Notificacion de la accion de tutela a tercero con interes ante devolución de telegrama por inexistencia de la dirección, la notificación se satisface mediante






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3.3.2. Examen del asunto a la luz de los presupuestos o requisitos generales de procedencia de la acción de tutela frente a decisiones judiciales.

Antes de entrar a hacer el análisis de estos requisitos, la Sala considera oportuno hacer referencia a la siguiente jurisprudencia en relación con la relevancia constitucional de la controversia como uno de los requisitos generales de procedencia, así:

En la mecánica de protección de los derechos fundamentales los jueces constitucionales deben pronunciarse y enviar sus fallos a la Corte Constitucional para su eventual revisión17 como órgano constitucional de cierre. Los Magistrados de la Sala de Revisión podrían, en principio, seleccionar providencias para revisión “sin motivación expresa y según su criterio”.18 Jurisprudencialmente la Corte ha establecido los requisitos generales de procedencia, antes mencionados, entre los cuales ha señalado el criterio de “relevancia constitucional” que apunta a fijarle a los Magistrados de la Sala de Revisión ciertos lineamientos para escoger o seleccionar sentencias para dichos efectos.

La “relevancia constitucional” de la Corte hace referencia a que eventualmente, puede escoger, sin miramiento a la cantidad o tema de las sentencias, alguna o algunas de mayor o menor importancia, que al ser revisadas, en su calidad de órgano constitucional de cierre, pueda aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado19, como órgano de instancia de tutela, acogió la Sentencia C-590 de la Corte Constitucional en esta materia y tomó como referencia los requisitos generales y especiales de procedibilidad previstos por dicha Corporación, entre ellos, la referida “relevancia constitucional” que a propósito al resolver la impugnación de sentencias esta Sección ha venido analizando con sumo cuidado en cada caso en particular.

No obstante para la Sección resulta irrelevante estudiar como causal propia y autónoma de procedibilidad de las tutelas contra providencias judiciales la RELEVANCIA CONSTITUCIONAL a la que se refiere la jurisprudencia referente, porque ésta tiene su propia justificación y dinámica en el estudio que realiza la Corte Constitucional para efectos de seleccionar o no, para REVISION un determinado fallo de tutela, mientras que la Sección, estudia en armonía con los demás elementos generales y particulares de procedibilidad, dentro del marco de la Sentencia C-590/ 2005, en ejercicio de su funciones de Juez Constitucional de instancia, la EVENTUAL VIOLACION DE UN DERECHO FUNDAMENTAL Y SU CONSECUENTE AMPARO que es su propia relevancia o importancia constitucional.20

Realizada la anterior precisión, la Sala entrará a estudiar el cumplimiento de los demás requisitos generales de Procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, así:

  • En lo relativo a que la actora haya agotado todos los mecanismos procesales disponibles, se tiene que la tutela se dirige contra sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar en sede de segunda instancia, contra el cual no procede ningún recurso ordinario. En consecuencia se cumple con este requisito.

  • En lo concerniente al requisito de la inmediatez, la Sala observa que entre la notificación de la sentencia proferida por el Tribunal21 y la interposición de la solicitud de amparo de tutela22 transcurrieron menos de 2 meses; lo cual constituye un término razonable. Por ende, también se cumple con este requisito.

  • El siguiente requerimiento tiene que ver con la incidencia que debe tener, sobre la decisión cuestionada, la eventual irregularidad procesal que se invoca como fundamento de la acción y su potencial de afectación de derechos fundamentales. La actora arguye que en la sentencia censurada incurrió en un defecto material o sustantivo y se desatendió el precedente jurisprudencial establecido en las sentencias C-311 de 2004 y C-903 de 2008 proferidas por la Corte Constitucional. En estas condiciones se trata de cargos que al no tener carácter procesal hacen inaplicable en el caso concreto este requerimiento.

  • Se exige igualmente que quien solicita el amparo identifique debidamente los hechos que generaron la vulneración y los derechos afectados y que hubiere alegado tal vulneración dentro del proceso judicial, siempre que ello hubiere sido posible. La lectura del escrito de tutela permite apreciar que también se cumple este requisito, toda vez que no se trata de acusaciones vagas o genéricas, sino de cargos formulados con la claridad suficiente para satisfacer razonablemente esta exigencia. Adicionalmente, dado el sentido de los cargos propuestos, es claro que ellos se dirigen directamente contra la sentencia de segunda instancia; razón por la cual no pudieron haber sido invocados con anterioridad.

  • Por último, se requiere que no se trate de sentencias de tutela, esto es, que la acción de tutela no se dirija contra una decisión adoptada en un proceso de esta índole. Teniendo en cuenta que no es el caso, también se cumple con este requisito.

3.3.3. Examen del asunto a la luz de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela frente a decisiones judiciales.

El cumplimiento de los presupuestos o requisitos generales de procedencia de la acción de tutela frente a decisiones judiciales hace posible avanzar al siguiente paso dentro del esquema metodológico diseñado por la jurisprudencia, esto es, al examen de la configuración de alguna de las siguientes causales de procedibilidad establecidas.

En este caso, teniendo en cuenta los cargos formulados por la entidad actora, el análisis a realizar se circunscribirá a las causales invocada, es decir el defecto material o sustantivo y el desconocimiento del precedente.

3.3.3.1. Defecto material o sustantivo.

Según ha expresado la jurisprudencia constitucional, este defecto se presenta cuando la decisión adoptada se fundamenta en normas inexistentes o inconstitucionales; o cuando existe una evidente incongruencia entre la fundamentación y la decisión.

De acuerdo con los argumentos expuestos en la demanda, este cargo se fundamenta tanto en una supuesta incongruencia entre los fundamentos del juez de segunda instancia y su decisión; como en la pretendida aplicación indebida del artículo 126 C.P. al caso concreto.

En relación con el primer señalamiento, la Sala observa que las principales consideraciones del Tribunal para resolver el caso concreto fueron:

1. Que de acuerdo con la Corte Constitucional en sentencia C-311 de 2004, deben diferenciarse dos circunstancias: (i) cuando los concejales actúan como nominadores, caso en el cual no pueden designar como funcionario público a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad en aplicación del artículo 126 de la C.P.; y (ii) cuando son elegidos funcionarios del ente territorial los parientes de los concejales sin que sea nominador, caso en el cual la inhabilidad abarca hasta los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, en aplicación del inciso segundo del artículo 292 de la C.P.

2. Que la facultad nominadora de los concejos municipales es corporativa y no uninominal.

3. Que debido a la facultad nominadora corporativa que ostenta el Concejo Municipal de Altos del Rosario, se incurrió en la causal de inhabilidad consagrada en el artículo 126 de la C.P. en la elección de la actora como Personera Municipal sin importar que el concejal Adolfo de la Puente Pineda no haya participado en la votación.

Con base a estos argumentos, el Tribunal decidió PRIMERO: DECLARAR la nulidad del Acta 003 del 9 de enero de 2012 mediante la cual el Concejo Municipal de Altos del Rosario declaró la elección de la señora Mildreth de la Puente Quiróz como Personera de ese municipio para el período 2012-2016.”

La Sala considera que no se configura el defecto enunciado por la actora debido a que no existe incongruencia entre los argumentos esgrimidos por el Tribunal Administrativo de Bolívar y la decisión de declarar la nulidad electoral mediante la sentencia del 21 de febrero del 2013.

Al respecto señaló el apoderado de la actora que “[e]n la motivación de dicha sentencia podemos observar que guardarían el precedente judicial constitucional en lo atinente a la sentencia C-311 de 2004 y C-903 de 2008, el cual está claro que mi cliente no se encuentra incurso (sic) en ninguna inhabilidad o incompatibilidad para ejercer dicho cargo, es decir es un error técnico al motivar con unos argumentos fácticos y jurídicos que nada tiene que ver al momento de resolver el caso”23.

La Sala no comparte la afirmación realizada por el apoderado de la actora porque el Tribunal Administrativo de Bolívar trae a colación dichas sentencias proferidas por la Corte Constitucional para fundamentar la inaplicación del inciso segundo del artículo 49 de la Ley 617 del 2000, modificado por el artículo 1 de la Ley 1148 de 2007.

Así las cosas, el Tribunal sostiene que las circunstancias probadas en el proceso no se adecuan al supuesto fáctico contemplado en el inciso segundo del artículo 49 de la Ley 617 del 2000 ya que el Concejo Municipal actúa como nominador del Personero Municipal, por lo que fundamenta su decisión de revocar la sentencia de primera instancia y declarar la nulidad del Acta No. 003 del 9 de enero del 2012 en el artículo 126 de la C.P.

En este orden de ideas, para la Sala no se verifica la existencia de una incongruencia evidente y grosera entre las consideraciones expuestas y la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Bolívar en la sentencia del 21 de febrero del 2013. Por el contrario, se advierte que el Tribunal expuso de forma clara y consecuente las consideraciones por las cuales considera que es nulo el acto demandado.

Por otro lado, y en lo atinente al segundo señalamiento de configuración de defecto sustantivo, manifestó el apoderado de la actora que no era aplicable el artículo 126 constitucional ya que el concejal Adolfo de la Puente Pineda no estuvo presente en la sesión del Concejo Municipal de Altos del Rosario en la cual fue elegida la actora como personera24.

Sobre esta afirmación la Sala reitera que una de las consideraciones expuestas por el Tribunal consiste en que la facultad nominadora que ostenta el Concejo Municipal de Altos del Rosario es corporativa, por lo que se configura la causal de inhabilidad consagrada en el artículo 126 de la C.P. sin que sea relevante que el concejal Adolfo de la Puente Pineda (pariente en tercer grado de consanguinidad de la actora) no haya participado en la votación.

En este orden de ideas, las consideraciones expuestas por el Tribunal Administrativo de Bolívar no son irrazonables, torticeras ni manifiestamente contrarias a la lógica jurídica, sino que por el contrario son argumentos razonables, ponderados y admisibles en el espectro normativo que se desprende del artículo 126 de la C.P.

En efecto, la interpretación que realiza el Tribunal no solo propugna hacia la realización de principios como la imparcialidad, la transparencia y la igualdad en el ejercicio de la función administrativa, sino que además se compagina con el principio de independencia y autonomía judicial, el cual permite que los jueces interpreten las normas aplicables al caso concreto de forma razonada y sin ningún tipo de interferencia exterior. Así, mal podría el Juez de Tutela desplazar al Juez de Instancia y revocar una decisión judicial acorde a derecho, so pretexto de no compartir los argumentos válidamente expuestos y jurídicamente sustentados en la providencia judicial.

Así las cosas, para la Sala no se ha configurado el defecto material o sustantivo expuesto por la actora, debido a que el Tribunal fundamentó su decisión de forma razonada en normas vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano y sin la existencia de la incongruencia alegada por la parte actora en la decisión finalmente adoptada.

3.3.3.2 Desconocimiento del precedente.

Este defecto se origina cuando la autoridad judicial, en sus pronunciamientos, se aparta del precedente jurisprudencial que le resulta aplicable al caso sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación jurídica que justifique el desconocimiento de la regla que prima facie debía ser atendida25.

El apoderado de la actora argumenta que se ha incurrido en este defecto porque la sentencia cuestionada se opone a las sentencias C-311 de 2004 y C-903 de 2008 proferidas por la Corte Constitucional.

Al respecto en la sentencia C-311 de 2004 la Corte Constitucional estudió la constitucionalidad del artículo 49 de la Ley 617 del 200026 (que establecía la inhabilidad para los parientes de los concejales y diputados dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil para ser elegidos funcionarios en la respectiva entidad territorial) estableció una distinción según la cual: (i) cuando los concejales y diputados actúan como nominadores o intervienen en la elección del nominador el artículo 126 de la C.P. prohíbe a todos los funcionarios públicos nombrar o elegir a los nominadores de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil; y (ii) cuando los concejales y diputados no intervienen de ninguna manera en la nominación de sus parientes el artículo 292 de la C.P. establece la prohibición de elegir funcionarios de la entidad territorial correspondiente a los parientes de los concejales y diputados dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil.

Por lo anterior declaró constitucional el artículo 49 de la Ley 617 del 2000, en el entendido que “respecto de diputados y concejales, cuando los mismos diputados y concejales no actúan como nominadores o no han intervenido en la designación de quien actúa como nominador, se aplicará la regla prevista en el segundo inciso del artículo 292 de la Constitución (…)”.

De otro lado en la sentencia C-903 de 2008 la Corte Constitucional examinó la constitucionalidad del artículo 1148 de 200727 en donde señaló que la norma demandada establece que los parientes de los concejales y diputados dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil no pueden ser elegidos funcionarios en la respectiva entidad territorial sin hacer distinción alguna, vulnerando el artículo 292 de la C.P. que establece una causal taxativa, de tal manera que el legislador no puede establecer la inhabilidad sobre otros ordenes de parentesco.

Así pues, para la Corte Constitucional la norma demandada consagraba únicamente la hipótesis en la cual los concejales y diputados no eran nominadores, por lo cual vulneraba el artículo 292 de la C.P. al establecer inhabilidades por órdenes de parentesco superiores a los establecidos por el constituyente, lo cual no es más que una reafirmación de la sentencia C-311 de 2004.

En consecuencia la Corte declaró inconstitucional la expresión “dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil” contenida en el inciso segundo del artículo 1 de la Ley 1148 de 2007, y constitucional el resto del inciso en el entendido que la “prohibición se predica de los parientes en el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y único civil, como lo establece el Art. 292 de la Constitución Política”.

El anterior análisis de las sentencias de constitucionalidad permite a la Sala determinar que el Tribunal Administrativo de Bolívar no desconoció el precedente constitucional, sino que siguió el precedente jurisprudencial establecido.

En efecto el Tribunal señaló en la sentencia acusada que “[l]a inhabilidad imputada a la señora Mildreth de la Puente Quiróz para ser elegida como Personera del Municipio de Altos del Rosario se estructuró dado que el parentesco con el concejal Adolfo de la Puente Pineda obedece al tercer grado de consanguinidad (vinculo que quedó probado en el interregno procesal), y la prohibición de que tratan el artículo 126 Superior en consonancia con los artículos 49 (inciso 2°) de la Ley 617 de 2000 y sus modificatorios, va hasta el cuarto grado de consanguinidad”:

La Sala observa que el Tribunal no desconoció el precedente judicial, por el contrario acoge el criterio jurisprudencial establecido en las sentencias antes citadas para interpretar las normas aplicables al caso concreto. Esto se puede apreciar en el razonamiento que diferencia aquellos eventos en los cuales (i) los concejales actúan como nominadores, situación en la cual, como ocurrió en el sub judice, aplica el artículo 126 de la Constitución Política; y (ii) del caso en que los concejales no actúan como nominadores, aplicándose el inciso segundo del artículo 292 constitucional.

Por lo expuesto, la Sala concluye que no se configuró el defecto de desconocimiento del precedente jurisprudencial, por lo cual negará el amparo de tutela.

Adicionalmente la Sala estima pertinente hacer una precisión conceptual, consistente en la distinción entre la cosa juzgada constitucional y el precedente judicial. Con base en lo dispuesto por el artículo 243 de la Constitución esta Sala ha reconocido y reiterado el carácter vinculante de la cosa juzgada constitucional que se predica de los fallos emitidos por la Corte Constitucional en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad. Por esto una vez que este órgano resuelve sobre la constitucionalidad de una norma como supremo intérprete de la Constitución, esa decisión y las consideraciones fundamentales en las cuales se sustenta se tornan en obligatorias y de ineludible cumplimiento.

Así, a propósito de lo previsto por el artículo 243 de la Constitución, se ha señalado que se trata de un precepto en virtud del cual se:

se colige que cuando la Corte Constitucional ha proferido una decisión acerca de la exequibilidad de una norma, esta decisión hace tránsito a cosa juzgada, la cual debe ser respetada en todo momento y bajo ninguna circunstancia puede un operador judicial adoptar una decisión que la contraríe, todo con el fin de proveer de seguridad las relaciones jurídicas”.28 (Negrilla fuera del texto).

De este modo, las decisiones que adopta la Corte Constitucional en ejercicio de las funciones que le encomienda el artículo 241 de la Constitución constituyen criterios de obligatorio cumplimiento para todos los operadores jurídicos, pues así lo impone la Constitución. Y las reglas jurídicas que fija en cumplimiento de esta responsabilidad son precedentes para ella misma en el desarrollo de su responsabilidad como suprema intérprete y guardiana de la Carta. No debe olvidarse que lo que distingue a los precedentes es su condición de fuente de reglas de origen jurisprudencial que son relevantes para la resolución de problemas jurídicos análogos a los que se debaten en casos posteriores. De aquí que no cualquier pronunciamiento jurisprudencial pueda tenerse como precedente.

En este sentido, ha señalado la jurisprudencia constitucional que el precedente judicial adquiere una característica vinculante cuando “(…) está constituido por aquellas consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el asunto fáctico sometido a consideración del juez”29.

En este orden de ideas, la Sala evidencia que el precedente judicial es vinculante en cuanto que crea una regla jurisprudencial aplicable al caso concreto, es decir, supone que se está ante un juez que debe resolver un problema jurídico similar al que se debatió en un caso anterior.

De esta manera, en rigor, las sentencias de constitucionalidad proferidas por la Corte Constitucional no constituyen un precedente judicial obligatorio para los jueces ordinarios debido a que no resuelven problemas jurídicos concretos sino que se limitan a realizar un examen abstracto de constitucionalidad de las normas demandadas. Lógicamente esto no quiere decir que las decisiones y consideraciones fundamentales en que se sustentan estén desprovistas de fuerza vinculante para los operadores judiciales infraconstitucionales toda vez que su carácter obligatorio deriva directamente de la Constitución y, más concretamente, de la cosa juzgada constitucional que se reconoce a estos fallos. En consecuencia su desconocimiento por un juez ordinario en un caso concreto derivaría en un defecto sustantivo o material, pues implicaría atentar contra la cosa juzgada constitucional y los eventuales condicionamientos que imponen o se derivan para la legalidad de las decisiones de constitucionalidad.
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