Sala de casación penal magistrado Ponente: julio enrique socha salamanca aprobado Acta No. 90 Bogotá D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil once (2011). Vistos






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CASACIÓN 34718

ó ÁLVARO PARADA ARCHILA

República de Colombia



Corte Suprema de Justicia

.

Proceso n.º 34718

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL


Magistrado Ponente:

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Aprobado Acta No. 90


Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil once (2011).

VISTOS




La Sala se pronuncia de fondo en sede de casación acerca de la eventual violación de la garantía de la estricta tipicidad con ocasión de la sentencia emitida el 30 de abril de 2010 por el Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual confirmó la proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento del mismo Distrito Judicial en contra de ÁLVARO PARADA ARCHILA, por cuyo medio lo condenó como coautor, entre otros, del delito de falsedad material en documento público respecto de un espurio certificado médico de defunción que como galeno particular expidió.
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

El aspecto fáctico fue presentado por el Tribunal así:
El día 4 de noviembre de 2008 llegó a la Unidad de Estructura de Apoyo de la Fiscalía General de la Nación un anónimo que daba cuenta de la existencia de un grupo de personas dedicadas a estafar a varias compañías de seguros bajo la modalidad de constitución de contratos de seguros de vida a nombre de unas personas, quienes una vez eran aseguradas las hacían pasar por muertas a través de la presentación de documentos contentivos de información ajena a la verdad para cobrar las pólizas, defraudando a las aseguradoras.
Asumido por la Fiscalía el conocimiento de la investigación se logró establecer que FRANCISCO ANTONIO BAUTISTA CÓRDOBA tomó unas pólizas de seguro respecto de las cuales nombró como beneficiaria a BLANCA LUCY FRANCO, al parecer su compañera permanente, quien inició los trámites para el cobro de las mismas ante las compañías aseguradoras LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A. y AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A., presentando para certificar falsamente la muerte de BAUTISTA una historia clínica y el certificado de defunción N° A 2723275, suscritos por el Dr. ÁLVARO PARADA ARCHILA, en el que consta que el 5 de agosto de 2008 ocurrió el fallecimiento de BAUTISTA CÓRDOBA FRANCISCO ANTONIO a las 4:00 horas, documentos que sirvieron para obtener la expedición del registro civil de defunción con indicativo serial 06622810 en la Notaría 38 del Círculo de Bogotá, presentado para lograr el cobro de las pólizas.
Igualmente estableció la Fiscalía que la muerte del asegurado BAUTISTA CÓRDOBA jamás ocurrió, pues si bien fue reportada el 5 de agosto de 2008, tres días después, es decir, el 8 de agosto de 2008, se presentó a reclamar la liquidación a la empresa ‘Escalar Gerencia Inmobiliaria’ para la que prestaba sus servicios, y luego cobró personalmente el cheque entregado como pago de su liquidación en el banco de Bogotá, sucursal Chicó. Adicionalmente fue practicada diligencia de exhumación en la tumba donde supuestamente fue enterrado, encontrando ladrillos en el ataúd donde debía reposar el cuerpo”.
Ante el Juzgado Cincuenta y Nueve Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá se cumplió el 8 de enero de 2009 la audiencia preliminar concentrada en la cual se legalizaron las capturas de ÁLVARO PARADA ARCHILA y BLANCA LUCY FRANCO, ordenadas previamente por el Juzgado Quinto de la misma categoría y especialidad. El ente investigador les formuló imputación por la posible comisión del punible de concierto para delinquir, falsedad material en documento público, estafa agravada en la modalidad de tentativa y obtención de documento público falso.
La unidad procesal se rompió ante la aceptación de cargos por parte de BLANCA LUCY FRANCO. Y en relación con PARADA ARCHILA, quien no los admitió, se le afectó con la medida privativa de libertad para cumplir en su residencia.
El 7 de febrero de 2009 la Fiscalía presentó escrito de acusación por los mismos delitos previstos en los artículos 340, 246, 247, 452, 287 y 288 del Código Penal, con las modificaciones de las leyes 890 de 2004 y 1142 de 2007, cumpliéndose el 26 de marzo siguiente ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá la respectiva audiencia de formulación de acusación.
Evacuadas las audiencias preparatoria y de juicio oral y anunciado el sentido de fallo de carácter condenatorio, mediante sentencia de 7 de septiembre de 2009 el citado despacho condenó a ÁLVARO PARADA ARCHILA como coautor del concurso delictual objeto de acusación, a las penas principales de sesenta y tres (63) meses de prisión y cuarenta y cinco (45) salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa, así como a las sanciones accesorias de inhabilitación tanto para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena privativa de la libertad, como para ejercer la medicina por el término de doce (12) meses. No le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero le otorgó la prisión domiciliaria, decisión confirmada el 30 de abril de 2010 por el Tribunal Superior de Bogotá.
Contra el fallo de segunda instancia el defensor del enjuiciado en la oportunidad prevista en el artículo 183 de la Ley 906 de 2004, presentó demanda de casación y esta Sala mediante providencia de 29 de septiembre de 2010 no la admitió, pero dispuso que, una vez surtido el trámite del mecanismo de insistencia, retornara el proceso al despacho a fin de proveer de oficio acerca de la posible vulneración de las garantías fundamentales del procesado en lo atinente a la adecuación típica de la adulteración del certificado médico de defunción.

La razón anterior obedeció a que en las instancias se asumió que la naturaleza jurídica de tal certificado era la de ser un documento público y por ello le fue imputado al incriminado el delito previsto en el artículo 287 del Código Penal (falsedad material de documento público), cuando tal escrito no necesariamente debe ser otorgado por servidor estatal, pues proviene del deber de decir la verdad predicable de ciertos particulares por razón de su oficio o actividad profesional al dar fe con carácter probatorio de hechos de los cuales han tenido conocimiento en ejercicio de su labor, como los médicos, revisores fiscales o administradores de sociedades.
Una vez el Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal dio respuesta a la defensora del procesado en el sentido de que no había mérito para el pedimento de insistencia por ella elevado, el expediente retornó al despacho para la emisión del fallo correspondiente.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

El estudio, entonces, se ha de centrar en la naturaleza jurídica del certificado de defunción a fin de determinar si el expedido por ÁLVARO PARADA ARCHILA en su condición de médico particular, al dar cuenta de la muerte de Francisco Antonio Bautista Córdoba, cuando tal fallecimiento no se había producido, puede ser catalogado como un documento público.

Para el fin anterior, la Sala desde la definición de documento público, emprenderá el análisis de la labor que han de cumplir los profesionales de la salud y el deber que legalmente se les ha encomendado de decir la verdad para establecer si puede considerarse que cumplen excepcionalmente una función pública al ser los únicos encargados de expedir el certificado de defunción (al igual que el certificado de nacido vivo) para por esa vía, clarificar si era dable imputarle jurídicamente el citado delito contra el bien jurídico de la fe pública.

1. Del documento público

La fe pública es la credibilidad otorgada a los signos, objetos o instrumentos que constituyen medio de prueba acerca de la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas relevantes. Precisamente, con los documentos se acredita algo y facilitan las relaciones entre los asociados, por ello, a algunos se les da una connotación especial para garantizar tal crédito.
Así, en los términos del artículo 294 de la Ley 599 de 2000, documento es toda expresión de persona conocida o conocible recogida por escrito o por cualquier medio mecánico o técnicamente impreso, soporte material que exprese o incorpore datos o hechos que tengan capacidad probatoria.
Por su parte, el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil define el documento público como el otorgado por funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención. Si se trata de un escrito autorizado o suscrito por él adquiere la calidad de instrumento público y cuando es otorgado por un notario y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública. En tanto que el documento privado es el que no reúne los requisitos para ser documento público.
El mismo ordenamiento adjetivo en cita dispone en su artículo 262 que las certificaciones tienen el carácter de documentos públicos, como las que expiden: i) los funcionarios judiciales acerca de existencia del proceso, ejecutoria de decisiones o hechos ocurridos en su presencia y en ejercicio de sus funciones, en caso de que no haya constancia escrita de ellos; ii) los directores de oficinas públicas en actuaciones surtidas allí; iii) los registradores de instrumentos públicos; iv) los notarios; y v) otros funcionarios públicos.
Por último, el precepto 264 ídem señala que los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza.
En este orden, la naturaleza pública del documento no está supeditada al destino del mismo o a los fines privados o de interés general que tenga, lo determinante es su fuente, esto es, que su formación o creación provenga del ejercicio de las funciones oficiales, y como por mandato constitucional no puede haber empleo público sin atribuciones determinadas en la ley o reglamento, es necesario delimitar el ámbito de la función pública a fin de catalogarlo como tal.

2. La función pública

Ella es entendida como el conjunto de las actividades que realiza el Estado a través de las ramas del poder público, de los órganos autónomos e independientes y de las demás entidades públicas, en orden a alcanzar sus diferentes fines, la cual es ejercida por los agentes estatales y algunas veces por particulares extraños a la administración.
Efectivamente, ante las múltiples tareas que el Estado debe cumplir para asegurar su prestación oportuna y eficiente, puede en ocasiones de acuerdo con los artículos 123, inciso 3°, y 365 de la Constitución Política, encargar a los particulares para desempeñar temporalmente funciones públicas, pero siempre su determinación y regulación deben estar previstas en la ley.
Al respecto la Corte Constitucional ha precisado que:
“…la atribución de una función pública por parte del Estado al particular ha de estar expresa y taxativamente detallada en la ley con miras a respetar el principio de legalidad que se desprende de los artículos 6° y 121 del texto superior.
El cumplimiento de funciones administrativas por los particulares debe hacerse en los términos taxativos, precisos y específicos que señale la ley. Lo anterior, porque para esta Corporación, la naturaleza de la competencia en materia de atribuciones y funciones públicas debe ser explícita, de forma tal que se respete el principio de legalidad, mediante el cual ninguna autoridad del Estado puede ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley (arts. 6o. y 121 C.P.). Con ello se logra una certeza respecto de la labor que ejerce la persona que se encuentra desarrollando una actividad administrativa, lo que a su vez permite conocer con exactitud el alcance de su responsabilidad frente a la administración misma y frente a los asociados.
Las razones anotadas son aplicables de igual forma a los particulares que se someten a lo dispuesto en el artículo 210 superior, pues si la ley no es estricta en el señalamiento de las funciones a desempeñar, sino que deja al libre albedrío del particular la realización de las mismas, significa que esta persona, investida de la autoridad del Estado, realizaría todo aquello que no estuviere prohibido, en vez de ejercer únicamente lo que le está permitido, desconociendo con ello uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho”.1
También cuando esa Corporación estudió la constitucionalidad de la Ley 678 de 2001 por medio de la cual se reglamentó la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición, respecto de la asignación de funciones administrativas a particulares, señaló que:

“…constitucionalmente es posible [encauzarlas] a través de varios supuestos, entre los que pueden enunciarse: a) La atribución directa por la ley de funciones administrativas a una organización de origen privado. b) La previsión legal, por vía general de autorización a las entidades o autoridades públicas titulares de las funciones administrativas para atribuir a particulares (personas jurídicas o personas naturales) mediante convenio, precedido de acto administrativo el directo ejercicio de aquellas; debe tenerse en cuenta como lo ha señalado la Corte que la mencionada atribución tiene como límite “la imposibilidad de vaciar de contenido la competencia de la autoridad que las otorga”. Este supuesto aparece regulado, primordialmente, por la Ley 489 de 1998, artículos 110 a 114 tal como aqellos rigen hoy luego del correspondiente examen de constitucionalidad por la Corte. c) Finalmente en otros supuestos para lograr la colaboración de los particulares en el ejercicio de funciones y actividades propias de los órganos y entidades estatales se acude a la constitución de entidades en cuyo seno concurren aquellos y éstas. Se trata, especialmente, de las llamadas asociaciones y fundaciones de participación mixta acerca de cuya constitucionalidad se ha pronunciado igualmente esta Corporación en varias oportunidades. Es entonces solamente en relación con las funciones públicas y administrativas que claramente establezca y autorice la ley que se predica ese nivel especial de responsabilidad a que se ha hecho referencia”2.
En materia documental a los funcionarios públicos, como representantes del Estado, les es propia la función certificadora de los hechos que correspondan al ejercicio de su labor, de ahí que tengan el deber de ceñirse estrictamente a la verdad, esto es, consignar datos verídicos en los actos y escritos que expidan.

El desenvolvimiento de las relaciones sociales implica, necesariamente, un mínimo de confianza entre los asociados y de éstos con la autoridad pública; de ello depende la coexistencia pacífica y la legitimidad y obligatoriedad de los actos que la administración expida, siendo precisamente a esos propósitos que la Constitución Política establece que ‘las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe’.
(…)
La necesidad social de preservar la fe pública impone a la administración el deber de corresponder a estas expectativas de autenticidad, integridad y genuinidad en el cumplimiento de la función documentadora, en cuanto ha sido ésta la forma convenida y legalmente consagrada para demostrar las situaciones concretas de derecho que surjan en las relaciones de ella con el conglomerado.
Cuando estas presunciones de que gozan los documentos públicos se ven modificadas mediante la representación falsa de la verdad, se traiciona la confianza depositada en la seguridad que el documento debe brindar, se afecta la capacidad demostrativa que el medio auténtico debiera tener, resultan menoscabados los derechos que el mismo estaría llamado a garantizar y se altera el desenvolvimiento de las relaciones sociales”.3
Tratándose del delito de falsedad documental, es sabido que puede ser ideológica cuando en un escrito genuino se incluyen manifestaciones contrarias a la verdad, esto es, el documento verdadero en su forma y origen (auténtico), contiene afirmaciones falaces; o material si crea totalmente el documento falso, imita uno ya existente, o altera el contenido de uno auténtico.
Para la estructuración de la acción falsaria se ha insistido en que debe mediar el deber jurídico de decir la verdad.
Así, lo problemático se presenta cuando a los particulares se les exige legalmente no mentir, pues sin tomar tal deber como regla moral absoluta (Kant), se asume que toda actuación de las personas ha de estar conforme con la verdad, esto es, afirmar hechos verídicos sin trastocar fácticamente la realidad.
El alcance de las consecuencias de su infracción determinará si éste es de índole jurídica, es decir, si faltar a la verdad en determinados contextos trasciende la esfera del ordenamiento legal.
Precisamente, acerca de ese deber, la Corte realizó las siguientes anotaciones:

La Mentira
Los pueblos y los grandes pensadores, por ejemplo Platón, San Agustín, Kant y Montaigne, han rechazado la mentira, porque, sobre todo, va en contra del interés público; porque si se admitiera, la sociedad podría hallarse sumida en una atmósfera irrespirable; porque si se asumiera, la confianza del hombre en los demás resultaría minada; porque la fe y la confianza en los demás es una condición necesaria para la coexistencia en una sociedad ordenada; porque las comunidades sólo pueden funcionar a partir de la presunción de probidad; y porque no hay lazo que más una a los hombres que la confianza en sus palabras.
No obstante, por excepción, también se ha aceptado la mentira, por ejemplo cuando el hombre acude a ella para protegerse de una violencia o de una agresión; cuando está de por medio el bien común; cuando compele a ella el interés general; cuando es usada en pro del interés nacional; cuando se justifica por una buena causa; cuando la verdad es callada por prudencia y mesura, para no lesionar a los demás; cuando la manifestación de la realidad puede generar o intensificar un conflicto; cuando es utilizada para ocultar mentiras peores y para proteger verdades importantes; cuando produce más bien que mal, etc. [Cfr. Editorial Océano. Diccionario Océano de sinónimos y antónimos. Cali, Carvajal, s/f; Elí De Gortari. Diccionario de la lógica. México, Plaza y Valdés, 2000, 1ª reimpresión de la 1ª edición –de 1988-, página 314; Anthony C. Grayling. El sentido de las cosas. Filosofía para la vida cotidiana. Barcelona, Ares y Mares, 2002, T: Carlos, Schroder, páginas 65 a 67; Ted Honderich –editor-. Enciclopedia Oxford de Filosofía. Madrid, Tecnos, 2001, reimpresión de la 1ª edición –de 2001-, T: Carmen García Trevijano, página 718; Leszek Kolakowski. Libertad, fortuna, mentira y traición. Ensayos sobre la vida cotidiana. Barcelona, Paidós, 2001, T: Víctor Pozanco Villalba, páginas 27 a 32].
La mentira, entonces, no es tolerable por regla general; más se admite por razones potísimas, vinculadas con la necesaria y estricta autoprotección individual, la evitación de disturbios mayores y, sobre todo, con la búsqueda de protección del conglomerado social.
2. La buena fe
Fe es la virtud que nos permite creer; es confiar en aquello que afirman los otros; es fidelidad; es el grado de credibilidad que se otorga a los demás.
La buena fe, entonces, es el predicado de la conducta leal, del comportamiento íntegro y honesto; es la preocupación por la cooperación; es ausencia de mala voluntad y de intención malévola.
El principio de la buena fe es un axioma fundamental del derecho de gentes que impone a los ciudadanos y a los Estados la obligación de proceder con lealtad al derecho y fidelidad hacia los compromisos adquiridos.
Es un principio general del derecho, desde los albores de éste. Por eso, a partir de todos los tiempos, se ha dicho, por ejemplo, que Grave est fidem fallere (Es grave faltar a la confianza); Omne, quod non est ex fide, peccatum est (todo lo que no es leal es pecado); Bona fides semper praesumitur, nisi mala adesse probetur (La buena fe se presume siempre, si no se prueba la existencia de la mala); y que Bonam fidem in contractibus considerare aequum est (Es justo atenerse a la buena fe, en los contratos); y que fides bona contraria est fraudi et dolo (La buena fe es contraria al fraude y al dolo).
Como principio, la buena fe es la única base posible para las relaciones entre las personas, razón por la cual siempre ha de presumirse [Cfr. Asociación Henri Capitant, Gérard Cornu –director-, Vocabulario jurídico. Bogotá, Temis, 1995, T. Jaime Restrepo y Jorge Guerrero; Gerardo Pereira-Menaut. Tópica. Principios del derecho y máximas jurídicas latinas. Santiago de Compostela, Arcana-Veri, 2001; Jaime M. Mans Puigarnau. Los principios generales del derecho. Repertorio de máximas y aforismos jurídicos. Barcelona, Bosch, 1979].
Si nos concretamos a nuestra legislación superior, la fe, la buena fe, que obviamente repele la mentira, la falsedad, el engaño, la deslealtad, el embuste, etc., goza de antecedentes y presentes ricos en contenido.
(…)
Como se detecta con facilidad, desde hace largos días, antes y después de la Carta Política actual, Colombia ha incluido en su legislación el deber de verdad, de fidelidad, y el rechazo de la mentira, de la mala fe, bien a título de derecho natural, bien a título de principio general del derecho, bien a título de indudable mandato constitucional, siempre en pro de la incolumidad de la confianza colectiva. Por ello la jurisprudencia, ayer y hoy, también ha sido nítida. Así, por ejemplo:
En sentencia del 20 de mayo de 1936, la Corte Suprema de Justicia expuso lo siguiente:
”.
Mediante sentencia del 23 de junio de 1958, la misma Corporación dijo que tal principio, vigente en el derecho positivo, indicaba que las personas debían celebrar sus negocios, cumplir sus obligaciones y, en general, emplear con los demás una conducta leal, entendiendo la lealtad desde dos ángulos: en primer lugar, como deber de cada persona de proceder para con los demás con comportamientos ajustados a las exigencias del decoro social; y, en segundo lugar, como que cada cual tiene el derecho de esperar –confiar- de los otros esa misma lealtad. En el primer evento, se trata de la denominada “buena fe activa”; y en el segundo, de la “buena fe pasiva”.
Añadió la Corte que la buena fe hacía relación a una conciencia honesta, a un sentimiento de honradez.
Y escribió, textualmente:
.



(…)
No hay, así, incertidumbre alguna: por mandatos superiores, por respeto a la integridad y a la confianza colectivas, todos los ciudadanos, particulares y servidores del Estado, tanto en el pasado como en la actualidad, tienen el deber de decir la verdad, de ser leales, de obrar de buena fe. En sentido contrario, les estaba y está prohibido actuar de mala fe, manifestarse con mentiras, faltar a la verdad, falsear la realidad”.4
Y si bien el Estado puede encomendar funciones públicas a los particulares, en ocasiones se confunde con la prestación de un servicio público. En la sentencia C-037 de 2003 la Corte Constitucional, al analizar la viabilidad de aplicar el régimen disciplinario a los particulares, aclaró que la función es el conjunto de potestades públicas que se manifiestan en el ejercicio de una autoridad consustancial al Estado que la ejercen los servidores públicos y excepcionalmente los particulares, en tanto que el servicio, su manifestación se traduce en una prestación para el particular, ha de estar sometido al régimen jurídico que fije la ley, puede ser atendido por el Estado directamente o bien por particulares, sin perder aquél el control para asegurar su debida prestación.
Dijo en ese entonces esa Corporación:
“…para efectos del control disciplinario será solamente en el caso en que la prestación del servicio público haga necesario el ejercicio de funciones públicas, entendidas como exteriorización de las potestades inherentes al Estado -que se traducen generalmente en señalamiento de conductas, expedición de actos unilaterales y ejercicio de coerción-, que el particular estará sometido, en relación con dicho ejercicio, al régimen disciplinario”.
De lo anterior se puede concluir que cuando al particular se le encomienda la prestación de una función pública, no por ello se convierte en funcionario estatal. La consecuencia es que debe asumir las responsabilidades como éste en los ámbitos penal, disciplinario, fiscal o civil, siempre obviamente que para el ejercicio de las potestades inherentes al Estado medie una ley que lo haya habilitado para ello.
Ahora, si se trata de la prestación de servicio en manera alguna implica per se el ejercicio de una función pública y sólo puede entenderse que ésta va implícita cuando para ello se hace necesario el ejercicio de los poderes que le son propios al Estado que hayan sido atribuidos de manera expresa por el legislador al particular.
Asunto diferente es cuando se funde la función pública y el servicio público como en el caso de los Notarios, a quienes el Estado ha investido de la atribución de dar fe de los actos y acuerdos celebrados en su presencia o con su autorización con la finalidad de brindar a los asociados certeza y confianza.
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha clarificado que:
La facultad de dar fe se caracteriza por ser de interés general, pues responde a la conveniencia colectiva de amparar con la presunción de veracidad los actos, hechos y negocios de los cuales deba dar cuenta el fedatario, como persona legitimada para hacerlo, todo con el propósito de dotar a la comunidad de documentos que constituyan plena prueba de los mismos y de infundir por esa senda seguridad y certidumbre a los interesados sobre su real existencia y de que al contar con ese calificado medio probativo podrán hacer efectivas las diversas prerrogativas. Su trascendencia en el desenvolvimiento de la actividad económica y del tráfico bienes y servicios es innegable, por cuanto ‘hace que el notario sea depositario de la credibilidad plena de la comunidad, pues recurriendo a él se obtiene la garantía de autenticidad en la expresión y actuación jurídica de todo ciudadano’ (G.J., t. CLXXXVI, 2ª parte, vol. 2, pág. 1180)”.

(…)
2. De conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política, el servicio notarial es público y, por consiguiente, tal y como lo prevé el artículo 365 ibídem, es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, bajo su regulación, control y vigilancia.
Del contenido de tales disposiciones, se infiere que la función notarial, como atribución de interés general propia del Estado, comparte una doble naturaleza, pues es a la vez servicio público y función pública, dado que está encaminada a dar respuesta a la aspiración de la colectividad de tener seguridad respecto de los hechos, actos y negocios jurídicos acerca de los cuales deba atestar el notario, y corresponde al ejercicio de la fe pública depositada en él, según el modelo latino de notariado acogido por el ordenamiento colombiano.
Al tener esa connotación el servicio notarial, implica que debe buscar la satisfacción de las necesidades inherentes al mismo de todos los potenciales usuarios, en forma regular, continua, permanente y obligatoria, debido a que toca con una de las finalidades pertenecientes al Estado, de suerte que su ausencia o suspensión desviaría ese efectivo logro y causaría grave trauma a la comunidad destinataria. De ahí que en forma coherente con estas nociones, el artículo 5° del Decreto 960 de 1970, respecto de los servicios notariales disponga que ‘el notario no podrá negarse a prestarlos sino en los casos expresamente previstos en la ley’, que el artículo 150 ibídem le prohíba "separarse del desempeño de sus funciones mientras no se haya hecho cargo de ellas quien deba remplazarlo", y que el artículo 104 del Decreto 2148 de 1983, establezca que "el notario se encuentra en servicio activo, cuando debidamente posesionado ejerce sus funciones".5
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