Asamblea nacional constituyente validez del acto / control jurisdiccional actos de la Asamblea Nacional Constituyente / responsabilidad extracontractual del estado – Inexistencia de daño especial. Magistrado del Tribunal disciplinario






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títuloAsamblea nacional constituyente validez del acto / control jurisdiccional actos de la Asamblea Nacional Constituyente / responsabilidad extracontractual del estado – Inexistencia de daño especial. Magistrado del Tribunal disciplinario
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TRIBUNAL DISCIPLINARIO - Supresión del cargo de magistrado / CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA DISCIPLINARIA - Supresión del tribunal disciplinario
El Tribunal Disciplinario fue establecido por el artículo 73 del acto legislativo número uno de 1968, que reformó el artículo 217 de la Constitución Política de 1886 y reglamentado mediante la ley 20 de 1972; estaba conformado por cuatro magistrados, elegidos dos por el Senado y dos por la Cámara de Representantes, de ternas presentadas por el Presidente de la República. Se le atribuyó el conocimiento, en única instancia, de las faltas disciplinarias cometidas por magistrados de las altas cortes, tribunales superiores y administrativos, el Procurador General de la Nación y sus delegados ante esas corporaciones, y por abogados en el ejercicio de la profesión. Le correspondía también la tarea de dirimir los conflictos de jurisdicción. La Constitución Política de 1991 creó, en lugar de la institución que se acaba de describir, el Consejo Superior de la Judicatura, conformado por dos salas; una de ellas, la Jurisdiccional Disciplinaria, integrada por siete magistrados, elegidos por la plenaria del Congreso de la República para un período de ocho años, de ternas enviadas por el Presidente de la República; después de la expedición de la aludida Carta Política, por primera y única vez, sus miembros fueron designados por éste (artículos 254 y 25 transitorio de la Constitución Política, y 76 de la ley 270 de 1996). Dicha Sala ejerce la función jurisdiccional disciplinaria respecto de los funcionarios de la rama judicial, excepto aquéllos que tienen fuero especial, así como de los abogados en ejercicio de su profesión, y dirime los conflictos de jurisdicción (artículos 256, ordinal 3 y 6, de la Constitución Política, 111 y 112 de la ley 270 de 1996). De lo dicho se desprende que el daño por el cual reclama el actor consiste en la supresión del cargo de magistrado del Tribunal Disciplinario antes de la terminación del período para el cual fue designado, conforme a los requisitos establecidos en la constitución de 1886 y la ley 20 de 1972.
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE - Validez del acto / CONTROL JURISDICCIONAL - Actos de la Asamblea Nacional Constituyente / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO – Inexistencia de daño especial. Magistrado del Tribunal disciplinario
El demandante manifiesta que se trata de un caso de daño especial: mediante una decisión legítima de la Asamblea Nacional Constituyente se le desconoció un derecho adquirido, lo que le causó un daño anormal, que, por lo mismo, debe serle indemnizado. No cuestiona la validez de la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de crear la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y suprimir el Tribunal Disciplinario. Sin embargo, alega que, con esa reforma, se desconoció una situación jurídica consolidada consistente en su nombramiento como magistrado y su derecho a permanecer en el cargo por un período de cuatro años; el ejercicio de éste último le fue impedido con 33 meses de anticipación, circunstancia que generó para él un desequilibrio ante las cargas públicas, dado que se le privó del único ingreso que tenía en ese momento y se le causó un grave desprestigio profesional por la inesperada situación; se trata, pues, de un perjuicio indemnizable. El Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia, de la Sala Plena y de la Sección Tercera, se inhibió para pronunciarse de fondo, en relación con la validez de los actos de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando fue llamado a ello en razón de demandas formuladas por miembros del Congreso Nacional, cuyo período resultó afectado por disposición de dicha corporación. El fundamento principal de estas decisiones ha sido la expresa disposición del artículo 59 transitorio de la Constitución Política, según el cual la Constitución y los actos promulgados por la Asamblea no están sujetos a control jurisdiccional alguno. Nota de Relatoría: Ver las siguientes providencias: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: Sentencia de 13 de diciembre de 1995, expediente: S-470; Sección Tercera: sentencia del 19 de enero de 1996, expediente: 10.095; sentencia del 25 de enero de 1996, expediente: 9.852; sentencias del 26 de enero de 1996, expedientes: 10.183, 10.243, 10.244, 10.256, 10.363 y 10.765; sentencias del primero de febrero de 1996, expedientes: 10.234, 10.592, 10.601 y 10.686; sentencias del ocho de febrero de 1996, expedientes: 10.253, 10.699 y 10.815; sentencia del nueve de febrero de 1996, expediente: 10.477; sentencia del 23 de febrero de 1996, expediente: 11.242.
TRANSITO CONSTITUCIONAL - Supresión del cargo de magistrado del tribunal disciplinario / DERECHOS ADQUIRIDOS - Teoría aplicable al tránsito legal / DAÑO ESPECIAL - Desconocimiento de un derecho adquirido. Inexistencia
En el presente caso, el supuesto de hecho es diferente; un magistrado del Tribunal Disciplinario vio finalizar anticipadamente el período para el cual había sido designado, por haber desaparecido la corporación a la cual pertenecía, parte de cuyas funciones fueron asumidas por una nueva entidad: la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Por consiguiente, en orden a resolver la controversia, debe dilucidarse si el demandante tenía efectivamente un derecho adquirido, consistente en la permanencia en el cargo hasta el vencimiento del período para el cual había sido designado, y, en consecuencia, si la supresión del Tribunal Disciplinario por la Asamblea Nacional Constituyente y la finalización anticipada del período aludido dan lugar a la causación de un daño indemnizable. El demandante manifiesta que su designación como magistrado del Tribunal Disciplinario por un período determinado constituía un derecho adquirido; de modo que, si bien la supresión del cargo por la Asamblea fue un acto legitimo, él tiene derecho a ser indemnizado por haberse generado, en contra suya, un desequilibrio frente a las cargas públicas. Como el problema surge por el tránsito entre el antiguo y el nuevo orden constitucional, después de lo dicho y frente a lo pedido por el actor, el interrogante a resolver consiste en saber si bajo el nuevo esquema constitucional se pueden reclamar derechos adquiridos en el ordenamiento constitucional anterior y cercenados por el nuevo. El actor es partidario de la aplicación de la teoría de los derechos adquiridos al presente caso, dado que su designación como magistrado, por un período determinado, configuró, en su favor, una situación jurídica consolidada, y, si bien por el tránsito constitucional no le era posible permanecer en el cargo, sí hay lugar a ser indemnizado. La teoría de los derechos adquiridos es aplicable en circunstancias de transito legal, pero no de transito constitucional, sobre todo cuando se trata no de una reforma de la constitución sino de la adopción de una nueva; reconocerlos en esta situación significaría negar de plano el carácter originario y supremo del acto constituyente, puesto que equivaldría a aceptar que sobreviven a la nueva constitución situaciones anteriores que ella misma quiso terminar. Se presentaría, entonces, una crisis constitucional permanente, en desmedro del principio estabilizador del ejercicio del poder constituyente que, en esos términos, nunca se lograría, dado que la soberanía del pueblo, que sustenta el nuevo orden, se vería permanentemente cuestionada por el antiguo y los jueces podrían recurrir permanentemente a él. Debe recurrirse, entonces, nuevamente, al principio democrático, para reiterar que el poder constituyente es poder soberano; es quien determina las competencias jurídicas en el nuevo orden constitucional, tanto para el reconocimiento de derechos, como para la atribución de competencias a los poderes constituidos. En el presente caso, la situación jurídica que aduce el demandante se consolidó bajo la constitución anterior (artículo 217 de la Constitución 1886), pero la misma no fue reconocida por el constituyente de 1991, que tampoco previó derecho alguno a la indemnización para los magistrados del Tribunal Disciplinario, por los daños que sufrieran en razón de la supresión de este organismo. Luego, el derecho adquirido alegado por el demandante está desprovisto de todo fundamento jurídico, dado que la norma constitucional que lo amparaba fue derogada (artículo 380 de la Constitución Política) y el constituyente no determinó, como consecuencia, ninguna obligación a cargo del Estado. Así las cosas, el derecho adquirido, cuyo desconocimiento sustenta el daño antijurídico alegado en la demanda, no existe. Por la misma razón, tampoco existe el pretendido “daño especial”, como fundamento de la responsabilidad del Estado, por lo cual se impone negar las súplicas de la demanda. Recapitulando, el actor reclamó la indemnización por el daño anormal causado por la supresión del cargo de magistrado del Tribunal Disciplinario, por la creación de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante una decisión legítima de la Asamblea Nacional Constituyente. Considera que tal situación generó un desequilibrio ante las cargas públicas, dado que se desconoció un derecho adquirido, consolidado en vigencia de la constitución de 1886. Nota de Relatoría: Ver Exps. 3057-01 del 5 de abril de 2001 y 9852 del 25 de enero de 1996; C-168/95 y C-584 de la Corte Constitucional
SOBERANIA POPULAR - Titular del poder constituyente / ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE - Supresión Tribunal disciplinario / PODER CONSTITUYENTE - Presupuesto de validez del ordenamiento jurídico / ACTO DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE - No sujeto a control jurisdiccional
La soberanía del pueblo, en tanto titular del poder constituyente, no se encuentra limitada por ordenamiento constitucional alguno, puesto que es el origen mismo de la constitución; aprobada ésta, bien puede transformarse en una entidad jurídica organizada, que se somete a los límites establecidos en la propia constitución; tal es el caso de la participación en elecciones o la conformación de partidos, entre otros. Por eso, pudieran, en apariencia, asomarse como contradictorios los artículos tercero y cuarto de la Constitución Política; en el primero se establece que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público”, y en el segundo se determina que los nacionales, esa comunidad de ciudadanos, deben “acatar la constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”. El conflicto desaparece si se considera que, en el primer supuesto, se trata del pueblo como poder originario y supremo de la constitución, y, en el segundo, del pueblo como parte del poder constituido. En determinados eventos resulta difícil, en términos del principio democrático, identificar cuándo la voluntad popular se manifiesta de una u otra forma, dado que, cuando accede al primero de tales mecanismos, está libre de cualquier atadura jurídica. Ahora bien, no cabe duda de que, por medio de las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, y entre ellas la referida a la creación de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la soberanía popular se manifestó como poder constituyente, en tanto que las ramas del poder público (ejecutiva, legislativa y judicial) son poderes derivados y, por lo tanto sometidos a las reglas determinadas por aquélla, a través de la constitución; así lo ha deducido la Corte Constitucional en diversos pronunciamientos. La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio del poder constituyente, funda un nuevo orden constitucional en Colombia que se concreta en la aprobación y expedición de la Constitución Política de 1991. Es la manifestación del poder supremo que, por serlo, sustenta su legitimidad y, en tanto acto originario, es presupuesto de validez jurídica de todo el ordenamiento. Por lo tanto, todos los poderes constituidos, dentro de los cuales se destacan las ramas tradicionales del poder público, derivan su legitimidad de esa decisión originaria y se someten a ese poder supremo. Esa es la razón para que el artículo 59 transitorio de la Constitución Política establezca que no están sujetos a control jurisdiccional los actos de la Asamblea, así como la Constitución misma, y que el artículo 380 derogue la constitución anterior con todas sus reformas. Ese acto constituyente sólo es revocable, entonces, mediante un nuevo ejercicio del mismo poder. Estas reflexiones constituyen la razón por la cual tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado se han inhibido de pronunciarse sobre asuntos relacionados con el examen de validez de los actos de la asamblea constituyente y de la propia Constitución Política. Es claro que los órganos integrantes de la rama judicial, en tanto poder delegado, como es el caso de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se encuentran limitados por las reglas impuestas por la Constitución y sometidos a lo establecido en ella, como por ejemplo, la prohibición del artículo 59 transitorio a que aquí se ha hecho referencia. Nota de Relatoría: Ver Exps. S-470 del 13 de diciembre de 1995 y 10243 del 26 de enero de 1996; C-340/98 y C-544/92 de la Corte Constitucional

Sentencia 08318 del 04/04/22. Ponente: ALIER EDUARDO HERNÁNDEZ ENRIQUEZ. Actor: ALVARO CERÓN CORAL. Demandado: NACIÓN - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE GOBIERNO, MINISTERIO DE JUSTICIA - FONDO ROTARIO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL


CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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