Que reforma el artículo 123 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, a cargo del diputado carlos madrazo limóN, del grupo parlamentario del pan






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QUE REFORMA EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS MADRAZO LIMÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El de la voz, Carlos Madrazo Limón, diputado federal a nombre de los 122 diputados federales pertenecientes a las fracciones del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de Convergencia, del Partido Nueva Alianza, del Partido Verde Ecologista y del Partido del Trabajo, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Una de las demandas centrales de la sociedad mexicana ha sido la exigencia de una mejor seguridad pública basada en una policía capacitada, apta para atender a la ciudadanía con calidad, calidez y eficiencia.

El derecho laboral mexicano ha sido considerado como pionero en la regulación y tutela de los derechos de los trabajadores, así, en la obra Derechos del pueblo mexicano se lee que "La Constitución mexicana fue la primera en elevar a la categoría de norma fundamental el reconocimiento y protección de los derechos de la clase trabajadora"1

En este sentido, México fue de los primeros países en insertar al artículo 123 de la Constitución de 1917 los principios básicos de la regulación laboral, el cual establece su fuerza en la irrenunciabilidad de las normas laborales, lo que conduce a un derecho laboral tutelar del trabajador.

Sin embargo, la regulación laboral de los policías ha sido sumamente controvertida, toda vez que, en su mayoría, no cuentan con más prestaciones que el que se respete su salario, lo que genera una relación jurídica inequitativa.

Con las reformas que a la fecha ha observado el citado apartado B del artículo 123 constitucional, podemos encontrar en él los siguientes regímenes distintos de relación entre los servidores públicos y el Estado:

1) Trabajadores de base. Quienes cuentan con un régimen desarrollado de alguna manera y con el mayor número de derechos.

2) Trabajadores de confianza. Quienes se excluyen del régimen de los trabajadores de base y sólo tienen derecho al salario y a la seguridad social.

3) Trabajadores del ejército, fuerza aérea y marina. Son excluidos del artículo 123, pero se les garantiza la seguridad social.

4) Trabajadores del servicio exterior. Son excluidos del artículo 123.

5) Trabajadores del Ministerio Público. Son excluidos del artículo 123.

6) Trabajadores de las instituciones policiales. Son excluidos del artículo 123.

De lo expuesto, se observa un régimen laboral casi enteramente desarrollado para los trabajadores de base, pero para el resto de la burocracia imperan las insuficiencias o impera la ausencia de reglas, lo cual es contrario a una administración eficiente, pues olvida que sólo mediante una debida integración de la relación de trabajo, Estado obtendrá los resultados pertinentes.

Es entendible que ciertos trabajadores tengan un régimen laboral especial, por ejemplo, las jornadas de trabajo de los militares, fuerza aérea, marina e instituciones policiales sean diferentes a las de la burocracia en general, o que los miembros del servicio exterior tengan una seguridad social adaptada al lugar en que se encuentren.

Lo que es contrarío a los derechos universales del hombre y a una administración inteligente, es que existan servidores públicos, especialmente las instituciones policiales, cuya ordenación en el apartado B del artículo 123 constitucional los priva de todo régimen laboral

Miguel Marienhoff, al describir el régimen laboral burocrático argentino, refiere que, como en nuestro país, el personal de seguridad y defensa no está comprendido en el régimen ordinario de los trabajadores del Estado, pero aclara: "El hecho de que determinados grupos de agentes del Estado no se hallen regidos por el estatuto..., en modo alguno significa que dichos grupos no cuenten con estatuto alguno";2 es decir, resulta obvio que diferenciar cierto tipo de labores, como la policíaca o la militar, respecto del trabajo ordinario de los servidores del Estado, tiene el propósito de armonizar las condiciones del trabajo con los requerimientos especiales de la función, pero esa finalidad justificada no tiene por qué marginarlos del régimen laboral con que deben contar los trabajadores policíacos.

En este sentido, la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de nuestro país dispone que: "Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes"

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en la siguiente tesis jurisprudencial:

Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. VIII, julio de 1998, tesis P. XLIX/98, p. 31. POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, QUE ESTABLECEN UNA RELACIÓN LABORAL ENTRE LOS AGENTES QUE INTEGRAN AQUÉLLA Y DICHA DEPENDENCIA, TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, CONSTITUCIONAL. Conforme a la interpretación jurisprudencial que del citado precepto constitucional ha realizado este alto tribunal, el vínculo existente entre los miembros de los cuerpos de seguridad pública y el Estado no es de naturaleza laboral sino administrativa, ya que al disponer el poder revisor de la Constitución que los militares, los marinos, los miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior se regirán por sus propias leyes, excluyó a estos grupos del régimen laboral establecido en el apartado B del artículo 123, aunado a que, en el segundo párrafo de la fracción XIII de tal dispositivo otorgó expresamente, por estar excluidos de ello, a uno de estos grupos —miembros en activo del ejército, fuerza aérea y armada— las prestaciones establecidas en el inciso f) de la fracción XI del numeral en comento. Por ello, al prever los artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que son trabajadores de confianza los agentes de la policía judicial federal y que tal relación se regirá por lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, estableciendo así un vínculo laboral entre dichos agentes y la citada procuraduría, se transgrede lo dispuesto en la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional.

La interpretación jurisprudencial citada suscita las siguientes reflexiones:

1. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y miembros de las instituciones policíacas, deben contar con un régimen laboral especial, atendiendo a que particularmente el proemio del artículo 123 constitucional establece que "toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil".

2. El hecho de que los trabajadores policíacos sean "servidores públicos", de acuerdo con el artículo 108 de la Constitución, confirma el carácter laboral de su relación con el Estado.

Otro ejemplo de la regulación de estos derechos es Chile, dicho país cuenta con una ley denominada Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, en la cual se establece el régimen laboral de los policías, los cuales reciben el nombre de "carabineros", estableciendo como prestaciones las siguientes:

a. Sueldo: El personal de carabineros (policías) tiene derecho como retribución, al sueldo asignado al grado de su empleo y demás remuneraciones adicionales, asignaciones, bonificaciones y gratificaciones de carácter general o especial que correspondan. Sus remuneraciones son inembargables, salvo por una resolución ejecutoria en juicio de alimentos hasta por un 50%.

b. Atención médica: En caso de accidente ocurrido en el servicio, gozan de su sueldo integro, hasta la recuperación de su salud. Tendrá derecho a asistencia médica y a los beneficios de la medicina curativa y preventiva.

En caso de enfermedad a consecuencia de sus funciones, tendrá derecho previa resolución administrativa fundada, a que sean cubiertos por la corporación todos los gastos de atención médica, hospitalaria, quirúrgica, dental, ortopédica y demás similares, relativos a su tratamiento clínico, hasta ser dado de alta definitiva o declarado imposibilitado para reanudar sus funciones.

A su vez, la corporación cubrirá los gatos de transporte del herido o el enfermo, desde el lugar donde se encuentra hasta el centro hospitalario en que será atendido, así como los causados por exámenes médicos posteriores.

El sistema de salud que asegure el otorgamiento de estas prestaciones se financia con los recursos que establecen las leyes y con las cotizaciones del personal.

A su vez tendrán derecho a atención médica los familiares en línea descendiente hasta el segundo grado.

c. Retiro: Tiene derecho a años de abono de servicios computables para el retiro por accidente en actos de servicio o a consecuencia del mismo, por desempeñarse en lugares aislados, por trabajar en actividades perjudiciales o nocivas para la salud y por otra causal que haga procedente este beneficio.

d. Sistema de Pensiones: Se establece el derecho a recibir pensión por concepto de retiro cuando acredite veinte o más años cuando acredite veinte o más años de servicios efectivos y se computará sobre la base del 100%de la última remuneración imponible de actividad en razón de una treintava parte por cada año de servicio.

En caso del personal femenino con 25 años de servicio o 20 años de servicio y 55 años de edad, se calculará con aumento de dos años si son viudas y de un año por cada hijo.

El personal que se inutilizare a consecuencia de un accidente en actos de servicio tendrá derecho a una pensión de invalidez.

e. Indemnizaciones: Consiste en el 100% de la pensión de retiro en caso de fallecimiento, de que estaba en posesión o le correspondiera o pudiese corresponder al causante, repartiéndose en el siguiente orden:

• Viuda o viudo con invalidez absoluta o mayor de sesenta y cinco años que no perciba pensión o rentas de ninguna naturaleza

• Los hijos legítimos y naturales
• El padre legítimo inválido o mayor de sesenta y cinco años

• La madre legítima viuda o la madre natural, sea soltera o viuda
• Las hermanas solteras huérfanas, menores de veintiún años si fueren estudiantes.

• En caso de muerte o invalidez como consecuencia de actos de servicio se le concederá la posesión de 30 años de servicios efectivos para los efectos de sueldos, mayores sueldos y trienios, cualquiera que haya sido el tiempo real de su desempeño, y su desahucio será equivalente a dos años de su última renta imponible. De igual manera se le aumentará la indemnización a un monto equivalente a tres años del sueldo imponible que al causante le correspondiera percibir.

• El personal que se retire por desahucio recibirá un mes de la última remuneración, además de su respectiva pensión

f. Otros derechos: Gozan de los derechos que establecen las leyes chilenas tales como feriado anual, permiso con o sin goce de sueldo, licencias o subsidios, pasajes, viáticos, asignaciones por cambio de residencia, vestuario , equipo y alimentación fiscal.

Derivado de las consideraciones anteriores, el derecho al trabajo y el derecho a servirse de sus frutos para mejorar el nivel de vida y para conseguir la satisfacción de las necesidades materiales son efectivamente derechos humanos, y por tanto el Estado mexicano debe propender a hacerlos cumplir para toda persona que se encuentre dentro de su territorio.

Es por eso, que nuestra Constitución Política debe ser modificada, a efecto de que los sectores marginados hasta ahora del derecho al trabajo al fin los puedan disfrutar.

En este sentido, ante el rechazo y menosprecio de la clase media el agente policiaco tendrá a su vez una respuesta recelosa y agresiva, dado que se sabe proveniente de un estrato económico y cultural bajo, de tal suerte que quizá la corrupción sea, en parte por lo menos, una reacción de despecho del policía hacia la sociedad.

Ser policía no puede ni debe ser el último de los empleos al que puede aspirar una persona, por los riesgos que se corren, los horarios agotadores, la mala paga, la ausencia de prestaciones, la poca capacitación, la falta de equipamiento, la corrupción, el abuso de los mandos, la falta de atribuciones y el desprestigio que conlleva el ser policía.

Es preciso dotar al trabajador policiaco de un régimen laboral que atienda y resuelva suficientemente su condición social, pues únicamente atemperando la distancia socioeconómica del policía con la clase media se mejorará la autoestima profesional y personal del mencionado trabajador policiaco, para ser eficiente requiere ser ubicado y percibirse un estándar de respeto y consideración social mucho más alto del que ahora impera.

Es de indicar que la presente Iniciativa no trastoca los aspectos referentes a la separación, remoción baja o cese de los miembros de las instituciones policiales, contemplados en el segundo párrafo del ordenamiento, el cual establece que podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. De igual manera señala que si la autoridad jurisdiccional resolviere que, además de las ya mencionadas, cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

Lo que se pretende lograr es una legislación moderna, eficiente e íntegra que dote a nuestros cuerpos policiales de principios y valores, de derechos y obligaciones, que los policías sean confiables, capaces de utilizar nuevas tecnologías, con conocimientos de investigación científica y respeto de los derechos humanos.

No olvidemos que de la calidad de los recursos humanos disponibles para la seguridad pública dependerá la calidad de la aplicación de la ley.3

Finalmente, no debemos pasar por alto que la entrada en vigor de la presente, se deberá realizar una vez que se hayan implementado y llevado acabo las adecuaciones necesarias a las leyes que regirán la conformación, desarrollo y funcionamiento de las instituciones policiales, incluyendo en estos rubros los procesos de certificación policial ha que haya lugar, es decir que se encuentren debidamente depuradas las mismas a efecto de aplicar este tipo de disposiciones al personal que se encuentre apto y calificado para realizar las funciones que les sean asignadas, cumpliendo con los estándares ya establecidos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 123, apartado "B", fracción XIII, párrafo segundo y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el primer y cuarto párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123. ...

B. ...

XIII. Los militares, marinos, personales del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. En el caso de estos últimos, las leyes que rijan su funcionamiento, deberán establecer los términos y condiciones de la jornada de trabajo, los días de descanso, sus remuneraciones, así como el ingreso, promoción, capacitación y profesionalización del personal que derivado de su actividad les correspondan, exceptuándose cuestiones de sindicalización y huelga.

...

...

El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, tratándose de miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se les proporcionarán las prestaciones a que se refiere la fracción XI de este Apartado. En ambos casos, dichas prestaciones se otorgarán en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los miembros de dichas instituciones.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor una vez que finalicen los procesos de certificación policial, de conformidad con el artículo 21 constitucional, décimo párrafo, inciso a), sin que exceda de tres años, contados a partir de la fecha de publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Federación, las entidades federativas y los municipios contarán con un período de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias, según sea el caso, a fin de proveer el debido cumplimiento del mismo.

Artículo Tercero. La Federación, las entidades federativas y en su caso los municipios deberán incluir en sus respectivos presupuestos, una partida especial para dar cumplimiento al presente decreto.

Notas
1. Derechos del pueblo mexicano, México, Manuel Porrúa, 1978, t. VIII, p. 614.
2. Tratado de derecho administrativo, Bueno Aires, Abeledo-Perrot, 1965, t. III, pp. 69 y 70.
3. Servir y proteger: derecho de los derechos humanos y derecho humanitario para las fuerzas policial y de seguridad, Ginebra, CICR, 1998.

Diputados: Carlos Madrazo Limón, Edgar Armando Olvera Higuera, José Luis Murillo Torres, Manuel Cárdenas Fonseca, Jorge Justiniano González Betancourt, Alejandro Landero Gutiérrez, Francisco Javier Santos Arreola, Layda Elena Sansores San Román, Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo, Carlos Alberto Torres Torres, Agustín Leura González, Gregorio Barradas Miravete, María Gabriela González Martínez, María Soledad Limas Frescas, Claudia Sánchez Juárez, Nelly Asunción Hurtado Pérez, Mario Eduardo Moreno Álvarez, Lariza Montiel Luis, Luis Gustavo Parra Noriega, Carlos Chaurand Arzate, Silvio Gómez Leyva, Víctor Manuel Torres Herrera, María Elena Álvarez Bernal, Anuario Luis Herrera Solís, Joaquín Humberto Vela González, Pablo Leopoldo Arreola Ortega, Laura Angélica Rojas Hernández, Tomás del Toro del Villar, Luis Xavier Maawad Robert, Jorge Quintero Bello, Marco Antonio Peyrot Solís, Alma Xóchitl Cardona Benavides, Silvia Emilia Degante Romero, Alma Hilda Medina Macías, Salvador Arredondo Ibarra, Diana Carolina Pérez de Tejada Romero, Rubí Laura López Silva, Antonio Vega Corona, Javier Martín Zambrano Elizondo, Cristián Castaño Contreras, Mónica Fernández Balboa, Alejandro Enrique Delgado Oscoy, Martha Margarita García Müller, Gerardo Aranda Orozco, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, Óscar Miguel Mohamar Dainitín, Édgar Mauricio Duck Núñez, Armando Enríquez Flores, Moisés Alcalde Virgen, Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, Verónica Velasco Rodríguez, Jacinto Gómez Pasillas, María Eugenia Campos Galván, María del Pilar Ortega Martínez, José Manuel del Río Virgen, Juan Abad de Jesús, Ernesto Oviedo Oviedo, Martha Angélica Romo Jiménez, Jorge Rubén Nordhausen González, Juan Manuel Villanueva Arjona, Apolonio Méndez Meneses, Mirna Cecilia Rincón Vargas, Juan Manuel San Martín Hernández, Daniel Dehesa Mora, José Antonio Saavedra Coronel, Salvador Ruiz Sánchez, Benjamín Hernández Silva, Antonio Ortega Martínez, Secundino Catarino Crispín, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Efraín Peña Damacio, Fausto Fluvio Mendoza Maldonado, Octavio Adolfo Klimek Alcaraz, David Lara Compeán, Enrique Rodríguez Uresti, José Guadalupe Rivera Rivera, Ramón Landeros González, Artemio Torres Gómez, Alberto Vázquez Martínez, José Ignacio Alberto Rubio Chávez, Leonardo Melesio de Jesús Magallón Arceo, Francisco Javier Murillo Flores, Jaime Verdín Saldaña, Carlos Augusto Bracho González, Rosa Elia Romero Guzmán, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Aurora Cervantes Rodríguez, Santiago López Becerra, Francisco Martínez Martínez, Juan Darío Arreola Calderón, Addy Cecilia Joaquín Coldwell, José Nicolás Morales Ramos, Juan Victoria Alva, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, Arturo Flores Grande, Juan de Dios Castro Muñoz, José Antonio Díaz García, Luis Alonso Mejía García, Omeheira López Reyna, Juan Manuel Sandoval Munguía, Martín Óscar González Morán, Enrique Iragorri Durán, Felipe Díaz Garibay, Adriana Rebeca Vieyra Olivares, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Carlos Eduardo Felton González, Eduardo Ortiz Hernández, Francisco Dávila García, Martín Stefanonni Mazzocco, Antonio Medellín Varela, Gerardo Priego Tapia, Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, Martín Malagón Ríos, Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez, Daniel Chávez García, Osiel Castro de la Rosa, Rolando Rivero Rivero, René Lezama Aradillas, Sagrario María del Rosario Ortiz Montoso (rúbricas).

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