Partes: Plan Ovalo S. A. de ahorro para fines determinados c/ municipalidad de rio cuarto s/ demanda contencioso administrativa (Expte. Nº 420288)






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Partes: Plan Ovalo S.A. de ahorro para fines determinados c/ municipalidad de rio cuarto s/ demanda contencioso administrativa (Expte. Nº 420288)

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso Administrativo de Río Cuarto

Fecha: 2-jul-2014

Cita: MJ-JU-M-87722-AR | MJJ87722

Si la empresa actora vendía sus planes de ahorro a través de sus concesionarios situados en el éjido municipal, queda sujeta al pago de la Contribución municipal que incide sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios

Sumario:

1.-Cabe declarar la validez de la Contribución municipal que incide sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios, contemplada en el art. 173 del Código Tributario Municipal de Río Cuarto, y el carácter de contribuyente atribuido a la accionante, pues surge probado que la actora se vale de la estructura inmobiliaria del concesionario de automotores de su marca existente en jurisdicción de la municipalidad demandada para captar suscriptores de los planes de ahorro; así, la concesionaria suscribe los planes de ahorro y entrega las unidades adjudicadas por cuenta y orden de la actora, percibiendo por tal actividad una comisión, por lo que al proceder de tal modo la actora se beneficia con los servicios públicos que presta la Comuna. (Del voto del Dr. Cenzano – mayoría)

2.-El negocio que la actora concluye o cierra” para obtener beneficios tiene su gestación en esta ciudad y su vinculación con los usuarios o clientes en la jurisdicción local se produce o se mantiene merced a la operatoria implementada por ella misma, es decir por intermedio de sus concesionarias, toda vez que en caso contrario, de no hacerlo así, debería procurar sus negocios de manera personal o directa, sea con su propio local instalado, o bien eventualmente a través de viajantes para gestar la venta del producto que ofrece, pudiendo solamente en este último supuesto admitirse la ilegitimidad del tributo de que se trata. (Del voto del Dr. Ordóñez – mayoría)

3.-En orden a las operaciones realizadas, la actora está evadiendo el tributo, habida cuenta que tales operaciones se efectúan -al fin y al cabo- por interpósitas personas con la utilización de toda su infraestructura, para cuya existencia y funcionamiento se muestra indispensable recibir la prestación de los servicios municipales que se ha requerido para la viabilidad de tributo. (Del voto del Dr. Ordóñez – mayoría)

4.-Quien utiliza un local de otro para hacer un negocio propio cumple con el requisito del asiento territorial, toda vez que no parece que sea trascendente, a los fines tributarios que el caso supone y conforme la doctrina judicial sentada por los máximos tribunales Nacional y Provincial, que ello se concrete en un local que sea propio o de terceros. (Del voto del Dr. Ordóñez – mayoría)

5.-La circunstancia de que la venta de los plantes que ofrece la actora se realice en las oficinas de los concesionarios de la marca automotriz que se identifica con dichos planes y a través de las propias firmas concesionarias, quienes perciben una comisión en el momento de facturación y entrega de la unidad, que se debita en la cuenta corriente de la agencia, por solicitud de la administradora de planes a la fábrica, no coadyuva a la conclusión de la existencia de local, depósito o establecimiento, por más amplio que se conciba este último, que permita entender configurado el recaudo del sustento territorial” exigido por el Máximo Tribunal de la Nación, por lo que en modo alguno puede afirmarse la posesión por parte de la accionante de un espacio físico dentro de la jurisdicción municipal que autorice el cobro de la tasa de que se trata. (Del voto de la Dra. de Souza – disidencia)

Fallo:

En la ciudad de Río Cuarto, a los dos días del mes de julio de dos mil catorce, se reúnen en audiencia pública los señores Vocales de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Primera Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial, por ante mí, Secretaria autorizante, a efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “PLAN OVALO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO – DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA (Expte. Nº 420288)”.

El Tribunal sentó las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Cabe hacer lugar a la demanda interpuesta en tanto cuestiona la validez de la Contribución municipal que incide sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios, contemplada en el art. 173 del Código Tributario Municipal de Río Cuarto y el carácter de contribuyente atribuido a la accionante?

2º) En caso de mayoría de respuestas negativas a la segunda cuestión, ¿debe recibirse favorablemente la impugnación al encuadramiento que la demandada efectuó respecto de la actividad que realiza la accionante y consecuente determinación de la alícuota utilizada para cuantificar el tributo?

3º) En el mismo supuesto planteado en la cuestión anterior, ¿es admisible la prescripción planteada por la actora?

4º) Prosiguiendo en el mismo supuesto, ¿debe revocarse la sanción de multa y los intereses sobre ella aplicados?

5º) En definitiva, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?

De conformidad al sorteo de ley practicado, se estableció que el orden de emisión de los votos es el siguiente: señores Vocales Eduardo H. Cenzano, Rosana A. de Souza y José María Ordoñez.

El señor Vocal Eduardo H. Cenzano dijo:

Plan Ovalo S.A. de Ahorro para Fines Determinados (en adelante “Plan Ovalo”), representada por sus apoderados, promovió en estos autos demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción (fs.71/89) en contra de la Municipalidad de Río Cuarto, impugnando la Sentencia Nº 13/07 dictada por el Tribunal Administrativo Municipal con fecha 31 de Octubre de 2007, en la medida en que la misma ha sido contraria a sus intereses. Que la resolución impugnada rechazó el recurso de apelación que había sido oportunamente interpuesto por su mandante contra la Resolución Nº 36.115 de fecha 29/06/2006, quedando así confirmada. En consecuencia, sostienen que la pretensión municipal que se cuestiona determinó una presunta deuda en concepto de capital, intereses y multas por la suma de $1.320.155,89.

Los apoderados de la actora ponen de relieve que se han verificado los requisitos previstos para la procedencia formal de la acción contencioso-administrativa, por lo que ha quedado agotada la vía administrativa.

Comienzan su exposición realizando una breve síntesis de la pretensión del fisco municipal y de la postura de su representada. Expresan que Plan Ovalo no es contribuyente directo ni indirecto del gravamen que se le pretende aplicar. Que el texto del artículo 10 del Código Tributario Municipal expresa claramente que esa condición de contribuyente y responsable existirá “. en tanto se verifique a su respecto el hecho imponible de la obligación tributaria prevista en este Código.”. Que en reiteradas oportunidades su parte expresó: “.que no desarrolla actividad alguna en la jurisdicción de Río Cuarto, no poseyendo tampoco local, inmueble u otro asentamiento físico en la misma”. Que por tanto no es contribuyente pues no se ha verificado el hecho generador de la obligación tributaria conforme lo establece el Código Tributario Municipal. Señalan que Plan Ovalo es una empresa cuyo único objeto social es la administración en la Capital Federal y luego en la Provincia de Buenos Aires de planes de ahorro para fines determinados, de acuerdo a lo reglamentado y controlado por la Inspección General de Justicia de la Nación.Que dichos planes, administrados por Plan Ovalo en Buenos Aires, implican una reunión comunitaria de fondos de adherentes de todo el país para la adquisición de vehículos automotores en Ford Argentina S.A., ubicada en la provincia de Buenos Aires. Que su mandante únicamente administra los aportes de los ahorristas en la Capital Federal y luego en la Provincia de Buenos Aires, no realizando ninguna actividad en el ejido de la Municipalidad de Río Cuarto. Que por ello la pretensión determinativa y punitiva de ese Organismo es, a todas luces, improcedente ya que al no realizar su representada actividades en el ejido municipal no pude ser considerada contribuyente de la Contribución que incide sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios, por lo que no pueden exigírsele obligaciones que de ningún modo le son imputables.

Siguen manifestando que el Fisco Municipal afirma que la existencia de ingresos devengados por la actividad y gastos relacionados con ella implica el ejercicio de la actividad, aun cuando no exista un local o depósito habilitado en el ejido municipal. Pero que tales afirmaciones son meramente dogmáticas, pues de ningún modo surge -siquiera indiciariamente- de las constancias de las actuaciones administrativas que su mandante haya obtenido ingresos o verificado gastos en la jurisdicción Río Cuarto.

Agregan que cuando se observa y analiza la documentación referida, se advierte: a) Que toda la documental acompañada y la información brindada por ACRA S.A., obrante a fs. 3 a 21, corresponde a los años 1995 a 1998 y vinculada única y exclusivamente a la empresa Autolatina Argentina S.A. de Ahorro para fines determinados, que no es la contribuyente ahora determinada; b) que la documentación incorporada a fs. 24 a 31 también corresponde a Autolatina Argentina S.A. y a Ford Argentina S.A. y pertenece al año 1998. Que la firma requerida no ha podido cumplimentar con la petición fiscal (conforme requerimiento de fs.22) respecto del detalle de comisiones abonadas por Plan Ovalo y comprobantes emitidos por dicha firma en los que consten las comisiones abonadas a la misma. Que por su parte no existe ninguna actividad del Fisco Municipal que haya tratado de confirmar los supuestos datos brindados por la empresa informante, dejándose en manos de un tercero la veracidad o no de sus dichos, y en base a dicha información procede a determinar la deuda. c) Luego a fs. 35 y con fecha 03/09/04 se efectúa un nuevo requerimiento a la firma en idéntico sentido a las realizadas en los años 1995 y 1999, quien a fs. 37/40 nuevamente entrega información unilateral, que tampoco es constatada por la Municipalidad. Amén de ello se informa que no existen recibos emitidos en concepto de comisiones ganadas e incentivos percibidos. Que en anexos I y II se informan los supuestos planes suscriptos y las supuestas comisiones ganadas, pero de un simple análisis se comprueba que no existe congruencia entre ambos. d) Por último en el requerimiento efectuado a la firma Pettiti Automotores S.A. (fs. 33) se puede observar que la empresa informa que recién comienza a realizar ventas de planes de ahorro a partir del mes de julio de 2003 y que hasta el día de su informe (27/09/04) no había percibido ninguna comisión por venta. Es decir que habían transcurrido quince meses desde el comienzo de la operatoria y no se había entregado ninguna unidad ni percibido comisión alguna. Consideran que no es cierto que de las constancias de autos surja que esté acreditada la actividad desarrollada por Plan Ovalo, los ingresos ni mucho menos los gastos que realizaría su mandante en esta jurisdicción.

Resaltan que existe una notable orfandad probatoria por parte del Fisco a la hora de tratar de acreditar los extremos invocados. Que la única prueba sobre la que el Fisco pretende asentar su determinación tributaria se trata de informes requeridos a dos concesionarias de venta de vehículos Ford.Y que de la misma sólo surge que se habrían realizado venta de planes a favor de Autolatina Argentina S.A. y recién a partir del año 1998. Recalcan la época porque la administración tributaria pretende determinar deuda desde el año 1994.

Consideran que Plan Ovalo no tiene domicilio fiscal ni tributario en la localidad de Río Cuarto, no tiene empleados ni representantes, no existe en el lugar indicado ninguna documentación contable o societaria de la empresa, ni tampoco se realiza en el mismo atención a la clientela. Que la firma de ninguna manera se ve beneficiada con servicio alguno brindado por la Municipalidad de Río Cuarto, lo que acarrea la falta de concreción del presupuesto fáctico descripto en la norma para que se configure el hecho imponible en la tasa de que se trata. Que al pretenderse el cobro de un servicio no prestado, el Fisco local incurre en un exceso ya que su pretensión deviene incausada y -por ende- atentatoria contra el derecho de propiedad que garantiza nuestra Carta Magna.

Expresan que en materia de tasas municipales se habla de “sustento territorial”, el cual consiste precisamente en la radicación del contribuyente en un lugar de la ciudad desde el cual ejerce su comercio, industria, servicios, etcétera. Y que si no se da dicho sustento territorial, no se configura el hecho imponible y, por lo tanto, la Municipalidad carece de todo derecho de imposición, con lo cual también queda al margen de todas las disposiciones atinentes al Convenio Multilateral. Cita jurisprudencia en apoyo a su postura.

Continúan manifestando que la denominada “Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios” es una tasa, tal como surge de la propia regulación contenida en el art. 173 del CTMV y como lo demuestra su regulación, puesto que la misma se devenga en virtud de los servicios municipales de higiene, contralor, seguridad, asistencia social y cualquier otro no retribuido por un tributo especial que tienda al bienestar general de la población.Que entonces el tributo se adeuda por la prestación de servicios públicos concretos que se individualizan en el sujeto pasivo o se relacionan con él o lo afectan especialmente, y es evidente que dicho s servicios deben ser efectivamente prestados. Que así ha sido reiteradamente reconocido por la CSJN, quien ha sostenido que es de la naturaleza de la tasa que su cobro se corresponda siempre a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo al contribuyente, exigiendo también que sea la administración quien acredite la efectiva prestación del servicio previsto en la norma. Que solamente de esa manera se configura el hecho imponible de la tasa en su totalidad: por un lado la actividad del contribuyente que indica el dispositivo; y por el otro la acción del ente municipal prestando efectivamente los servicios correspondientes en relación al sitio enclavado en el ejido municipal desde el cual dicho contribuyente realiza la actividad gravada. Que si el ente municipal no cumple con esa concreta, efectiva e individualizada prestación de servicios, sencillamente no se configura el hecho imponible, y por lo tanto la Municipalidad carece de todo derecho a gravar por este tributo. Reiteran que es abundante la jurisprudencia que se ha expedido al respecto, mencionando que los pronunciamientos de la CSJN en autos “Compañía Química S.A. c/ Municipalidad de Tucumán s/ Recurso Contencioso Administrativo y Acción de Inconstitucionalidad” y “Massalin Particulares S.A. c/ Provincia de Tierra del Fuego”, el Alto Cuerpo se expidió afirmando que es requisito fundamental de las tasas que el cobro de las mismas debe corresponder siempre a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado del contribuyente. A continuación exponen una síntesis de jurisprudencia que hace a su derecho.

Siguen manifestando los apoderados de Plan Ovalo que la pretensión fiscal que persigue la Municipalidad se encuentra en pugna con el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, el que actualmente posee jerarquía constitucional.Que ello es así ya que al no haber una prestación efectiva de servicios en los términos del art. 9, punto b) de la Ley 23.548, el supuesto tributo que pretende cobrar la Municipalidad no es una “tasa retributiva de servicios efectivamente prestados”. Que se está frente a un impuesto que grava la actividad al igual que el impuesto al valor agregado (IVA) coparticipable. Agregan que en igual sentido y en atención a la falta de actividad de Plan Ovalo en el Municipio, la falta de sustento territorial y consiguientemente, la falta de prestación efectiva de servicio, tornan a la contribución exigida por el Municipio en un impuesto asimilable también al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en clara violación al mencionado Régimen de Coparticipación.
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