés general, amén del fin pedagógico que demuestra y persuade que se trata esa de la mejor solución posible, no la expresión cruda del ejercicio de una competencia sino el caro fruto de la lógica y la razón. Desde otra perspectiva, la respuesta judicial genera un elemento de estudio y doctrina para casos similares, creando jurisprudencia y una fuente de Derecho auxiliar.
La sentencia judicial es un acto de comunicación del Estado con la sociedad, en ella se da cuenta de cómo se ejerce la autoridad en su nombre, no se trata de sojuzgar o subordinar al ciudadano por la sola investidura que la sociedad ha prestado a órganos accidentales de una misión trascendental para la sociedad. La majestad de la justicia supone un ejercicio magisterial que demanda una preocupación permanente por comunicarse con el individuo, cuando esta no es comprendida por el destinatario, el epílogo del proceso arroja un saldo de agresión y no el plus pedagógico necesario para legitimar la función ejercida6.

Es decir, como lo afirma Osvaldo Alfredo Gozaíni,
(…) el contenido de la motivación no es otro que resolver con razones que se justifiquen sin esfuerzo dialéctico. Debe existir una ponderación jurídica que acompañe el proceso lógico de aplicación normativa, con el sentimiento implícito de hacer justicia que ésta sea perceptible a quien se dirige y, en dimensión, a toda la sociedad.
Dicho en otros términos, como lo hace Farrell: la circunstancia de que los jueces deban juzgar de acuerdo con razones excluye también la posibilidad de que ellos decidan con base en la simple expresión de sus preferencias. Los jueces emiten juicios basados en razones, y tratan de alcanzar una “verdad”, entendida en este caso como una buena interpretación del Derecho vigente.

El artículo 170 de la ley 600 de 2000, estableció las exigencias que obligan a los jueces cuando redactan la sentencia, aspecto frente al cual la jurisprudencia de la Sala tiene dicho:
Dentro de contexto de lo tratado en esta decisión, esos requisitos no pueden ser considerados como simplemente formales, tienen un alcance sustancial, pues estructuran una de las partes del debido proceso y, como ya se dijo, garantizan el ejercicio del derecho de impugnación.
Sobre el punto, en la sentencia del 18 de abril de 1988 ya citada, se afirmó lo siguiente, que hoy se reafirma por su total actualidad:
Las anteriores exigencias no son puramente formales, ni surgen por capricho del legislador, sino que todas están destinadas a garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, que no se concreta por la presencia material de un defensor, ni siquiera con la intervención técnica del mismo en procura de los intereses a él confiados, sino que en realidad solo viene a obtener su real significación y garantía, cuando el funcionario luego de analizarlos hace las consideraciones pertinentes para aceptar o rechazar las pretensiones de las partes y solo con tal actitud podrá decirse que el debido proceso, con sus infaltables principios de contradicción y derecho a la defensa se habrá salvaguardado, porque de qué sirve tener un representante legal en el proceso, e igualmente qué trascendencia tiene que este actúe en el cumplimiento de su deber, si el juez hace un ominoso silencio sobre las pruebas y argumentaciones de las partes o cuando más, responde con las esquemáticas y vacías expresiones antes reseñadas de que el agente del Ministerio Público no tiene la razón o que respetuosamente se discrepa de las interesantes argumentaciones del abogado. Con estas actitudes es evidente que se viola el principio de contradicción, el derecho a la defensa y consecuentemente el debido proceso de consagración constitucional.

Esos requisitos son:

a) Un resumen de los hechos investigados, esto es, la narración integral de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevó a cabo el suceso, pero no puestos de cualquier manera. Los hechos deben quedar establecidos de forma tal que un lector desprevenido, sin necesidad de acudir a otros sectores de la providencia, en especial a la resolutiva, quede suficientemente enterado de cuál ha de ser la determinación finalmente adoptada. No se trata, entonces, de transcribir lo relatado por la noticia criminal, sino de plasmar las circunstancias que señalen el sentido de la decisión que finalmente ha de adoptar el juzgador.
b) La identidad de la persona, que hace referencia a los datos que le han sido asignados para su realización en la sociedad, es decir, que le otorgan un sitio jurídico dentro de la organización social, o su individualización, entendida como los rasgos particulares que permiten distinguirla de todas las demás, como se explicó, por ejemplo, en la sentencia del 13 de febrero de 2003, emitida por la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso radicado con el número 11.412.
Se deben consignar, entonces, todas las características probadas que lleven a la convicción de que la persona cuya suerte se decide es esa y no otra, esto es, sus nombres completos, y los de sus padres, documentos de identidad, lugar y fecha de nacimiento, apodos si los tuviere, estado civil, nombre del cónyuge o compañera y de sus hijos, lugares de domicilio, residencia y trabajo, estudios realizados, etc.
c) Un resumen de la acusación y de los estudios aportados por los sujetos procesales. Es menester reseñar los puntos básicos de la acusación y todas las pretensiones de las partes, con una recopilación de sus argumentos. El alcance evidente de este requisito es que el juez se pronuncie razonadamente sobre esos aspectos y concluya si los comparte o no.
d) El análisis de los estudios entregados y la valoración jurídica de las pruebas en que ha de fundarse la decisión.
En los términos precisados en esta providencia, es necesario expresar las razones sobre la legalidad, conducencia, pertinencia y utilidad de todas las pruebas practicadas, con las explicaciones para conferir eficacia a unas y negarlas a otras.
En los mismos términos, la totalidad de las propuestas presentadas en los análisis hechos por las partes deben obtener respuesta fundada, no frase por frase, sino sobre la integridad de sus postulaciones y valoraciones probatorias y jurídicas.
e) La calificación jurídica de los hechos y de la situación del procesado, así como los fundamentos jurídicos relacionados con la indemnización de perjuicios.
Con la motivación probatoria y jurídica respectiva, el juez tiene que precisar la integridad de las normas aplicables al caso, para que los sujetos procesales tengan conocimiento claro del procedimiento de adecuación típica y puedan problematizar su legalidad.
Toda decisión, sea principal o accesoria (penas, subrogados, libertades, indemnización de perjuicios), debe estar satisfactoriamente explicada, no solo desde el punto de vista probatoria, sino desde la cita precisa de las disposiciones legales que regulan la materia y de por qué se aplica una y no otra, en especial las pedidas por las partes.
f) La “condena” a las penas principales, sustitutivas y accesorias que correspondan, o la “absolución”. La condena en concreto al pago de perjuicios, si a ello hubiere lugar. Si fueren procedentes, los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad. Y los recursos que proceden contra ella.
Estas exigencias se refieren a la parte resolutiva de la sentencia, que por mandato legal tiene que estar precedida de la expresión “administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley”.
En este apartado es imprescindible señalar todas las determinaciones a cuya conclusión, debidamente explicada, se llega en el cuerpo del fallo.
Finalmente, recuérdese que un elemento del principio- derecho a la presunción de inocencia, que también forma parte del debido proceso, es el de la motivación explícita de las decisiones judiciales. Basta recordar que tal presunción solo puede ser desvirtuada con la demostración gradual y, por último, total, del estado de no responsabilidad que acompaña al procesado. Y este tiene derecho, así mismo, a que se le diga sin ambages por qué sí es responsable.

El artículo 162 de la ley 906 de 2004 previó los requisitos comunes a las sentencias y autos, así:

a. Mención de la autoridad judicial que los profiere.


  1. Lugar, día y hora.




  1. Fundamentación fáctica, probatoria y jurídica con indicación de los motivos de estimación y desestimación de las pruebas válidamente admitidas en el juicio oral.


Ch. Decisión adoptada.


  1. Si hubiera división de criterios la expresión de los fundamentos del disenso.




  1. Señalamiento del recurso que procede contra la decisión y la oportunidad para interponerlo.


Frente a las exigencias sobre la falta de motivación de la sentencia, la jurisprudencia de esta Corporación tiene definido al respeto lo siguiente:

(…) aunque la Sala ha identificado cuatro (4) situaciones que implican la falta de motivación de la sentencia, sólo tres de ellas han sido consideradas como errores in procedendo generadores de nulidad y por lo tanto atacables a través de la causal tercera, a saber: a) cuando hay ausencia absoluta de motivación, b) cuando la motivación es incompleta o deficiente, y, c) cuando la motivación es ambivalente o dilógica. La cuarta causa, generada por la llamada motivación falsa, ha sido considerada como un vicio de juicio atacable por la vía de la causal primera, cuerpo segundo, en el sistema de la ley 600 de 2000.
La primera causa, ha dicho la Sala, se presenta cuando el fallador no expone las razones de orden probatorio ni los fundamentos jurídicos en los cuales sustenta su decisión; la segunda, cuando omite analizar uno de los aspectos señalados o los motivos aducidos son insuficientes para identificar las causas en las que ella se sustenta; la tercera, cuando las contradicciones que contiene la motivación impiden desentrañar su verdadero sentido o las razones expuestas en ella son contrarias a la determinación finalmente adoptada en la resolutiva; y, la cuarta cuando la motivación del fallo se aparta abiertamente de la verdad probada7.
Frente a la motivación falsa, ha precisado la Sala que debe entenderse como aquella que es inteligible, pero equivocada debido a errores relevantes en la apreciación de las pruebas, porque las supone, las ignora, las distorsiona, o desborda los límites de racionalidad en su valoración, y esa es la razón por la cual debe demandarse por la vía de la causal primera, cuerpo segundo8.
En materia de fundamentación de un reproche por este motivo, no es válida la afirmación de una simple inconformidad con la valoración hecha en la sentencia o del descontento con los argumentos que suministra el fallador porque se estimen equivocados o de la aspiración a que ellos sean presentados de una determinada manera, sino que debe encaminarse a demostrar con precisión la carencia absoluta o parcial de contenido o el ambivalente razonamiento que le impide a los sujetos procesales explicarse cómo llegó el juez a la conclusión que finalmente expresa en la parte resolutiva de la providencia9.10


Para el evento objeto de juzgamiento, no se advierte ausencia de motivaciones, pues el Tribunal de manera concreta dijo:

Ahora bien, desde ya la Sala ha de señalar que confirmará la sentencia recurrida, al encontrar que efectivamente las pruebas conocidas y debatidas por las partes en el juicio oral, sí permitieron a voces del artículo 381 de la Ley 906 de 2004, llevar al fallador al conocimiento más allá de toda duda acerca de la ocurrencia del delito y responsabilidad penal del acusado, conocimiento que se mantiene en esta instancia.

En este caso, la defensa ha pretendido que se acepte la retractación que la niña K.J.C. hizo en el juicio oral, frente a lo dicho en la entrevista, argumentando básicamente que fue presionada por su hermana para mentir, sin embargo, las pruebas recaudadas y analizadas en su conjunto permiten concluir sin duda alguna que la menor dijo la verdad ante la psicóloga del CAIVAS, Zaida Rubiela Mendoza Leal, pues así lo corroboran los demás medios de conocimiento aportados.

Verificado el registro de audio de la audiencia en el juicio oral, tenemos que en su testimonio la doctora María Elena Blanco Miranda, quien se desempeño como psicóloga de la escuela La Primavera del barrio Atalaya entre julio y noviembre de 2008, expuso que la niña K.J.C. fue atendida por ella por primera vez el 28 de agosto de ese año, siendo remitida por los docentes, por bajo rendimiento, conductas agresivas y pérdida del interés académico, estableciendo luego de la valoración que le realizó que la conducta de la niña estaba limitada al contexto familiar por disfunción y violencia, razón por la cual citó a la madre, quien le refirió que tenía problemas con su pareja.
Manifestó igualmente, que finalizando el tercer periodo fue la propia madre quien le comentó que la niña había sido abusada por el padrastro y por eso se había ausentado del colegio, así mismo, que la habían valorado en Medina Legal.

En cuanto a los hechos de abuso sexual, indicó que en una nueva cita, le mostró a la niña una batería de láminas, pero esta le dijo que le daba pena decir.

Así mismo se recibió el testimonio de Gina Patricia Rincón Casanova, hermana de la víctima quien relató que Feliciano llegó a vivir a su casa a vivir con su mamá cuando ella tenía nueve años, y a partir de esa fecha, la armonía en el hogar se alteró, y cuando ella tenía entre 11 y 12 años, él empezó a molestarla (…).

Indicó que ahora con su hermana KJ.C., pasaba lo mismo, y que fue directamente su mamá quien le contó sobre los hechos, refiriéndole que la niña le había dicho que Feliciano la estaba molestando, que le metía el pene en la boca y se lo colocaba en la vaina y que si no se dejaba la regañaba, pero ella se resistía, ante lo cual le sugirió a su mamá que lo denunciara (…).

Se recibió también la declaración de la doctora Zaida Rubiela Mendoza Leal, psicóloga adscrita al CAIVAS, con experiencia en delitos sexuales y entrenada en entrevistas forenses, quien expuso que ella entrevistó a la menor utilizando la técnica C.B.A.C., encontrando que el relato de la niña era lógico, coherente, contextualizado en el tiempo, bastante creíble, veraz, libre, en el que la menor le relató lo que le había pasado de manera tranquila y serena, dando lectura en el juicio a la entrevista realizada, donde la víctima refiere los hechos que se le imputan al procesado, como tocamientos, acceso carnal por la vía oral, contacto intergenital y eyaculación, actos realizados mediante violencia consistente en amenazas de parte de Feliciano.
Así las cosas, la ocurrencia del hecho no admite duda alguna, encontrándose cabalmente acreditado el aspecto objetivo del delito, al igual que la responsabilidad penal del acusado, pese a que la señora Sonia Casanova y la menor K.J.C., asumieron en el juicio oral una posición reticente, situación que en no pocas ocasiones obedece a factores externos que se presentan con mucha frecuencia en este tipo de delitos (…).
Pues bien, tal como lo concluyó el a quo, la retractación que posteriormente hizo la menor no resulta creíble, en la medida en que inicialmente la niña narró ante una profesional de la psicología, de forma espontánea y clara, sin presión alguna, a través de un relato lógico, los actos realizados por el procesado, consistentes en tocamientos y penetración por vía oral, bajo el uso de la violencia y la amenaza de muerte para la madre y hermanos, por lo que el cambio de versión se aviene como producto de la presión familiar o el temor que siente la niña por las consecuencias derivadas de su señalamiento, pues no parece justificado ni razonable que haya mentido porque no la dejaba salir a jugar como lo refirió (…).
Así las cosas, la Sala como se anotó al inició, confirmará la sentencia recurrida, pues realmente la valoración en conjunto de las pruebas practicadas en el juicio oral, y controvertidas en debida forma por la defensa, llevan al conocimiento sin lugar a dudas, que Feliciano Gómez Silva, incurrió en el delito por el cual fue acusado.


De acuerdo con lo anterior, se observa que en la sentencia de segundo grado se plasmaron motivaciones razonadas, valga decir, soportadas en medios de convicción debatidos en el juicio oral, sin que se advierta vicio alguno por ausencia de fundamento.
4.- La Sala observa la eventual vulneración de garantías fundamentales del procesado, por cuanto fue condenado por el delito de acceso carnal violento agravado por la circunstancia prevista en el numeral 4° del artículo 211 del cp, en concurso homogéneo y sucesivo, lo cual implica menoscabo al postulado de non bis in idem, con resultados sustanciales adversos al acusado.
Como se ha expuesto en pretéritas decisiones, la Corte está facultada para intervenir ante el quebranto de garantías fundamentales en orden a hacer efectivo el derecho material, por tanto, se ordenará que una vez cobre ejecutoria la presente determinación y se resuelva, en el evento de intentarse, el mecanismo de insistencia, vuelva el proceso al Despacho del Magistrado Ponente para oficiosamente proferir, en su momento, el pronunciamiento de rigor a cargo de la Sala.
Conforme también lo tiene precisado la Corte11, no se dispondrá la celebración de la audiencia de sustentación prevista en el artículo 185 de la Ley 906 de 2004, por cuanto su procedencia está circunscrita a los casos de admisión del libelo.
5.- En consideración a que la Sala no puede superar las deficiencias ni corregir las imprecisiones de la demanda luego se ve avocado a inadmitirla, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 184, inciso 2°, de la ley 906 de 2004.
6.- La declaratoria de inadmisibilidad anunciada tan sólo admite el “recurso de insistencia presentado por alguno de los magistrados de la Sala o por el Ministerio Público”, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 184 ejusdem.
En el citado ordenamiento procesal no fue incluida la manera concreta de utilizar dicho instituto, razón por la cual la Sala, previa definición de su naturaleza, se vio precisada a establecer las reglas que habrán de seguirse, en los siguientes términos:
6.1.- La insistencia es un mecanismo especial que sólo puede ser promovido por el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia por medio de la cual la Corte decida no seleccionar la demanda de casación, con el fin de provocar que reconsidere lo decido. También podrá ser propuesto oficiosamente por alguno de los Delegados del Ministerio Público para la Casación Penal –siempre que el recurso de casación no haya sido interpuesto por un Procurador judicial-, el Magistrado disidente o el Magistrado que no haya participado en los debates y suscrito la providencia inadmisoria.
6.2.- La solicitud se puede presentar ante el Ministerio Público a través de sus Delegados para la Casación Penal, o ante uno de los Magistrados que haya salvado voto en cuanto a la decisión mayoritaria de inadmitir la demanda o ante uno de los Magistrados que no haya intervenido en la discusión.
6.3.- Es potestativo del Magistrado disidente, del que no intervino en los debates o del Delegado del Ministerio Público ante quien se formula la insistencia, optar por someter el asunto a consideración de la Sala o no presentarlo para su revisión, evento último en que informará de ello al peticionario en un plazo de quince (15) días.
6.4., El auto a través del cual no se selecciona la demanda de casación trae como consecuencia la firmeza de la sentencia de segunda instancia contra la cual se formuló el recurso de casación, salvo que la insistencia prospere y conlleve a la admisión de la demanda.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
RESUELVE:
1. Inadmitir la demanda de casación presentada por el defensor del procesado Feliciano Gómez Silva.
2.- Advertir que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la ley 906 de 2004, es viable la interposición del mecanismo de insistencia en los términos precisados atrás por la Sala.
3.- En firme esta decisión tras eventualmente intentarse y, en consecuencia, resolverse el mecanismo de la insistencia, regresar la actuación al Despacho del Magistrado Ponente con el propósito de pronunciarse oficiosamente acerca de la posible vulneración de garantías fundamentales.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.

JAVIER ZAPATA ORTÍZ

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria





1 Al respeto, Michel Taruffo, citado por Gladis E. de Midón en su libro sobre la casación, dice lo siguiente: “La obligación constitucional de motivación nace efectiva del Estado personal, autocrático y extraño respecto a la sociedad civil, y de la consiguiente afirmación de los principios por los cuales la soberanía pertenece al pueblo.” Esta transformación del modo de concebir la soberanía significa, en el plano jurisdiccional, “que la providencia del juez no se legitima como ejercicio de autoridad absoluta, sino como el juez rinda cuenta del modo en que se ejercita el poder que le ha sido delegado por el pueblo, que es el primer y verdadero titular de la soberanía.” “A través del control (social difuso), y antes por efecto de su misma posibilidad (con el deber de justificar las decisiones judiciales), el pueblo se reapropia de la soberanía y la ejercita directamente, evitando que el mecanismo de la delegación se transporte en una expropiación definitiva de la soberanía por parte de los órganos que tal poder ejercitan en nombre del pueblo”.

2 Corte Constitucional, sentencia C-252 de 2001. También, sentencias T-175 de 1997, T-123 de 1998 y T-267 de 2000.

3 Constitución Política de 1886, art. 161. “Toda sentencia deberá ser motivada”.

4 Corte Constitucional, Sentencia C-242 de 1997.

5 Corte Constitucional, sentencia C-242 de 1997.

6 Edgardo Villamil Portilla, Las falencias en la argumentación judicial, XXI Congreso colombiano de Derecho Procesal, 2000, pág. 63.

7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 12 de diciembre de 2005, Radicado No. 24.011.

8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia 4 de septiembre de 2003, Radicado No. 17.257.

9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 31 de agosto de 2001, Radicado No. 15.745.

10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de febrero 21 de 2007, Radicado 25799.

11 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 23 de agosto de 2007, Radicado No. 28059.


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