Programa de tutorías para docentes de nuevo ingreso






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fecha de publicación12.08.2015
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ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 244.

PROGRAMA DE TUTORÍAS PARA DOCENTES DE NUEVO INGRESO.

LOS CAMBIOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA EDUCATIVA EN MÉXICO.

PROFR. FELIPE ZEPEDA MARTÍNEZ.

http://www.adnpolitico.com/congreso/2013/12/19/las-6-reformas-aprobadas-por-el-congreso-que-presume-pena

REFORMA EDUCATIVA

Los cambios a los artículos 3 y 73 de la Constitución Política, que establecen que la evaluación a los maestros determinará su ingreso, permanencia y ascenso en el Sistema Educativo Nacional y creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

En diciembre del 2012, el presidente Enrique Peña Nieto presentó su iniciativa de reforma educativa y, desde ese momento Elba Esther Gordillo, entonces lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se pronunció contra los cambios y llamó a los maestros a resistir contra la reforma.

La lideresa fue detenida días después, acusada de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las manifestaciones de inconformidad fueron entonces hechas por la disidencia del SNTE y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Cientos de maestros bloquearon el Congreso de la Unión y obligaron a que ambas Cámaras sesionaran en un centro de convenciones, como sede alterna.

La reforma educativa se encuentra ya en marcha, pues además de haber concluido su camino legislativo por el Congreso de la Unión y los congresos estatales, se aprobaron también las leyes secundarias que la regulan.

Actualmente los maestros de la CNTE continúan con un plantón en la Ciudad de México.

http://www.debate.com.mx/eldebate/noticias/columnas.asp?IdArt=12775967&IdCat=17162

Reforma educativa, ¿en qué consiste?

El pasado martes 11 de diciembre fue presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, una de las reformas más esperadas en México desde hace décadas, la reforma educativa. Este proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación, contempla elementos que podrían marcar un antes y un después para el desarrollo económico, social y político de este país. Veamos en qué consiste. Es evidente que en la última década, México ha mostrado un considerable progreso en materia de cobertura educativa y que actualmente casi todos los niños de esta nación, con edad entre 5 y 14 años, van a la escuela. Además, debe reconocerse que año con año se intensifican los esfuerzos para incrementar el índice de eficiencia terminal en el nivel de enseñanza media y superior. Pero falta mucho por avanzar, y precisamente en ello se centra la reforma educativa presentada por el presidente Peña Nieto.

Primero. Se pretende crear el Sistema de Servicio Profesional Docente, el cual estará integrado por concursos de ingresos para docentes y para la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior. Con dicha creación se estarían fijando los términos para el ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio. Los criterios para determinar la promoción o el sistema de reconocimientos corresponderán exclusivamente al mérito y a la preparación de cada maestro. Como se sabe, este esquema hoy es manejado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), mismo que determina plazas, salarios, cargos, etcétera. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) tendrá atribuciones para evaluar el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional. Para esto, la reforma busca dotarlo de autonomía constitucional –como sucede con Banxico, Inegi o el IFE- y con ello otorgarle facultades para diseñar y realizar los cambios necesarios que vaya requiriendo el sistema educativo. Se buscará que el INEE esté formado por personas con reconocida capacidad y que sea un cuerpo colegiado el que realice la selección de estas, aunque el presidente de la junta de gobierno del INEE será propuesto ante el Senado de la República por el titular del Poder Ejecutivo nacional.

Segundo. Se busca que la evaluación magisterial, en primer lugar, no sea potestativa o voluntaria, sino obligatoria para todos los maestros; segundo, que la evaluación no sea pactable; y tercero, que tenga consecuencias jurídicas, es decir, el maestro que repruebe la evaluación se tendrá que ir. Hay que recordar que en la última evaluación nacional reprobó el 75 por ciento de los maestros. Tercero. Se crean las escuelas dignas y escuelas de tiempo completo con criterios de calidad, equidad y autonomía de gestión de las escuelas, es decir, se busca darle a cada escuela, los medios necesarios para que cada director haga las mejoras de infraestructura, compre los materiales didácticos, equipe a las escuelas, etcétera.

Cuarto. Se crea el Sistema de Información y Gestión Educativa. Este tiene como propósito realizar un censo de escuelas, profesores y alumnos, con el fin de corroborar datos, porque por increíble que parezca no se sabe con exactitud cuántas escuelas, alumnos, o maestros hay en el sistema educativo mexicano.

Y quinto. Se quiere impulsar el suministro de alimentos nutritivos y prohibir la comida que no favorezca a la salud de los educandos. Los alimentos que se proveerán tendrán que cumplir con las normas oficiales de la Secretaría de Salud. Además, por mandato constitucional se busca prohibir la comida 'chatarra'. Sin duda, una vez aprobada, esta será una de las más grandes e históricas reformas en México.

http://www.tiempoeconomico.com.mx/2013/02/04/reforma-educativa-u-obligaci%C3%B3n-educativa/

Después de un prolongado periodo de vacaciones he decidido regresar a escribir esta columna, especialmente cargado de energía y vigor para denunciar los fallos de nuestra economía y sociedad, esperando que la denuncia se convierta en acciones que ayuden a superarlos. El primer comentario del año lo dedicaré a la reforma educativa propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, esto porque estoy realmente preocupado por la forma en la que los profesores afiliados al Sindicato Nacional y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se han opuesto a lo que ya es ley. He recibido diversos comentarios de amigos y amigas que tienen a sus hijos estudiando en escuelas públicas en el sentido de que la reforma busca privatizar la educación, reducir el gasto en infraestructura, servicios y salarios, a lo que respondo con un tajante ¡no se dejen engañar!

Lo que se pretende es mejorar la calidad del sistema educativo básico y medio superior por la vía de la evaluación. La desinformación recibida proviene siempre de los profesores, quienes quizás tampoco saben en qué consiste la reforma o bien están tratando de sabotearla conociendo el impacto en sus actuales prácticas ajenas a la búsqueda de la calidad y la excelencia educativa.

Es  una tremenda mentira que las autoridades federales tienen la intención de privatizar la educación, no es que trabaje para ellos y esté defendiéndoles para después cobrar mi respectivo “chayote”, sino simplemente sustento esto en la lectura pormenorizada y detallada de la reforma aprobada. Lo que el jefe del ejecutivo federal intenta es legitimar su gobierno a través de una serie de acciones que tienen el claro respaldo de la mayoría de la sociedad. Recuerde que el actual presidente ganó la elección de forma cuestionada, lo mismo que su antecesor. Éste último decidió “combatir” al crimen organizado para ganar credibilidad, mientras que el primero ha decidido sustentarse en campañas publicitarias y la implementación de acciones que generan gran consenso, como la cruzada contra el hambre, la mejora del sistema policial, la austeridad salarial, el instituto nacional del emprendedor y por supuesto la reforma educativa.

Por cierto, lo que los cambios constitucionales en materia educativa (reforma) implican es cumplir con lo que desde hace mucho tiempo es una obligación de la actividad docente en el sistema básico, pero que con dificultad se cumple debido a la presencia de prácticas ajenas a la transparencia en la asignación de plazas, la promoción, el mantenimiento, la operación y el estímulo. Durante mucho tiempo, los profesores y administrativos del sistema público de educación básica han hecho del sector uno de los más corruptos. Han lastimado severamente las posibilidades de progreso del país. Por cierto vale señalar, que existen profesores que realmente cumplen con criterios de transparencia, eficiencia y calidad, pero son los menos, ya que tienen que luchar en contra de la mayoría y especialmente de sus abyectos líderes sindicales.

Antes de presentar de manera somera los cambios aprobados en la constitución, quiero aclarar que aunque estos son un hecho, sabemos que no necesariamente se traducirán en acciones concretas que respondan a los objetivos marcados. Todo lo que vemos puede ser parte de una campaña mediática manejada desde el centro del país (Los Pinos para ser exacto), que tenderá a diluirse con el paso del tiempo, dejando todo casi igual que en un principio. Puede formar parte de la eterna cultura de la simulación que caracteriza a nuestros gobiernos. Si lo anterior fuera falso, ¿entonces por qué no se implementaron estos cambios desde hace más de treinta años? ¿por qué se aprueban rápidamente ahora, cuando un buen número de mexicanos desconfía de sus autoridades?

En esencia los cambios a la constitución en materia educativa son positivos ya que se garantizan, al menos en el papel, que los profesores y el sistema estarán sometidos a una permanente evaluación y que de ella dependerá el destino de los recursos públicos –nadie nos asegura que esto vaya a respetarse, aunque al estar plasmado en la constitución, algo podemos hacer si no se lleva a cabo, denuncias como las que semanalmente presento en esta columna. Independientemente del origen de los cambios, los valoro en lo general como positivos y en la dirección correcta.

Aclarado lo anterior, le comento que las modificaciones realizadas fueron en los artículos tercero, fracciones III, VII y VIII, y setenta y tres, fracción XXV; además de adicionarse la fracción IX al artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso del artículo tercero fracción III se establece que “el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan… serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley.” Como puede leer se establece algo que resulta lógico si lo que se busca es contar con los mejores elementos y no con aquellos cercanos a la cúpula sindical o que cumplen favores para los responsables del otorgamiento de plazas.

En el caso de la fracción VIII del artículo tercero entre lo más relevante se indica que “el Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.” Con este cambio lo que se busca es que exista mayor transparencia en el manejo de los recursos que son destinados a la educación, dejando abierta la posibilidad de castigar el mal uso de los recursos, situación hasta ahora común.

La reforma más importante tiene que ver con la creación de la fracción IX del artículo tercero constitucional que implica la definición de funciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio –que ya existía desde 2002, pero que era dependiente de la SEP. En la ley se establece que cumplirá con tres funciones: 1) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema; 2) expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden; y 3) generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad. ¿Resulta esto algo indeseable para la sociedad? Me parece que evidentemente no lo es.

Finalmente, se modificó la fracción XXV del artículo 73, para incluir lo siguiente en relación a la educación y las facultades del Congreso: “…asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad…” En esencia los cambios buscan atacar una de las mayores debilidades del actual sistema, consistente en el olvido de la evaluación como mecanismo de eficiencia y equidad. Además, se garantiza la gratuidad y el mantenimiento de los planteles educativos por parte del Estado. La privatización o la conversión de las escuelas en centros de lucro nunca se mencionan, ni se mencionarán dado lo delicado de este tema para la población mexicana.

Los profesores sindicalizados, presionados o no, están tratando de desinformar una vez más a la población, particularmente a los padres, para que rechacen estos cambios, que significarían con el tiempo y una correcta aplicación, una mejora de los estándares educativos en el país. Ellos están cómodos con el sistema como está y lucharán por evitar que los cambios sean una realidad, las autoridades tendrán que ser duras y aplicar los preceptos constitucionales, la educación no puede ser rehén de los malos profesores, pero particularmente de sus corruptos líderes sindicales, los cuales desde hace mucho tiempo están asociados con las autoridades. Es tiempo de que ambos bandos dejen a un lado la simulación y finalmente se pongan a trabajar para hacer de la educación de los niños y las niñas de México una de las mejores del mundo. La sociedad civil organizada debe vigilar que los reglamentos se cumplan y para ello un gran aliado será el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

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